Latindadd

Justicia Fiscal

Aspectos Tributarios y fiscales de las industrias extractivas

* Klelia Guerrero García

La conservación, cuidado y restauración de la amazonía es un tema de atención urgente e implementación compleja. Su importancia es innegable cuando se sabe que representa un tercio de las selvas tropicales del mundo, y que desempeña un papel imprescindible en sostener los suelos y las fuentes de agua dulce, proteger la biodiversidad y estabilizar el clima global.

Dicha complejidad inicia con su ubicación en nueve países (Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Guyana Francesa y Surinam), cada uno con normas, enfoques y sistemas de gestión distintos, como lo reconoce la reciente convocatoria a la Cumbre de la Amazonía. Esto se intensifica con las dificultades que enfrentan estos países para sostener sus estrategias internas en el largo plazo, particularmente cuando hay dualidades ideológicas en las sucesiones de poder. Esto ocurrió en Brasil, donde la liberalización de las actividades mineras en su territorio amazónico durante el periodo de gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022), causó que la tasa de deforestación se duplique en comparación con con los registros previos (hasta 2018).

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Esto motivó al Instituto de justicia Fiscal de Brasil (IJF) a trabajar en el estudio de caso Aspectos Tributarios y fiscales en la mínería de bauxita en la Amazonía brasileña: Análisis de la empresa minera río do Norte, que se implementó con el soporte de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) y la Coalición por la Transparencia Financiera (FTC) en el marco del proyecto Ganancias por sobre las personas y el planeta

En síntesis, este esfuerzo conjunto expone los detalles fiscales y sociales que pocas veces se cuentan sobre la operación de grandes empresas mineras. Esta revisión desmitifica el supuesto de que los beneficios económicos asociados a su operación normamlmente se traducen bienestar, empleo y mejor acceso a servicios básicos para los habitantes de las regiones mineras. La realidad es que, dejando de lado sus afectaciones ambientales, sociales y económicas —como la pérdida de medios de vida tradicionales para las comunidades locales—, estas actividades generan ingresos públicos (y, por ende, servicios públicos) muy escasos.

En el caso de Brasil, lo anterior se refuerza sitémicamente con los beneficios y exenciones impositivas que benefician a las empresas mineras que operan en la región de la Amazonía legal (SUDAM). La sola existencia de las empresas genera una exención de 75% del impuesto a la renta corporativa (IRPJ) y sus operaciones de reinversión agregan un beneficio de 7,5% adicional sobre el mismo impuesto. Así, sin importar las afectaciones que causen en su contexto, si proveen de empleo local o su desempeno bajo cualquier otro criterio, las operadoras mineras se hacen acreedoras de una reducción de 82,5% del IRPJ.

Además de los incentivos sitémicos, este tipo de industrias opera con altos niveles de  integración vertical y operaciones con partes relacionadas. La complejidad de dichas estructuras, a desarticulación entre gobiernos nacionales y seccionales, y las limitaciones en los sistemas de seguimiento y control de estas empresas, complican la identificación de los beneficios reales que reciben del estado a lo largo de la cadena. 

Por tanto, para actuar de manera consecuente con la protección del medio ambiente y con la garantía de los derechos humanos, el estudio recomienda la movilización de cambios legislativos que promuevan la transparencia en torno a la explotación de la naturaleza, de un patrimonio que pertenece a la sociedad. Así también, exhorta a los países a promover la fiscalización y participación ciudadana en torno a todos los eslabones de la actividad minera. 

* Klelia Guerrero es economista e investigadora en el equipo de Justicia Fiscal de Latindadd.

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