Declaración Final de la Conferencia Regional RJF LAC

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Declaración Final de la Conferencia Regional

Tras la pandemia, la guerra

América Latina y El Caribe de cara a los desafíos de la crisis

Organizada por la Red de Justicia Fiscal de América Latina (RJF-ALC) y El Caribe y la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (LATINDADD)

Lima, 8 y 9 de agosto de 2022

Declaración de Lima

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Las organizaciones y personas que suscriben:

Considerando que:

  1. En medio de los desajustes y desequilibrios provocados globalmente por la pandemia del Covid, el mundo vive un gravísimo momento de guerra que se expresa en el incremento gigantesco de la inflación, el encarecimiento de la energía y de los alimentos que pone en riesgo a millones de personas. El escenario de la guerra entre Rusia y Ucrania, acicateada por la OTAN, enseguida de la pandemia agrava en extremo las secuelas globales de la pandemia que aún nos acompaña.
  2. En América Latina y El Caribe, que debe ser una región de paz, esta situación lleva a un mayor ciclo de pobreza y de exclusión social, acentuando las desigualdades pre existentes en el continente. En especial, las desigualdades en contra de las mujeres, los sujetos feminizados y las diversidades sexuales y de género se han profundizado tanto por la crisis, como por las políticas de recuperación.
  3. Afrontamos retos enormes debido a una crisis múltiple que es muy grave en términos de crisis alimentaria, energética, fiscal, climática y, en muchas partes de la región, crisis de deuda.
  4. A pesar que para los organismos multilaterales, los países de la región son considerados como “países de ingreso medio”, ello no representa su realidad y esconde una serie de vulnerabilidades económicas, sociales, de género y climáticas.
  5. Sabemos que existen los recursos suficientes en el mundo para financiar la Agenda 2030 y la agenda climática, pero falta la voluntad política de la comunidad financiera internacional para orientarlos a la justicia económica, social y climática.
  6. No obstante, en el escenario de pandemia y guerra, América Latina y El  Caribe viven un momento de giro político en varios países que puede representar avances en la democratización social. Las recientes elecciones de Gustavo Petro y del Pacto Histórico en Colombia; de Gabriel Boric y Apruebo Dignidad en Chile; y de Xiomara Castro y Partido Libre en Honduras, traen esperanzas y desafíos a nuestros pueblos al tener propósitos transformadores de inclusión política, justicia social, económica y climática. Esperamos que esas esperanzas se concreten y sean un ejemplo para el resto de los países de la región.
  7. Sin embargo, el principal desafío para la región sigue siendo la manera en que se enfrentarán las crisis actuales. O bien por la vía de favorecer a los intereses corporativos y de las élites nacionales e internacionales, o bien, por una salida que beneficie a las grandes mayorías y que priorice el proyecto histórico de los pueblos por encima del proyecto histórico del capital. Democracia no es igual a capitalismo como nos repite el poder mediático. La vía elegida expondrá si la oleada de cambio político actual va por un camino positivo, democratico e inclusivo o todo lo contrario, es decir, más de lo mismo.   
  8. Partiendo de la Declaración “Cambiar las reglas para preservar la vida: apuesta de Latindadd frente a la pandemia del Covid-19” de mayo de 2020 en la cual se expresó “la necesidad de tomar medidas urgentes para el corto, mediano y largo plazo” para salir de la crisis; se expuso un conjunto de propuestas a modo de nueva agenda económica-social titulada “Nuevas Reglas Económicas, Justicia Social y Democratización”, ello en medio de una disputa abierta entre las élites del poder económico, los Estados y las expresiones de la ciudadanía organizada en las medidas para enfrentar la pandemia. En esa ocasión, afirmamos, y ahora lo ratificamos, que se necesita la mayor articulación posible de las organizaciones sociales y de sociedad civil de la región.
  9. El mundo está atravesando un tránsito geopolítico y la guerra se ha vuelto un eje clave de la coyuntura mundial. Es nuestro deber sumar esfuerzos para finalizar con un conflicto que puede escalar a un invierno nuclear que puede ser el fin de la vida en el planeta, sin perjuicio de que los límites planetarios que la humanidad ha sobrepasado desde hace tiempo ya puso en riesgo la vida en la Tierra.
  10. Finalmente, el rotundo fracaso de la llamada guerra contra las drogas, la cual ha dejado cientos de miles personas asesinadas y desplazadas en la región y ha fortalecido a las mafias, al mismo tiempo que los Estados debilitados y capturados, lo que constituye una de las mayores amenazas contra la democracia.

Hacemos un llamado a las organizaciones sociales para:

En Justicia Fiscal:

  • Luchar por reformas fiscales justas, suficientes y progresivas que provean a los Estados de los recursos necesarios para eliminar las inequidades, asegurando los derechos de las personas y el acceso a servicios básicos universales y de calidad, en especial la protección social y el fomento de una revolución productiva del mercado interno.
  • Abordar de manera definitiva la tributación de la riqueza y el capital para generar una mayor redistribución que rompa con un sistema de privilegios, avance en la diversificación de la matriz productiva y de los modelos económicos y garantice derechos.
  • Sumar sus esfuerzos a los procesos de trabajo regional y global para fomentar un sistema fiscal internacional de participación en igualdad de condiciones que ponga fin al fraude fiscal internacional.
  • Promover e impulsar mecanismos de transparencia que hagan frente  a las guaridas fiscales, las estructuras offshore, los flujos financieros ilícitos y el fraude fiscal, como medios nocivos que socavan el financiamiento necesario para una sustancial mejoría de la inversión social, y el desarrollo productivo de nuestros países.
  • Ejercer presión sobre gobiernos, promover demandas con base en nuestras agendas buscando ser reconocidos como un actor central en la lucha por la justicia fiscal.
  • Fortalecer redes y promover alianzas estratégicas entre organizaciones a nivel nacional, regional y global con el objetivo de multiplicar las voces que demandan acciones por un sistema fiscal justo, transparente y equitativo al servicio de los pueblos.
  • Vigilar y denunciar las prácticas de fraude tributario corporativo.

En Justicia de la Deuda y del Financiamiento

  • Luchar por la cancelación de la deuda de los países donde la exposición a vulnerabilidades económicas-sociales-climáticas y la priorización del pago de la deuda están poniendo en riesgo la protección social y la vida.
  • Luchar y oponerse a las políticas de austeridad impulsadas por el Fondo Monetario Internacional y la comunidad financiera internacional.
  • Impulsar la perspectiva de género en la economía, integrando la economía feminista en los debates a todo nivel como alternativa al capitalismo colonial y patriarcal.
  • Seguir reclamando la responsabilidad climática de los países del norte global, alertando sobre el corto tiempo que tiene la humanidad para atender la crisis climática.
  • Rechazar las falsas soluciones a la crisis climática, tales como los mercados de carbono, que se están proponiendo en el marco de las negociaciones internacionales sobre cambio climático y que, además de no resolver el problema, seguirán aumentando las desigualdades en el mundo.
  • Promover un encuentro internacional en Colombia que reúna a congresistas de la región a fin de elaborar una propuesta de canje de la deuda con el objetivo de obtener los recursos que permitan realizar las reformas sociales prometidas.
  • Abordar la movilidad humana, sea migración económica o desplazamiento por conflictos en la región como un problema endémico que debe ser abordado no con represión, sino con acuerdos multilaterales de cooperación y desarrollo.

