Sin cambios sustantivos en un momento que exige transformaciones urgentes
El G20 ante un contexto de incertidumbre, guerra, pandemia y crisis climática
La economía continúa arrastrando los efectos de una pandemia que aún no ha terminado, así como impactos cada vez más devastadores de la crisis climática, y en medio de una recuperación lenta y desigual, especialmente para los países menos desarrollados, la guerra e inflación exacerban la ralentización del crecimiento a nivel mundial. América Latina fue la región con la mayor caída de su Producto Interno Bruto durante el año del estallido del Covid-19 y, si bien tuvo un repunte en 2021, las proyecciones para este año y el siguiente son las más bajas del mundo. El último reporte sobre las Perspectivas de la Economía Mundial ha revisado a la baja las proyecciones del crecimiento para 2022 y 2023 respecto al reporte de enero. Para América Latina y el Caribe el escenario es distinto, principalmente por el aumento de los precios de commodities que son productos que constituyen una importante porción de las exportaciones de los países de la región y, si bien no se proyecta una ralentización mayor, continúa siendo la que menor crecimiento experimentará en 2022.
Crecimiento económico y proyecciones por región (en %)
No es suficiente enfocar los esfuerzos en buscar sólo una recuperación económica, sino aquella que permita abordar los problemas estructurales, que sea más inclusiva y más verde, en una de las regiones más desiguales del mundo y vulnerable a los efectos del cambio climático. En el caso específico de las mujeres, la recuperación debe incorporar el hecho de que ellas ya están trabajando más horas que los hombres, si se suman las horas de trabajo no remunerado, por lo que “reducir las brechas de participación económica” puede ayudar al aumento del producto, pero no a la autonomía y bienestar de las mujeres. Sin un mayor rol del Estado en la provisión de servicios públicos, el crecimiento no garantiza el ejercicio de los derechos de las mujeres.
Este panorama evidencia que, para los países en desarrollo, las dificultades se profundizan ante una arquitectura financiera internacional que requiere una reforma con carácter urgente.
Por otra parte, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania ha sido un tema central durante las reuniones de primavera del Banco Mundial (BM) y del Fondo Monetario Internacional (FMI) de este año y, como se esperaba, se ha trasladado a la mesa de decisión del Grupo de los 20 países más desarrollados, el G20. A diferencia de anteriores años, este año se aseguró durante la conferencia de prensa del G20 que hubo consenso en seguir avanzando en la respuesta a la crisis económica global, pero finalmente no se llegó a un acuerdo para emitir el communiqué habitual de la reunión de Ministros de Finanzas y Presidentes de Bancos Centrales. En esa línea, tampoco existió el comunicado oficial del Comité Monetario y Financiero Internacional (IMFC, en inglés), sólo su rueda de prensa. En términos de deuda, el G20 tiene por delante una tarea central para permitir la recuperación de las economías emergentes y en desarrollo y evitar que muchas economías entren en situaciones insostenibles e impagos de deuda. Lamentablemente, por ahora sólo quedan sobre la mesa las propuestas –que continúan siendo insuficientes– del FMI y Banco Mundial para mejorar el mecanismo de reestructuración de deuda del G20, pero ninguna decisión concreta respecto a este problema latente.
Inflación y deuda entre los principales riesgos que desafían la recuperación y estabilidad financiera
Entre los temas centrales que marcaron agenda en las reuniones de primavera del Banco Mundial y el FMI, está la inflación creciente en el mundo, cuyo principal impulsor sería la guerra, que se suma a los persistentes problemas en las cadenas de suministro. El énfasis está en el nivel de precios de los alimentos y la energía, con efectos mayores en los hogares con menores recursos por la composición de su consumo. En ese sentido, el Banco Mundial estimó que, por cada incremento adicional de uno por ciento en la inflación de alimentos, casi 10 millones de personas serían empujadas a vivir en pobreza extrema. También se ha resaltado la estrecha relación de la seguridad alimentaria con la pobreza en diferentes espacios, por ejemplo, en el discurso de apertura de la Directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva, centrado en una crisis tras otra crisis.
Otro tema que entró en agenda de manera persistente pero superficial fueron los problemas y desafíos de la deuda global, en torno a lo que se esperaba mayor compromiso y decisiones ante los riesgos que se tienen por delante. La deuda continúa incrementándose en el mundo en desarrollo y tanto la deuda pública como la del sector privado requieren medidas de solución para evitar consecuencias más severas que las observadas hasta ahora. El FMI propone adoptar un enfoque de cooperación para la deuda global advirtiendo que “si se improvisa” en las reestructuraciones, tanto acreedores como deudores verán sus costos incrementados. Particularmente, el Fondo también ha estado analizando la deuda privada desde una perspectiva de los efectos en el crecimiento y desde una perspectiva de la estabilidad financiera para la deuda pública. Inclusive el reporte sobre las perspectivas económicas del FMI dedica un capítulo a la situación de la deuda privada y la recuperación económica.
