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La política fiscal es el principal instrumento que tienen los estados para garantizar derechos y reducir las desigualdades. Una política fiscal feminista permitiría abordar estos dos ámbitos poniendo en el centro a las mujeres, cuyos derechos, oportunidades y capacidades están limitados por la división sexual del trabajo y las múltiples crisis que enfrentan: crisis de reproducción social, de cuidado, climática, de deuda, todas ellas agravadas por la pandemia.
Desde esta perspectiva, los ingresos tributarios constituyen un pilar central de la capacidad del Estado para financiar las políticas que necesitan las mujeres, sobre todo en un contexto de crecimiento del endeudamiento público, cuyos compromisos también deben ser enfrentados con recursos públicos. Así, los tres componentes principales de la política fiscal –ingresos, gastos, endeudamiento- están vinculados de manera directa con las demandas feministas.
A pesar de la potencialidad de este instrumento para contribuir al desarrollo y al bienestar, la política fiscal de los países latinoamericanos fue débil para lograr sus objetivos aun en periodos de crecimiento económico como en el periodo del “boom de los commodities” y en la actualidad es peor aún y con una tendencia al empeoramiento.
La comprensión de este mediocre desempeño requiere analizar los cambios en la acumulación capitalista y el advenimiento del fuerte rol del capital financiero como principal motor de esta acumulación. Este proceso denominado “financiarización” implica un complejo entramado de relaciones y variables que involucran de manera integral el sistema tributario, la deuda pública y privada, los presupuestos de gastos, los mercados laborales y pone en riesgo la reproducción social y los derechos de las mujeres.
La acumulación capitalista basada en las ganancias del capital financiero tiene un vínculo directo con la reducción de impuestos al capital por múltiples vías, tanto legales como ilegales. La elusión tributaria y el uso de guaridas fiscales suelen ocurrir dentro de los márgenes de las normativas mientras que la evasión por fuera de estas.
Pero esto no es suficiente, los recursos financieros exigen estar en permanente movimiento generando rentabilidad, por lo que el endeudamiento público a través de capitales privados como los bonos soberanos, las privatizaciones y las alianzas público-privadas constituyen mecanismos para sostener altos niveles de beneficios por periodos relativamente largos.
Todos estos mecanismos adquieren relevancia a medida que el Estado disminuye la oferta de servicios públicos, muchas veces retroalimentada por políticas de austeridad derivadas de la necesidad de darle sostenibilidad a la deuda. La privatización se convierte en parte de un ciclo en el la crisis de la deuda pública profundiza la crisis de reproducción social y cuidado y aumenta la necesidad del endeudamiento privado para satisfacer necesidades que deberían ser garantizados por el Estado al ser derechos.
Más allá de las políticas monetarias y fiscales, también las políticas laborales contribuyen a este proceso a través de la reducción de los costos reales del trabajo, flexibilizando las normas salariales o las de seguridad social, manteniendo a trabajadores de plataforma en la informalidad, entre otros. La privatización de los fondos de pensiones abre las puertas al uso de los recursos para beneficiar al capital frente a los derechos jubilatorios sostenidos por sistemas solidarios y de beneficios definidos.
Todos estos mecanismos tienen impacto de género imponiendo fuertes tensiones en la reproducción social y ubicando a las mujeres como protagonistas a través de su responsabilidad en el trabajo no remunerado y de su rol en los cuidados.
La retracción del Estado de los servicios públicos, la consecuente privatización de los mismos y el equilibrio en las finanzas familiares ante la caída de los salarios reales obliga a las mujeres a destinar mayor tiempo de trabajo remunerado en los hogares y su comunidad, lo cual deriva en menores oportunidades sociales, políticas y económicas. A esto se agrega el endeudamiento de los hogares para enfrentar los pagos de los servicios privados que también es funcional a las necesidades de acumulación del capital financiero.
La crisis de reproducción social y del cuidado como parte de esta se produce en contextos demográficos en los que la atención a la niñez tiene gran peso en el cuidado y aumenta el de la atención a las personas mayores debido al proceso de envejecimiento.
La implementación de políticas de cuidado que reconozca, reduzca y redistribuya el tiempo de trabajo no remunerado como una de las mayores demandas actuales de las mujeres y de la superación de las crisis, enfrenta obstáculos estructurales en este contexto global y nacional.
Texto elaborado por Verónica Serafini, asesora en género y economía en Latindadd.