En Economías Transformadoras

  • Apostar por transformaciones profundas en la economía desde la perspectiva feminista, los derechos de la naturaleza y justicia climática para un futuro sostenible, la seguridad y soberanía alimentaria como derechos colectivos, el impulso de la Renta Básica Universal y sin condiciones, la justicia fiscal progresiva como factor redistributivo de la riqueza y la reestructuración de la deuda pública para sanear las economías públicas y pagar las deudas sociales 
  • Apostar por la reinvención y construcción colectiva de la democracia que queremos. Incluir en sus agendas acciones que corrijan las desigualdades y relaciones de poder que persisten y afectan nuestras vidas, cuerpos y territorios.
  • Articulación de organizaciones y movimientos sociales  para influenciar en espacios internacionales que puedan hacer recomendaciones a los Estados frente a la urgencia de la inclusión de acciones concretas que respondan a la transformación de las violencias y la superación de las discriminaciones que afectan a las mujeres amazónicas y andinas.
  • Respaldar el veredicto del III Tribunal Ético en defensa de los cuerpos y territorios de las mujeres amazónicas y andinas, que continuará sesionando e investigando los casos allí presentados.
  • Respaldar al Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza. Haciendo nuestro su planteamiento: que la Amazonía es un ente vivo y amenazado, sujeto de derechos, al cual las empresas, en complicidad con los estados, le han declarado la guerra, y las comunidades indígenas, asentamientos, campamentos, comunidades locales, tradicionales, campesinos, quilombolas, ribereños, los pueblos indígenas, rurales y urbanos, son quienes están en la primera línea de este enfrentamiento, y sus derechos deben ser garantizados.
  • Declarar el Estado de Emergencia Climática en la Pan Amazonía y su cumplimiento permanente para permitir su restauración activa y la protección de su biodiversidad, en coordinación con los pueblos amazónicos y avanzar hacia un nuevo paradigma de relacionamiento con la naturaleza.
  • Rechazar las políticas públicas extractivistas de los gobiernos que atentan contra la vida y la naturaleza avanzando a propuestas como el “vivir sabroso”, visto como un nuevo modelo de organización de la vida en torno a nuevos valores económicos y nuevos sujetos de enunciación de la economía.

En Integración Regional

  • Retomar acciones y narrativas para que el tema de la integración regional se vuelva a colocar en las   agendas de las organizaciones y movimientos sociales desde el enfoque de la “integración desde los pueblos” .
  • Impulsar que la variable de la integración regional vuelva a ser una prioridad en la agenda política de los gobiernos de América Latina y el Caribe
  • Impulsar los procesos de participación de la sociedad civil y los movimientos sociales en los mecanismos y organismos de integración existentes en la región como CELAC, CAN, Unasur, Runasur y demás.
  • Apoyar la propuesta de convocar una Convención Internacional en el tema de las drogas que permita la vida y no genere más muertes.

Demandamos a las autoridades públicas nacionales, regionales y globales multilaterales y de integración.

  1. A todos los gobiernos de la región, en especial a los de Chile, Honduras y Colombia, que recientemente han abierto procesos de cambio, que lideren la organización de una cumbre regional contra las guaridas fiscales y el abuso fiscal transnacional y un espacio de coordinación permanente en políticas fiscales que se impulse desde el ámbito de la CELAC.
  2. Hacer reformas tributarias progresivas, estableciendo impuestos a las riquezas y grandes fortunas, a las ganancias de capital, herencias y bienes suntuarios, así como a las ganancias extraordinarias de sociedades multinacionales. Impulsar la generación de un impuesto mínimo global beneficioso para nuestros países, impuestos ambientales y al carbón, con el objetivo de financiar servicios esenciales y políticas públicas inclusivas y de calidad.   Promover la eliminación de exoneraciones fiscales de sectores que no lo necesitan, y proyectar, al mismo tiempo, rebajas o eliminación de impuestos al consumo masivo de alimentos.
  3. Combatir coordinadamente la opacidad global de las guaridas fiscales, estableciendo mecanismos de control, regulacion y fiscalizacion en operaciones comerciales y financieras de multinacionales y grandes fortunas individuales, como el intercambio automático de información multilateral, los reportes de operaciones país por país públicos, los registros públicos de beneficiarios finales de empresas, el registro global de activos de acceso público, así como la eliminación del secreto fiscal y bancario y las sociedades offshore.
  4. Revertir el dominio de la OCDE en la gobernanza fiscal global. Es decir, impulsar la creación de un organismo intergubernamental en el marco de las Naciones Unidas que determine los lineamientos de carácter vinculante para la plena participación democrática de los todos los países, con especial énfasis, en los países del sur global. Asimismo, impulsar la creación de un organismo supranacional en materia tributaria en América Latina y El Caribe en el marco de los organismos de integración existentes o futuros.
  5. Implementar un proceso de reestructuración de la deuda a través de un tribunal de arbitraje independiente, transparente, oportuno y vinculante, en el seno de la Naciones Unidas. Asimismo, impulsar las auditorías de la deuda como un mecanismo de verdad y justicia para determinar las deudas ilegítimas.
  6. Dejar de excluir a los países de ingreso medio en las políticas globales de recuperación y aplicar criterios integrales con una perspectiva holística para políticas de financiamiento y renegociación de la deuda, en lugar de indicadores que esconden realidades, como el PIB per cápita.
  7. Eliminar la imposición de medidas de austeridad y condicionalidades en los préstamos a los países de la región, que aceleran y profundizan los impactos negativos sobre la población más afectada por la desigualdad y la pobreza.  
  8. Aprobar una nueva emisión de Derechos Especiales de Giro (DEG), así como una redistribución justa a los países del sur a través de canales fuera del FMI, siendo que la situación de crisis se encuentra en una situación más grave que en el estallido de la pandemia.
  9. Poner alto a la financiarización de la inversión privada transnacional en los servicios públicos, especialmente salud y educación; y poner un alto a la financiarización de los objetivos de desarrollo sostenible con proyectos de infraestructura que generan impactos sociales, ambientales y fiscales negativos en nuestros países.
  10. Poner la reducción de desigualdades de género, raza/etnia en el centro de la agenda política, del crecimiento económico, de la recuperación económica y en general de lo que se denomina desarrollo. La recuperación económica debe ser feminista, antiracista y transformadora. 
  11. Cumplir con los compromisos climáticos de reducción de emisiones y de financiamiento concesional. No más deuda para pagar nuestra adaptación al cambio climático.
  12. Iniciar la transición energética y de modelo económico a nivel mundial, sin profundizar el extractivismo en los países del sur. 
  13. Organizar una Cuarta Conferencia Internacional de Financiamiento para el Desarrollo FpD 4 (Monterrey+20) para, de una forma democrática, tomar decisiones de reforma estructurales de la economía global.
  14. A los gobiernos de países panamazónicos que pongan en práctica sus discursos contra la crisis climática y los derechos de la Madre Tierra, con medidas reales contra la deforestación, la degradación y el aumento de emisiones, y no con maquillajes de las llamadas economías verdes. Exigimos que cumplan y fortalezcan sus compromisos asumidos a nivel internacional.
  15. A los países de la región que velen por la vida y la protección de defensores y defensoras de la naturaleza, evitando su persecución, criminalización, judicialización, amenazas, desapariciones y asesinatos por parte de quienes son los nuevos traficantes y depredadores de los bosques, mafias y sicarios que afectan la vida de los pueblos y otras formas de vida. Para ello demandamos la ratificación y cumplimiento del Acuerdo de Escazú.
  16. El cumplimiento del acuerdo 169 de la OIT y que se firme, ratifique, respete e implemente el derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado, que incluye el derecho de veto por objeción de conciencia cultural en el marco de la libre determinación de los pueblos y demandamos mantener los hidrocarburos en el subsuelo y una Amazonía libre de minería.
  17. A los países de América Latina y El Caribe, convertir a CELAC en el principal instrumento de la integración regional, promoviendo que deje de ser un simple foro de jefes y jefas de Estado, con la participación plena de la sociedad civil y de los pequeños y medianos empresarios/as, tal como lo hemos propuesto en la iniciativa CELAC SOCIAL, que además tenga en su agenda como prioridades los temas de una nueva arquitectura financiera internacional, un sistema tributario progresivo para la región y una voz autónoma como región en la actual reconfiguración geopolítica que estamos viviendo.
  18. A los países de la región, hacer un llamado a promover la paz mundial, condenar la guerra entre Rusia y Ucrania en la que también tiene responsabilidad la OTAN y lamentar las violaciones a los derechos humanos en esa región.