Respecto a los problemas de deuda pública, se ha reconocido que el Marco Común del G20 no ha cumplido sus promesas sobre las reestructuraciones. Entre los “avances”, se ha confirmado que China finalmente acordó participar del comité de acreedores para la reestructuración de deuda de Zambia, uno de los tres países en el mundo que aplicaron al Marco Común. Asimismo, Kristalina Georgieva ha confirmado, tanto en la rueda de prensa del IMFC como en el Debate sobre la Economía Mundial, que hay un compromiso de avanzar en la implementación, claridad, especificidad de cronogramas y otros sobre este mecanismo de reestructuración de deuda. No obstante, las propuestas continúan siendo insuficientes y no representan una respuesta real y estructural al problema de la deuda. Es necesario y urgente, tal como lo se propone desde Latindadd, contar con un mecanismo independiente y más democrático, en el marco de las Naciones Unidas, donde todos los países tengan voz y voto en torno a las decisiones de política que se toman y repercuten en el mundo, pero principalmente a los países en desarrollo que son los más afectados por la deuda y la arquitectura financiera actual.
Uno de los aspectos importantes que mencionó Kristalina Georgieva fue que desde el FMI están presionando para que se produzcan cambios legales en Nueva York y en Londres, para cerrar las lagunas jurídicas que favorecen a los fondos buitre y otros que impiden la resolución de la deuda. “Estamos discutiendo cómo podemos introducir más medidas de contingencia en los acuerdos de deuda, así como presionar para que haya más transparencia en la deuda”, señaló.
El FMI, en su Monitor Fiscal, reconoce que la política fiscal tiene un rol central en momentos de dificultades y crisis. Señala que en un difícil contexto “las restricciones presupuestarias se hacen sentir cada vez más, a medida que los bancos centrales suben las tasas de interés para combatir la inflación”. Esto representa condiciones financieras menos favorables para los países de ingreso medio y un mayor costo de la deuda en las economías emergentes y en desarrollo. Entre el menor espacio fiscal y un contexto de alza de tasas de interés, las consecuencias para las poblaciones de estos países ser profundizan, siendo las mujeres uno de los grupos más afectados.
En términos de consolidación fiscal, el FMI señala que “eso no debería impedir a los gobiernos brindar apoyo bien focalizado a los refugiados desplazados por los conflictos, a los hogares apremiados por el encarecimiento de los alimentos y los combustibles, y a los afectados por la pandemia. A nivel más amplio, es necesario seguir priorizando el gasto social y sanitario”.
Entre los riesgos principales para economías como las de América Latina, está el endurecimiento de condiciones financieras que encarecen la deuda y el acceso a liquidez. No obstante, la situación de la región se ve reflejada en la siguiente figura sobre economías emergentes y países de ingreso medio, pues la deuda representa una vulnerabilidad, pero gran parte de los países tienen un colchón de reservas internacionales suficiente y no representa un problema. Sin embargo, lo que se necesita es contar con liquidez –que puede venir en forma de una nueva emisión de Derechos Especiales de Giro (DEG)– pero no para ir a acumular más reservas innecesariamente, sino para afrontar las consecuencias de la crisis múltiple y necesidades prioritarias de las personas.
Canalización de DEG y el Fondo Fiduciario para la Resiliencia y Sostenibilidad (FFRS)
En la antesala a las reuniones del FMI y Banco Mundial, el 13 de abril de 2022, se oficializó la creación del FFRS y durante las reuniones se confirmó que ya se cuentan con 40.000 millones de dólares para dar inicio al fondo con el compromiso de 12 países a la fecha y se espera que pueda estar en operación antes de las reuniones anuales.
Sobre este mecanismo para la canalización de DEG, persisten las preocupaciones acerca de su diseño, tamaño y condiciones. La pregunta desde la región es si este fondo representará acceso a más recursos o más deuda condicionada, y si estos recursos serán contabilizados como parte de los 100.000 millones de dólares anuales que los países desarrollados se comprometieron a movilizar para apoyar a los países del sur global a partir de 2020, y que no se ha cumplido a la fecha. Además, existen otras alternativas para que estos recursos puedan llegar de manera más directa y sin condiciones a las economías que los necesitan.
