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“Si la miseria de los pobres no es causada por las leyes de la naturaleza, sino por nuestras instituciones, grande es el pecado”. Darwin
Contribuyentes[1]
I. Introducción
A nivel mundial, muchos países se enfrentan a graves problemas de endeudamiento. Las crecientes vulnerabilidades que plantean el cambio climático y la pobreza requieren que los países presenten soluciones innovadoras para fortalecer las finanzas públicas, mejorar la rendición de cuentas y la transparencia, y adoptar vías de desarrollo sostenible. El reciente canje de deuda de Ecuador se explora como un ejemplo clave de enfoques de política novedosos mal diseñados. El conocimiento generado a partir de este resumen de políticas contiene lecciones para otros países y la sociedad ecuatoriana.
II. El canje: estructura
El 9 de mayo de 2023, Ecuador anunció un canje de deuda con el objetivo de mejorar las perspectivas de protección marina en Galápagos. Esta operación sigue la tendencia iniciada en 2018 por Seychelles y seguida por Belice (2021) y Barbados (2022). El canje de deuda extenderá la estructura de plazos del 1% de la deuda pública de Ecuador y respaldará el ahorro fiscal a mediano plazo sobre la base del valor presente neto (VAN), al tiempo que generará una lucrativa oportunidad comercial para quienes estructuran y aseguran el canje. Este canje se ha presentado como un gran avance, dado el nivel aparente de ahorro para Ecuador en la operación de recompra de deuda, pero cuando se analizan los detalles, el esquema genera preocupaciones importantes.
De manera similar a las operaciones anteriores en Belice y Barbados, el canje de deuda implica la recompra de bonos soberanos que se negociaban con un descuento significativo, la emisión de un nuevo bono denominado azul garantizado por una institución pública (IADB y US DFC) y en este caso un pool de aseguradoras privadas, la creación de un Vehículo de Propósito Especial (Special Purpose Vehicle – SPV[2] por sus siglas en inglés) y la intermediación de una serie de corporaciones financieras y de inversión privadas que facilitan, estructuran y guían las transacciones (Ver Figura 1).
Como se mencionó, el canje abarca el cierre financiero de un bono vinculado a la conservación marina de Galápagos por US$656 millones con un marco de emisión desconocido (el bono). El canje está estructurado por un vehículo privado con fines de lucro con fines especiales (el SPV), GPS[4] Blue Financing Designated Activity Company, establecido en Irlanda. El SPV financió el canje mediante la emisión de US$656 millones en bonos (es decir, GPS BLUE FINANCING) en una venta organizada y respaldada por Credit Suisse[5], un banco privado. El bono se utilizó para financiar una recompra de deuda, intercambiando US$1.628 millones de bonos internacionales de Ecuador por un préstamo de impacto de $656 millones con vencimiento en 2041 (el préstamo). El SPV lo hace mediante el uso de los ingresos de los bonos para recomprar el 2,4% del stock de deuda soberana del gobierno (5,5% de la deuda comercial externa). Aprovechando la actual agitación política e inestabilidad del país, en el marco de la oferta pública de adquisición en efectivo a los bonistas existentes realizada por Credit Suisse, se compraron US$1.006,2 millones valor nominal del bono 2035 de Ecuador a un precio de 38,5 centavos por dólar, US$202 millones de una nota 2030 a 53,25 centavos por dólar y US$420 millones de un bono 2040 a 35,5 centavos por dólar[6]. El ahorro total de la deuda asciende a US$1.126 millones (42 % del valor nominal / 40,5 % del VAN) a través de la reducción de los costos del servicio de la deuda.
Según el canje, el SPV prestó las ganancias de la venta del bono azul ($656 millones) a Ecuador, bajo condiciones parcialmente conocidas. En virtud de la transacción, Ecuador, como prestatario, celebró una línea de crédito a plazo de tasa fija con SVP, como prestamista, y The Bank of New York Mellon (BNYM), como agente de la línea de crédito, con vencimiento en 2041, con un período de gracia de 7 años para reembolsos de capital[7]. Los pagos a realizar bajo la línea de crédito por parte de Ecuador a la SVP se utilizan como referencia para los pagos separados a realizar a su vez por la SVP, en su calidad separada de emisor, bajo los bonos azules.