Lima, 9 agosto de 2022, día internacional de los Pueblos Indígenas y día internacional de los crímenes estadounidenses contra la humanidad.

Puede expresar su adhesión a la presente Declaración como ORGANIZACIÓN, llenando sus datos en este enlace: https://forms.gle/2v3Uv33wrVQndfeA9

Puede expresar su adhesión a la presente Declaración A TÍTULO PERSONAL, llenando sus datos en este enlace: https://forms.gle/TfK9r4TH3Evz4X5K6



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Adhesiones institucionales
1. Fundación SES – Argentina
2. Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM) – Ecuador
3. Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE) – Argentina
4. FORO CIUDADANO DE PARTICIPACION POR LA JUSTICIA Y LOS DERECHOS HUMANOS – Argentina
5. Fundación Constituyente XXI – Chile
6. Instituto Mundo del Trabajo IMT – Argentina
7. CEDETRABAJO – Colombia
8. INAS CISL – Argentina
9. INPADE / FOCO – Argentina
10. Colectivo de Educacion para today y todos de Guatemala – Guatemala
11. Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación – Colombia
12. DECIDAMOS, Campaña por la Expresión ciudadana – PARAGUAY
13. Centro Regional Ecuménico de Asesoría y Servicio – CREAS – Argentina
14. Comisión Nacional de Enlace – Costa Rica
15. Diario digital Werken Rojo – Chile
16. Asamblea Permanente por los Derechos Humanos – Argentina
17. Somos Protagonistas en la Cultura radio – Argentina
18. Caritas Honduras – Honduras
19. CEICOM El Salvador – El Salvador
20. GRUPO NACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO – PERU
21. Fundación Proyecto Económico – Argentina
22. Tax Justice Network – UK
23. Financial Transparency Coalition – Finlandia
24. Instituto Popular de Capacitación (IPC) – Colombia
25. Red Nicaragüense de Cometcio Comunitario (RENICC) – Nicaragua
26. Movimiento Tzuk Kim-pop – Guatemala
27. Red mexicana de acción frente al libre comercio (RMALC) – México
28. Instituto Justiça Fiscal – Brasil
29. Society for International Development (SID) – Global
30. CooperAccion – Perú
31. Global Social Justice – Suiza
32. Instituto de Estudos Socioeconômicos (INESC) – Brasil
33. Eurodad – Europa
34. Alianza Global por la Justicia Fiscal (GATJ) – Global

Adhesiones personales
1. Adrian Falco – Argentina
2. Pablo A. de la Vega M. – Ecuador
3. Susana Peñafiel Acosta – Ecuador
4. Nathalie Beghin – Brasil
5. Augusto José Malpartida León – Perú
6. Verónica Insausti – PERÚ
7. Esteban Silva Cuadra – Chile
8. Aida Garcia Naranjo Morales – Perú
9. Dina Elisett López Cardozo – Colombia
10. Elsa Labraña Pino – Chile
11. Juan Agerico Arias Avila – Perú
12. Adriana Varelapuebla – Argentina
13. Carlos Bedoya – Perú
14. Enrique Gustavo Cardesa – Argentina
15. Carlos Benavente Gómez – Nicaragua
16. Pedro Saldaño Carrasco – Chile
17. Atilio Boron – Argentina
18. Fernanda Vallejos – Argentina
19. Luis Marco Arismendy Escalante – Bolivia
20. Martin Mangas – Argentina
21. Óscar Ugarteche – Peru
22. Nicolás Gutman – Argentina
23. Maria Rosario Giraldo – Colombia


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Final Declaration of the Regional Meeting

After the pandemic, the war

Latin America and the Caribbean facing the challenges of the crisis

Organized by the Latin American and Caribbean Tax Justice Network (RJF-ALC) and the Latin American Network for Economic and Social Justice (LATINDADD)

Lima, August 8 and 9, 2022

Lima Declaration

The undersigned organizations and individuals:

Whereas:

