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Crisis climática: LATINDADD ante las reuniones y resultados de la COP27

BALANCE DE RESULTADOS DE LA COP27 DESDE LA MIRADA DE LATINDADD

Carola Mejia – LATINDADD

Entre el 6 y 18 de noviembre de 2022, en Sharm El-Sheikh, Egipto, se realizó la Vigésimo séptima Conferencia de las Partes (COP27) como una de las instancias más importantes de negociación sobre la actual crisis climática, como parte de la Conferencia Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). En ella participaron jefes de Estado y funcionarios de más de 190 países, así como representantes de diversos sectores a nivel global. Egipto, como país anfitrión, asumió la presidencia de la COP este año y levantó expectativas sobre su posible contribución a la agenda de negociación como país africano y del sur global.

En esta ocasión, LATINDADD pudo participar de manera presencial, siguiendo directamente las negociaciones principalmente sobre financiamiento climático, gracias al apoyo de instituciones aliadas que hicieron posible su participación.

Para iniciar el análisis de los principales resultados de la COP27, desde la visión institucional de LATINDADD, es importante mencionar previamente que fue un evento criticado por varias razones, entre ellas:

  • la vulneración de derechos humanos de activistas locales que, en algunos casos, fueron incluso encarcelados previo al evento, y hubo gran restricción y control por parte del gobierno egipcio que limitó la participación de sociedad civil en general y sus posibilidades de manifestar sus demandas y cualquier tipo de crítica al régimen de ese país;
  • los altos costos de pasajes y alojamiento que limitaron mucho la participación de actores no-gubernamentales, considerando que el evento fue realizado en un balneario turístico donde predomina la presencia de hoteles de 5 estrellas;
  • la captura corporativa y el denominado “green washing” por parte de empresas como Coca Cola, una de las más contaminantes del mundo, que auspiciaron el evento y que fueron muy cuestionadas antes y durante el evento;
  • los problemas de logística principalmente relacionados a falta de agua y comida dentro del evento a lo largo de las dos semanas.

Después de 26 reuniones previas en las que se reconoció que el cambio climático es un problema que debe atenderse de manera conjunta y urgente, escuchando las recomendaciones de la ciencia para limitar el aumento de la temperatura a 1.5°C, reconociendo responsabilidades comunes pero diferenciadas de los países, y en base a compromisos voluntarios presentados por 194 países en 2015 en el marco del Acuerdo de París, las negociaciones de este año debían centrarse en pasar de los compromisos a la implementación de acciones concretas, por lo que se la denominó “la COP de la implementación”. Para ello, por supuesto, el tema del financiamiento pasó a ser un tema muy importante en la agenda de negociación.

Un tema que marcó las discusiones a lo largo del evento fue la visibilización de los devastadores impactos que la crisis climática ya está ocasionando y que afectan de manera desproporcional a los países del sur global, que irónicamente son los que tienen menor responsabilidad sobre este problema global y también menos posibilidades de enfrentarlo. Por tanto, las negociaciones ya no se centraron sólo en mirar al futuro, si no que se reconoció que la crisis climática es una realidad que tendrá impactos cada vez más devastadores que ponen en riesgo la supervivencia de la especie humana en el planeta.

Un caso muy representativo de ello fue el de Pakistán, que este año enfrentó lluvias que derivaron en la muerte de 1,500 personas, el desplazamiento de 33 millones de personas y una pérdida económica estimada en 40.000 millones de dólares que el gobierno de ese país hasta ahora no pudo cubrir, ni con el apoyo internacional que recibió en su momento, y por la limitada concesionalidad del apoyo financiero dada su clasificación como país de ingreso medio.

En ese sentido, uno de los principales ejes de discusión fue el de daños y pérdidas. Por primera vez se incluyó en la agenda de negociación la posibilidad de generar un mecanismo financiero para canalizar recursos a países del sur global que ya están experimentando los impactos negativos derivados de la actual crisis climática, quienes se ven obligados a atender las emergencias y la recuperación con recursos propios o con la generación de más deuda por parte de países del sur global. A pesar de ello, la discusión se mantiene sobre la mayor atención que se le debe dar a la adaptación frente a la mitigación.

