Diciembre 2021
El reciente artículo del Fondo Monetario Internacional, escrito por Kristalina Georgieva y Ceyla Pazarbasioglu, representa un claro reconocimiento a los problemas, lentitud y dificultades de las iniciativas y respuestas planteadas a nivel global respecto a la deuda de países en desarrollo en medio de la pandemia. Específicamente, se evalúa el Marco Común del G20 para el tratamiento de la deuda y se apunta a los retrasos y falta de compromiso por parte de acreedores privados. El diagnóstico admite algunas de las demandas y observaciones que las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) ya venían realizando desde hace más de un año. Sin embargo, la respuesta es tardía y las soluciones planteadas quedan reducidas e insuficientes en comparación con las necesidades en medio de una crisis profunda, principalmente por falta de recursos en países en desarrollo que permitan garantizar derechos básicos de las personas.
Las autoras advierten sobre el riesgo de un posible “colapso económico” en algunos países si no se dan respuestas más rápidas en la reestructuración de deuda por parte de los acreedores y, además, consideran necesaria una suspensión del servicio de la deuda durante el tiempo que se realicen las negociaciones de estas reestructuraciones. Esta lectura es acertada en medio de tres situaciones: primero, la pronta finalización de la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda (ISSD) hace que se reanuden los pagos del servicio de deuda el siguiente año; segundo, se ha dado un incremento generalizado del endeudamiento durante la pandemia, lo que eleva los pagos de servicio en mayor medida en países emergentes y se deben evaluar los plazos de vencimiento del mismo; y tercero, el contexto internacional de posibles alzas en tasas de interés. Todo lo anterior representa un panorama más complejo en 2022 para los países en desarrollo que verán incrementada la carga de la deuda y un endurecimiento de condiciones financieras.
Por otro lado, se habla sobre avanzar más en el Marco Común, no obstante, éste no ha despertado el interés de los países y tampoco se tiene ningún resultado concreto un año después de su aplicación. De 73 países elegibles, sólo tres de ellos (Chad, Etiopía y Zambia) solicitaron su adhesión y, hasta el momento, ninguno se ha beneficiado. Respecto a la elegibilidad de países, han dejado fuera a América Latina y los países que podían acogerse a las iniciativas no lo hicieron. El FMI apunta a los problemas de coordinación con el Club de París y otros acreedores como una de las razones de los retrasos y demoras, y plantea mayor claridad en los plazos del proceso y en la aplicación de la comparabilidad de tratamiento con acreedores privados. No obstante, esto no es nuevo. Estas falencias ya se habían observado desde la ISSD y las OSC lo venían discutiendo.
Es evidente que el Marco Común no ha funcionado y ha sido lento. Por ello, es contradictorio el mensaje sobre la entrega rápida, cuando el mecanismo tal como está diseñado cae desde el principio en un proceso largo, en un contexto en el que se debió haber actuado con mayor rapidez y eficiencia. Esta iniciativa se basa, además, en la participación voluntaria de acreedores privados que, claramente, no tienen incentivos para hacerlo. Adicionalmente, no debe perderse de vista que la banca de desarrollo es importante en la estructura de deuda en América Latina y ha sido una fuente de financiamiento durante la crisis. Correspondería abordar también el tema de acreedores multilaterales en el marco de las iniciativas de deuda.
Sin embargo, insistir en el mismo mecanismo, probablemente no sea la solución. Incluso si, hipotéticamente, se lograran mejoras, ya se han desperdiciado dos años de pandemia en los cuales regiones como América Latina han sido duramente golpeadas. Adicionalmente, no se debe perder de vista que para que un país pueda beneficiarse de un tratamiento de deuda bajo el Marco Común, debe contar con el respaldo de un programa del FMI, lo que, en palabras de Fresnillo en un artículo de Eurodad, puede convertirse en un caballo de Troya de austeridad en el futuro.
Finalmente, una de las propuestas que plantea el artículo del FMI y, quizá el más relevante desde la perspectiva de la región, es el llamado a extender el mecanismo a que puedan beneficiarse de esta iniciativa otros países sumamente endeudados. Este planteamiento refleja otra forma de afirmar que los países de renta media podrían aplicar al mecanismo, algo que se venía pidiendo desde la sociedad civil. En esa línea, la utilización del indicador ingresos per cápita para determinar la elegibilidad de los países a estas iniciativas del G20 o para determinar el acceso a financiamiento concesional es superficial y no captura la multidimensionalidad de las necesidades de los países de ingreso medio. LATINDADD junto a Jubilee USA desarrollaron Atlas de Vulnerabilidades para países de América Latina y el Caribe con el fin de evidenciar una serie de vulnerabilidades económicas, sociales y climáticas que no se han tenido en cuenta al momento de implementar las iniciativas de deuda en un contexto de crisis múltiple.
La recuperación en la región será lenta, larga y desigual y es urgente resolver el problema de la deuda. Las propuestas en las que viene trabajando LATINDADD y otras OSC se resumen en el reporte de Deuda y pandemia en países de ingreso medio, donde se destacan la suspensión del servicio de deuda, participación de acreedores privados, revisar el Análisis de Sostenibilidad de la Deuda (ASD), crear un marco multilateral de resolución de la deuda y préstamos en condiciones favorables, todo ello sin dejar de lado el importante tema de aumentar la transparencia de la deuda.
El reconocimiento de problemas que considera el artículo del FMI es un punto de partida, principalmente respecto al alcance reducido de las iniciativas del G20 y en que fracasaron en hacer frente a la crisis, pero continúa siendo insuficiente. No existen soluciones reales a la vista. Las OSC tendrán que trabajar más en ello y en incidir por una nueva arquitectura internacional.