  1. The world is experiencing a very serious moment of war that is reflected in the gigantic increase in inflation, the rise in energy and food prices that puts millions of people at risk in the midst of the imbalances and differences caused globally by the Covid pandemic. The scenario of the war between Russia and Ukraine, encouraged by NATO, immediately after the pandemic greatly aggravates the global consequences of the pandemic that is still with us.
  2. This situation, in Latin America and the Caribbean, which should be a region of peace, leads to a greater cycle of poverty and social exclusion, accentuating the pre-existing inequalities in the continent. In particular, differences against women, feminized individuals and sexual and gender diversities have been deepened by the crisis and recovery policies.
  3. Due to a multiple crisis, very serious in terms of food, energy, tax, climate crises and, in many parts of the region, debt crises, we face enormous challenges.
  4. Although for multilateral organizations, the countries of the region are considered as “middle income countries”, this does not represent their reality and hides a series of economic, social, gender and climatic vulnerabilities.
  5. We know that, to finance the 2030 Agenda and the climate agenda, there are sufficient resources in the world; however, there is no political will from the international financial community to guide them towards economic, social and climate justice.
  6. However, Latin America and the Caribbean are experiencing, in the scenario of pandemic and war, a moment of political change in several countries that may represent progress in social democratization. The recent elections of Gustavo Petro and Pacto Histórico in Colombia; Gabriel Boric and Apruebo Dignidad in Chile; and Xiomara Castro and Partido Libre in Honduras, bring hope and challenges to our peoples by having transformative purposes of political inclusion, social, economic and climate justice. We expect that these hopes come true and are an example for the rest of the countries in the region.
  7. However, the main challenge for the region continues to be how to deal with the current crises. Either by favoring corporate interests and national and international elites, or by an exit that benefits the great majority and that prioritizes the historical project of the peoples over the historical project of capital. Democracy is not the same as capitalism as the media power repeats to us. The path chosen will expose whether the current wave of political change is on a positive, democratic and inclusive path or the opposite, that is, more of the same.
  8. Starting from the Declaration “Changing the rules to preserve life: Latindadd ‘s commitment to the Covid-19 pandemic” of May 2020 in which “the need to take urgent measures for the short, medium and long term” was expressed to get out of the crisis; a set of proposals was presented as a new economic-social agenda entitled “New Economic Rules, Social Justice and Democratization”, this in the midst of an open dispute between the elites of economic power, the States and the expressions of organized citizenship in measures to deal with the pandemic. On that occasion, we stated that the greatest possible articulation of the social and civil society organizations of the region is required, and now we ratify it.
  9. The world is going through a geopolitical transit and war has become a key axis of the world situation. It is our duty to join forces to end a conflict that could escalate into a nuclear winter that could be the end of life on the planet, without prejudice to the planetary limits humanity has long exceeded, have already put life at risk on earth.
  10. Finally, the resounding failure of the so-called war on drugs, which has left hundreds of thousands of people murdered and displaced in the region and has strengthened the mafias, while weakening and capturing states, is one of the greatest threats to democracy.

We call on social organizations to:

In Tax Justice:

  • Fight for fair, sufficient and progressive tax reforms that provide States with the necessary resources to eliminate inequities, ensuring the rights of people and access to universal and quality basic services, especially social protection and the promotion of a productive revolution of the internal market.
  • Definitively address the taxation of wealth and capital to generate greater redistribution that breaks with a system of privileges, advances in the diversification of the productive matrix and economic models and guarantees rights.
  • Add efforts to regional and global work processes to promote an international tax system of participation under equal conditions that puts an end to international tax fraud.
  • Promote and encourage transparency mechanisms that deal with tax shelters, offshore structures, illicit financial flows and tax fraud, as harmful means that undermine the necessary financing for a substantial improvement in social investment and the productive development of our countries.
  • Push governments, promote demands based on our agendas seeking to be recognized as a central actor in the fight for tax justice.
  • Strengthen networks and promote strategic alliances between organizations at the national, regional and global levels with the aim of multiplying the voices that demand actions for a fair, transparent and equitable tax system at the service of the people.
  • Monitor and report corporate tax fraud practices.

In Debt and Financing Justice

  • Fight for the cancellation of the debt of countries where exposure to economic-social-climatic vulnerabilities and the prioritization of debt payment are putting social protection and life at risk.
  • Fight and oppose the austerity policies promoted by the International Monetary Fund and the international financial community.
  • Promote the gender perspective in the economy, integrating feminist economics in debates at all levels as an alternative to colonial and patriarchal capitalism.
  • Continue claiming the climate responsibility of the countries of the global north, warning about the short time humanity has to address the climate crisis.
  • Reject false solutions to the climate crisis, such as carbon markets, which are being proposed in the framework of international negotiations on climate change and which, in addition to not solving the problem, will continue to increase differences in the world.
  • Promote an international meeting in Colombia that brings together congressmen from the region to prepare a debt swap proposal to obtain the resources that allow the promised social reforms to be carried out.
  • Address human mobility, economic migration or displacement due to conflicts in the region, as an endemic problem that must be addressed not with repression, but with multilateral cooperation and development agreements.

In Transformative Economies

  • Commit to profound transformations in the economy from a feminist perspective, the rights of nature and climate justice for a sustainable future, food security and sovereignty as collective rights, the promotion of Universal Basic Income and without conditions, progressive tax justice as redistributive factor of wealth and the restructuring of public debt to clean up public economies and pay social debts
  • Commit to the reinvention and collective construction of the democracy we want. Include in their agendas actions that amend the differences and power relations that persist and affect our lives, bodies, and territories.
  • Articulate organizations and social movements to influence in international spaces that can make recommendations to the States in the face of the urgency of the inclusion of concrete actions that respond to the transformation of violence and the overcoming of discrimination that affect Amazonian and Andean women.
  • Support the verdict of the III Ethical Court in defense of the bodies and territories of Amazonian and Andean women, which will continue to meet and investigate the cases presented there.
  • Support the International Rights Of Nature Tribunal. Making their approach our own: that the Amazon is a living and threatened entity, subject to rights, on which the companies, in complicity with the states, have declared war, and the indigenous communities, settlements, camps, local, traditional communities, peasants, quilombolas, riverside residents, indigenous peoples, rural and urban, are the ones on the front line of this confrontation, and their rights must be guaranteed.
  • Declare the State of Climate Emergency in the Pan Amazon and its permanent compliance to allow its active restoration and protection of its biodiversity, in coordination with the Amazonian peoples and move towards a new paradigm of relationship with nature.
  • Reject the extractivist public policies of governments that threaten life and nature, advancing to proposals such as “living tasty”, seen as a new model of organizing life around new economic values and new subjects of enunciation of the economy.

In Regional Integration

  • Retake actions and narratives so that the issue of regional integration is placed back on the agendas of organizations and social movements from the “integration from the peoples” approach.
  • Promote that the variable of regional integration once again be a priority on the political agenda of the governments of Latin America and the Caribbean
  • Promote the processes of participation of civil society and social movements in existing integration mechanisms and organizations in the region such as CELAC, CAN, Unasur , Runasur and others.
  • Support the proposal to convene an International Convention on drugs that allows life and does not cause more deaths.