Vale la pena precisar la diferencia entre financiamiento climático para mitigación y adaptación en el marco de mecanismos financieros bajo la CMNUCC:

  • El financiamiento climático para mitigación debe canalizarse a países de ingreso bajo y medio para implementar proyectos que permitan reducir o absorber emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), que coadyuven a realizar una transición hacia nuevos modelos de desarrollo bajos en carbono o idealmente “descarbonizados”;
  • Los recursos para adaptación deben servir para realizar inversiones que le permitan a la población a futuro estar mejor preparada para enfrentar los impactos de la crisis climática, y ser más resistente o resiliente frente a los riesgos que la crisis climática implica.

Otros temas que estuvieron presentes y se desarrollarán con mayor detalle más adelante están referidos al reconocimiento de:

  • la necesidad de reformar el actual sistema financiero, en base a un cuestionamiento muy fuerte al rol actual e insuficiente de los bancos multilaterales de desarrollo e instituciones financieras internacionales (como el Banco Mundial, FMI, BID, etc.) para enfrentar la crisis climática;
  • la necesidad de buscar alternativas de financiamiento que aborden de manera integral la potencial crisis de deuda en la que se encuentran varios países de ingreso bajo y medio, como consecuencia de la convergencia de crisis y un sistema financiero neocolonial que principalmente promueve préstamos en condiciones no concesionales o poco favorables, especialmente para países de ingreso medio, que es el caso de la mayoría de los países de América Latina y el Caribe. De hecho, fue la primera vez en la que el tema de deuda estuvo bastante presente, tanto en el ámbito político como en las discusiones técnicas, gracias al impulso dado desde la sociedad civil para poner al centro la idea de que sin justicia financiera no hay justicia climática;
  • la falta de acción para promover economías descarbonizadas, considerando que las inversiones y el consumo de combustibles fósiles sigue en ascenso en lugar de haberse reducido;
  • falta de ambición climática por parte de los países, considerando que el último reporte de síntesis sobre Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) de la CMNUCC revela que aún si se cumplieran al 100% los compromisos de mitigación de todos los países, las emisiones de GEI subirían en 11% en lugar de reducirse en 45% a 2030, como lo establece el Acuerdo de París, por tanto, se estaría dirigiendo al planeta a un aumento de la temperatura superior a 2.5°C, que podría ser de alto riesgo para la humanidad y la supervivencia de especies y ecosistemas.
  • el incumplimiento de compromisos por parte de países desarrollados, por ejemplo, de movilizar USD 100.000 millones anuales desde 2020 a países del sur global, o de duplicar financiamiento para adaptación, tal y como se comprometieron a hacerlo en la COP26 en Glasgow.

Participación de los países de América Latina y el Caribe en la COP27

Durante las instancias de alto nivel, no participaron muchos presidentes de la región, y sólo se contó con la presencia del presidente Gustavo Petro de Colombia, Nicolás Maduro de Venezuela, y los primeros ministros de Antigua y Barbuda, Gastón Browne, y Mía Mottley de Barbados. Durante la segunda semana también participó el presidente recientemente electo de Brasil, Ignacio Lula da Silva, que asumirá su mandato en enero 2023 y cuya presencia causó gran acogida entre la concurrencia.

También participaron los ministros de Ambiente de los países de la región y delegaciones de negociación de cada país, siguiendo los distintos temas de agenda.

Después de mucho tiempo se evidenció una unificación de posturas de países Latinoamericanos en las negociaciones, dando como resultado una declaración de CELAC donde se abordó principalmente el tema de financiamiento, incluyendo el tema de la deuda y los canjes como posibles fuentes alternativas para los países deudores.

Se evidenció un liderazgo muy claro de Colombia, con críticas al actual sistema financiero, a los modelos económicos preponderantes basados en el consumo de combustibles fósiles, al poco avance y resultado que han tenido las negociaciones bajo la CMNUCC, a la poca voluntad política de las grandes economías del mundo, que evidentemente ahora están más concentradas en la guerra y en seguir invirtiendo en combustibles fósiles, en lugar de reducir ese consumo, pese al poco tiempo que le queda a la humanidad. También aportó a la conversación con propuestas y un decálogo de acciones para combatir la crisis climática.

