El inicio de la Primera Cumbre Fiscal de Latinoamérica y el Caribe nos demuestra la complejidad política cuando se habla en la región de temas fiscales. Las élites económicas y el poder corporativo se resisten a la construcción de un sistema tributario progresivo, los gobiernos se muestran siempre titubeantes por promover la justicia fiscal y la ciudadanía en general es reacia al pago de impuestos. La Primera Cumbre Fiscal de Latinoamérica y el Caribe, convocada por el gobierno de Colombia, con el apoyo de los gobiernos de Brasil y de Chile, tuvo un inicio que se expresó en una limitada participación de delegaciones oficiales de la región; 12 países presentes, con profundas ausencias de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Además, delegaciones no encabezadas por los ministros, sino en su mayoría por responsables de Administraciones Tributarias o de responsables de áreas de fiscalidad de Ministerios de Finanzas, lo cual da cuenta que para el grueso de los países convocados, el tema a nivel político no resulta de prioridad en la agenda regional. Esta carencia de representatividad política y regional se puede volver en un obstáculo difícil de superar. Deberá ser una prioridad central el trabajar para darle músculo político a un espacio de esta naturaleza. La Declaración firmada por las delegaciones oficiales presentes, acentúa las dudas, no asume posición sobre ningún tema de fondo de la fiscalidad regional e internacional, y por el contrario establece que lo que se busca es simplemente generar conocimiento, compartir experiencias, aportar a la construcción de posturas comunes y promover soluciones concretas sin ofrecer un carácter vinculante. La Declaración de ministros de ALC tiene como única propuesta la construcción de una Plataforma Regional de Cooperación Tributaria, que habla de una estructura compuesta por un Consejo de Ministros de Finanzas, una Presidencia Pro Tempore, una Secretaría Técnica y Grupos de Técnicos de Trabajo. A pesar de que la Viceministra de Finanzas de Colombia anunciara la creación de un Consejo Consultivo de Sociedad Civil como parte de dicha Plataforma, el Consejo en mención no aparece en ninguna parte del documento oficial de la Plataforma Regional. Todo indica que desde el gobierno de Colombia y con el acompañamiento de los gobiernos de Chile y Brasil, “comprometerse con los mínimos” ha sido la estrategia, falta por ver si esa estrategia es suficiente para “echar a andar” el proceso. Desde la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFALC), La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (LATINDADD), La Internacional de Servicios Públicos (ISP) y la Alianza Global por Justicia Fiscal (GATJ) ratificamos nuestra disposición a contribuir firmemente a que este proceso abierto en Cartagena pueda avanzar con el mayor de los éxitos, comprendemos plenamente la complejidad política de la justicia fiscal y de que desde las organizaciones y movimientos sociales debemos presionar y obligar a los gobiernos de América Latina y el Caribe a comprometerse por una fiscalidad y tributación progresiva que garantice recursos para garantizar plenamente los derechos humanos y sociales de la población latinoamericana y caribeña.
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