Todo lo antecedente es un requisito para que Ecuador permita un programa de conservación dirigido por privados en las Islas Galápagos. De hecho, como elemento central de la transacción, el Ministerio de Medio Ambiente, Agua y Transición Ecológica y el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca se comprometieron a cumplir o alcanzar ciertos compromisos de sostenibilidad en los plazos acordados. Estos compromisos de sostenibilidad se relacionan con la gestión y conservación de la reserva marina que rodea a Galápagos y el crecimiento del capital natural de las Islas Galápagos y sus ecosistemas marinos.
Ecuador se comprometió a realizar pagos trimestrales dedicados a la conservación y vinculados al canje de deuda de inicialmente US$ 4,5 millones (promedio de US$ 5,41 millones anuales) al SVP hasta 2041, que el prestamista a su vez se ha comprometido a aportar al Galápagos Life Fund (GLF), un fondo de dotación extranjero sin fines de lucro. Además, una parte de los montos a pagar bajo el contrato de préstamo correspondiente (US$12,05 millones por año durante 18 años) se destinará al GLF. GLF utilizará los ingresos para financiar actividades de conservación a través de subvenciones a las que se accede a través de un proceso de licitación competitivo que cubre monitoreo/vigilancia, educación ambiental, investigación científica y económica y desarrollo de turismo sostenible. La Junta del fondo de dotación está compuesta por 11 miembros, de los cuales 6 escaños representan a actores privados, incluidos dos de Pew Bertarelli Ocean Legacy y Oceans Finance Company (subsidiaria de Climate Fund Managers) y representantes de la industria local de turismo y pesca e investigadores. Los 5 escaños restantes se asignarán entre el gobierno de Ecuador. Se desconoce la estructura de costos administrativos del fondo de dotación.
II.a. El factor decisivo: la garantía (mejora crediticia)
El banco de desarrollo del gobierno de EE. UU., la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC), entregó un seguro de riesgo político por un préstamo de US$656 millones, mientras que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está entregando una garantía de US$85 millones para cubrir los primeros seis cupones de interés trimestrales, en caso de incumplimiento, y para ciertos gastos legales y operativos. Un grupo de 11 aseguradoras privadas proporciona más del cincuenta por ciento de reaseguro para facilitar el trato entre ellas Chubb Global Markets. La cobertura de riesgo político incluye el incumplimiento del laudo arbitral y la denegación del recurso que protege al asegurado, en este caso el SPV, BNYM y en última instancia a Credit Suisse, del impago de un laudo arbitral de Ecuador. DFC cederá al menos el 50% de su responsabilidad a las aseguradoras privadas. La estructura de bonos permite el aplazamiento de los pagos de capital e intereses hasta dos años después del incumplimiento del pago inicial al GLF. Este esquema de seguro cuyo costo es desconocido contribuyó a lograr la calificación Aa2 de Moody’s[8] – sólida calificación crediticia de grado de inversión (es decir, 16 niveles por encima de la calificación Caa3 de otros bonos de Ecuador). Esto fue clave para la emisión del nuevo bono azul en condiciones más ‘favorables’ que otras deudas emitidas por Ecuador (5,4% de tasa de interés). Sin embargo, estas condiciones favorables no se reflejan en el préstamo de SPV a Ecuador. Esto es diferente en el caso de Belice asegurado por DFC donde las condiciones de los bonos azules se transfirieron al préstamo SPV a Belice beneficiándose de una tasa de interés baja, un período de gracia de 10 años durante el cual no se paga capital.
Por el contrario, el préstamo a Ecuador tiene una tasa de 11,04% mientras que el bono azul se emitió a 5,4%. Esta es una diferencia de 5,50 puntos básicos de margen que genera unos 450 millones de dólares en 18 años. Los 450 millones se reparten entre costes de transacción, beneficio del SPV y recursos para la conservación. La mayor parte de los recursos se destina a los costos de transacción.
