El acuerdo suscrito esta semana por los 130 de los 139 miembros de la del Marco Inclusivo de BEPS, y celebrado como parte de un acuerdo “histórico” ya desde hace un mes desde la propuesta lanzada por los ministros de finanzas del G7, solo significaría más desigualdad e inequidad en la redistribución de las ganancias para la mayoría de países a nivel global y sobre todo para los países en desarrollo, pues la creación de un impuesto mínimo global a las transnacionales (de un 15%) beneficiará en gran medida a un reducido grupo de los países más ricos y en mucha menor cuantía a las naciones en vías de desarrollo.
En palabras de Luis Moreno, coordinador del área de Justicia Fiscal de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social – Latindadd, este acuerdo pese a marcar un hito, resulta en un poco más de lo mismo. “Aunque digan lo contrario, este no es un acuerdo histórico, sino que perpetúa lo que ha ocurrido desde siempre. Han hecho una propuesta que solo sirve a los países desarrollados. Básicamente es un acuerdo de los países del norte para los países del norte en gran medida”, estimó.
Moreno también estimó que la negociación de una reforma al sistema fiscal a nivel global para que todos los países se beneficien de un acuerdo de esta magnitud, debería darse no en un espacio restringido, sino efectuarse en un foro amplio y donde todos tengan la capacidad de obtener una parte justa de las ganancias en igualdad de condiciones. “Se hace necesario fortalecer a los gobiernos y organismos regionales, como a las administraciones tributarias y organismos de control, para abordar el proceso. Más que nunca se hace necesario un espacio de articulación en que las decisiones globales sobre reformas sistémicas de la arquitectura financiera y fiscal se enmarquen en un trabajo como el se propone impulsar en las Naciones Unidas”.
“Propuestas de este tipo de alguna manera minan los esfuerzos y desafíos de los países con menos ingresos para poder generar recursos adicionales en una etapa postcovid, en los que serán más necesarios que nunca para que puedan superar la crisis que ha provocado la pandemia”, precisó Moreno.
¿Por qué es un acuerdo desigual?
De acuerdo a estimaciones de la propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la tasa global de 15% bajo el Pilar 2, lograría recaudar hasta 270 mil millones de dólares adicionales cada año. Suena bien, pero cuando se mira en detalle, ya no tanto. Y es que de este monto, los países del G7 y algunos países desarrollados se llevarían alrededor de un total de 60% de lo recaudado, mientras que el resto de naciones, aproximadamente unas 120, tendrían que repartirse el 40% restante. Una medida del norte hecha para el norte.
Por ejemplo, con el impuesto mínimo global a una tasa del 15% , Estados Unidos recibiría cerca de 83 mil millones de dólares, mientras que países como Perú, por ejemplo, apenas recibirían US$ 471 millones, es decir que el gobierno de Casa Blanca recibiría 176 veces más dinero que la nación sudamericana, de acuerdo a estimaciones de ICRICT y la Tax Justice Network bajo al propuesta METR. Estas estimaciones también señalan que países como Costa Rica recibirían apenas 97 millones de dólares, o El Salvador 24 millones de dólares.
Otro detalle que evidencia lo desigual de este acuerdo es que los países del G7 albergan poco menos del 10% de la población mundial (y se llevarían el 60% de lo que se estima recaudar).
Es necesario resaltar que de los 139 países que han formado parte de los planes y evaluaciones que ha venido desarrollando la OCDE para intentar una reforma a la fiscalidad internacional (con el llamado Plan BEPS) solo 130 países han suscrito la medida adoptada el pasado jueves. Entre los que no lo han suscrito figura Perú, Bermudas y otros siete países.
¿Qué alcances tiene el acuerdo y cómo funcionará?
Según las diversas informaciones difundidas por las organizaciones implicadas, el acuerdo abarca dos caminos para combatir las técnicas de Base Erosion and Profit Shifting (Erosión de la base imponible y traslado de beneficios, o BEPS, por sus siglas en inglés) que son usadas por las transnacionales para llevar (artificialmente) sus ganancias hacia territorios con bajas tributaciones, conocidos como guaridas fiscales y se enmarcan en la Acción 1 del BEPS.
Estos caminos para combatir las prácticas de evasión tributaria se abordan bajo los denominados Pilar 1 y Pilar 2 de la Acción 1 del Marco Inclusivo de BEPS. El primero aborda el nexo y la asignación de beneficios, y bajo la propuesta conjunta presentada incluye a las multinacionales con ingresos totales superiores a 20.000 millones de euros y una rentabilidad por encima del 10%, sin tocar a las empresas extractivas ni a las de la industria financiera. El nuevo acuerdo asignará los ingresos a los países donde se realice el bien o servicio.
El segundo que se enfoca en un impuesto mínimo global, es el impuesto que hace poco el G7 celebraba, con un mínimo de 15% global para las empresas que facturen por encima de los 750 millones de euros a nivel global, lo cual abarcaría solo a unas 100 compañías globalmente.
¿Servirá realmente para acabar con la evasión tributaria de las transnacionales?
De acuerdo a estimaciones de la Tax Justice Network, con la distribución de dinero que se haga bajo el esquema del Pilar 1 es poco probable que los países de ingresos bajos recuperen algo de lo que podrían perder. En el caso del Pilar 2, reconocen que esta tasa mínima global de 15% es importante aunque profundamente injusta, la misma que ya ha sido criticada por varias organizaciones a nivel global e incluso por el gobierno argentino.
En el caso de OXFAM, para esta organización global este acuerdo alcanzado por la OCDE “no es más que una toma de dinero por parte del G7. Los países ricos van a obligar a los países en desarrollo a elegir entre un trato crudo o ningún trato. Es simplemente otra forma de colonialismo económico”.
En ese sentido se pronunció también la Alianza Global por la Justicia Global, quienes han resaltado que la tasa de 15% es mucho más baja que el promedio global de impuestos sobre la renta de las empresas (por encima del 25%, en promedio) y que se parece más a lo que plantean las jurisdicciones consideradas guaridas fiscales: 12.5%. Una solución acordada en un proceso informal y opaco, fuera del sistema de la ONU y sin la participación de una representación significativa, no puede tener la legitimidad para ser un acuerdo internacional vinculante.
¿Quiénes faltan firmar?
Los países que no han suscrito el acuerdo son: Irlanda, Hungría, Estonia, Perú, Nigeria, Kenia, Sri Lanka, Barbados y San Vicente y Granadinas.
(Texto redactado por Omar Olivares)
