El FMI y el Banco Mundial, junto al G20, muestran una vez más una postura laxa frente a las urgentes necesidades económicas, sociales y ambientales en medio de crisis simultáneas y riesgos que aumentarán si no se actúa oportunamente. Continúa creciendo la exigencia de una reforma a la arquitectura financiera internacional que puede comenzar por abrir espacios de decisión en el seno de Naciones Unidas.
A. Una mirada a los resultados de las reuniones anuales del Banco Mundial y el FMI
Las Reuniones de Primavera del FMI y Banco Mundial, desarrolladas entre el 10 y 14 de abril en Washington DC, han mostrado una débil respuesta a los múltiples desafíos y riesgos que enfrenta el mundo y, en particular, las economías en desarrollo. Las crisis de costo de vida, de deuda, climática, entre otras, han sido el centro de las discusiones y debates durante la semana.
En un escenario de crecimiento económico débil, incertidumbre, inflación y riesgos derivados de la deuda, las respuestas sugeridas por los organismos multilaterales y el G20 apuntan al retorno a las reglas fiscales, medidas de ajuste fiscal, mayor endeudamiento a través de la ampliación de los préstamos del FMI y Bancos Multilaterales de Desarrollo, así como mayor financiamiento privado. El FMI y el BM señalan que la incertidumbre mundial es parte de los efectos colaterales de la guerra y que, en comparación con lo que esperaban el otoño pasado, la economía parece haber sido más resiliente, los peores riesgos macroeconómicos no se habrían materializado. No obstante, esta mirada no debe relajar el sentido de urgencia para hacer frente a las necesidades particularmente de los países del Sur, que han visto profundizadas sus múltiples vulnerabilidades.
Las proyecciones para ALC reflejan un crecimiento que se desacelera de 4% en 2022 a 1,6% en 2023. A pesar de ello, el FMI señala que la reducción del déficit fiscal puede aliviar la crisis del costo de vida a través de la desaceleración de la demanda interna para controlar la inflación. Este tipo de medidas contractivas y procíclicas en un contexto de desaceleración, crisis climática, aumento de la pobreza y del desempleo y el endurecimiento de condiciones financieras, resultará contraproducente.
Tres problemáticas fueron centrales en la semana de las reuniones de primavera: i) inflación y estabilidad financiera; ii) deuda pública y austeridad; iii) crisis medioambiental y financiamiento climático.
Inflación y austeridad
Entre los retos más urgentes discutidos por el FMI está reducir la inflación, y a la vez, precautelar la estabilidad financiera internacional. La elevada inflación es mucho más rígida de lo que se preveía, principalmente la inflación subyacente. Se afirma que ésta todavía no ha alcanzado su máximo en muchos países. Por ello, el FMI considera que se ”podría requerir una contracción de la política monetaria mayor o más prolongada de lo previsto actualmente”. Si bien esta situación podría traer mayores riesgos para el sistema financiero, el FMI afirma que se cuentan con todas las herramientas para controlarlos (el caso del Silicon Valley Bank sería aislado), aunque esto no significa que los riesgos no existan ya que explican que la situación sigue siendo frágil. Este endurecimiento financiero también afectaría a las condiciones de préstamos y encarecería la deuda de los países emergentes y en desarrollo. El enfoque impulsado por el FMI para reducir la inflación no considera que el problema está en el sector real. Además de los efectos en el desempleo y los costos de la política monetaria, se podría estar exacerbando la desigualdad económica (por las ganancias extraordinarias del sector financiero).
En cuanto a la región, en línea con el Monitor Fiscal y recomendaciones de otros informes, se apunta a la política fiscal como la responsable de disminuir el gasto y contraer la demanda interna para apoyar al control de la inflación. Específicamente, se señala que las autoridades económicas ya no enfrentan la disyuntiva macroeconómica entre frenar la inflación en contrapartida con la necesidad de impulsar la recuperación. Además, apuntan a que “el objetivo de las políticas ahora debe ser desacelerar la demanda para traerla en línea con el producto potencial. Esto requiere inevitablemente enfriar el mercado laboral”.
De manera consistente con los históricos postulados de ajuste estructural o austeridad, las reglas fiscales están volviendo a aplicarse después de un relajamiento durante los primeros años de pandemia y, como habitualmente se explica desde el FMI, los ajustes fiscales deben procurar una mejor focalización de la política pública y social. Sin embargo, no se tienen en cuenta los potenciales efectos de impulsar políticas procíclicas en tiempos de ralentización sobre las poblaciones más vulnerables y que, en un contexto de crisis, agrava los problemas de desigualdad en las regiones del Sur, donde hay más pobreza, menor seguridad social, mayores brechas y alta vulnerabilidad climática.
Austeridad para garantizar la sostenibilidad de la deuda pública: ¿Por qué no ha funcionado?