III. Desempeño observado: Falta de integridad
La integridad financiera describe las características de un sistema financiero que opera de manera limpia, transparente y responsable[10]. De hecho, las decisiones ilegítimas de funcionarios de alto nivel con respecto a los bienes públicos y los recursos estratégicos erosionan la confianza pública y pueden contribuir a privar a las generaciones presentes y futuras de oportunidades económicas. Además, las instituciones democráticas se debilitan, así como la capacidad de los países para implementar agendas críticas de desarrollo sostenible, incluida una transición climática justa. En este contexto, la transparencia de la conversión de la deuda, la transparencia fiscal, la transparencia de adquisiciones y contratos, y la transparencia de los beneficiarios reales son requisitos previos para la integridad financiera. Sin embargo, la situación observada del canje muestra un desempeño completamente diferente donde el papel del país se limita a actuar como observador, aceptando un préstamo condicionado, cubriendo los costos de la garantía del BID, de asesores financieros[11] y legales[12] privados internacionales y cesión de soberanía. El cronograma crítico del canje de Galápagos arroja luz sobre la opacidad subyacente a la operación de canje de deuda. La propuesta privada se presentó oficialmente en enero de 2021. Durante la Conferencia Climática del Reino Unido en noviembre de 2021, el gobierno anunció su interés en un acuerdo de conversión de deuda para apoyar la expansión de la Reserva Marina de Galápagos “La Hermandad”. Climate Fund Managers (CFM[13]) –firma de inversión, a través de su subsidiaria Oceans Finance Company (OFC), y Pew Bertarelli Ocean Legacy con el apoyo técnico de Aqua Blue Investments LLC, proporcionaron el capital de desarrollo de la etapa inicial y establecieron el Galapagos Life Fund. El fondo de infraestructura de mercados emergentes administrado por CFM, Climate Investor Two (CI2), facilitó una inversión de alto riesgo de aproximadamente US$2 millones para financiar los esfuerzos de la OFC para orquestar el canje. El Fondo Holandés para el Clima y el Desarrollo (DFCD) y la Comisión Europea (CE), entre otros, proporcionaron el capital de riesgo a través del fondo de desarrollo de CI2. Para octubre de 2022, el vehículo de propósito especial se registró en Irlanda. El mayor accionista de
SVP es Waystone Corporate Services (Ie) Limited[14] que es propiedad exclusiva de Waystone Centralised Services (Ie) Limited[15] bajo una pirámide de sociedades holding [16]. Se desconoce el titular del control del SVP en la parte superior de la pirámide. Por otro lado, para diciembre de 2022, el BID emitió la garantía de respaldo. Se establece Galapagos Life Fund en Delaware, EE. UU., para permitir la cobertura de US-DFC dada la participación de Aqua Blue Investments LLC, con sede en EE. UU[17].
Posteriormente en marzo de 2023, el Ministerio de Economía y Finanzas de Ecuador aprobó un marco regulatorio para las operaciones de conversión de deuda[18] que legitima retroactivamente más de dos años de acciones ejecutadas por proponentes particulares. El 26 de abril, Credit Suisse anunció la compra en efectivo de bonos de deuda ecuatoriana, seguido de un comunicado de prensa fechado el 9 de mayo anunciando la liquidación de la transacción del préstamo. El 15 de mayo se emite el bono GPS BLUE FINANCING con valor nominal US$1,000 y vencimiento el 9 de noviembre de 2041[19]. Paralelamente, el Gobierno ecuatoriano está siendo asesorado por el Instituto de Crecimiento Verde con el apoyo de CAF Banco de Desarrollo en el diseño del Programa de Emisión de Bonos Temáticos Soberanos que se aprobará a principios de junio, mientras que la Taxonomía Verde y las reglas de supervisión relacionadas se encuentran en una etapa muy temprana de consideración. No hay indicio de la cartera de proyectos o planes que señalen las prioridades del país que la emisión de bonos contribuirá a lograr o si contribuirán a la descarbonización del país a largo plazo.
