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Hoy el mundo atraviesa una crisis múltiple profundizada por la guerra, con efectos desiguales que afectan en mayor medida a los países menos desarrollados y más vulnerables y que, además, enfrentan mayores dificultades en su recuperación. La capacidad de los países más desarrollados, como el G7, para aplicar políticas fiscales y monetarias contra-cíclicas marca la diferencia respecto a las posibilidades del resto del mundo (180 países) que ahondaron sus déficits fiscales y endeudamiento público y privado en un contexto que inicialmente presentaba tasas de interés más bajas que las que se tienen actualmente y que se proyecta continúen aumentando.
En términos económicos, la crisis no presenta una combinación de subida de tasas de interés con una caída simultánea de los precios de las materias primas, por lo que el problema que se enfrenta es distinto a crisis anteriores. Sin embargo, el aumento de la inflación en el mundo, principalmente en alimentos y energía, y el consecuente incremento de tasas de interés por parte de los bancos centrales, endurece las condiciones financieras para las economías en desarrollo. Esta situación, junto a la débil y lenta recuperación de las economías del Sur, provocan dificultades de liquidez para los países, problemas en las balanzas de pagos y un mayor costo de la deuda.
Los crecientes niveles de deuda pública plantean desafíos importantes en la crisis post-COVID para decisiones de política económica a nivel nacional y para la arquitectura financiera internacional. En relación a los posibles problemas ocasionados por la insostenibilidad financiera, especialmente relacionados a la deuda pública externa, la investigación recientemente publicada por Latindadd y realizada por el economista Oscar Ugarteche, plantea una propuesta a partir de un enfoque institucional para la reestructuración de ésta y la necesidad de un tribunal de arbitraje independiente bajo el auspicio de Naciones Unidas.
Por un lado, los gobiernos deben tener el espacio para reestructurar sus préstamos en circunstancias imprevistas, antes de entrar en insolvencia o en dificultades de pago y así evitar políticas de austeridad y reducciones masivas del gasto público que impiden la atención adecuada de necesidades prioritarias de las poblaciones. Por otro lado, los mecanismos deben actuar con un enfoque de control de daños una vez que el país atraviesa problemas de liquidez y requieren una reestructuración de deuda. Para ello, el documento propone la creación de un Tribunal Internacional de Arbitraje de la Deuda Soberana (TIADS) para evitar, en la medida de lo posible, que se produzcan grandes crisis económicas que perjudiquen a las naciones emergentes. Esta instancia garantizaría la atención de los problemas de deuda de manera oportuna, integral y transparente, con un árbitro independiente y donde participen todos los acreedores en un proceso de renegociación. De esa manera, el beneficiario final de esta relación más justa entre acreedores y deudores será la población, principalmente los grupos más vulnerables, mujeres, niños y niñas, los más pobres.
La resolución de problemas de deuda pública puede darse en dos diferentes condiciones: prevención de crisis y resolución de crisis ante eventos imprevistos. En el primer y preferible caso, cuando el ministerio de finanzas prevea que los pagos de la deuda van a restringir el crecimiento debido a algún factor externo adverso, deber solicitar al TIADS una suspensión y una reestructuración. En el segundo caso, cuando los países se enfrenten a sobrecostes por la acumulación de vencimientos o por circunstancias imprevistas y se encuentran incapaces de pagar, solicitarán una reestructuración.
Se plantea que el TIADS constituya un nuevo foro de negociación y podría funcionar como una Secretaría como parte del sistema de la ONU, por ejemplo, bajo el auspicio de UNCTAD. El Tribunal se encargaría de recibir las solicitudes de los deudores para reestructurar sus deudas internacionales, lo que sería evaluado en base a un análisis de sostenibilidad financiera integral, y llevaría a convocar las suspensiones de pagos y solicitar la protección del Estado deudor a todas las jurisdicciones nacionales donde tenga un conflicto financiero.
Para realizar los Análisis de Sostenibilidad de la Deuda (ASD), una posibilidad es iniciar el análisis con el supuesto de que el Gobierno deudor no puede hacer frente a sus pagos. Los acreedores, los tenedores de bonos y los gobiernos, tienen poco o ningún margen de maniobra cuando un deudor comprueba que no puede hacer frente a sus pagos bajo determinados parámetros y umbrales en función al panorama actual de la deuda pública total. Es necesario que haya un consenso sobre el uso del instrumento de los ASD en cada caso, y sus proyecciones deberían ayudar al TIADS a decidir cuándo ordenar una paralización.
Una reestructuración oportuna e integral en este momento es crucial y no sólo beneficiará a los países con mayor endeudamiento, sino a todas las partes interesadas y contribuirá a la estabilidad del sistema financiero internacional ante los crecientes riesgos de futuros impagos/incumplimientos de deuda desordenados que ya se han venido advirtiendo a nivel global. Si no se actúa ahora, esto implicaría la agudización de las diferentes crisis y la intensificación de sus consecuencias negativas, principalmente para los países del Sur Global.
Frente a la mayor crisis económica en más de 100 años, se requieren distintos mecanismos de solución ante un endeudamiento insostenible que sumerge en mayor pobreza y desigualdad a muchos países, que planteen un verdadero cambio en la arquitectura financiera internacional y en el rol de las instituciones financieras internacionales.
Se plantea la implementación de un Tribunal Internacional de Arbitraje de la Deuda Soberana (TIADS) dentro del sistema de Naciones Unidas para la renegociación oportuna, ordenada, justa e independiente de la deuda externa del sector público, con una participación de todos los acreedores y con la implementación de medidas preventivas y de control de daños a tiempo, sin esperar a llegar a una situación de insolvencia y que no implique la aplicación de políticas de austeridad. El TIADS es un instrumento que puede contribuir al logro de los ODS y la agenda climática, priorizando la sostenibilidad de los Estados en su deber de dirigir recursos a la inversión en educación, salud, generación de empleo, y en políticas que garanticen el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales.
*Este artículo está basado en el documento de investigación “¿Qué hacer ante una crisis de deuda externa? Una mirada desde el Sur Global para un problema público y privado”, elaborado por Oscar Ugarteche.
