Los indicadores económicos tradicionales para medir el crecimiento de un país inviabilizan el aporte de las mujeres, afirmaron especialistas internacionales durante su participación en la conferencia “Tras la Pandemia, la Guerra”.
La política fiscal es un claro indicador de las prioridades económicas y sociales de un gobierno; es esencial como elemento redistributivo al determinar quiénes y con cuánto van a contribuir al sostenimiento de la economía y a quiénes se otorgarán los bienes y servicios públicos. En los últimos años, se ha reconocido ampliamente que la política fiscal, principalmente en América Latina y el Caribe, no es neutra en términos de género.
Al respecto, especialistas internacionales participaron de la mesa “Las Políticas Económicas y Financieras No Son Neutrales a las Igualdades de Género” que forma parte de la conferencia “Tras la Pandemia, la Guerra”, organizada por Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJF-ALC) y la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd).
El consenso de los especialistas es que los indicadores económicos tradicionalmente utilizados por parte del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y los gobiernos “centran su atención en el ámbito macroeconómico, sobreestimando su capacidad para analizar el bienestar y las condiciones microeconómicas, especialmente aquellas que se refieren a la asignación de los recursos al interior de los hogares”.
“La forma en que la economía está estructurada no considera la vida de la mayoría de las personas. Un ejemplo es que el cálculo del PIB no contempla el trabajo de atención y cuidado realizado por las mujeres. Por tanto, este indicador macroeconómico no puede ser considerado un indicador de bienestar”, comentó la economista Vieceli.
Desde la Economía Feminista se pone el foco en las actividades que están fuera de la frontera de la producción monetizada y mercantilizada lo cual ubica a las personas y su calidad de vida como eje de su andamiaje teórico. De esta manera, se reconoce la existencia de actividades y esfuerzos colectivos que se realizan fuera del mercado y no reciben remuneración y, por lo tanto, se encuentran invisibilizadas en la lógica económica clásica.
“Esta ceguera se traduce en la invisibilidad de las mujeres, principales responsables de estas actividades. Las políticas económicas no pueden ser ciega frente al trabajo de cuidados y su impacto en la incorporación al mercado laboral de las mujeres”, enfatizó Vieceli.
Con la finalidad de visibilizar el aporte de la mujer a la economía, la especialista recomendó: impulsar una alianza global entre todos los países, promover políticas fiscales contracíclicas, cambios en las perspectivas macroeconómicas y un efecto distributivo de las políticas con enfoque de género.
Las más afectadas
De acuerdo con la Cepal, el endeudamiento regional subió del 68,9% al 79,3% entre 2019 y 2020, respectivamente, como porcentaje del PIB. Al respecto, Montserrat Fois, representante de UCA, resaltó que ñas políticas dirigidas a garantizar la sostenibilidad de la deuda como las de “austeridad” generan crisis económicas que afectan el empleo y los ingresos laborales y así como restricciones en el presupuesto público dirigido a la población y especialmente a las mujeres.
“La crisis de la deuda ha afectado a las mujeres y evidencia un retroceso de los derechos. La pandemia ha agudizado estas consecuencias. Sabemos que el modelo liberal y su concentración de la riqueza en pocas manos perjudica a todos. Sin embargo, las mujeres sufren las consecuencias de un sistema excluyente y patriarcal”, indicó la licenciada en ciencias políticas Fois.
La evidencia empírica muestra que las mujeres son las más afectadas por el vertiginoso endeudamiento. Esto ocurre en la medida en que son las mujeres quienes engrosan los sectores más pobres en casi todo el mundo, acceden a los puestos laborales más precarios y peor remunerados y dedican más horas que los varones en las tareas de cuidado no remuneradas. Durante las crisis, estas condiciones empeoran significativamente
“Es indispensable abandonar las perspectivas teóricas, tenemos que crear espacios interdisciplinarios que se concentren en la elaboración de políticas públicas con perspectiva de género que visibilicen la situación de las mujeres”, indicó Montserrat Fois.
Para Andrea Vega Troncoso, representante de WEDO, “son las mujeres las primeras en sufrir la precarización del sistema laboral, porque ellas asumen los trabajos de cuidado y los empleos peor remunerados. En este sentido, pensar la justicia en términos feministas requiere hacer una crítica de nuestro sistema productivo neoliberal, pues en la base de este régimen existen dinámicas patriarcales y excluyentes”.
Vega Troncoso afirmó que existe un nexo entre justicia económica, justicia climática y justicia de género. “La crisis climática se extiende mucho más allá del clima, y abordarla efectivamente requiere respuestas que aborden los vínculos entre género, clima y seguridad, afirma el informe que revela cómo aquellos países que tienen un mayor avance en la lucha contra la desigualdad de género, también muestran signos positivos de acción climática”, explicó.
“No es posible pensar en justicia económica- redistributiva, sin pensar en justicia climática y de género, y viceversa. La urgencia de pensar la justicia económica y climática desde una perspectiva feminista tiene que ver con el hecho de que son las mujeres, niñas y miembros de la comunidad LGTBI+ los que más sufren las consecuencias del cambio climático”, concluyó.