Además, el canje es insuficiente para cubrir las necesidades de financiación de la conservación y compromete los recursos estratégicos de Ecuador. Galápagos está subfinanciado fiscalmente desde 2020 con un déficit anual de aproximadamente US$20 millones[20]. El canje intenta movilizar hasta US$18 millones por año. El presupuesto para apoyar la implementación efectiva del Plan de Manejo de la nueva Reserva Marina “La Hermandad” se ha estimado en alrededor de US$47.5 millones[21] durante los primeros cinco años (promedio de US$9,5 millones) para asegurar la protección a través del control y la vigilancia. Esto se suma al déficit de financiación de US$11,5 millones a pesar del canje. Las áreas de reservas marinas bajo el canje cubren una gran parte de la plataforma continental de Ecuador más allá de las 200 millas náuticas bajo CONVEMAR[22] con una vasta biodiversidad conocida[23]. Por lo tanto, el canje socava los derechos soberanos para la definición independiente de las políticas de conservación y la gestión de sus recursos naturales.
III.b. Problemas de transparencia
A través de un documento separado, siguiendo los Principios de Bonos Verdes (GBP)[24], un emisor de un bono temático de uso de ingresos articula qué activos (re)financiará con los ingresos de la emisión. No hay evidencia que respalde que supuestamente los bonos azules de Galápagos tengan un marco de bonos o puedan considerarse una emisión alineada con GBP. Sin estas credenciales de transparencia junto con una oportunidad de inversión, los compradores de bonos pueden estar expuestos a importantes riesgos de reputación.
Además, no hay evidencia para determinar si los bonos de Galápagos son consistentes con la Taxonomía Verde Europea o los requisitos de divulgación relacionados con el clima de la Comisión Europea, como la Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa y similares de la Comisión de Bolsa de Valores de EE. UU. El canje ha sido revisado contra los Procedimientos de Política Ambiental y Social 2020 de DFC como una transacción financiera. Sin embargo, según el resumen de información pública de US-DFC, “los subproyectos posteriores del fondo de dotación probablemente sean de categoría B y C“.[25] De conformidad con la ley de Ecuador y las mejores prácticas globales relacionadas con la debida diligencia ambiental, como las Normas de Desempeño de 2012 de la Corporación Financiera Internacional, estos impactos deben gestionarse de manera consistente. Sin embargo, el plan de seguro no cubre los riesgos derivados de la aparición de peligros en los proyectos downstream que plantean riesgos adicionales para los tenedores de bonos. Teniendo en cuenta
que los proyectos se ejecutarán en Galápagos, un sitio existente del Patrimonio Mundial de la UNESCO y Sitio de la Biosfera del MAB, esta no es una exposición menor al riesgo.
III.c. Desempeño de las estructuras alternativas
La Tabla 2 muestra cómo las diferentes opciones de diseño podrían haber contribuido a lograr el mismo nivel de ahorro en la deuda externa mientras se preservaba la soberanía y un mayor nivel de transparencia y rendición de cuentas. Esta no es una comparación exhaustiva. El propósito es ejemplificar cómo las diferentes opciones de política pueden demostrar un desempeño diferente. Según el Código de Ecuador, los funcionarios públicos tienen la responsabilidad ulterior de lograr la sostenibilidad fiscal garantizando la ejecución de las políticas públicas en el corto/mediano/largo plazo, de manera responsable y oportuna, salvaguardando los intereses de las generaciones presentes y futuras[26]. Tanto un canje hipotético respaldado por la ONU como el uso de reservas internacionales para la recompra muestran una mayor integridad. En cuanto a la gobernanza, no existe una necesidad crítica de utilizar un SPV en virtud de un canje soberano. De hecho, existe un precedente para la recompra directa de Ecuador o alrededor de $ 289 millones en 2009[27].
