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Klelia Guerrero *
América Latina fue una de las regiones más golpeadas por la pandemia en términos sanitarios, sociales y económicos. En 2020, se perdieron 44 millones de empleos y 22 millones de personas fueron empujadas a la pobreza, sumándose a los 187 millones de pobres del continente. En Argentina, Perú, Brasil y México, la tasa de pobreza creció un 7%, un incremento superior al promedio regional.
Las mujeres fueron particularmente afectadas con un retroceso de una década en su participación dentro del mercado laboral, ya que representaban 57% del empleo en los sectores más afectados —comercio y turismo—. Según la Organización Internacional del Trabajo, sólo 60% de las mujeres que quedaron desempleadas durante 2020 en el continente reingresaron (al menos parcialmente) al mercado laboral para 2021.
La respuesta pública regional resultó insuficiente, según el informe liderado por Latindadd, con el apoyo de la Coalición de Transparencia Financiera, denominado “Financiamiento en tiempos de crisis: Intervenciones en América Latina desde el Covid-19“ (inicialmente lanzado en Español y ahora también disponible en Inglés), que analizó la respuesta de emergencia en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y Ecuador.
El estudio muestra que los fondos de recuperación de Covid-19 representaron solo 4,6% del PIB de la región en 2020, menos de la mitad de la cantidad recomendada por la ONU. Para empeorar las cosas, expone que las pequeñas y medianas empresas y los trabajadores informales quedaron al magen de estas intervenciones en gran medida: el apoyo promedio a las grandes empresas, MIPYMEs y trabajadores informales fue de 44%, 20% y 5% respectivamente.
Dos excepciones relevantes fueron Colombia y Argentina, que ocuparon el segundo y tercer lugar en el apoyo a trabajadores informales entre los 21 países analizados en el estudio global, concentrando 14% y el 15% de sus paquetes de recuperación. La desproporción en la ayuda al sector informal también profundizó las desigualdades de género, si consideramos que las mujeres son 56% menos propensas a ser empresarias formales y 63% más propensas a serlo en el sector informal.
Con respecto a la protección social, Brasil y Chile destacan al destinar más de la mitad de sus fondos de recuperación de Covid-19 de 2020 y 2021 a proteger a los pobres y más vulnerables (58% y 51%, o US $ 92 mil millones y US $ 31 mil millones respectivamente). Por su parte, Colombia tuvo el gasto más bajo en esta categoría (9% de su gasto de recuperación o US$8.000mn). La escasez de registros poblacionales actualizados para entregar los beneficios y de sistemas de control en el uso de los recursos disponibles limitaron su eficiencia.
El informe también muestra que los presupuestos públicos ordinarios de los gobiernos fueron insuficientes, incluso después de redistribuciones internas, por lo que recurrieron a deuda pública a través de la emisión de bonos o préstamos de organismos internacionales. Diecisiete países de ALC emitieron bonos por US$ 122 mil millones entre enero y octubre de 2020, superando el monto anual de 2019 (US$ 118 mil millones). Así, la región tenía poco espacio para tomar decisiones y dependía en gran medida de recursos y proveedores externos.
La región fue la principal destinataria de los préstamos del Fondo Monetario Internacional asociados con la Covid-19 en 2021($US118 bn), en parte porque otras regiones no contaban con sistemas para canalizar este financiamiento a hogares y empresas. Un ejemplo es África, que recibió US$26.000mn, casi lo mismo que Chile (US$24.000mn) o que la asignación conjunta a Colombia y Perú (US$17.000mn y US$11.000mn) en 2021.
Aunque destacable mientras duró, esta fuente de recursos se agotó antes prematuramente y trajo consigo las demandas de austeridad del FMI. Esto es más problemático cuando su aceptación era la única opción disponible para muchos países. Chile fue una excepción: optó por liberar parcialmente los fondos de pensiones para dar liquidez a los hogares, pero eso le dejó una brecha de recursos a largo plazo —aún sin resolver tras el rechazo de la reforma tributaria—.
Cuando la crisis de la Covid-19 parece remitir y las economías de la región se recuperan artificialmente —con la reactivación de la demanda mundial y los precios más altos de las materias primas—, los países latinoamericanos mantienen déficits fiscales abultados y los métodos alternativos de financiación son cada vez más escasos. La mayoría de las reglas fiscales se ha restablecido abruptamente, sin planes para abordar los problemas estructurales de financiamiento o la necesidad de sostener el apoyo a los más vulnerables, afectados por la inflación actual y el mayor costo de vida.
Con lo anterior, los gobiernos requieren acceder a formas alternativas de financiación, que sean más sostenibles y sin condicionalidades excesivas o prematuras. Internamente, eso también significa que los países deben implementar sistemas impositivos más progresivos, que incluyan impuestos sobre la riqueza o las propiedades, para generar los fondos necesarios. Asimismo, esto requiere un proceso más estratégico, focalizado y transparente, ya que no hay espacio para ineficiencias y fugas de recursos en la construcción de una recuperación equitativa, inclusiva y sostenible.
“Gran parte del impacto de la pandemia en la región surge de las desigualdades preexistentes en el acceso a infraestructura, capital humano, conectividad y otros servicios básicos. Más allá de la respuesta a la emergencia, las medidas públicas deben apuntar a la creación de las capacidades estructurales que aún faltan”, recomienda el estudio. Esto es particularmente importante en un contexto de descontento social que se tomó la región incluso antes de la pandemia.
El camino hacia la construcción de una estructura social regional más resiliente debe mantener registros integrales actualizados y flexibles para comprender las dimensiones clave de la vulnerabilidad y lograr respuestas adecuadas. También requiere el establecimiento de un nuevo pacto social y fiscal que promueva una tributación progresiva y sostenible, la valorización del cuidado, la reivindicación de pueblos y nacionalidades históricamente excluidos, y el acceso homogéneo a las necesidades básicas. Finalmente, todo esto debe canalizarse al desarrollo simultáneo de infraestructura social, productiva, tecnológica y humana.
Nota a los editores: el informe es parte de un proceso global liderado por la Coalición para la Transparencia Financiera (FTC) con una actualización de 2021 sistematizada en el documento Recuperación en una encrucijada: cómo los países gastaron los fondos de Covid-19. Un proceso con componentes de investigación y movilización que seguirá evolucionando luego de ser discutido y evaluado en espacios locales y globales.
* Klelia Guerrero es economista ecuatoriana y especialista en Justicia Fiscal en Latindadd.
