Es necesario implementar políticas fiscales sin desproteger los derechos humanos, sociales y de educación

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Las medidas estatales que apliquen los diferentes gobiernos deben garantizar la protección de los derechos fundamentales de las personas, consideraron especialistas nacionales e internacionales durante la conferencia “Tras la Pandemia, la Guerra”.

La pandemia por la Covid-19 ha significado mayores compromisos de deuda por parte de los diferentes gobiernos de la región. Ante este escenario, es necesario plantear políticas fiscales que no vulneren los derechos humanos, sociales y educativos, considerando que las desigualdades ya eran profundas en países de América Latina y el Caribe, además que durante el 2020 y 2021 se incrementaron las brechas económicas y sociales.

Esta es una de las conclusiones a la que llegaron los panelistas que participaron de la mesa “Recuperación post-Covid: impactos de las políticas fiscales”, en la que participaron Nathalie Beghin, del Instituto de estudios socioeconómicos de Brasil; Verónica Serafini, representante de Latindadd en Paraguay: Gabriel Casnati, representante de Internacional de Servicios Públicos – ISP de Brasil; y Nelsy Lizarazo, coordinadora para la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), durante su participación en la conferencia regional “Tras la Pandemia, la Guerra”.

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el endeudamiento regional subió del 68,9% al 79,3% entre 2019 y 2020, respectivamente, como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB). Para Nathalie Beghin, la recuperación pospandemia o cualquiera política fiscal tiene que tener a los derechos humanos como referencia, considerando que los derechos necesitan de recursos para su realización.

“Para poner a los excluidos en los presupuestos públicos de cada país la mejor referencia son los derechos humanos, considerando que son la base de nuestros pactos sociales, inscritos en nuestras constituciones y en los pactos internacionales firmados por los estados latinoamericanos”, dijo Beghin.

Comentó también que la política fiscal es el resultado de disputas entre las estrategias de recaudación y las de gastos, siendo los más afectados, en América Latina y el Caribe: los pobres, los pueblos originarios, los afrodescendientes, las mujeres, campesinos, comunidades LGBT, entre otros.

Nathalie Beghin.

Por ejemplo, en Brasil, comentó Beghin, entre el periodo 2016-2022 se implementaron políticas de austeridad fiscal y de desmantelamiento de políticas públicas, que produjeron que el número de personas con hambre se triplique, pasando de 4% de la población en 2013 para 15% en 2022 (33 millones de personas).

Ante esta disyuntiva entre recaudación y gasto, se plantea la iniciativa regional por los Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal, cuyos objetivos son: crear una nueva narrativa a la política fiscal (como un asunto de derechos); posicionarse como una guía para los estados a la hora de diseñar sus políticas fiscales; constituirse en una herramienta de rendición de cuentas; y dar seguimiento desde la sociedad civil.

Trabajos del cuidado

Antes de la pandemia por la Covid-19, la región evidenciaba problemas casi innatos como brechas de género en la economía, ausencia de políticas amplias de protección social y empleo, cuidado y contra la violencia. Incluso, las cifras de trabajo no remunerado ya se habían incrementado.

Al respecto, Verónica Serafini, resaltó la importancia de repensar las políticas fiscales con enfoque de género. Se denomina medidas sensibles al género aquellas estrategias estatales que abordan directamente los riesgos y desafíos específicos que enfrentan las mujeres y las niñas en el contexto de la pandemia.

Recordó que durante la pandemia solo el 39% de las medidas implementadas a nivel global fueron sensibles al género, la mayoría estuvieron dirigidas a prevenir la violencia mediante campañas públicas (21,3%), pero menos al trabajo no remunerado y de cuidado (5,7%) o a la seguridad económica (12,0%).

Advirtió Serafini que los diferentes gobiernos de la región han planteado medidas que tienen como meta el retorno al escenario prepandemia, pero ahora los problemas que afectan a las mujeres se han complicado. Por eso, la especialista recomendó repensar ciertos conceptos y reformularlos desde una política fiscal progresiva con enfoque de género en aspectos como trabajo, crecimiento y sostenibilidad.

Gabriel Casnati

Durante su participación en el evento, Gabriel Casnati recomendó analizar las estructuras tributarias desde una perspectiva de su progresividad. “Comparativamente, por ejemplo, los países de América Latina tienen una brecha muy grande respecto a los de la OCDE en indicadores como: carga tributaria o carga impositiva a la renta, a la propiedad y a las ganancias. Además, hay que tomar en cuenta que la mayoría del gasto tributario se lo apropian las trasnacionales y que la evasión en América Latina es muy fuerte”, afirmó.

Por su parte, Nelsy Lizarazo resaltó que el impacto de las políticas fiscales en la educación es enorme. “Debemos superar las dificultades de no contar con información sobre la ausencia de políticas fiscales en la educación. Es necesario promover dos líneas de impuestos: a las grandes riquezas y a la propiedad del inmueble. No se puede implementar el derecho sino pensamos en una recaudación justa”, indicó.

La especialista recomendó promover las políticas fiscales dirigidas a mejorar la infraestructura económica y que cada país se acerque al compromiso de invertir el 6% de su PBI en educación. Además, que el objetivo de destinar mayores recursos para la educación no es un trabajo aislado, implica la interrelación de políticas sociales, económicas, fiscales, entre otros.

Noel Pérez, representante de Cepal, aseguró que los países de la región recaudan solo el 2.2% del PIB por concepto de impuesto a la renta de las personas físicas, mientras que en los países de la OCDE alcanza el 8% de su PIB. Añadió que la evasión tributaria en la región representa 6.1% del PIB equivalente a 325 mil millones de dólares. “Debemos fortalecer las estructuras tributarias de la región”, concluyó.

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