Otros arreglos de gobernanza anteriores para gestionar la financiación de la conservación incluyen el uso de un Fondo Fiduciario de Donantes Múltiples administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD[28] y el activo Fondo de Inversión Ambiental Sostenible (FIAS)[29]. En ambos casos, la gobernanza incorpora a la sociedad civil como miembros de la Junta sin perjuicio del poder de veto del gobierno. En el caso de FIAS, muestra una mayor ventaja comparativa ya que está registrado bajo la jurisdicción ecuatoriana y como tal está sujeto al escrutinio público y la supervisión del Estado en la gestión de los fondos públicos. Esto es particularmente importante ya que las leyes nacionales establecen que los recursos públicos “no pierden su calidad de tales, cuando son administrados por personas jurídicas de derecho privado, sociedades anónimas, fundaciones, sociedades civiles, sociedades mercantiles y otras entidades de derecho privado, cualquiera que sea su procedencia”. que procedan, incluidos los de empréstitos, donaciones y entregas que, bajo cualquier otro título, se hagan a favor del Estado o de sus instituciones, personas naturales o jurídicas u organismos nacionales o internacionales“[30]. Invocando esta regulación, se liquidó en 2016 un fondo de dotación privado nacional anterior[31].
Observaciones iniciales:
El caso de Galápagos reafirma condiciones necesarias y suficientes contradictorias para un canje de deuda soberana “exitoso”. Requiere dos factores estructurales relacionados con el país:
- Sobreendeudamiento severo
- Perfil de alto riesgo
Los agentes de búsqueda de rentas involucrados en los canjes de deuda no pueden considerarse filantropía. Se necesita un cuidadoso sistema de frenos y contrapesos para evitar riesgos de lavado verde.
La biodiversidad no es una moneda de cambio. Según las constituciones ecuatorianas es un recurso estratégico[33]. Como tal, la gestión de Galápagos no es compatible con los” activos trofeos” que motivan los “acuerdos de clubes”. El canje es insuficiente y amenaza la soberanía al comprometer la estabilidad fiscal y una gran parte de la plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas.
Los diseños de políticas alternativas podrían haber brindado los mismos o mayores beneficios del servicio de la deuda sin comprometer la capacidad soberana para definir las prioridades de desarrollo.
El uso de instrumentos financieros con fines de desarrollo o vinculados a la protección del ambiente puede esconder intereses de privados por hacer negocios, lo cual plantea la necesidad de que deben hacerse reformas en el sistema financiero y la gobernanza económica para contribuir a lograr los objetivos de sostenibilidad. Mientras tanto, existe una clara necesidad de mejorar el arreglo institucional existente, tanto a nivel nacional como internacional, que incluya:
- Marco regulatorio global para garantizar la integridad (es decir, gobernanza sólida, transparencia y rendición de cuentas) en las contribuciones de los actores privados, incluidos inversores institucionales, administradores de activos, empresas de asesoría, corporaciones de desarrollo, así como instituciones financieras multilaterales y organizaciones sin fines de lucro.
- Apoyo a los países en desarrollo para fortalecer los marcos regulatorios nacionales en línea con las mejores prácticas internacionales para garantizar la participación y supervisión efectiva de las partes interesadas, incluidas las reglas de divulgación.
- Orientación para identificar y gestionar compensaciones y sinergias entre soberanía (es decir, priorización incondicional de políticas públicas y toma de decisiones) y alivio fiscal.
Un conjunto no exclusivo de buenas prácticas puede contribuir a mejorar la legitimidad de los esfuerzos de alivio de la deuda en curso:
- Transparencia: identificar y divulgar posibles conflictos de intereses e incentivar a los denunciantes y vigilantes de la sociedad civil. Alternativamente, publicitar los conflictos de intereses no declarados por parte de actores del canje de deuda y los miembros designados de la Junta de fondos de dotación.
- Rendición de cuentas: garantizar la supervisión por parte de los órganos de control a nivel nacional e internacional para evitar el riesgo reputacional. Esto puede incluir una debida diligencia legal activa por parte del Fiscal General o la Contraloría para garantizar la consistencia de la conversión de deuda con los marcos regulatorios nacionales.
