miércoles , 27 septiembre 2023

Uso de Derechos Especiales de Giro: Los casos de Argentina, Ecuador y Paraguay

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  • En el año 2021 el FMI asignó 456.500 millones de DEG (equivalente a unos US$ 650.000 millones), lo que permitió abordar la necesidad mundial de reservas a largo plazo y liquidez para respaldar una recuperación mundial sostenible y resiliente.
  • La asignación de DEG benefició especialmente a países de ingresos medios y bajos que luchan para hacer frente a los estragos de la crisis de COVID-19.

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La crisis de la pandemia demostró la extraordinaria capacidad de creación monetaria de los países más ricos del planeta. La emisión de Derechos Especiales de Giro (DEG) ha sido la principal política global que benefició a países de ingreso medio, como en el caso de los países de América Latina, los cuales fueron golpeados por la crisis y con escaso espacio fiscal para atender las urgentes necesidades de su población y su economía.

En tiempos de crisis los países han tenido que acudir a un mayor endeudamiento, considerando que el acceso a financiamiento concesional es prácticamente nulo para la región. Los DEG han permitido disponer de liquidez sin aumentar el stock de deuda y sin imponer condicionalidades o políticas de austeridad.

Después del primer año de asignación de DEG, son 105 los países que han utilizado los DEG que les fueron asignados en el mundo y 22 en América Latina[1]. Este informe identifica el uso que se les ha dado en tres países de la región: Argentina, Ecuador y Paraguay; con distintos mecanismos, beneficios y lecciones aprendidas.

Una asignación de mayor alcance, asignaciones continuas a futuro, criterios de distribución justos y una redistribución sin aumentar el riesgo de sobreendeudamiento, son algunos de los desafíos que se encuentran en la agenda de la arquitectura financiera global y que son clave para superar la crisis, lograr una recuperación justa, el logro de la Agenda 2030 y de la agenda climática.

Es importante que distintos actores, como parlamentarios, organizaciones de sociedad civil, movimientos de mujeres, sindicatos, jóvenes, pueblos indígenas, etc., conozcan que, además de los ingresos tributarios y de la deuda, existen otras fuentes de financiamiento para el desarrollo, con el fin de demandar y conocer su uso y destino.

Lee el informe completo aquí:


[1] Arauz, A. y Cashman, K. (2022). Special Drawing Rights One Year Later, By the Numbers. CEPR. Link

Use of Special Drawing Rights: The cases of Argentina, Ecuador and Paraguay

  • In 2021, the IMF gave an allocation of SDR 456.5 billion (equivalent to about $650 billion), addressing the global need for long-term reserves and liquidity to support a sustainable and resilient global recovery.
  • The SDR allocation especially targeted at low-income and middle-income countries struggling to cope with the impact of the COVID-19 crisis.

The pandemic crisis demonstrated the extraordinary capacity for monetary creation in the richest countries on the planet. The issuance of Special Drawing Rights (SDRs) has been the main global policy that has benefited middle-income countries, as in the case of Latin American countries. These countries were hit by the crisis and had little fiscal space to meet the urgent needs of their population and their economy.

Access to concessional financing is practically nonexistent for the region. In times of crisis, countries have had to resort to greater indebtedness. SDRs have made liquidity available without increasing the debt stock and without imposing conditionalities or austerity policies.

After the first year of SDRs allocation, 105 countries worldwide and 22 in Latin America have already used them[1]. This report identifies the use of SDRs in three countries in the region: Argentina, Ecuador, and Paraguay; with different mechanisms, benefits and lessons learned.

Some of the challenges on the global financial architecture agenda that are key to overcoming the crisis, achieve a fair recovery, achieve the 2030 Agenda, and the climate agenda include a wide-reaching allocation, continuous future allocations, fair distribution criteria, and redistribution without increasing the risk of over-indebtedness.

It is important that different actors, such as parliamentarians, civil society organizations, women’s movements, unions, youth, Indigenous peoples, etc., get to know that, in addition to tax revenue and debt, there are other sources to fund development, in order to demand and know their use and destination.

Read the full report:


[1] Arauz, A. and Cashman, K. (2022). Special Drawing Rights One Year Later, By the Numbers. CEPR. Link


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