Andrés Arauz *
En una ceremonia a principios de octubre, el presidente de Ecuador y mi oponente en las elecciones presidenciales de 2021, Guillermo Lasso, lanzó una advertencia a aquellos “osados que pretenden escudriñar” su patrimonio. Se refería a los Papeles de Pandora publicados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que revelaron cómo decenas de líderes mundiales –incluyendo a Lasso– habían escondido millones de dólares para no pagar impuestos.
Sus palabras amenazadoras iban dirigidas sobre todo a mí, por mi conocimiento del mundo offshore y mi determinación por investigarle a pesar de recibir amenazas de muerte.
En 2017, Ecuador aprobó una ley anticorrupción prohibiendo que servidores públicos mantengan capitales en paraísos fiscales, directa o indirectamente. Este término estuvo ahí para evitar ocultar estructuras opacas y complejas con fideicomisos, fundaciones o sociedades. Como candidato, en 2020 solicité la impugnación de la candidatura de Lasso por esa razón, pero Lasso firmó una declaración juramentada en la que aseguraba no tener propiedades en paraísos fiscales y en ese entonces la justicia electoral le dio la razón.
Eso me llevó a dar por concluido este tema e, incluso, cuando perdí la elección en febrero, ofrecí un discurso de concesión y le llamé para felicitarle. Él me ofreció poner fin a la persecución política en contra de los progresistas que había iniciado el ex mandatario Lenín Moreno.
Sin embargo, los Papeles de Pandora revelaron que Lasso en realidad trasladó acciones en sociedades de responsabilidad limitada que representan a 130 inmuebles en Florida desde Panamá hacia dos fideicomisos en el estado de Dakota del Sur. Lasso reconoció además la existencia de catorce entidades que habían sido ocultadas a la autoridad tributaria ecuatoriana.
Lasso negó tener vínculo con estas entidades antes de asumir la presidencia, incluyendo el Banco Banisi en Panamá. Sin embargo, una investigación de la organización Latindadd reveló que Lasso, un día antes de firmar la declaración juramentada, traspasó sus acciones del Banco Banisi a Banisi International Foundation, una nueva fundación de interés privado de la cual sus hijos son los beneficiarios nominales pero sin el “protector” no tienen poder de decisión.
El balance del Banco Banisi, publicado por la Superintendencia bancaria panameña, indica que la mayoría de los depósitos de esta entidad provienen de “extranjeros”. De los $468 millones en depósitos, $300 millones corresponden a titulares de cuentas de personas no residentes. Esta cantidad ha ido aumentando ya que en el diciembre de 2019 era $239 millones. Un informe de calificación crediticia publicado por este banco estableció que una “alta concentración” de depósitos provienen de Ecuador. Esto plantea interrogantes sobre el papel del Banco Banisi como facilitador de flujos financieros ilícitos.
Tras los Papeles de Pandora, una amplia mayoría del parlamento ecuatoriano ordenó una investigación. Las instituciones del gobierno poco o nada colaboraron, alegando que se trata de información reservada mientras que Lasso se negó a asistir a las sesiones. Cuando la comisión parlamentaria aprobó el informe vinculando a Lasso con paraísos fiscales, su gobierno inmediatamente la atacó y la Fiscalía inició una investigación penal contra los parlamentarios.
Poco después empecé a recibir amenazas e intimidación contra mí, no por haber sido candidato presidencial, sino por insistir en investigar a Lasso y por hablar en los medios sobre este caso como experto en banca offshore. Afines al gobierno lanzaron ataques coordinados de troles en redes sociales divulgando noticias falsas sobre mí, amenazas de muerte e insultos.
Un parlamentario vinculado a Lasso me injurió acusándome de lavado de dinero basado en un meme falso ampliamente divulgado en redes sociales. Y se ampliaron investigaciones penales contra mi por una noticia falsa, involucrando a mis padres jubilados y a todos los ex candidatos progresistas. Decenas de organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales, incluyendo la Coalición por la Transparencia Financiera, se pronunciaron firmemente en un comunicado de respaldo, lo cual agradezco profundamente.
Pero por desgracia, nada ha cambiado.
El pasado 8 de diciembre, se publicó un escueto dictamen del Contralor General suplente que concluía que Lasso no tenía intereses offshore al no considerar a Dakota del Sur un paraíso fiscal, a pesar de ser ampliamente reconocido por ello. Pero el bloqueo a la investigación contra Lasso no terminó ahí. Ese mismo día, una accidentada mayoría de la Asamblea Nacional del Ecuador, frenó la destitución del presidente, pero en segunda instancia decidió convocarlo a rendir explicaciones y decidió remitir su investigación a otras autoridades del Estado. Lasso anunció que no acudirá.