- Reducir los costos de transacción: una directiva acordada por los miembros de la ONU para los bancos multilaterales de desarrollo y las instituciones financieras internacionales de apoyar a los estados miembros y facilitar soluciones y productos financieros sostenibles de bajo costo
- Eliminación de riesgos a través del desarrollo de políticas: los reguladores y los encargados de formular políticas en múltiples dominios necesitan empujar a los intermediarios financieros para que tomen decisiones de inversión más sostenibles y éticas[34]. Los objetivos medioambientales de la taxonomía de la UE para las finanzas sostenibles pueden considerarse un empujón regulatorio.
[1] Contribuyentes:
Daniel Ortega-Pacheco, Director – Center for Public Policy Development – ESPOL, served as Minister of Environment of Ecuador and is a former member of the Advisory Council of the Green Bond Principles.
Iolanda Fresnillo, Gerente de Políticas e Incidencia – EURODAD
Patricia Miranda, Directora de Incidencia Global y Directora del Área de Nueva Arquitectura Financiera – LATINDADD
Rodolfo Bejarano, Analista de Financiamiento para el Desarrollo – LATINDADD
Carola Mejía – Analista de financiamiento climático – LATINDADD
[2] Un “Vehículo de Propósito Especial” (SPV, por sus siglas en inglés) es una compañía formada para un propósito específico. SPV subcontrata y controla los riesgos de responsabilidad. Es una herramienta ideal para separar, anonimizar y proteger activos. Los accionistas también son miembros de la junta en el SPV. Los miembros de la junta pueden controlar las actividades del gerente de proyecto. El director del proyecto es el presidente del directorio de la SPV. Se sabe que los SPV facilitan Tratos de Club (acuerdos fuera del mercado). El público está excluido. Los inversores obtienen rendimientos superiores a la media. Requiere excelentes conexiones para cerrar transacciones fuera del mercado de manera rápida y exitosa. SPV se hizo muy conocido debido a su papel central en Pandora Papers y su uso en esquemas de evasión de impuestos. Incluso cuando el ahorro fiscal es un objetivo principal, los SPV no son necesariamente estructuras organizativas óptimas que faciliten los canjes de deuda. Una vez que se consideran todos los costos, por ejemplo, además de los costos de establecimiento legal, las SPV pueden reducir la calidad de la información, aumentar el escrutinio regulatorio, aumentar la presión pública y generar grandes sanciones fiscales (Demeré et al 2017). El SPV no paga impuestos, IVA ni aranceles irlandeses si califica bajo la Sección 110 de la Ley de consolidación de impuestos irlandeses de 1997. Un estudio publicado en Nature enumeró a Irlanda como uno de los OFC de conducto global que usan SPV para enrutar fondos a paraísos fiscales (García -Bernardo et al 2017).
[3] Mukherjee 1992. https://documents1.worldbank.org/curated/en/520881468767353294/pdf/multi0page.pdf
[4] Soporte de GPS para Galápagos. Sin embargo, los subproyectos del fondo de dotación probablemente sean de categoría B y C, lo que agrega riesgos a los tenedores de bonos.