We demand the national, regional and global multilateral and integration public authorities.

  1. To all the governments of the region, especially those of Chile, Honduras and Colombia, which have recently opened processes of change, to lead the organization of a regional summit against tax hideouts and transnational tax abuse and a space for permanent coordination in tax policies promoted from the CELAC sphere.
  2. Carry out progressive tax reforms, establishing taxes on wealth and large fortunes, on capital gains, inheritances and luxury goods, as well as on the extraordinary profits of multinational companies. Promote the generation of a beneficial global minimum tax for our countries, environmental and carbon taxes, with the aim of financing essential services and inclusive and quality public policies. Promote the elimination of tax exemptions for industries that do not need it, and project, at the same time, reductions, or elimination of taxes on mass food consumption.
  3. Fight the global opacity of tax shelters, in a coordinated manner, establishing control, regulation and oversight mechanisms in commercial and financial operations of multinationals and large individual fortunes, such as the automatic exchange of multilateral information, public country-by-country operation reports, public registries of final beneficiaries of companies, the global registry of publicly accessible assets, as well as the elimination of fiscal and banking secrecy and offshore companies.
  4. Reverse the OECD dominance in global tax governance. That is, promote the creation of an intergovernmental body within the framework of the United Nations that determines the binding guidelines for the full democratic participation of all countries, with special emphasis on the countries of the global south. Likewise, in Latin America and the Caribbean, promote the creation of a supranational organization in tax matters within the framework of existing or future integration organizations.
  5. Implement a debt restructuring process through an independent, transparent, timely and binding arbitration tribunal within the United Nations. Likewise, promote debt audits as a mechanism of truth and justice to determine illegitimate debts.
  6. Stop excluding middle-income countries in global recovery policies and apply comprehensive criteria with a holistic perspective for debt financing and renegotiation policies, instead of indicators that hide realities, such as GDP per capita.
  7. Eliminate the imposition of austerity measures and conditionalities on loans to the countries of the region, which accelerate and deepen the negative impacts on the population most affected by inequality and poverty.
  8. Approve a new issue of Special Drawing Rights (SDR), as well as a fair redistribution to the countries of the South through channels outside the IMF, since the crisis situation is in a more serious situation than the outbreak of the pandemic.
  9. Stop the financialization of transnational private investment in public services, especially health and education; and stop the financialization of the sustainable development objectives with infrastructure projects that generate negative social, environmental and tax impacts in our countries.
  10. Place the reduction of gender, race/ethnic differences at the center of the political agenda, of economic growth, economic recovery and in general of what is called development. The economic recovery must be feminist, antiracist and transformative.
  1. Comply with climate commitments to reduce emissions and concessional financing. No more debt to pay for our adaptation to climate change.
  2. Start the energy transition and the worldwide economic model, without deepening extractivism in the countries of the South.
  3. Organize, in a democratic way, a Fourth International Conference on Financing for Development FfD 4 (Monterrey+20), make decisions on structural reform of the global economy.
  4. To the governments of the Pan-Amazonian countries, put into practice their speeches against the climate crisis and the rights of Mother Earth, with real measures against deforestation, degradation, and the increase in emissions, and not with make-up of the so-called green economies. We demand that they fulfill and strengthen their commitments assumed internationally.
  5. To the countries of the region, to ensure the life and protection of defenders of nature, avoiding their persecution, criminalization, prosecution, threats, disappearances and murders by those who are the new traffickers and predators of the forests, mafias and assassins who affect the lives of peoples and other forms of life. For this, we demand the ratification and fulfillment of the Escazú Agreement.
  6. Comply the ILO agreement 169 and sign, ratify, respect and implement the right to free, prior and informed consultation and consent, including the right to veto due to cultural conscientious objection in the framework of self-determination of the peoples and we demand to keep the hydrocarbons in the subsoil and an Amazon free of mining.
  7. To the countries of Latin America and the Caribbean, convert CELAC into the main instrument of regional integration, promoting it to stop being a simple forum for heads of state, with the full participation of civil society and small and medium-sized entrepreneurs, as we have proposed in the CELAC SOCIAL initiative, which also includes in its agenda the issues of a new international financial architecture, a progressive tax system for the region and an autonomous voice as a region in the current geopolitical reconfiguration we are experiencing.
  8. To the countries of the region, make a call to promote world peace, condemn the war between Russia and Ukraine in which NATO is responsible, and deplore the violations of human rights in that region.

Lima, August 9, 2022, International Day of the World’s Indigenous Peoples and International Day of US Crimes Against Humanity.

Puede expresar su adhesión a la presente Declaración como ORGANIZACIÓN, llenando sus datos en este enlace: https://forms.gle/2v3Uv33wrVQndfeA9

Puede expresar su adhesión a la presente Declaración A TÍTULO PERSONAL, llenando sus datos en este enlace: https://forms.gle/TfK9r4TH3Evz4X5K6

Institutional support
1. Fundación SES – Argentina
2. Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM) – Ecuador
3. Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE) – Argentina
4. FORO CIUDADANO DE PARTICIPACION POR LA JUSTICIA Y LOS DERECHOS HUMANOS – Argentina
5. Fundación Constituyente XXI – Chile
6. Instituto Mundo del Trabajo IMT – Argentina
7. CEDETRABAJO – Colombia
8. INAS CISL – Argentina
9. INPADE / FOCO – Argentina
10. Colectivo de Educacion para today y todos de Guatemala – Guatemala
11. Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación – Colombia
12. DECIDAMOS, Campaña por la Expresión ciudadana – PARAGUAY
13. Centro Regional Ecuménico de Asesoría y Servicio – CREAS – Argentina
14. Comisión Nacional de Enlace – Costa Rica
15. Diario digital Werken Rojo – Chile
16. Asamblea Permanente por los Derechos Humanos – Argentina
17. Somos Protagonistas en la Cultura radio – Argentina
18. Caritas Honduras – Honduras
19. CEICOM El Salvador – El Salvador
20. GRUPO NACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO – PERU
21. Fundación Proyecto Económico – Argentina
22. Tax Justice Network – UK
23. Financial Transparency Coalition – Finlandia
24. Instituto Popular de Capacitación (IPC) – Colombia
25. Red Nicaragüense de Cometcio Comunitario (RENICC) – Nicaragua
26. Movimiento Tzuk Kim-pop – Guatemala
27. Red mexicana de acción frente al libre comercio (RMALC) – México
28. Instituto Justiça Fiscal – Brasil
29. Society for International Development (SID) – Global
30. CooperAccion – Peru
31. Global Social Justice – Suiza
32. Instituto de Estudos Socioeconômicos (INESC) – Brasil
33. Eurodad – Europa
34. Alianza Global por la Justicia Fiscal (GATJ) – Global