LATINDADD junto a otras organizaciones de sociedad civil continúa haciendo un llamado para una canalización más justa de los DEG, así como una nueva emisión ante la necesidad que tienen los países para responder a los diversos desafíos que supone la crisis múltiple acrecentados por la guerra. Es central que la provisión de liquidez sin incrementar la carga de la deuda y sin condicionalidades pueda ser entregada para impulsar la recuperación y evitar que continúe retrasándose la agenda 2030, la reducción de desigualdades como las de género y atender la crisis climática en los países en desarrollo. Actualmente, 98 países ya han utilizado sus DEG entre agosto de 2021 y marzo de 2022, sin embargo, es necesario propiciar cambios en la relación entre los Bancos Centrales y los Ministerios de Finanzas para permitir el uso fiscal de los DEG. A la vez, se requiere no sólo una nueva emisión de DEG, sino cambios en la distribución de éstos para que puedan apoyar verdaderamente a los países de ingreso medio y bajo, la cual debería basarse en las necesidades de los países y no en el tamaño de sus cuotas en el FMI.
La respuesta del financiamiento a las amenazas persistentes de la crisis climática acentúa la deuda
Si bien el Banco Mundial anunció un Paquete de Crisis para responder a los desafíos que plantea la actual guerra entre Rusia y Ucrania, que toma en cuenta el enfoque de Desarrollo Verde, Resiliente e Inclusivo (GRID) que se ha venido promoviendo desde años pasados, es muy probable que esta ayuda sea canalizada a través de préstamos, e incremente los niveles de deuda de países, por tanto podría no ser la mejor solución. Además, este tipo de iniciativas incluyen la promoción de la inversión privada en proyectos de “desarrollo” como parte de una política de brindar garantías y el menor riesgo posible al privado a costa de recursos públicos. Se anunció una movilización inicial de 50.000 millones de dólares entre abril y junio 2022, y posteriormente podría alcanzar 170.000 millones de dólares bajo un paquete de apoyo de 15 meses, a junio de 2030, lo que aún se encuentra bajo análisis por el Directorio Ejecutivo.
También se comprometió a alinear el 85% de su cartera al Acuerdo de París desde 2030, en base a su Plan de Acción sobre Cambio Climático, y resaltó que es el principal banco multilateral que financia acciones de mitigación y adaptación. Sin embargo, preocupa que este financiamiento llegue principalmente en forma de préstamos, que incrementarán los niveles de deuda. Por ejemplo, según el reporte conjunto de financiamiento climático de Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD) publicado en 2021, en 2020, 69% del financiamiento climático canalizado por BMD hacia países de ingreso bajo y medio se realizó a través de préstamos.
Asimismo, se cuestiona que tanto el FMI como el BM, continúen alentando el uso de mecanismos de mercado y que consideren como uno de sus roles más importantes el de canalizar financiamiento privado, cuando se requiere que el financiamiento climático de carácter público sea canalizado de manera más justa y eficiente, y no a través de instrumentos que incrementen la deuda, reconociendo la deuda climática que los países más desarrollados le deben al mundo.
Si bien el FMI ha reconocido al cambio climático como un elemento importante en la definición de sostenibilidad de la deuda, tampoco se han visto avances sustantivos que garanticen que los riesgos climáticos, así como otros elementos relacionados a derechos humanos y a la Agenda 2030, serán incorporados sistemáticamente en la metodología de análisis de sostenibilidad de la deuda y en los programas actuales del Fondo.
Sin avances sustantivos ante una crisis múltiple de magnitud histórica
Durante la conferencia del G20 se señaló que hay consenso en la dirección de las decisiones, pero no se observó la misma convicción en las acciones concretas que se necesitan con urgencia. No parece que las demandas, propuestas e iniciativas que se impulsan desde sociedad civil estén siendo escuchadas. A ello se suman las tensiones políticas que dificultan una salida rápida a la crisis múltiple. Una vez más, se pone de relieve la necesidad de un verdadero multilateralismo que contribuya a una recuperación justa y transformadora y al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Nuevamente, las políticas de generación de espacio fiscal para los países de ingreso medio, como lo son los latinoamericanos, son muy reducidas e insuficientes.
LATINDADD viene trabajando en propuestas claras y específicas de corto y largo plazo para buscar un equilibrio en la gobernanza financiera global entre el Norte y el Sur, de modo que los países en desarrollo puedan responder a la crisis múltiple y recuperarse de manera justa, sostenible e inclusiva, al tiempo que resuelven problemas estructurales. Lamentablemente, no se han dado pasos significativos y la situación permanece similar a la que se tenía antes de las reuniones de primavera que, particularmente este año, han evidenciado de manera clara la inaplazable necesidad de contar con una nueva arquitectura financiera internacional más democrática que permita responder de manera oportuna a los desafíos que plantea la magnitud de las crisis, así como minimizar los costos sociales que estos períodos recesivos conllevan.