Por otro lado, el retorno de Lula da Silva a la presidencia de Brasil, fue muy bien recibido, principalmente por centrar el discurso y las promesas en acciones para conservar la Amazonía, para combatir la deforestación y mejorar el control, así como para proteger los derechos de las comunidades indígenas que habitan en esa región. También ofreció que Brasil sea la sede de la COP30 en 2028. Todo ello despierta gran esperanza en materia de acción climática, especialmente considerando que en la región Brasil es uno de los principales emisores de GEI, y el quinto a nivel global si se consideran emisiones per cápita. También es necesario mencionar que durante la administración del presidente Jair Bolsonaro, la agenda climática a nivel de políticas e instituciones se redujo bastante en el país, lo que, sumado a la promoción de la agroindustria, derivó en aumentos alarmantes de la tasa de deforestación de la Amazonía, que alejó incluso el financiamiento de países como Noruega y Alemania.

  1. LO POSITIVO Y DIGNO DE RESALTAR

Preámbulo del documento final

  • En el preámbulo del documento final de la COP27, denominado “Plan de Implementación de Sharm El-Sheikh”, se logró hacer referencia a que todos los países que forman parte de la CMNUCC deben “respetar, promover y considerar sus obligaciones respecto a derechos humanos, el derecho a un ambiente limpio, saludable y sostenible, el derecho a la salud, los derechos de pueblos indígenas, comunidades locales, migrantes, niñas y niños, personas con discapacidad y personas en condiciones de vulnerabilidad, y el derecho al desarrollo, así como a equidad de género, empoderamiento de las mujeres y equidad intergeneracional”.
  • También se resalta la “importancia de la justicia climática en relación con las acciones que se asumirán para combatir la crisis climática”.
  • Asimismo, menciona que “la compleja situación geopolítica y su impacto en la situación energética, alimentaria y económica, así como los desafíos adicionales asociados a la recuperación socioeconómica de la pandemia del coronavirus, no deben utilizarse como pretexto para dar marcha atrás, retroceder o despriorizar la acción climática”

Para LATINDADD esos tres puntos son fundamentales para la atención oportuna de la crisis climática y son considerados de alta relevancia.

Ciencia y urgencia

  • Al igual que en el Pacto de Glasgow, se reconoció que las acciones deben ser guiadas por las recomendaciones de la ciencia y que se deben hacer esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura del planeta a 1.5°C (a la fecha ya se ha incrementado en 1.2°C respecto al promedio preindustrial).

Pérdidas y Daños

  • Ante el reconocimiento de los enormes daños y pérdidas económicas y no-económicas que los países ya están enfrentando y que aumentan los problemas de deuda, y el pedido unánime de los países del sur global de generar un mecanismo financiero para precisamente cubrir daños y pérdidas, este fue quizá el principal logro de la COP27. Previamente se logró priorizar el tema dentro de la agenda de negociación y finalmente tuvo como resultado la aprobación de la creación de dicho fondo. Si bien será un proceso largo y posiblemente complejo, es un primer paso importante que hay que celebrar. Quedará pendiente definir cómo operará el fondo, de dónde saldrán los recursos y cómo se logrará canalizarlos más ágilmente, ante las fallas de la actual arquitectura de financiamiento climático.
  • En este proceso hay que resaltar el rol fundamental que tuvieron los negociadores y autoridades de países latinoamericanos, principalmente Colombia y Chile en el marco de AILAC, AOSIS y Ecuador a la cabeza del bloque de negociación del G77+China, que contó con apoyo unánime de todos los países del sur global, que lograron aprobar su propuesta pese al rechazo que hubo desde el inicio de países como Estados Unidos, Canadá, Unión Europea, Japón y Australia, entre otros.
  • Otro avance importante en el tema de daños y pérdidas fue el establecimiento de arreglos institucionales de la red de Santiago, un mecanismo para fortalecer las capacidades de respuesta de países más vulnerables a los impactos de la crisis climática.