Individual support
1. Adrian Falco – Argentina
2. Pablo A. de la Vega M. – Ecuador
3. Susana Peñafiel Acosta – Ecuador
4. Nathalie Beghin – Brasil
5. Augusto José Malpartida León – Perú
6. Verónica Insausti – PERÚ
7. Esteban Silva Cuadra – Chile
8. Aida Garcia Naranjo Morales – Perú
9. Dina Elisett López Cardozo – Colombia
10. Elsa Labraña Pino – Chile
11. Juan Agerico Arias Avila – Perú
12. Adriana Varelapuebla – Argentina
13. Carlos Bedoya – Perú
14. Enrique Gustavo Cardesa – Argentina
15. Carlos Benavente Gómez – Nicaragua
16. Pedro Saldaño Carrasco – Chile
17. Atilio Boron – Argentina
18. Fernanda Vallejos – Argentina
19. Luis Marco Arismendy Escalante – Bolivia
20. Martin Mangas – Argentina
21. Óscar Ugarteche – Peru
22. Nicolás Gutman – Argentina
23. Maria Rosario Giraldo – Colombia


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Versão em português

Declaração Final da Conferência Regional

Após a pandemia, a guerra

A América Latina e o Caribe e os desafios da crise

Organizada pela Rede de Justiça Fiscal da América Latina (RJF-ALC) e do Caribe e pela Rede Latino-americana por Justiça Econômica e Social (LATINDADD)

Lima, 8 e 9 de agosto de 2022

Declaração de Lima

As organizações e pessoas que subscrevem:

Considerando que:

  1. Em meio aos desajustes e desequilíbrios provocados globalmente pela pandemia da Covid, o mundo vive um gravíssimo momento de guerra que se expressa no aumento gigantesco da inflação, o encarecimento da energia e dos alimentos que coloca em risco milhões de pessoas. O cenário da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, incitada pela OTAN, em seguida da pandemia agrava de forma extrema as sequelas globais da pandemia que ainda nos acompanha.
  2. Na América Latina e no Caribe, que deve ser uma região de paz, essa situação leva a um maior ciclo de pobreza e de exclusão social, acentuando as desigualdades pré-existentes no continente. Em especial, as desigualdades contra as mulheres, os sujeitos feminizados e as diversidades sexuais e de gênero foram aprofundadas tanto pela crise, como pelas políticas de recuperação.
  3. Enfrentamos enormes desafios devido a uma crise múltipla que é muito grave em termos de crise alimentar, energética, tributária, climática e, em muitas partes da região, crise de dívida.
  4. Ainda que para os organismos multilaterais, os países da região são considerados como “países de renda média”, isso não representa sua realidade e esconde uma série de vulnerabilidades econômicas, sociais, de gênero e climáticas.
  5. Sabemos que existem recursos suficientes no mundo para financiar a Agenda 2030 e a agenda climática, mas falta a vontade política da comunidade financeira internacional para orientá-los para a justiça econômica, social e climática.
  6. A despeito do cenário de pandemia e de guerra, a América Latina e o Caribe vivem um momento uma transição em vários países que pode representar progressos na democratização social. As recentes eleições de Gustavo Petro e do Pacto Histórico na Colômbia; de Gabriel Boric e Apruebo Dignidad no Chile; e de Xiomara Castro do Partido Libre em Honduras, trazem esperanças e desafios para nossos povos ao ter propósitos transformadores de inclusão política bem como de justiça social, econômica e climática. Esperamos que essas esperanças se concretizem e que sejam um exemplo para o restante dos países da região.
  7. No entanto, o principal desafio para a região continua sendo a maneira como se enfrenta as crises atuais. Favorecendo interesses corporativos e das elites nacionais e internacionais ou por meio de uma saída que beneficie as grandes maiorias e que priorize o projeto dos povos em detrimento do capital. A Democracia não é igual ao capitalismo como nos repete o poder midiático. Os resultados dos processos eleitorais evidenciarão se a onda de mudança política atual irá adotar um caminho positivo, democrático e inclusivo ou, pelo contrário, se teremos mais do mesmo.
  8. A Declaração “Mudar as regras para preservar a vida: aposta de Latindadd diante da pandemia da Covid-19”, de maio de 2020, na qual se expressou “a necessidade de tomar medidas urgentes no curto, médio e longo prazos” para sair da crise, apresentou um conjunto de propostas intitulado “Novas Regras Econômicas, Justiça Social e Democratização”. Naquela ocasião, afirmamos, e agora ratificamos, que se necessita a maior articulação possível das organizações sociais e da sociedade civil da região.
  9. O mundo está atravessando mudanças na geopolítica e a guerra se transformou em um eixo chave da conjuntura internacional. É nosso dever unir esforços para finalizar um conflito que pode escalar para um inverno nuclear e que pode ser o fim da vida no planeta. É também nosso dever lutar para acabar com os limites planetários que a humanidade ultrapassou há muito tempo e que já colocou em risco a vida na Terra.
  10. Finalmente, o rotundo fracasso da chamada guerra contra as drogas, que deixou centenas de milhares pessoas assassinadas e deslocadas na região e fortaleceu as máfias, ao mesmo tempo que debilitou e capturou os Estados debilitados, o que constitui uma das maiores ameaças contra a democracia.

Fazemos um apelo às organizações e movimentos sociais para:

No tema da Justiça Fiscal:

  • Lutar por reformas tributárias justas, suficientes e progressivas que deem aos Estados os recursos necessários para eliminar as iniquidades, assegurando os direitos das pessoas e o acesso aos serviços básicos universais e de qualidade, em especial, a proteção social e o fomento de uma revolução produtiva do mercado interno.
  • Abordar de maneira definitiva a tributação da riqueza e o capital para gerar uma maior redistribuição que rompa com um sistema de privilégios, avance na diversificação da matriz produtiva e dos modelos econômicos e de garanta direitos.
  • Unir seus esforços aos processos de trabalho regional e global para fomentar um sistema tributário internacional de participação em igualdade de condições que ponha fim à fraude fiscal internacional.
  • Estimular e promover mecanismos de transparência que façam frente aos paraísos fiscais, às estruturas offshore, aos fluxos financeiros ilícitos e à fraude fiscal, como meios nocivos que enfraquecem o financiamento necessário para a expressiva melhoria dos gastos sociais, e do desenvolvimento produtivo de nossos países.
  • Exercer pressão sobre governos, promover exigências com base em nossas agendas buscando ser reconhecidos como um ator central na luta pela justiça fiscal.
  • Fortalecer redes e promover alianças estratégicas entre organizações no âmbito nacional, regional e global com o objetivo de multiplicar as vozes que exigem ações por um sistema fiscal justo, transparente e equitativo que esteja a serviço dos povos.
  • Vigilar e denunciar as práticas da fraude fiscal corporativa.

