viernes , 2 diciembre 2022

LATINDADD ante la Cumbre del G7

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Durante los días 26 al 28 de junio, los líderes del G7 se reunieron en una de las oportunidades más importantes en medio de la crisis múltiple que atraviesa el mundo para encarar decisiones a nivel global en favor de reducir los efectos/impactos perjudiciales que recaen principalmente en las economías menos desarrolladas. Esta cumbre contó con la participación como invitados de los países de Argentina, India, Indonesia, Senegal, Sudáfrica y Ucrania.

El foco principal estuvo, entre otros, en torno a la guerra y el apoyo de parte del G7 a Ucrania, la respuesta global ante la crisis, el cambio climático y la necesidad de una transición energética, la preocupación por la seguridad alimentaria, la inversión en infraestructura sostenible, así como el tema de las vacunas y la preparación y respuesta a la pandemia.

El comunicado oficial señala que el G7 trabajará para dar solución “a los apremiantes retos globales, como abordar el cambio climático y garantizar una transición justa, así como hacer frente a las pandemias actuales y futuras y lograr la igualdad de género”. No obstante, los resultados de estas reuniones no han alcanzado a las expectativas y retos que suponen las crisis y la magnitud de sus consecuencias en el corto y largo plazo.

Ningún progreso para abordar la resolución de los problemas de deuda

Los impactos de la crisis en los países en desarrollo también son resultado de la arquitectura financiera actual y ratificada por el G7. A pesar de que se reconoce la “urgencia de mejorar los marcos multilaterales para la reestructuración de la deuda y para abordar las vulnerabilidades de la deuda”, el G7 reafirma su compromiso de continuar impulsado la resolución de los problemas de deuda a través del Marco Común del G20, mecanismo que presenta deficiencias y problemas de diseño, reconocido incluso por el propio FMI. Es claro que esto no representa una respuesta adecuada para los países en desarrollo, de los cuales, sólo 73 países de ingreso bajo son considerados elegibles. Prácticamente todos los países de América Latina están excluidos de esta iniciativa.

Por otro lado, si bien el G7 hace hincapié en la necesidad de la participación de China y los acreedores privados, estos últimos poseen el 60% de la deuda de los países en desarrollo y hasta el momento no han contribuido a las iniciativas de respuesta del G20 en torno a la deuda. Los líderes del G7 hablan de la participación de todos los acreedores en los tratamientos de deuda, pero continúan basándose en una participación voluntaria, lo que supone una premisa ingenua y, de mantenerse así, los procesos de reestructuración de los tres países que aplicaron al Marco Común y de quienes piensen hacerlo, se trabarán en un proceso largo, complejo y con retrasos en un contexto que demanda una respuesta más rápida. Asimismo, los acreedores del sector privado y bancos comerciales deberán contribuir en consonancia con lo que se denomina como comparabilidad de trato, pero hasta la fecha este principio no es claro y es otra de las razones para los retrasos en el proceso de reestructuración de deudas públicas.

El rol de la legislación nacional dentro de los países del G7 para el involucramiento y participación de estos acreedores tiene un rol central, no sólo dentro del Marco Común, sino también para futuros procesos donde los países necesiten renegociar su deuda con los acreedores situados principalmente en naciones del G7, como Estados Unidos o Reino Unido.

La complejidad y diversidad de los acreedores privados tenedores de la deuda de los países en desarrollo ha aumentado significativamente, afectando de esa manera la posibilidad de conocer quiénes son, dónde operan y los términos de los contratos. Por ello, es necesario exigir una mayor transparencia en torno a la deuda.

Los países necesitan tener liquidez y acceso a recursos para atender las crecientes necesidades de las personas y, ante un contexto de mayores tasas de interés, se necesita con urgencia un marco de resolución de la deuda que incluya a todos los países vulnerables con base en un análisis multidimensional y holístico de su situación, así como una instancia independiente para la reestructuración de sus deudas de forma oportuna, integral y transparente. A pesar de las advertencias emitidas a nivel internacional sobre el riesgo de entrar en una ola de impagos desordenados, lo que pone en riesgo también la estabilidad financiera, desde el G7 no se han tomado medidas que puedan abordar de forma integral el problema de la deuda.

Finalmente, es importante destacar la participación de Argentina, entre los países invitados a la Cumbre. Particularmente, Alberto Fernández ha hecho un llamado al G7 para impulsar la revisión de la política de sobrecargos, entre otras demandas que se hacen desde su país y desde América Latina. Días previos a la reunión de los líderes del G7, LATINDADD, junto a otras organizaciones de sociedad civil, ha emitido una declaración exigiendo la eliminación del cobro de estas tasas que terminan perjudicando aún más a los países afectados por la deuda.