Financiamiento climático, menciones a deuda y reforma al sistema financiero

  • Se reconoce que será necesario invertir USD 4 billones al año en energías renovables hasta 2030 para poder alcanzar cero emisiones netas en 2050 y que, se espera que la transformación a una economía baja en carbono requiera una inversión de al menos USD 4-6 billones por año.
  • Se reconoce que, para ello, será necesario realizar una transformación del sistema financiero y sus estructuras y procesos, involucrando a gobiernos, bancos centrales, bancos comerciales, inversionistas institucionales y otros actores financieros.
  • Se resalta que existe una brecha creciente entre las necesidades de los países “en desarrollo” en particular debido a los crecientes impactos de la crisis climática y el aumento en los niveles de endeudamiento, destacando que tales necesidades se estiman actualmente en USD 5.8–5.9 billones para el período previo a 2030, por lo que los montos vinculados a los actuales compromisos de movilización de financiamiento climático (USD 100.000 millones anuales) quedan bastante cortos e insuficientes, y deben aumentar.
  • Durante las negociaciones, un proceso que permitió analizar el financiamiento climático en términos de calidad, y no sólo cantidad, fue el del establecimiento de una nueva meta colectiva cuantificada de financiamiento (NCQG, por sus siglas en inglés), en la cual los países del sur global manifestaron los problemas que tienen en relación al acceso al financiamiento, la falta de transparencia en la cuantificación (considerando que no existe una sola definición ni metodología estandarizada a nivel global), y la gran proporción que es canalizada a través de préstamos (71%) que incrementan los niveles de deuda. LATINDADD participó en el cuarto taller técnico sobre este proceso manifestando las preocupaciones sobre este tema, pero también compartiendo propuestas para mejorar la entrega de financiamiento climático.
  • Un resultado positivo fue que el texto final de la COP27 hace un llamado a reformar el rol de la banca multilateral de desarrollo (BMD) y el sistema financiero internacional:
    • Solicitando a los accionistas de dichas instituciones que “se reformen las prácticas y prioridades de las BMD, se alinee y aumente el financiamiento climático, garantizando un acceso simplificado…definir una nueva visión y modelo operativo acorde, canales e instrumentos que sean aptos para el propósito de abordar adecuadamente la crisis climática global, incluido el despliegue de un conjunto completo de instrumentos, desde subvenciones hasta garantías e instrumentos distintos de deuda, teniendo en cuenta los actuales niveles de endeudamiento”
  • Asimismo, se hace un llamado a simplificar los procesos para acceder a financiamiento climático ya que, durante las negociaciones, se reconoció que los países “en desarrollo” deben pasar por procesos sumamente largos y complicados, que en algunos casos podrían demorar hasta 5 años para la aprobación de un financiamiento.

2. LO NEGATIVO E INSUFICIENTE

Incremento de la Ambición e implementación

  • Esta parte del documento solo hace referencia a que “la transición hacia modelos de desarrollo bajos en carbono y resilientes debe ser ambiciosa, justa, equitativa e inclusiva”, pero no hace ningún llamado a realizar un aumento de la ambición climática como se hizo en Glasgow, reconociendo que los compromisos climáticos o NDC son completamente insuficientes y guían al planeta a un escenario de aumento de la temperatura superior al 2.5°C si fueran implementados al 100%. De hecho, el último reporte de síntesis de la CMNUCC, indicaba que de cumplirse al 100% todas las NDC, el nivel de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) aumentaría en 11% en lugar de reducirse en 45% a 2030, respecto al nivel de 2010, como lo establecen los objetivos del Acuerdo de París.
  • Tampoco critica el incumplimiento de la mayoría de los países al llamado que se hizo en Glasgow para presentar nuevas NDC más ambiciosas en 2022, ya que sólo 24 países lo hicieron.
  • Tampoco se hace ninguna observación sobre los pocos avances que se observan respecto a la implementación de acciones concretas, en el marco de los compromisos, que deberían estar siendo implementados desde 2020. El año 2023 será crucial para medir avances en implementación, ya que los países tendrán que reportar sus avances en el marco del proceso Global Stocktake.

Energía

  • Si bien el documento reconoce la necesidad urgente de realizar reducciones inmediatas, profundas, rápidas y sostenidas en las emisiones globales de GEI por parte de las Partes en todos los sectores aplicables, habla no solo de transición a energías renovables, si no que abre la puerta al uso de energía de bajas emisiones (como por ejemplo el gas natural licuado – GNL- cuyo uso está siendo promovido en países europeos que incluso han cambiado sus normativas para reconocer a este combustible fósil como una forma de energía verde, o la energía nuclear que también es criticada por los altos riesgos asociados a su utilización). Ello representaría un retroceso y una contradicción con el párrafo inicial del preámbulo que “la compleja situación geopolítica y su impacto en la situación energética, alimentaria y económica… no deben utilizarse como pretexto para dar marcha atrás, retroceder o despriorizar la acción climática”.

