La semana pasada, el directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) se ha reunido para revisar la suficiencia de sus saldos precautorios, donde, entre otros temas, se incluyen los ingresos provenientes de la política de sobrecargos o sobretasas que el Fondo impone a países endeudados y en mayor necesidad. Estos cargos adicionales a los cargos regulares en los préstamos del FMI se aplican cuando los préstamos pendientes de pago están por encima del 187,5% de su cuota en el FMI o cuando superan los 36-51 meses en esa situación. Actualmente, 16 países miembros del Fondo están sujetos a esta política y bajo las proyecciones de la nueva revisión, el FMI estima –bajo el escenario basado en las perspectivas de la economía mundial– que el número de países que pagarán sobrecargos llegará a 30 en 2025.
Fuente: Cálculo propio con base en datos Departamento Finanzas FMI, créditos pendientes de pago (GRA) y cuotas actuales.
En un contexto de mayores tasas de interés a nivel mundial que buscan contrarrestar la inflación, el costo del endeudamiento incrementa la carga en los presupuestos en países emergentes y en desarrollo y desvían cada vez más recursos al pago de su deuda en lugar de priorizar otras necesidades de sus poblaciones vulnerables, como las mujeres, y respuesta a los efectos de la crisis climática. En el caso de los préstamos que otorga el FMI, esto se ha visto reflejado en el aumento de la tasa de interés de sus préstamos, a lo que se añaden los sobrecargos. En el caso de América Latina, se pueden mencionar a Argentina, Costa Rica y Ecuador, cuyo costo de endeudamiento con el FMI ha alcanzado tasas entre el 5,9% y 6,9% (con datos al 21 de diciembre de 2022). Estas tasas son elevadas para un crédito multilateral y significa que el FMI genera beneficios económicos a partir de préstamos a los países que ya tienen niveles altos de endeudamiento y, en muchos casos, problemas de balanza de pagos, aplicando un “castigo” por su situación. Los sobrecargos, entonces, terminan siendo contraproducentes, regresivos y procíclicos, y representan un obstáculo para la recuperación de los países.
Fuente: Elaboración propia con base en información del FMI (tasa DEG, margen, sobrecargos).
De acuerdo a la última revisión de saldos precautorios del FMI, la proporción de ingresos por sobrecargos respecto a los ingresos operativos aumentó hasta un 51% en el año fiscal 2022, frente al 45% en el año fiscal 2021. Se estima que estos ingresos por sobrecargos representen un 46,9% de sus ingresos operativos en 2023 y alrededor de un 41% hasta 2026, tomando como referencia el escenario base. Esta figura muestra la magnitud de lo que representan estos cobros no sólo para financiar los ingresos operativos del FMI, sino la carga que suponen para los países que enfrentan mayores dificultades de liquidez y endeudamiento. Por otro lado, recientemente, Andrés Araúz ha comprobado que “los ingresos anuales por sobrecargos representan un insignificante 0,18% de los recursos totales disponibles del FMI para préstamos”, es decir, el poder de préstamo del Fondo no se ve realmente afectado si se eliminan los sobrecargos. La política de cobros adicionales que mantiene el FMI no tiene ninguna base económica que justifique su aplicación, sin dejar de lado las enormes dificultades que enfrentan los países del Sur para atender crisis en diferentes frentes.
Fuente: Elaboración propia con base en FMI (2022), Review of the Adequacy of the Fund’s Precautionary Balances
Durante la última reunión del Fondo, comunican que “la mayoría de los directores se mostraron abiertos a explorar posibles opciones para la reducción temporal de los sobrecargos, y algunos de ellos apoyaron un cambio de política”, dejando así la puerta abierta a una revisión de la política, pero sin ningún avance concreto, no se ha llegado a ningún acuerdo para iniciar una revisión formal de la política. Existe una evidente división entre los países miembros, donde prevalecen las posturas de algunos de los mayores accionistas del Fondo que obstaculizan iniciar una revisión de la política, pues se requiere una mayoría del 70% de los votos en el directorio ejecutivo para realizar cambios. A raíz de la falta de consenso, la posibilidad de continuar el debate está abierta, no se ha rechazado completamente una revisión.
El documento publicado por el Fondo explora de manera ilustrativa un hipotético alivio temporal de los sobrecargos a través de un umbral de nivel más elevado, es decir, un escenario que supone un aumento del 187,5% al 300% de la cuota para la aplicación de sobrecargos, por un período de tres años. Sin embargo, una vez más, existe una lectura equivocada del contexto y presiones que enfrentan las economías en el Sur hoy, no se necesita un alivio temporal, sino la revisión y eliminación de esta política dentro del Fondo, como se ha venido demandando en repetidas ocasiones desde la sociedad civil y otras esferas políticas.
En un entorno de endurecimiento de condiciones financieras y alta inflación, los países también enfrentan el aumento de la pobreza extrema, el hambre y la inseguridad alimentaria. En efecto, uno de los principales impulsores de la inflación ha sido el aumento de precios de alimentos, cuyo riesgo de continuar aumentando en los próximos trimestres es elevado, de acuerdo al FMI. Por ello, es altamente probable que los tipos de interés aún se mantengan altos, principalmente en las economías avanzadas, cuyo impacto será desigual entre y al interior de los países. Estos también son factores que reafirman la necesidad de revisar la política de sobrecargos que significa un peso adicional para las finanzas públicas de los países afectados en un contexto económico complejo y adverso.
Por otro lado, el FMI recomienda, de forma contradictoria, que los países implementen medidas de austeridad y consolidación fiscal como una forma de limitar la deuda. Específicamente, señalan que, por un lado, “una disminución del déficit enfría la demanda agregada y la inflación” y, por otro, “reducir el déficit también permite abordar las vulnerabilidades de la deuda”. Sin embargo, no se requieren más medidas de austeridad que afectan negativa y desigualmente a mujeres, niños y niñas, personas de tercera edad, indígenas y población en condición de pobreza, entre otros. Al contrario, los Estados necesitan de manera urgente contar con liquidez en un camino hacia una recuperación económica y social, así como enfrentar la crisis climática, los ajustes fiscales se vuelven contraproducentes. Entre las diferentes alternativas a la austeridad, el alivio de deuda, una nueva emisión de DEG y la eliminación de los sobrecargos para liberar recursos son respuestas que el Fondo puede dar de forma inmediata.
Este año, gobiernos, legisladores, academia, expertos independientes de ONU y organizaciones de sociedad civil, en diferentes ocasiones, se han pronunciado en contra de los cobros injustos del FMI. Sin embargo, hasta el momento no se ven avances para darle una salida oportuna a los problemas y distorsiones financieras que los sobrecargos ocasionan. Para ello, se necesita el apoyo de los países con mayor influencia en las decisiones del Fondo, cuyas posturas deben ser revisadas considerando el contexto actual de múltiples crisis. La política de sobrecargos del FMI debe ser eliminada, no tiene ninguna justificación económica, representa un obstáculo para la recuperación y afecta la capacidad de los Estados para garantizar los derechos humanos, acercarse a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y responder a la crisis climática.
