Con la finalidad de afrontar los múltiples retos o crisis de los países de la región es necesario aplicar una política progresiva de ingresos tributarios, afirmaron especialistas nacionales e internacionales durante su participación en la conferencia “Tras la Pandemia, la Guerra”.
América Latina y el Caribe han sufrido, sin duda, el impacto social y económico más duro de la crisis actual. El aumento de las tasas de pobreza y de pobreza extrema, la pérdida de puestos de trabajo y el descenso del ingreso per cápita no tienen precedentes. Hacer frente a los múltiples retos de los países de la región exige aplicar una política progresiva de ingresos tributarios que contribuya a reducir las desigualdades de ingreso y a financiar el gasto público, consideraron especialistas nacionales e internacionales durante su participación en la conferencia “Tras la Pandemia, la Guerra”.
“Hay que repensar la progresividad fiscal para verla de manera más amplia y creativa. Esto nos permitirá romper la inercia en la que estamos instalados. América Latina tiene que enfrentar varios retos. Primero, la ausencia de crecimiento económico y una alta tasa inflación. A esto se suma la crisis que ha sumido a la región en desigualdad fiscal”, comentó Abelardo Medina, economista sénior, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).
La región de América Latina y el Caribe es la más endeudada del mundo en desarrollo. La deuda del gobierno general alcanzó en 2020 el 79,3% del PIB y el servicio de la deuda externa se situó en un 57% en relación con las exportaciones de bienes y servicios.
Para el especialista, dar sostenibilidad a una política fiscal expansiva requiere generar ingresos fiscales que permitan financiar las acciones de gasto público. Sin embargo, históricamente, los ingresos públicos de América Latina y el Caribe han sido insuficientes para atender las demandas del gasto público, lo que ha dado lugar a un sesgo deficitario y a una tendencia procíclica de la política fiscal.
En este sentido, resulta clave aumentar la participación de los impuestos directos y el aprovechamiento de los espacios que permitan incrementar la recaudación a partir de tributos que graven lo digital y lo ambiental.
“En América Central, no podemos hablar de reformas fiscales reales a favor de la progresividad. De hecho, hay Constitucionales (Honduras) que constitucionalizan la proporcionalidad. Por otro lado, existe conflicto entre los principios tributarios vigentes en los países: carencia en la formulación de la política tributaria, sus objetivos y propósitos. Finalmente, hay una limitación de acceso a la información bancaria, lo que impide la supervisión de la administración tributaria”, aseguró Abelardo Medina.
En opinión de Susana Ruiz, representante de Oxfam España, el objetivo mínimo global que deberían plantearse los países de la región, es resolver la tributación de grandes corporaciones con la finalidad de reducir la evasión y elusión.
“Desde la pandemia, se observa una ganancia exorbitante en algunos sectores. Por ejemplo, entre el 2020 y 2022, la riqueza de los superricos ha crecido exponencialmente en un 34%. Ha crecido a un ritmo de 5 millones de dólares por hora. En aproximadamente dos años, la riqueza de los superricos aumentó más que en los últimos 23 años. Es una riqueza que no es gravada en la región”, manifestó Ruiz.
Según la especialista, la implementación de una política tributaria progresiva, debe complementarse con la cooperación internacional para avanzar en la reducción de los espacios de evasión y elusión tributaria.
La Cepal estimó que en 2018 la evasión del impuesto sobre la renta y del impuesto sobre el valor agregado dio como resultado una pérdida de 325.000 millones de dólares, lo que equivalía al 6,1% del PIB.
La reforma tributaria de Chile
En referencia a la necesidad de implementar una política progresiva tributaria, Ricardo Martner, representante de la Red Justicia Tributaria de Chile, comentó sobre la actual reforma tributaria chilena que tiene como antecedente conceptual al “pacto fiscal” formulado en Guatemala y desarrollado por la CEPAL.
“Esta reforma busca superar la política post neoliberal o de pereza tributaria, en la que el PBI crece, pero la recaudación, no. En ese sentido, se propone ser una reforma moderna, justa y eficiente”, subrayó Martner.
Precisó que para implementar dicha reforma se hizo un proceso político que incorporó una instancia de participación ciudadana (cabildos) previo a la presentación de los proyectos de ley.
Martner resaltó que el principal objetivo de la reforma tributaria chilena es la progresividad a fin de financiar las garantías institucionales a los derechos sociales. Finalmente, otros avances en materia fiscal en Chile son: el Impuesto a la riqueza de manera progresiva y el impuesto a la gran minería.
La frustrada reforma peruana
José De Echave, investigador de CooperAcción, comentó la reforma tributaria frustrada que inicialmente se buscaba implementar con el actual gobierno peruano.
“La elección del actual Presidente Castillo generó la ilusión de superar un sistema tributario y fiscal que no genera suficientes recursos para atender temas fundamentales (derechos sociales). En ese sentido, la reforma tributaria formulada por el exministro de Economía Pedro Francke tuvo los siguientes objetivos: (I) avanzar en la formalización, (II) lucha contra el incumplimiento tributario, y (III) aumentar la progresividad y disminuir las inequidades”, precisó.
Al incorporarse dicha reforma al debate público, esta mostró resistencias principalmente desde algunas comisiones del Congreso, desde los gremios empresariales y del sector minero. Los especialistas participaron de la mesa “La Progresividad Esquiva: Impuestos Directos y Reforma Tributaria”, que formó parte de la conferencia “Tras la Pandemia, la Guerra”, organizada por Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJF-ALC) y la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd).