Mitigación

  • Este punto es quizá en el que menos avances hubo durante la COP27, cuando debería haber sido el principal, ya que sin reducción de emisiones de GEI en los niveles que recomienda la ciencia, se estará dirigiendo al planeta a un punto de no retorno que podría implicar la sexta extinción masiva de especies, incluida la humanidad.
  • Si bien menciona que para limitar la temperatura del planeta en 1.5°C, se requiere reducir 43% de las emisiones de GEI a 2030, respecto a los niveles de 2019 y reconoce que se debe actuar de manera urgente en esta década, reflejando responsabilidades comunes pero diferenciadas, el lenguaje que se utiliza en el texto sigue siendo altamente insuficiente para apuntar a la única solución real para hacer frente a la crisis climática: eliminar el uso de todos los combustibles fósiles.
  • Ello es evidente cuando en el texto se menciona que se deben realizar “esfuerzos hacia la reducción gradual de la generación de energía a carbón sin reducción de emisiones (“unabated coal power”) y la eliminación gradual de los subsidios “ineficientes” a los combustibles fósiles”. Ello es bastante preocupante por varios motivos:
    • El llamado debería ser a la eliminación gradual del uso de todos los combustibles fósiles, cuyo consumo para la generación de energía es la principal fuente de emisiones de GEI que causan la crisis climática. Si bien durante las negociaciones, países como la India, propusieron que el texto hiciera referencia a todos los combustibles fósiles, hubo un bloqueo de países principalmente productores de hidrocarburos, como es el caso de Arabia Saudita y Rusia para que ello se materialice. Considerando que hay muchos países “en desarrollo” que tienen una alta dependencia económica en los hidrocarburos, será importante que se brinde un apoyo financiero para promover una transición justa, considerando que, entre otras cosas, los ingresos provenientes de sectores extractivos son importantes para pagar las deudas nacionales.
    • El texto es prácticamente igual al de la COP26 en Glasgow, que por primera vez después de 26 años de negociaciones logró incluir alguna referencia a los combustibles fósiles, con una mínima mejora, que es el llamado a la eliminación gradual de los subsidios fósiles ineficientes, en lugar de sólo una reducción gradual.
    • El término “subsidios a los combustibles fósiles ineficientes” sigue generando mucha incertidumbre, críticas y confusión, ya que a la fecha no se lo ha definido o explicado. Todos los combustibles fósiles (carbón, gas, petróleo y sus derivados) son la principal fuente de generación de emisiones que causan la crisis climática y su uso debe eliminarse de manera rápida pero gradual, como la única solución real a la actual crisis climática.
    • Otro tema que genera controversia es el asociado al término “unabated coal power”, ya que se lo entiende como generación de energía en base a carbón, cuyas emisiones de GEI no han sido reducidas en base al uso de tecnologías como la captura de carbono, que es considerada por muchos movimientos de justicia climática como una falsa solución a la crisis climática, además de tener costos muy altos. En ese sentido, ese párrafo reconoce a las tecnologías de captura de carbono como algo positivo.

Adaptación

  • El documento reconoce con preocupación la enorme brecha que existe entre las acciones de adaptación que se están implementando versus las necesidades reales, y hace un llamado a todos los países para revertir este problema, y en particular, hace un llamado a los países denominados “desarrollados”, para incrementar la provisión de financiamiento, transferencia tecnológica y creación de capacidades para países denominados “en desarrollo”, incluyendo la elaboración de planes nacionales de adaptación, que deberán incluir el tema de agua.
  • Se puede decir que no se avanzó mucho y no se hizo un seguimiento al cumplimiento de lo establecido en la COP26 de Glasgow sobre el compromiso de duplicar el financiamiento para adaptación.
  • Si bien se reconoció en el documento final de la COP27 el rol que juegan 2 fondos que forman parte del Fondo para el Medio Ambiente Mundial – FMAM (el Fondo para Países menos Desarrollados y el Fondo Especial para Cambio Climático) fue evidente que no existen mecanismos adecuados para canalizar financiamiento climático que no genere deuda y que sea accesible para actores locales que requieren implementar proyectos de adaptación. Sin embargo, cabe mencionar que durante las negociaciones los países del sur global resaltaron también el apoyo que reciben del Fondo Adaptación, que entrega donaciones de manera ágil, pero se observó que no tiene un esquema de capitalización predecible ya que depende de un aporte voluntario de los países del norte global, y está vinculado al mecanismo de mercado de carbono.
  • También es importante mencionar que durante las negociaciones los países del sur global también resaltaron que el financiamiento para adaptación debe ser público y no-reembolsable, ya que el sector privado claramente no tendrá interés de realizar inversiones en adaptación por la ausencia de retorno de este tipo de proyectos, lo que LATINDADD también apoya.