Irónicamente, Lasso –junto a los presidentes de otros países como Kenia y Chile cuyos líderes también figuran en los Papeles de Pandora– fue invitado a la reciente ‘Cumbre por la Democracia’ organizada por Estados Unidos. Durante la cumbre se anunció crear un registro de beneficiarios reales, incluso para los fideicomisos de Dakota del Sur y medidas anti fraude para los inmuebles. Es fundamental que este registro sea público, abierto a todos, que EE.UU. implemente el intercambio automático de información internacional. Aún queda por ver si todas las promesas hechas se harán realidad.
En total, 7 billones de dólares están escondidos en jurisdicciones secretas y paraísos fiscales, equivalente al 10% de los ingresos mundiales, según el Panel de Alto Nivel sobre Responsabilidad, Transparencia e Integridad Financieras Internacionales de Naciones Unidas. Mientras sobre todo los países en vías de desarrollo están luchando contra la pandemia de Covid-19 y su impacto económico y social, luchando por proveer atención básica a sus ciudadanos y comprar vacunas.
Por tanto, es evidente que el problema de evasión fiscal y opacidad financiera, y el dinero que canalizan personas poderosas a los paraísos fiscales, es un problema que no sólo afecta a mi país, sino a todo el mundo. Combatir la opacidad financiera es una lucha por la verdad y la justicia social que no podemos permitirnos abandonar.
* Andrés Arauz, ex candidato presidencial ecuatoriano e investigador
Read in English
His threatening words were directed primarily at me, because of my knowledge of the offshore underworld and my determination to investigate him despite receiving death threats.
In 2017, Ecuador approved an anti-corruption law prohibiting public servants from holding assets in tax havens, directly or indirectly. This term was there to avoid the use of opaque and complex financial structures like trusts, foundations or partnerships. Last year I formally challenged Lasso’s candidacy for that reason, but he then signed an affidavit in which he claimed not to have properties in tax havens and the electoral commission agreed with him.
That led me to drop this issue and when I lost the election in February, I even gave a concession speech and spoke by phone to congratulate him. He offered me to put an end to the political persecution against progressives that former president Lenín Moreno had started.
However, the Pandora Papers revealed that Lasso had in fact transferred shares in limited liability companies representing 130 Florida properties from Panama to two trusts in the state of South Dakota. Lasso also recognised the existence of 14 entities that had been hidden from the Ecuadorian tax authorities.
Lasso denied having ties to these entities before assuming the presidency, including Banco Banisi in Panama. However, an investigation by the Latindadd organisation revealed that Lasso, a day before signing the affidavit, transferred his shares from Banco Banisi to the Banisi International Foundation, a new private interest foundation where his children are nominal beneficiaries but without any decision-making powers.
After the Pandora Papers were released, a large majority in parliament ordered an investigation. Official institutions cooperated little or nothing, claiming that it is confidential information while Lasso refused to attend the hearings. When the parliamentary commission approved the report linking Lasso to tax havens, his government immediately attacked the commission, and the Prosecutor’s Office launched a criminal investigation against the parliamentarians.
Soon afterwards, I started receiving threats and intimidation, not for having been a presidential candidate, but for insisting in investigating Lasso and speaking in the media about this case as an economic expert in offshore banking. Government supporters then launched coordinated troll attacks on social media, spreading false news about me, death threats, and insults.
A member of parliament linked to Lasso accused me of money laundering based on a false meme widely disseminated on social media. And criminal investigations were launched against me based on false news, also involving my retired parents and all former progressive candidates. Dozens of national and international civil society organisations, including the Financial Transparency Coalition, published a statement of support which I deeply appreciate.
But unfortunately, nothing has changed.
On December 8, the Comptroller General concluded that Lasso had no offshore interests since it did not consider South Dakota a tax haven, despite being widely recognised for this. But the blockade of the investigation against Lasso did not end there. That same day, a majority of the National Assembly of Ecuador decided not to impeach the president, referring their investigation to other state institutions, but asked him to go to parliament and give an explanation, which he refused to do.
Ironically, Lasso – along with the presidents of other countries such as Kenya and Chile, whose leaders were also revealed in the Pandora Papers to have hidden assets in tax havens – was invited to the recent ‘Summit for Democracy’ organised by the United States. During the summit the creation of a beneficial ownership registry was announced, including for South Dakota trusts, as well as anti-fraud measures on real estate which could impact Lasso, but it’s still uncertain whether these commitments by the US and other countries will become reality.
In total, $7 trillion is hidden in secret jurisdictions and tax havens, equivalent to 10% of global revenues, according to the UN High-Level Panel on International Financial Accountability, Transparency and Integrity. Meantime especially developing countries are fighting the resurgent Covid-19 pandemic and its economic impacts, struggling to provide basic social protection to its citizens and purchase vaccines.
So clearly the problem of tax evasion and financial opacity, and money being funneled by powerful individuals to tax havens, is an issue that not only affects my country, but affects everyone. Fighting for financial transparency is a fight for truth and social justice that we cannot afford to give up.