Otra de las problemáticas actuales que requiere mayor atención por parte de instituciones como el FMI y el Banco Mundial son los altos niveles de deuda que provocan cada vez mayores restricciones en las finanzas públicas, en medio de un contexto financiero internacional adverso. De acuerdo al FMI, 39 países ya sufren, o están por sufrir, tensiones por sobreendeudamiento, pero otras estimaciones apuntan a un número cada vez mayor de países con problemas de endeudamiento severos, como indican las estimaciones del PNUD, con 54 países en esa situación.
Preocupa bastante que desde el FMI no se considere que varios países ya están en una situación de crisis de deuda, y desde la sociedad civil se cuestionó que sólo se determine que ya existe una crisis cuando los países acreedores se ven afectados.
A pesar del reconocimiento de que la consolidación fiscal no logra reducir de forma importante el ratio de endeudamiento al producto como sí lo hace el crecimiento económico, las recomendaciones de política continúan orientándose al impulso de medidas de austeridad que socavan el crecimiento (necesario para reducir el nivel de deuda), pero que también aceleran los retrocesos en materia social y ambiental.
Durante la presentación del Monitor Fiscal, se señaló que las proyecciones sobre el endeudamiento público global apuntan a un crecimiento para los siguientes años a una velocidad mayor que lo observado antes de la pandemia. Se señaló también que la probabilidad de una crisis generalizada de deuda soberana a nivel mundial, en un escenario adverso extremo, es de 15% (en alusión al informe de perspectivas económicas mundiales).
En el informe sobre perspectivas mundiales, se dedica un capítulo completo a examinar la eficacia de distintos enfoques para reducir las relaciones deuda/PIB. Este capítulo se basa principalmente en análisis econométricos que llevan a tres conclusiones. Según el FMI, en primer lugar, las consolidaciones fiscales “debidamente programadas y diseñadas” tienen una elevada probabilidad de reducir de forma duradera los coeficientes de endeudamiento. No obstante, por sí solas no reducen la deuda.
En segundo lugar, cuando un país se encuentra en situación crítica de sobreendeudamiento, será necesario combinar la consolidación con una reestructuración importante de la deuda, así como impulsar el crecimiento económico, lo que parece contra-intuitivo con la austeridad. En tercer lugar, se menciona que el crecimiento económico y la inflación han contribuido también a reducir los coeficientes de endeudamiento.
No obstante, la única respuesta ante la crisis ha sido la operativización de nuevos instrumentos de deuda. De acuerdo al Programa Mundial de Alimentos, el número de personas en situación de inseguridad alimentaria aumentará a 345 millones en 2023, es decir, más del doble respecto de 2020. Sin embargo, la respuesta del FMI ante la crisis del costo de vida y particularmente la inflación de alimentos y la seguridad alimentaria ha sido la nueva ventana de préstamo ante un shock de alimentos (FSW, por sus siglas en inglés) que ya entró en operaciones con seis aprobaciones, entre ellas, Haití. Por otra parte, también se han suscrito acuerdos con cinco países (Barbados, Costa Rica, Jamaica, Bangladesh y Rwanda) en el marco del Fondo Fiduciario para la Resiliencia y Sostenibilidad (FFRS) como mecanismo de recanalización de los Derechos Especiales de Giro (DEG) no utilizados por las economías avanzadas. Además, se señaló que otros 44 han expresado interés.
En cuanto a alternativas de financiamiento sin deuda, se puede rescatar un punto del comunicado del G24, que hace un llamado a nuevas asignaciones de DEG. Añaden que “una asignación de DEG adicionales mitigaría las crisis de balanza de pagos y de deuda, entre otras formas, al reducir los costos de endeudamiento de los países”. No obstante, también apuntan a que toda nueva asignación de DEG debe ir acompañada del compromiso de recanalización de los países que reciben más y no los utilizarán hacia los países más necesitados.
Al respecto, LATINDADD considera que una nueva asignación anual de DEG podría ser clave para aliviar problemas de deuda, así como para financiar la agenda climática y la agenda 2030, sin embargo, propone utilizar nuevos criterios de distribución basados en la necesidad y/o vulnerabilidad de los países, de modo que se pueda priorizar a los países que están enfrentando mayores problemas en el marco de la actual crisis múltiple. Sobre el tema de recanalización de DEG, LATINDADD observó que el FFRS no es un mecanismo adecuado, ya que utiliza préstamos y conlleva condicionalidades para países del sur global.