Nos temas de Justiça da Dívida e do Financiamento

  • Lutar pelo cancelamento da dívida dos países nos quais as expressivas vulnerabilidades econômicas-sociais-climáticas e a priorização do pagamento da dívida estão colocando em risco a proteção social e a vida.
  • Lutar e opor-se às políticas de austeridade impulsionadas pelo Fundo Monetário Internacional e pela comunidade financeira internacional.
  • Promover a perspectiva de gênero na economia, integrando a economia feminista nos debates em todos os âmbitos como alternativa ao capitalismo colonial e patriarcal.
  • Continuar reclamando a responsabilidade climática dos países do norte global, alertando sobre o curto tempo que a humanidade tem para atender a crise climática.
  • Rejeitar as falsas soluções à crise climática, tais como os mercados de crédito de carbono, que estão sendo propostos no marco das negociações internacionais sobre a mudança climática e que, além de não resolver o problema, continuarão aumentando as desigualdades no mundo.
  • Promover um encontro internacional na Colômbia que reúna os congressistas da região a fim de elaborar uma proposta de revisão das dívidas com o objetivo de obter os recursos que permitam realizar as reformas sociais prometidas.
  • Abordar a mobilidade humana, seja a migração econômica ou o deslocamento por conflitos na região, como um problema endêmico que deve ser tratado não com repressão, mas sim com acordos multilaterais de cooperação e desenvolvimento.

No tema de Economias Transformadoras

  • Apostar em transformações profundas na economia com uma perspectiva feminista, os direitos da natureza e da justiça climática para um futuro sustentável, a segurança e a soberania alimentar como direitos coletivos, a promoção da Renda Básica Universal e sem condições, a justiça fiscal como fator redistributivo da riqueza e a reestruturação da dívida pública para sanear as economias públicas e pagar as dívidas sociais.
  • Apostar pela reinvenção e construção coletiva da democracia que queremos. Incluir em suas agendas ações que corrijam as desigualdades e as relações de poder que persistem e afetam nossas vidas, nossos corpos e territórios.
  • Articular organizações e movimentos sociais para influenciar espaços internacionais que possam fazer recomendações para os Estados diante da urgência da inclusão de ações concretas que respondam à transformação das violências e à superação das discriminações que afetam as mulheres amazônicas e andinas.
  • Respaldar o veredito do III Tribunal Ético em defesa dos corpos e dos territórios das mulheres amazônicas e andinas, que continuará realizando sessões e investigando os casos que foram apresentados lá.
  • Respaldar o Tribunal Internacional de Direitos da Natureza. Fazendo nossa sua proposta: que a Amazônia é um ente vivo e ameaçado, sujeito de direitos, ao qual as empresas, em cumplicidade com os estados, lhe declararam a guerra, e as comunidades indígenas, assentamentos, acampamentos, comunidades locais, tradicionais, agricultores, quilombolas, ribeirinhos, os povos indígenas, rurais e urbanos, são quem estão na primeira linha desse enfrentamento, e seus direitos devem ser garantidos.
  • Declarar o Estado de Emergência Climática na Pan-Amazônia e seu cumprimento permanente para permitir sua restauração ativa e a proteção de sua biodiversidade, em coordenação com os povos amazônicos e progredir em direção a um novo paradigma de relacionamento com a natureza.
  • Rejeitar as políticas públicas extrativistas dos governos que ameaçam a vida e a natureza avançando para propostas como o “vivir sabroso” (viver gostoso), visto como um novo modelo de organização de vida em torno de novos valores econômicos e novos sujeitos de enunciação da economia.

No tema da Integração Regional

  • Retomar ações e narrativas para que o tema da integração regional volte a ser colocado nas agendas das organizações e dos movimentos sociais com enfoque na “integração a partir dos povos”.
  • Promover a integração regional como questão prioritária para a agenda política dos governos da América Latina e do Caribe
  • Promover processos de participação de organizações e movimentos sociais nos mecanismos e organismos de integração existentes na região como Celac, CAN, Unasul, Runasur e demais.
  • Apoiar a proposta de convocar uma Convenção Internacional no tema das drogas que permita a vida e não gere mais mortes.

Exigimos das autoridades públicas nacionais, regionais e globais multilaterais e de integração:

