Transparencia fiscal para identificar a los verdaderos dueños que acumulan ganancias en la sombra

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Los paraísos fiscales facilitan el anonimato de los verdaderos beneficiarios de las actividades ilícitas y delictivas. Por eso, la necesidad de contar con un registro público de beneficiarios finales a nivel regional, comentaron

Los paraísos fiscales –jurisdicciones que socavan los parámetros internacionales de transparencia corporativa y financiera– plantean un problema de alcance global: estas jurisdicciones facilitan el lavado de activos, así como la elusión y la evasión fiscal, e ipso facto promueven actividades delictivas y una desigualdad de niveles inadmisibles en la distribución mundial de la riqueza.

Precisamente, un grupo de especialistas internacionales participaron de la mesa “Ganancias en la Sombra: Transparencia Fiscal y Financiera en América Latina y El Caribe”, como parte de la conferencia “Tras la Pandemia, la Guerra”, organizada por Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJF-ALC) y la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd).

Dichas guaridas del secretismo ocultan flujos financieros globales de maneras indetectables hasta para los funcionarios encargados de aplicar las leyes y regulaciones en los distintos países del mundo. De esta manera, facilitan el anonimato de los verdaderos beneficiarios de las actividades ilícitas, porque si los flujos de dinero quedaran al descubierto, resultaría más sencillo identificar a los perpetradores y aplicarles todo el peso de la ley.

Los Estándares Internacionales requieren niveles mínimos de transparencia respecto a las personas físicas que controlan o se benefician económicamente de un vehículo jurídico, como una sociedad mercantil, un fideicomiso o una fundación. Conocer al beneficiario final de la propiedad no solo es una herramienta fiscal o financiera, también ayuda a proteger las actividades económicas legítimas y legales del sector privado.

Pero, ¿qué se entiende o quiénes son los beneficiarios finales? En opinión de María Eugenia Marano, representante de la Fundación SES de Argentina, los beneficiarios finales “son los verdaderos dueños de las empresas y de cualquier estructura jurídica; el concepto siempre se refiere a personas humanas”.

“El delito económico suele estructurarse por medio de ingenierías societarias, múltiples capas de sociedades multijurisdiccionales, en la mayoría de los casos con asientos en guaridas fiscales, que brindan opacidad y ocultan de los ojos de los Estados y de su control a los verdaderos dueños.  Conocer quiénes son los beneficiarios finales es fundamental para que las autoridades puedan proteger el sistema financiero, fiscal y social de los países”, afirmó Marano durante su participación en la conferencia.

Para Matti Kohonen, representante de FTC (Finlandia), es necesario crear el registro de los beneficiarios reales y hacerlo público con el fin de permitir la transparencia y búsqueda de los fondos que ayudarán para aplicar impuesto a la riqueza”.

Según datos de la CEPAL, la evasión de impuestos sobre la renta personal, corporativa y del IVA le cuesta a América Latina y el Caribe más de 320.000 millones de dólares al año, es decir, 6,3% del PIB. “Es necesario el intercambio automático de información entre los países de la región y los paraísos fiscales para ir en búsqueda de estos fondos”, añadió Kohonen.

Por su parte, Miguel Ángel Rodríguez, representante de CedeTrabajo de Colombia, subrayó que “las rentas ocultas están desangrando a la economía de la región”. Por ejemplo, si en Colombia se lograran capturar los recursos perdidos por medio de delitos como el lavado, la evasión, la corrupción, el contrabando y otras fuentes de flujos financieros ilícitos, se podría pagar anualmente el servicio de la deuda pública, financiar cerca de un 20% del presupuesto o tener recursos que equivalen a un 8% del PIB.

Los paraísos fiscales son territorios que tienen un régimen tributario caracterizado por bajas tasas impositivas y garantizar el secreto bancario de los depositantes del dinero. Sin embargo, las revelaciones de la prensa a nivel internacional han permitido ver que los paraísos son usados por las personas más acaudaladas del mundo

“Es clave como región atender este problema que, a la vez, nos permitirá solucionar otros problemas, particularmente la transformación de nuestros aparatos productivos para que generen riqueza y poder redistribuir esa riqueza de forma justa”, dijo Rodríguez.

Durante sus exposiciones, los especialistas resaltaron la necesidad de contar con un registro público de beneficiarios finales a nivel regional, pero eso implica algunos desafíos como: mejorar los procesos de los registros existentes en Iberoamérica, impulsar y apoyar a aquellos países que cuentan con proyectos de leyes de registros.

Otro de los retos es colaborar con la redacción de normas para aquellos países que aún no cuenta con proyectos sobre beneficiarios finales. Además, de generar espacios de trabajo y seguir intercambiando información. Por último, exigir que sea obligación de todos los Estados solicitar información sobre los verdaderos beneficiarios y pensar en políticas de identificación. 

“Sin única política fiscal progresiva no habrá solución a la crisis. Y, para aplicar una política de ese tipo, hay que contar con información sobre los verdaderos propietarios de la riqueza”, dijeron los especialistas.

Para Gonzalo Arias, representante de CIAT Panamá, las administraciones tributarias suelen ser las instituciones públicas más desarrolladas de los países. “Incluso, pueden llegar a ser mejores que la de países desarrollados. Sin embargo, lo que impacta en su eficiencia es el contexto en el que se desarrollan: economías más o menos formales. Esa característica es relevante en América Latina y el Caribe”.

Por último, Dereje Alemayehu, representante de la GATJ (Etiopía), cuestionó el rol de la OCDE tiene en términos de fiscalidad y trasparencia, pues las acciones que ha emprendido hasta la fecha beneficiarían solo a los países desarrollados.


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