Finalmente, también tuvo lugar la reunión de la Mesa Redonda Global sobre la Deuda Soberana (GSDR, por sus siglas en en inglés), donde se anunció que en las próximas semanas se organizará un taller sobre cómo evaluar y aplicar la comparabilidad del tratamiento (en los procesos de reestructuración). Asimismo, se afirmó que se seguirá trabajando sobre otros aspectos dentro el Marco Común, como “los principios relativos a las fechas límite, la suspensión formal del servicio de la deuda al inicio del proceso, los atrasos y el tamaño de la deuda que debe reestructurarse, también en lo que respecta a la deuda interna. Este trabajo también ayudará a clarificar posibles calendarios para acelerar las reestructuraciones de deuda.»
Ninguna de las salidas planteadas por el FMI conforman una solución duradera para los países, se incrementa la carga de deuda y no se buscan salidas oportunas, por ejemplo, para facilitar tratamientos de deuda en países que ya están cerca del default independientemente de su nivel de ingreso per cápita. En definitiva, el Marco Común del G20 y la Mesa Redonda Global sobre la Deuda no están conduciendo a una salida justa para los países en necesidad. Es necesario avanzar hacia una reforma de la arquitectura de la deuda y financiera internacional.
La crisis climática en el centro de las discusiones
La deuda, la crisis climática y el financiamiento de la transición energética fueron centrales durante las reuniones de primavera y en los paneles organizados por la sociedad civil.
El Evolution Roadmap del Banco Mundial, se presentó como una oportunidad de reforma y cambio en el enfoque planteado para dar soluciones al financiamiento para el desarrollo y dar respuesta adecuada a los problemas climáticos cada vez más severos, que irónicamente afectan más a los países y grupos menos responsables de este problema global. Sin embargo, la realidad es que no se impulsarán alternativas que logren impactos duraderos, ya que se habló de incrementar el nivel de préstamos y de promover un mayor impulso a la inversión privada. Ello no responde a la necesidad de mayor financiamiento concesional para países vulnerables a la crisis climática, independientemente de su nivel de ingreso.
El rol de los bancos multilaterales de desarrollo en el financiamiento climático debe cambiar significativamente, considerando que por ejemplo, de acuerdo a un reporte de OCDE, 91% del financiamiento climático que movilizaron en 2020 a países del sur global fue a través de préstamos, en su mayoría no concesionales (75%). En ese sentido deben hacer honor a su nombre y asumir un rol más activo en la otorgación de financiamiento concesional a países de ingreso bajo y medio, para invertir en medidas alineadas a la agenda climática y a la agenda de desarrollo sostenible 2030.
Las voces desde la sociedad civil han sido nuevamente las más proactivas con el sentido de la urgencia del contexto actual, sobre la insuficiencia de los instrumentos actuales del sistema económico y financiero y el planteamiento de propuestas y alternativas viables que permitan resolver múltiples problemas de forma simultánea. LATINDADD formó parte de la organización de diferentes paneles en el marco del Foro de Políticas de la Sociedad Civil sobre la problemática de la deuda y cómo encontrar mecanismos que funcionen en el corto y largo plazo para proporcionar tratamientos de deuda oportunos, transparentes y efectivos. Asimismo, se plantearon análisis y enfoques alternativos al análisis de deuda que realizan el FMI y el Banco Mundial, para que se incluyan consideraciones relacionadas a riesgos climáticos y necesidades de financiamiento.
Finalmente, se presentó un adelanto de una próxima publicación con el seguimiento que LATINDADD le ha dado al uso de los DEG en el mundo, y particularmente, en América Latina. Una vez más, el FMI y Banco Mundial no han sido capaces de mantener concordancia entre el diagnóstico y las políticas económicas que pregonan.
Como ha denominado recientemente Jayati Gosh, parece haber una esquizofrenia en el FMI. Se requiere una reforma no sólo en la gobernanza de las instituciones financieras internacionales, sino de la arquitectura financiera internacional, que puede comenzar por abrir espacios de decisión en el seno de Naciones Unidas.
B. ¿Qué pasó en el Foro de ECOSOC sobre Financiamiento para el Desarrollo?
El Foro de seguimiento de Financiamiento para el Desarrollo (FfD, por sus siglas en inglés) en las Naciones Unidas a cargo del ECOSOC se dio apenas una semana después de las reuniones de primavera del FMI y el BM, en la ciudad de Nueva York, marcando un momento singular en las discusiones vinculadas a temas económicos y financieros en el ámbito internacional con miras a buscar soluciones a las múltiples crisis que nos aquejan, aunque desde los espacios oficiales no necesariamente hay un reconocimiento de la existencia de estas crisis, mientras se evidencia una fuerte resistencia de ciertos países del norte global y sectores de mantener el status quo, en lugar de abrir los espacios necesarios y adecuados para buscar reformas sistémicas en un marco democrático como el que constituye las Naciones Unidas.