  1. A todos os governos da região, em especial aos do Chile, de Honduras e da Colômbia, que recentemente abriram processos de mudança, que lideram a organização de uma cúpula regional contra os paraísos fiscais e o abuso tributário transnacional e um espaço de coordenação permanente em políticas fiscais que sejam promovidas no âmbito da Celac.
  2. Fazer reformas tributárias progressivas, estabelecendo impostos para as riquezas e grandes fortunas, para os ganhos de capital, para as heranças e para os bens suntuários, bem como para os lucros extraordinários de sociedades multinacionais. Promover a geração de um imposto mínimo global benéfico para nossos países, impostos ambientais e para o carbono, com o objetivo de financiar serviços essenciais e políticas públicas inclusivas e de qualidade. Promover a eliminação de exonerações fiscais de setores que não as necessitam, e projetar, ao mesmo tempo, a diminuição ou a eliminação de impostos para o consumo massivo de alimentos.
  3. Combater coordenadamente a opacidade global dos paraísos fiscais, estabelecendo mecanismos de controle, regulação e fiscalização em operações comerciais e financeiras de multinacionais e grandes fortunas individuais, como o intercâmbio automático de informação multilateral, os relatórios de operações país por país, os registros públicos de beneficiários finais de empresas, o registro global de ativos de acesso público, bem como a eliminação do sigilo tributário e bancário e das sociedades offshore.
  4. Reverter o domínio da OCDE na governança tributária global. Ou seja, promover a criação de um organismo intergovernamental no marco das Nações Unidas que determine as diretrizes de caráter vinculante para a plena participação democrática dos todos os países, com especial ênfase, nos países do sul global. Além disso, promover a criação de um organismo supranacional em matéria tributária na América Latina e no Caribe no marco dos organismos de integração existentes ou futuros.
  5. Implementar um processo de reestruturação da dívida por meio de um tribunal de arbitragem independente, transparente, oportuno e vinculante, no seio da Nações Unidas. Além disso, promover auditorias de dívidas como mecanismo de verdade e justiça para determinar as dívidas ilegítimas.
  6. Deixar de excluir os países de renda média nas políticas globais de recuperação e aplicar critérios integrais com uma perspectiva holística para políticas de financiamento e renegociação da dívida, no lugar de indicadores que escondam realidades, como o PIB per capita.
  7. Eliminar a imposição de medidas de austeridade e condicionalidades nos empréstimos para os países da região, que aceleram e aprofundam os impactos negativos sobre a população mais afetada pela desigualdade e pela pobreza.
  8. Aprovar uma nova emissão de Direitos Especiais de Saque (DES), bem como uma redistribuição justa para os países do sul por meio de canais fora do FMI, sendo que a situação de crise se agravou em decorrência da pandemia.
  9. Deter a financeirização do investimento privado transnacional nos serviços públicos, especialmente na saúde e na educação; e deter a financeirização dos objetivos de desenvolvimento sustentável com projetos de infraestrutura que gerem impactos sociais, ambientais e fiscais negativos em nossos países.
  10. Incluir a redução das desigualdades de gênero, raça/etnia no centro da agenda política, do crescimento econômico, da recuperação econômica e, em geral, do que se denomina desenvolvimento. A recuperação econômica deve ser feminista, antirracista e transformadora.
  11. Cumprir com os compromissos climáticos de redução de emissões e de financiamento concessionário. Não mais dívidas para pagar nossa adaptação à mudança climática.
  12. Iniciar a transição energética e de modelo econômico no âmbito mundial, sem aprofundar o extrativismo nos países do sul.
  13. Organizar uma Quarta Conferência Internacional de Financiamento para o Desenvolvimento FpD 4 (Monterrey+20) para, de uma forma democrática, tomar decisões sobre reformas estruturais da economia global.
  14. Aos governos dos países pan-amazônicos, colocar em prática seus discursos contra a crise climática e os direitos da Mãe Terra com medidas reais contra o desmatamento, a degradação e o aumento de emissões, e não com maquiagens das chamadas economias verdes. Exigimos que cumpram e fortaleçam seus compromissos que foram assumidos no âmbito internacional.
  15. Aos países da região, zelar pela vida e pela proteção de defensores e defensoras da natureza, evitando sua perseguição, criminalização, judicialização, ameaças, desaparições e assassinatos por parte de quem são os novos traficantes e depredadores das florestas, máfias e assassinos de aluguel que afetam a vida dos povos e de outras formas de vida. Para isso exigimos a ratificação e o cumprimento do Acordo de Escazú.
  16. Aos países da região, assinar, ratificar e cumprir o acordo 169 da OIT, e que seja implementado o direito à consulta e ao consentimento livre, prévio e informado, que inclui o direito de veto por objeção de consciência cultural no marco da livre determinação dos povos e exigimos manter os hidrocarbonetos no subsolo e uma Amazônia livre de mineração.
  17. Aos países da América Latina e do Caribe, transformar a Celac no principal instrumento da integração regional, fazendo que deixe de ser um simples foro de presidentes e presidentas dos países, com a participação plena da sociedade civil e dos pequenos e médios empresários (as), tal como propusemos na iniciativa CELAC SOCIAL; que além disso tenha em sua agenda como prioridades os temas de uma nova arquitetura financeira internacional, um sistema tributário progressivo para a região e uma voz autônoma como região na atual reconfiguração geopolítica que estamos vivendo.
  18. Aos países da região, fazer um apelo para promover a paz mundial, condenar a guerra entre a Rússia e a Ucrânia na qual a OTAN tem responsabilidade e lamentar as violações dos    direitos humanos nessa região.

Lima, 9 agosto de 2022, Dia Internacional dos Povos Indígenas e Dia Internacional dos Crimes Estadunidenses contra a Humanidade.

Puede expresar su adhesión a la presente Declaración como ORGANIZACIÓN, llenando sus datos en este enlace: https://forms.gle/2v3Uv33wrVQndfeA9

Puede expresar su adhesión a la presente Declaración A TÍTULO PERSONAL, llenando sus datos en este enlace: https://forms.gle/TfK9r4TH3Evz4X5K6


Apoio institucional
1. Fundación SES – Argentina
2. Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM) – Ecuador
3. Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE) – Argentina
4. FORO CIUDADANO DE PARTICIPACION POR LA JUSTICIA Y LOS DERECHOS HUMANOS – Argentina
5. Fundación Constituyente XXI – Chile
6. Instituto Mundo del Trabajo IMT – Argentina
7. CEDETRABAJO – Colombia
8. INAS CISL – Argentina
9. INPADE / FOCO – Argentina
10. Colectivo de Educacion para today y todos de Guatemala – Guatemala
11. Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación – Colombia
12. DECIDAMOS, Campaña por la Expresión ciudadana – PARAGUAY
13. Centro Regional Ecuménico de Asesoría y Servicio – CREAS – Argentina
14. Comisión Nacional de Enlace – Costa Rica
15. Diario digital Werken Rojo – Chile
16. Asamblea Permanente por los Derechos Humanos – Argentina
17. Somos Protagonistas en la Cultura radio – Argentina
18. Caritas Honduras – Honduras
19. CEICOM El Salvador – El Salvador
20. GRUPO NACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO – PERU
21. Fundación Proyecto Económico – Argentina
22. Tax Justice Network – UK
23. Financial Transparency Coalition – Finlandia
24. Instituto Popular de Capacitación (IPC) – Colombia
25. Red Nicaragüense de Cometcio Comunitario (RENICC) – Nicaragua
26. Movimiento Tzuk Kim-pop – Guatemala
27. Red mexicana de acción frente al libre comercio (RMALC) – México
28. Instituto Justiça Fiscal – Brasil
29. Society for International Development (SID) – Global
30. CooperAccion – Perú
31. Global Social Justice – Suiza
32. Instituto de Estudos Socioeconômicos (INESC) – Brasil
33. Eurodad – Europa
34. Alianza Global por la Justicia Fiscal (GATJ) – Global

Apoio individual
1. Adrian Falco – Argentina
2. Pablo A. de la Vega M. – Ecuador
3. Susana Peñafiel Acosta – Ecuador
4. Nathalie Beghin – Brasil
5. Augusto José Malpartida León – Perú
6. Verónica Insausti – PERÚ
7. Esteban Silva Cuadra – Chile
8. Aida Garcia Naranjo Morales – Perú
9. Dina Elisett López Cardozo – Colombia
10. Elsa Labraña Pino – Chile
11. Juan Agerico Arias Avila – Perú
12. Adriana Varelapuebla – Argentina
13. Carlos Bedoya – Perú
14. Enrique Gustavo Cardesa – Argentina
15. Carlos Benavente Gómez – Nicaragua
16. Pedro Saldaño Carrasco – Chile
17. Atilio Boron – Argentina
18. Fernanda Vallejos – Argentina
19. Luis Marco Arismendy Escalante – Bolivia
20. Martin Mangas – Argentina
21. Óscar Ugarteche – Peru
22. Nicolás Gutman – Argentina
34. Maria Rosario Giraldo – Colombia


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