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Economías Transformadoras

Urge modelo de desarrollo productivo alterno para dejar atrás el extractivismo

Es necesario promover un modelo de desarrollo ambientalmente sostenible y que recoja la praxis de la mujer en términos de cuidados, afirmaron especialistas nacionales e internacionales durante la conferencia “Tras la Pandemia, la Guerra”.

Hoy, en un mundo cada vez más globalizado, con múltiples crisis sistémicas, donde problemas como la pobreza, la desigualdad y el deterioro ambiental persisten, resulta interesante la búsqueda de modelos alternativos que permitan replantear las tradicionales comprensiones sobre el desarrollo dependientes del extractivismo que afecta principalmente a los países de América Latina y el Caribe.

Al respecto, un grupo de especialistas internacionales participaron de la mesa “Tensiones y Desafíos frente al Derecho al Desarrollo y la Sostenibilidad de la Vida” y coincidieron en resaltar que los diferentes gobiernos de la región son conscientes de la necesidad de replantear el modelo de desarrollo desde una perspectiva humana y sustentable.

No obstante, advirtieron los especialistas, en la práctica se sigue midiendo el progreso o desarrollo de un país en términos de crecimiento económico, innovación, progreso técnico y estabilidad macroeconómica, lo cual ha cosificado a los seres humanos en mercancías y los ha apartado de la naturaleza.

“Las estrategias de desarrollo condicionan las políticas públicas y nos subordinan a la globalización de seguir siendo exportadores de materias primas. Una observación desapasionada de la situación en los países bajo gobiernos de izquierda muestra que reaparece el extractivismo, aunque lo hace bajo un estilo distinto, como puede ser la mayor presencia estatal. Este estilo corresponde al neo-extractivismo progresista”, comentó Eduardo Gudynas, representante del Centro Latino Americano de Ecología Social (Claes).

Para Gudynas, las transiciones para abandonar la dependencia del extractivismo están orientadas bajo dos metas que pueden ser expresadas como “cero pobreza” y “cero extinciones”. Son compromisos para atender la calidad de vida de las personas y sus comunidades, y para evitar impactos ambientales que no puedan ser revertidos.

“Es necesario ir más allá de las estrategias de desarrollo que implica apuntar un futuro de cero pobreza y cero extinción bajo el paraguas del concepto de vivir bien. Este ir más allá implica dos tipos de medidas: de emergencia y de transformación, ambas aplicadas desde un enfoque de justicia”, precisó.

Dichas medidas, explicó Gudynas, significan entender la transformación como un conjunto de transiciones o pasos sucesivos de salida. Las de emergencia es para revertir los efectos más dañinos –ambiental, social y económico- de este desarrollo, mientras que la de transformación se dirigen a modificar la estructura productiva y económica del Estado. 

“Ambos tipos de medidas exigen repensar nuestra inserción global como países de América Latina y propiciar un regionalismo autónomo. El concepto de transiciones o transformaciones incluye no solamente las acciones necesarias para revertir los impactos y salir del actual extractivismo depredador, sino que éstas también sirvan para una transformación más amplia, orientada a las alternativas al desarrollo”, concluyó.

En relación con lo anterior, el buen vivir, un concepto de raíces indígenas, surge como una alternativa al desarrollo de la modernidad, al permitir construir otra sociedad sustentada en la convivencia del ser humano en diversidad y armonía con la naturaleza, a partir del reconocimiento de los diversos valores culturales existentes en cada país y en el mundo.

Construir un nuevo pacto eco-social

Para Armando De Negri, representante de FSM Seguridad Social y Salud, “las inequidades son un problema de relaciones que nacen de las diferencias entre grupos de una estructura social a lo largo del tiempo, por tanto, son injustas, evitables y no escogidas”.

“Para el logro de la equidad un marco normativo favorable es un elemento necesario, pero no suficiente, en especial dada la existencia de instrumentos legales que confunden igualdad con equidad, lo que inevitablemente tiene repercusiones en materia de políticas públicas. Garantizar la equidad consiste en determinar quiénes están en situaciones de riesgo, vulnerabilidad o desventaja para así ofrecerles un trato diferenciado acorde con sus necesidades”, resaltó.

Según Armando De Negri, es la oportunidad que para replantear el sentido de la economía y las concepciones de desarrollo en el marco del proceso de ratificación del tratado del derecho al desarrollo.

“Es importante pensar la manera de construir un nuevo pacto eco-social. Para esto hay que romper la hegemonía del capital financiero y cómo este se instala en las políticas sociales, ampliar los sistemas de protección social y promover la economía política de cuidado”, añadió De Negri.

Extractivismos y Economía Feminista

 “Las consecuencias de un sistema productivo neoliberal son enormes para varios grupos sociales. Desde la economía feminista, hay que tener en cuenta que estamos viviendo muchas guerras, no solo la gran guerra, sino las guerras cotidianas y más cercanas: ecocidio, feminicidio, despojo y la crisis migratoria.  Pareciera que nos enfrentamos a estas circunstancias sin tener una salida”, comentó durante su participación en la conferencia Patricia Amat, representante de Remte.

Amat precisó que la agenda feminista plantea una mirada alternativa al desarrollo donde se pone en relevancia el conflicto capital – vida. “El paradigma de desarrollo desde una perspectiva feminista pasa por recuperar las formas de vida común, la necesidad de reconocer la vulnerabilidad y la necesidad de cuidados. Es necesario promover la creación de un desarrollo que sea ambientalmente sostenible y que recoja la praxis de la mujer en términos de cuidados”, finalizó.

La mesa “Tensiones y Desafíos frente al Derecho al Desarrollo y la Sostenibilidad de la Vida”, forma parte de la conferencia “Tras la Pandemia, la Guerra”, organizada por Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJF-ALC) y la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd).

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