Financiamiento climático

  • Se ve con mucha preocupación que la meta de movilización de los USD 100.000 millones anuales, establecida en 2009 y que debió cumplirse desde 2020, aún no se ha cumplido, y se hace un llamado a los países “desarrollados” a cumplirla.
  • Durante las negociaciones, cuando se dialogó sobre este incumplimiento, observando que en 2021 se logró movilizar solamente USD 83.000 millones, los países del norte global indicaron que se encuentran enfrentando situaciones complejas debido principalmente a la guerra entre Rusia y Ucrania y sus impactos, sin embargo, LATINDADD observa que millonarias cantidades de dinero están fluyendo hacia sectores que acelerarán la crisis climática en lugar de atenderla, como por ejemplo inversiones en combustibles fósiles y la industria armamentista. Solo para tener presentes algunos datos, se ha contabilizado que a nivel global en 2021 se gastaron USD 697.200 millones (OECD, 2021) en subsidios a combustibles fósiles. Por otro lado, en 2021 los gastos militares a nivel global sobrepasaron los USD 2 billones (SIPRI, 2022), y con la actual guerra entre Rusia y Ucrania, hay reportes que indican que desde Febrero a Octubre 2022, sólo Ucrania recibió apoyo militar de otros países por Euros 52.000 millones, lo que revela las prioridades de los países del norte global, que a su vez, son los principales responsables de la crisis climática, y por tanto, los que deberían estar haciendo los principales esfuerzos por combatirla.

CONCLUSIONES

LATINDADD destaca el liderazgo y alineación de los países latinoamericanos en el marco de las negociaciones climáticas de este año, que coadyuvaron entre otras cosas a la aprobación de la creación de un mecanismo financiero para daños y pérdidas, y mantuvieron viva la demanda de reformar la arquitectura de financiamiento climático, y abordaron el tema de la deuda, así como el rol del sistema financiero internacional; sin embargo vemos con mucha preocupación que no se haya logrado avanzar hacia acciones concretas y soluciones reales para reducir emisiones de GEI que causan la crisis climática, principalmente en los países del norte global, cuyos compromisos climáticos y de financiamiento han sido incumplidos y carecen de un nivel de ambición acorde a la emergencia que estamos viviendo, que pone en riesgo la vida y la subsistencia en el planeta.

Las inversiones y el consumo de combustibles fósiles siguen en ascenso y, pese al corto tiempo que le resta a la humanidad para lograr una transición rápida y urgente hacia nuevos modelos, lo único que se ha logrado es avanzar en el establecimiento de falsas soluciones como los mercados de carbono, la promoción de tecnologías de captura de carbono, que bajo la narrativa de “cero emisiones netas” jamás conducirán a una real disminución de las emisiones que causan la crisis climática. También se observa con preocupación que no se hayan adoptado mecanismos para que el sector privado y las grandes corporaciones asuman su responsabilidad respecto a este problema global, ya sea a través de impuestos a sus emisiones o regulaciones que les prohíban seguir contaminando. Por el contrario, cuando se habla del sector privado, se lo hace mencionando la importancia de catalizar sus inversiones e invitarlos a ejercer un rol más activo, aunque ayudados con el apalancamiento y la minimización del riesgo que el sector público les puede ofrecer con mecanismos combinados de financiamiento.

Por otro lado, LATINDADD ve con mucha preocupación la falta de voluntad política de los países “desarrollados”, que son los responsables históricos de la crisis climática, que como en COPs previas, han bloqueado avances y lenguaje necesarios para llegar a acuerdos que orienten acciones ambiciosas y transformaciones urgentes y sistémicas. Ante este panorama, LATINDADD considera que la crisis climática y el financiamiento que se requiere para atenderla debe abordarse también desde otras instancias internacionales bajo el paraguas de las Naciones Unidas, que permitan recuperar y movilizar recursos suficientes, sin condiciones y sin generar deuda, en el marco de una posición conjunta regional que atienda las necesidades propias de nuestros países, poniendo al centro de las decisiones a los grupos más vulnerables a los impactos de la crisis climática.

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