Viejos compromisos y poco avance en implementación para atender la Crisis Climática

Los países del G7 reafirmaron los compromisos previamente establecidos en el marco del Acuerdo de París y Pacto de Glasgow, reconociendo las advertencias del Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC) sobre la insuficiencia en la ambición climática de los compromisos presentados e indicando que aumentarán su ambición para alinear los esfuerzos al objetivo de limitar la temperatura a 1.5 °C. Para ello, mencionan medidas de descarbonización del sector transporte a 2030, la reducción de metano y otros gases, promover una transición energética hacia energías limpias, así como medidas de eficiencia energética.

También se reafirmaron compromisos previos relacionados a financiamiento climático, indicando que se intensificarán esfuerzos para cumplir la meta de movilización de USD 100.000 millones anuales hasta 2025, se duplicará el financiamiento para la adaptación hasta 2025, considerando niveles del 2019, y se mejorará el acceso a financiamiento, principalmente para países más pobres y vulnerables. También se habló de eliminar subsidios a combustibles fósiles ineficientes hasta 2025.

Entre los anuncios nuevos, se pueden mencionar los siguientes:

  • Ampliar la financiación y los seguros contra el cambio climático y los riesgos de desastres y a trabajar en el Escudo Global contra los Riesgos Climáticos, basado en la Alianza Global InsuResilience y otras iniciativas, de cara a la COP27.
  • Apoyar la implementación de la Hoja de Ruta de Finanzas Sostenibles del G20.
  • Trabajar en el establecimiento del Club del Clima hasta fines de 2022, que estará abierto a todos los países que tengan interés de sumarse y estará enfocado en tres pilares, muy vinculados al sector industrial:
  • Avanzar en políticas ambiciosas y transparentes de mitigación climática para reducir la intensidad de emisiones de las economías participantes en el camino hacia la neutralidad climática
  • Transformación de industrias para acelerar la descarbonización
  • Impulsar la ambición internacional a través de alianzas y cooperación para facilitar la acción climática, desbloquear beneficios socioeconómicos y promover una transición energética justa, a través de Alianzas por la Transición Energética Justa.

Desde LATINDADD vemos que el comunicado del G7 reafirma varios compromisos previos en materia de financiamiento climático y esfuerzos para combatir la crisis climática con muy pocos anuncios nuevos, y reducida información sobre cómo estos compromisos ya están siendo implementados, considerando la urgencia que existe para atender la crisis climática y el corto plazo de 3 años para alcanzar el límite máximo de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de manera que sea posible reducirlas a la mitad a 2030, para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París.

Seguridad energética y transición: ¿Prioridades contrapuestas en torno a la guerra?

Ante los impactos de la guerra entre Rusia y Ucrania en los precios de los combustibles, el G7 plantea tomar medidas inmediatas para asegurar el suministro de energía y detener los aumentos en precios de energéticos impulsados ​​por condiciones de mercado extraordinarias. Sin embargo, indican que ello no comprometerá el cumplimiento de los objetivos climáticos y de biodiversidad, incluida la transición energética, ni los compromisos para eliminar gradualmente la dependencia de la energía rusa, incluso eliminando gradualmente o prohibiendo la importación de carbón y petróleo rusos. Indican que reducirán la dependencia general en combustibles fósiles y acelerarán la transición hacia la energía limpia, con el compromiso de lograr un sector energético total o predominantemente descarbonizado para 2035. Entre las alternativas, el comunicado del G7 habla de inversiones en hidrógeno verde y sus derivados, y también en energía nuclear, bajo altos estándares de seguridad, y medidas de eficiencia energética.

Todo esto deja bastantes dudas, considerando que el último informe del IPCC alerta sobre la urgencia de reducir emisiones de GEI de manera inmediata y, sin embargo, el comunicado del G7 también indica que se aumentará la producción colectiva de energéticos, se utilizarán reservas, y se impulsará a socios internacionales a hacer lo mismo para controlar los precios. Por ejemplo, Alemania recientemente anunció que recurrirá a la quema de carbón – el combustible fósil más intensivo en CO2 y el que más aporta a acelerar la crisis climática- para compensar la disminución de gas provisto por Rusia. También se justifican las inversiones en Gas Natural Licuado (GNL) como una respuesta necesaria a la crisis actual.

Si bien se habla de estas medidas en el corto plazo, hay incertidumbre sobre lo que ocurrirá más adelante y cuánto podría durar la guerra actual y sus consecuencias, además, no hay certeza si la transición hacia energías limpias será lo suficientemente rápida como para responder a la creciente demanda de energéticos de los países más desarrollados, y del mundo en general.