Este año 2023, el foro de FfD estuvo marcado por varios elementos que, se podría decir, vienen algunos con viento a favor y otros en contra en términos del objetivo que se busca, que es movilizar recursos suficientes para atender los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y demás necesidades urgentes para los países en desarrollo. En medio de ello, la sociedad civil internacional que sigue estos temas ha estado presente para participar e intervenir en las reuniones oficiales y organizar los side events, permitiendo levantar las demandas y propuestas que buscan una nueva gobernanza y justicia en el sistema económico y financiero internacional.
En este Foro también se abordaron los tres problemas desarrollados anteriormente, y se abordó otros temas relacionados a cooperación para el desarrollo, inversión privada, financiamiento para transformaciones industriales, cooperación fiscal internacional, seguridad alimentaria y marcos nacionales integrados de financiamiento en el marco de la Agenda 2030.
El elemento positivo presente este año es la adopción de la resolución por los estados miembros en las Naciones Unidas a fines del año pasado para fortalecer la cooperación tributaria internacional, la que fuera impulsada por el grupo de países africanos y apoyada por la mayoría de los países en desarrollo. Esto marca un hito importante para empezar a contrarrestar la dominación de la OCDE en estos temas y es clave para los movimientos que buscan la justicia fiscal, pero las acciones deben encaminarse hacia un verdadero espacio democrático para la lucha contra la evasión y los flujos financieros ilícitos, tal como el establecimiento de una Convención sobre Tributación, propuesta levantada en el Foro desde la sociedad civil.
Por otro lado, el no reconocimiento de una crisis de deuda desde organismos como el FMI unos días atrás, anunciaba la poca atención que iba a recibir este tema y dejaba de lado aspiraciones planteadas desde sociedad civil para dar solución a problemas financieros de países por medio del establecimiento de un mecanismo de resolución de la deuda soberana que estuviera instalado en las Naciones Unidas. A pesar del fracaso de los mecanismos implementados en dar solución a la deuda que se originó con la crisis pandémica -y siguió empeorando con el alza de los tipos de interés-, no se avizoran intenciones de buscar alternativas reales a las recetas planteadas por las instituciones de Bretton Woods. En lugar de ello, un espacio neutral y sin conflicto de intereses debería estar a cargo de plantear las salidas a los deudores que caen en problemas financieros, función que podría estar a cargo de UNCTAD, órgano de Naciones Unidas que ha analizado mucho en el tema y viene trabajando en una propuesta.
En cuanto a las intervenciones de los países en los debates generales, sobresalen las declaraciones realizadas por los países africanos, especialmente en temas de tributación, reforzando la necesidad de cambiar las reglas del juego, así como las de la representación de Cuba, la que se encargó de presentar la declaración del Grupo de los 77 y China, destacando la necesidad de una reforma en la arquitectura financiera internacional. Esta reforma presentada por G77 incluye elementos como: reforma de la gobernanza de las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs), mejora en la arquitectura de la deuda soberana, recanalización y nueva emisión de DEG, una plataforma inclusiva y efectiva para diseñar y discutir reglas tributarias internacionales en la ONU, y una recapitalización de los Bancos Multilaterales de Desarrollo. También se pueden destacar las intervenciones de países de la región, tales como Argentina, Colombia, Honduras y República Dominicana, que pusieron énfasis en la necesidad de resolver los problemas vinculados al financiamiento climático, los sobrecargos, la deuda, el incumplimiento de compromisos internacionales de países del norte global sobre Ayuda Oficial al Desarrollo, entre otros temas.
A pesar de la mención repetida por parte de varias delegaciones de la necesidad de la reforma de la arquitectura financiera, era recurrente también destacar la necesidad de la participación de la inversión privada y los mercados financieros para cerrar la brecha de financiamiento de los ODS y de la agenda climática, lo cual representa una preocupación desde la sociedad civil, quien supo exponer los riesgos de dejar en manos de los mercados y los privados la inversión en aspectos relacionados al desarrollo y a la lucha frente a la crisis climática.
Las aspiraciones de la sociedad civil organizada son muchas, pero los avances de las negociaciones son muy pocos, por lo que hoy se torna más importante que nunca rescatar el espíritu del Consenso de Monterrey, el cual marca el camino para una nueva gobernanza económica y la reforma de la arquitectura financiera internacional. Vemos con preocupación las iniciativas planteadas a ser llevadas a cabo entre este año y el próximo, tanto en las mismas Naciones Unidas como en otros espacios -tales como La Cumbre del Futuro, la Cumbre de los ODS, la Iniciativa de Bridgetown, la Cumbre por un Nuevo Pacto Financiero Global promovida por Francia, la Mesa Redonda de Deuda Soberana, entre otras-, por querer marcar la agenda y diluir los posibles acuerdos en los temas de importancia hacia la próxima 4ta Conferencia de FfD en 2025, pero ello no debe distraernos de nuestra acción estratégica y seguir apostando por reformas que busquen mayor equidad entre el Sur y el Norte global.
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