Es necesaria nueva arquitectura financiera con justicia social

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Y que tenga como eje principal protección de los derechos humanos y promover mecanismos de financiamiento que no impliquen incremento de la deuda de los países, recomendaron especialistas internacionales durante la conferencia “Tras la Pandemia, la Guerra”.

América Latina y el Caribe enfrentan la prolongación de un contexto económico complejo e incierto. Para lograr una recuperación sostenible con igualdad se requiere una mayor disponibilidad de financiamiento para ampliar el espacio fiscal y aplicar reformas en la arquitectura financiera internacional que aseguren el acceso a financiamiento para todos los países en desarrollo, independientemente de su nivel de ingreso.

Esta es una de las conclusiones a la que llegaron los panelistas que participaron de la mesa “Desafíos en la Arquitectura Financiera Global y de América Latina en un Contexto de Crisis Múltiple”, en la que participaron Andrés Arauz, UNAM (Ecuador); Iolanda Fresnillo, representante de Eurodad (España): Heriberto Martínez, representante de Jubilee USA; Esteban Pérez, representante de Cepal (Chile); y fue moderada por Patricia Miranda, directora de Incidencia Global de Latindadd.

La construcción de una nueva arquitectura financiera global debe tener como centro o eje la protección de los derechos humanos. “De acuerdo con el pacto internacional de los derechos sociales, económicos y culturales, los estados deben garantizar el derecho a la alimentación, educación, salud, vivienda, también conocidos como derechos del buen vivir”, comentó Andrés Arauz.

Andrés Arauz

Dicho pacto, añadió Arauz, indica que en un escenario de transición debe procurarse de manera progresiva el máximo de los recursos disponibles. No obstante, en la práctica los esfuerzos de los diferentes gobiernos apuntan a destinar el mínimo de recursos en pro de los derechos humanos.

Alternativa de financiamiento

La expansión del gasto público para enfrentar la crisis, en conjunto con la caída de la recaudación tributaria, se tradujo en aumentos significativos de los déficits fiscales y de los niveles de endeudamiento en la región. América Latina y el Caribe es una de las regiones más endeudadas y presenta el mayor servicio de la deuda externa en relación con las exportaciones de bienes y servicios, que se sitúa en el 59%.

Para Andrés Arauz, la forma más conveniente, eficiente y menos costosa de aumentar la liquidez en los países de la región es asignar derechos especiales de giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que aumentaría la liquidez de los países sin generar deudos adicionales.

“Los derechos especiales de giro son uno de esos instrumentos disponibles para dotar de recursos a los Estados. En ese sentido, los países de la región deben exigir una política de escala global que promueva la creación de recursos de divisa internacional para aliviar la situación del planeta. Por lo que los DEG deben ser un instrumento que vaya mucho más allá de las políticas contra cíclicas”, dijo el también economista Andrés Arauz.

Políticas cómplices

Iolanda Fresnillo, directora de Políticas e Incidencia de Eurodad, resaltó que durante la pandemia aumentó la deuda de los países en todo el mundo porque los mercados financieros fueron los únicos que no hicieron confinamiento. “Siguieron funcionando y se siguió emitiendo deuda”, dijo.

“Hasta la actualidad las políticas globales que se han dado no han permitido frenar la deuda. Esto es un asunto urgente pues hay una relación directa entre los problemas de endeudamiento y las crisis políticas de los países de América Latina, dado que se prioriza pagar la deuda y se promueve una política de austeridad que solo perjudica a las personas con mayor necesidad”, señaló Iolanda Fresnillo.

Debemos tener en cuenta que la política de suspensión de deuda anunciada en el 2020 por el G20 ha sido una iniciativa excluyente, muchos países de renta media quedaron fuera. Al final solo pudieron acceder 42 países y al ser una suspensión temporal, no hay un tratamiento real de la deuda.

Sobre los altos índices de deuda que afectan a los países de la región, Heriberto Martínez, representante de Jubileo USA, mencionó que la deuda pública de Puerto Rico suma 72,000 millones de dólares, mientras que su déficit fiscal alcanza los 43,000 millones de dólares.

“Para ampliar la liquidez debemos reducir la limitación de los derechos especiales de giro. Estos son instrumentos flexibles y versátiles, pero solo son utilizados para pagar la deuda gubernamental y el sector privado no entra en estas transacciones, cuando son las empresas las que asumen un mayor riesgo de endeudamiento. Asimismo, en América Latina solo existen dos tenedores autorizados, sería útil tener más tenedores autorizados”, dijo Esteban Pérez, representante de Cepal.

Según los especialistas que participaron de la conferencia “Tras la Pandemia, la Guerra”, el “actual marco de tratamiento de la deuda es un mecanismo creado por acreedores para sus beneficios. El proceso de reestructuración es muy caótico y renegociar la deuda es muy complejo, costoso y largo, puede durar meses o años”.

Ante este escenario, recomendaron avanzar en un marco común para el tratamiento de la deuda que ponga reglas claras, democráticas, con principios vinculantes, trasparentes y que tenga a los derechos humanos en el centro. Además, de crear un grupo intergubernamental para trabajar de manera coordinada las reformas necesarias en un espacio democrático.

En esa línea, exhortaron a que los países de la región unan esfuerzos en defensa de la posición de Argentina respecto de su deuda externa; mantener posiciones comunes en el seno del FMI. Finalmente, se resaltó la propuesta de avanzar en la creación de un Banco Central del Sur que nos permita tener una moneda común, aunque no única. 


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