Por otro lado, el G7 señala que los incrementos en precios en energía y alimentos han resultado en niveles de inflación récord en todo el mundo, particularmente en economías emergentes y países en desarrollo. Ante los riesgos para la seguridad alimentaria,se ha anunciado como respuesta la Alianza Mundial para la Seguridad Alimentaria, junto con el Banco Mundial y el compromiso de aportar desde el G7 4.500 millones de dólares adicionales para proteger a los más vulnerables del hambre y la malnutrición.

Desigualdades de género abordadas desde la retórica

La declaración reconoce el rol central de la “participación plena e igualitaria de las mujeres e incluye el compromiso formal por la igualdad de género, sin embargo, no avanza en propuestas concretas relacionadas al financiamiento de las políticas que harían posible dicho objetivo. En tal sentido, desde la sociedad civil y el movimiento feminista se hace un llamado a incorporar mecanismos concretos en materia de presupuestos con enfoque de género que garanticen el financiamiento con impuestos justos a los derechos de las mujeres.

Más inversión en infraestructura, pero no para el desarrollo

Preocupa que el G7 continúe promoviendo iniciativas que alientan una mayor presencia de la inversión privada en grandes proyectos de infraestructura con la supuesta finalidad de cerrar las brechas existentes, pero sabemos que esto solo resulta en jugosos negocios para los privados. La propuesta lanzada desde la Casa Blanca del “Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII)” y que pretende movilizar unos US$ 600 mil millones hacia el año 2027, va en ese sentido, con una fuerte presencia de modelos que no funcionan, como las Asociaciones Público-Privadas, y que significan un apalancamiento innecesario y la eliminación del riesgo del privado a costa de lo público. Este plan buscaría reactivar el proceso de financiarización de estos activos con el involucramiento de una gran variedad de actores del sector financiero y, de pasada, hacer frente a las pretensiones de China con su ambicioso plan de inversiones globales de la Franja y la Ruta (conocida como la Nueva Ruta de la Seda).

La inversión en infraestructura es absolutamente necesaria para mejorar el acceso a servicios públicos y la mejora de la calidad de vida de las personas, pero esta debe darse bajo ciertas condiciones que prioricen el rol de los Estados y estar enmarcada en los planes de desarrollo de los países.

Se habla de financiamiento de infraestructura; sin embargo, hay escasa atención a la infraestructura del cuidado que se requiere para reducir la carga de trabajo no remunerado que pesa desproporcionadamente sobre las mujeres.

Las promesas de movilizar mayores recursos como parte de la ayuda oficial y de intensificar los esfuerzos para el logro de los ODS y la Agenda 2030, seguramente vienen atadas a los grandes fondos que se moverán como parte de la agenda promotora de la infraestructura y la participación privada. En cambio, las reformas necesarias en la gobernanza económica global para financiar el desarrollo quedan de lado en el discurso de estos países, y no se espera mucho de ellos al pretender tener un mayor debate en las Naciones Unidas cuando se trata del Financiamiento para el Desarrollo, dejando la duda de si apoyarán la realización de una Cuarta Conferencia sobre FpD, absolutamente necesaria ahora más que nunca a 20 años del Consenso de Monterrey.

El G7 insiste en que la recanalización de los Derechos Especiales de Giro (DEG) se dé a través del Fondo Fiduciario para el Crecimiento y la Reducción de la Pobreza y al Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la Sostenibilidad del FMI. Sin embargo, la implementación de estos instrumentos no constituirá acceso a liquidez sin deuda ni una recanalización de recursos justa, como se ha venido advirtiendo desde la sociedad civil.

Sin avances en respuesta a las crisis globales

Los países de América Latina no han recuperado aún los niveles de empleo previos a la pandemia y las brechas de género en el mercado laboral continúan sin ser abordadas. Las diferentes crisis que afectan a los países en desarrollo requieren mayores y más trascendentales esfuerzos para una recuperación verdaderamente justa, inclusiva y sostenible.

Las mujeres fueron afectadas desproporcionadamente y los avances en su autonomía económica en las últimas décadas han retrocedido rápidamente. Es necesario apoyar la recuperación económica con políticas económicas feministas superando la visión centrada exclusivamente en el Producto Interno Bruto y en las mujeres con un rol instrumental.

Desde LATINDADD vemos con mucha preocupación que las medidas tomadas por los países agrupados en el G7 frente a la guerra entre Rusia y Ucrania resulten en un cambio de prioridades y también en los flujos de financiamiento, que debiliten la Agenda Climática y la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, y pongan en riesgo el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y aquellos trazados en el marco del Acuerdo de París para frenar la crisis climática. En el marco de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, los países del G7 tienen la responsabilidad histórica de ser quienes más aporten al cumplimiento de dichas agendas internacionales.


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