[5] https://www.credit-suisse.com/about-us-news/en/articles/media-releases/financial-close-reached-largest-dept-conversation-marine-conservation-protect-galapagos-202305.html
[6] https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-05-04/credit-suisse-accepts-1-63-billion-of-ecuador-debt-in-blue-deal
[7] https://www.dentons.com/en/about-dentons/news-events-and-awards/news/2023/may/dentons-advises-the-republic-of-ecuador-on-landmark-debt-for-nature-swap-to-enhance-conservation
[8] https://ratings.moodys.com/ratings-news/402314
[9] Hoja Informativa – Conversión de Deuda por Naturaleza – Ecuador (Galápagos) https://www.iadb.org/document.cfm?id=EZIDB0000577-1059354427-37
[10] https://knowledgehub.transparency.org/topics/financial-integrity-parent-label
[11] https://www.nytimes.com/2023/05/09/climate/galapagos-ecuador-debt-nature.html
[12] https://www.dentons.com/en/about-dentons/news-events-and-awards/news/2023/may/dentons-advises-the-republic-of-ecuador-on-landmark-debt-for-nature-swap-to-enhance-conservation
[13] Establecida en 2015, CFM es una empresa conjunta entre el banco de desarrollo holandés FMO y Sanlam InfraWorks, parte del Grupo Sanlam de Sudáfrica
[14] https://www.solocheck.ie/Irish-Company/Gps-Blue-Financing-Designated-Activity-Company-728558
[15] https://www.solocheck.ie/Irish-Company/Waystone-Corporate-Services-Ie-Limited-478046
[16] https://www.solocheck.ie/Irish-Company/Cashel-Compliance-Bidco-Limited-638269
[17] https://www.dfc.gov/sites/default/files/media/documents/9000104959_0.pdf
[18] https://www.registroficial.gob.ec/index.php/registro-oficial-web/publicaciones/registro-oficial/item/18567-registro-oficial-no-300
[19] https://cbonds.com/bonds/1462488/
[20] https://www.expreso.ec/opinion/columnas/ines-manzano/busca-canje-generacional-160292.html
[21] https://www.registroficial.gob.ec/index.php/registro-oficial-web/publicaciones/registro-oficial/item/18431-registro-oficial-no-283
[22] https://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/ecu90_2022/PartI.pdf
[23] http://portal.amelica.org/ameli/journal/648/6482950008/html/
[24] El Apéndice 1 de GBP se actualizó para hacer una distinción entre “Bonos verdes estándar de uso de los ingresos” (obligación de deuda no garantizada) y “Bonos verdes garantizados” y para proporcionar más orientación sobre bonos cubiertos verdes, titulizaciones, papel comercial respaldado por activos, bonos garantizados. billetes y otras estructuras seguras. https://www.icmagroup.org/assets/documents/Sustainable-finance/2022-updates/Green-Bond-Principles_June-2022-280622.pdf
[25] https://www.dfc.gov/sites/default/files/media/documents/9000104959_0.pdf
[26] https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/09/CODIGO_PLANIFICACION_FINAZAS.pdf
[27] https://www.reuters.com/article/ecuador-debt-idUSN1152373220090612
[28] https://mptf.undp.org/fund/3ey00
[29] https://fias.org.ec/
[30] Para los elegidos para regular el Sistema Nacional de Finanzas Públicas, el artículo 76 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, establece en su primer párrafo que “se entiende por recursos públicos los definidos en el artículo 3 de la Ley de Contraloría General de la República”. Estado.” Tal como lo establece el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, “para los efectos de la presente ley, se entenderá por recursos públicos todos los bienes, fondos, títulos, acciones, participaciones, bienes, rentas, utilidades, excedentes, las subvenciones y todos los derechos que correspondan al Estado y a sus instituciones, cualquiera que sea su fuente, incluidos los derivados de empréstitos, donaciones y entregas que, bajo cualquier otro título, se hagan a favor del Estado o de sus instituciones, personas naturales o organizaciones legales o nacionales o internacionales. La disposición general primera del mismo Código establece que “Cualquiera que sea el origen de los recursos, las entidades y organismos del sector público no podrán crear cuentas, fondos u otros mecanismos para el manejo de ingresos y gastos que no estén autorizados por el órgano rector del Sistema de Finanzas Públicas”.
[31] https://www.ambiente.gob.ec/constituida-la-comision-liquidadora-del-fondo-ambiental-nacional/
[32] El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) Costos: i) Comisión inicial: comisión única del 0,25 por ciento sobre el monto de la garantía. ii) Comisión de iniciación: comisión única del 0,15 por ciento sobre el monto de la garantía o un mínimo de USD 100.000. iii) Comisión de tramitación: comisión única de hasta el 0,5 por ciento sobre el importe de la garantía, para cubrir los gastos de bolsillo. iv) Comisión de garantía: 0,3 por ciento anual sobre el importe de la garantía desembolsado y pendiente de pago.
[33] https://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Ecuador/english08.html
[34] Cai, C. (2019), ‘Nudging the financial market? A review of the nudge theory’, Accounting & Finance, 60(4), https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/acfi.12471
Demeré et al. 2017. https://www.irs.gov/pub/irs-soi/17resconlisowsky.pdf
García-Bernardo et al. 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5524793/
