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Por Rodolfo Bejarano – Latindadd
El pasado 19 y 20 de octubre se llevó a cabo la segunda edición de Finance in Common (FiC), reunión de las entidades financieras más representativas de las finanzas nacionales y regionales, con la confluencia además de los diversos organismos globales existentes relacionados al desarrollo y temas conexos, lo que trajo como resultado un comunicado y una serie de acuerdos que marcarán la pauta en las políticas de financiamiento en los próximos años. La agenda y los debates en los distintos foros temáticos sin duda han seguido la línea de lo que ya se ha venido planteando en los últimos meses en los espacios multilaterales con respecto a la superación de la crisis y la recuperación de la pandemia. Por algo este encuentro se dio entre las reuniones anuales del FMI-BM y la cumbre del G20, esta última a realizarse a fines de octubre en Italia, país que tiene a su cargo la presidencia del G20 este año y que además fue el auspiciador del FiC 2021. Sin embargo, la ausencia de diversos sectores de la sociedad civil que puedan levantar su voz con una mirada crítica a las políticas de estas entidades, demuestra que este espacio es uno más de los que se construyen en base a los intereses de ciertos grupos y con enfoques bastante limitados de lo que podría ser un verdadero mundo más justo.
Este año, alrededor de 500 Bancos de Desarrollo Públicos (BDP) que participaron de manera virtual y presencial, centraron su atención en la agricultura y la seguridad alimentaria, además del abordaje de temas como el cambio climático, la biodiversidad y género. El objetivo estaba enfocado en fortalecer los compromisos de estas entidades en acciones que se encaminen a la recuperación post pandémica con la adopción de modelos que permitan catalizar los recursos públicos y privados, lo que derivó en un acuerdo que conforma una “Plataforma para sistemas alimentarios Verdes e Inclusivos”. La plataforma se propone incidir en los gobiernos y mejorar los marcos regulatorios para que incentiven la agricultura y los sistemas alimentarios sostenibles y respetuosos con el clima, así como promover que los miembros compartan conocimientos y experiencias, en el marco de una adecuada gobernanza y transparencia. Curiosamente, el nombre de la plataforma se asemeja mucho al enfoque de Desarrollo Verde, Resiliente e Inclusivo (GRID, por sus siglas en inglés) impulsada por el Banco Mundial y que busca generar las inversiones necesarias para superar la crisis del Covid-19 y el logro de los ODS, movilizando recursos, especialmente del sector privado y, particularmente, por intermedio de mecanismos que “faciliten” la inversión privada, como las Asociaciones Público-Privadas, los bonos verdes y demás instrumentos financieros[1].
Tal vez motivados por los altos precios de los alimentos o por la necesidad de los gobiernos de satisfacer la demanda alimentaria de aquellos que sufrieron en mayor medida los efectos negativos de la pandemia, lo cierto es que se estima que existe una brecha de financiamiento de entre 300 y 350 mil millones de dólares anuales para la mejora de la agricultura sostenible y el ambiente, lo cual resulta interesante para los inversionistas y para estas entidades canalizadoras de recursos. El asunto de fondo es saber hasta qué punto estos recursos van a realmente satisfacer las necesidades de los pequeños productores y comunidades nativas, o simplemente serán dirigidos a las grandes corporaciones del sector agroalimentario.
Los hechos hasta ahora nos señalan que estos bancos de desarrollo no necesariamente han contribuido con la solución de los problemas de quienes más carencias tienen, sino, por el contrario, han agravado su situación al financiar y patrocinar proyectos que han afectado sus vidas y dañado el entorno en el que viven. Ejemplos hay muchos, tal como lo señala una coalición de movimientos sociales, Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo, que evidencian estos malos comportamientos en los que las entidades financieras públicas han llevado a cabo proyectos que han vulnerado los derechos de las comunidades. En el caso de América Latina, el BID y el IFC han aprobado préstamos para una de las más grandes corporaciones ecuatorianas, Pronaca, para extender la producción intensiva de cerdo y aves de corral, a pesar de la oposición de organizaciones nacionales e internacionales debido a los impactos en el agua y tierras de las comunidades indígenas, afectadas por la contaminación que generan las operaciones de esta compañía[2].
Según un reporte presentado en el encuentro sobre el progreso de la coalición en su primer año de vida[3], los BPD han logrado canalizar alrededor de 2.5 billones de dólares en inversiones en el año 2020, una cifra récord que representa cerca del 12% de las inversiones globales, logrando un crecimiento del 13% respecto a las cifras del 2019. Es decir, hay una gran cantidad de recursos públicos, producto de la recaudación de impuestos de la ciudadanía, que están circulando por ahí y de los cuales probablemente conocemos muy poco en cuanto a los sectores y proyectos a los que están siendo dirigidos y, peor aún, si estas inversiones están logrando efectos positivos para la sociedad.
Un informe de INESC[4] sobre las inversiones de las entidades financieras internacionales en Brasil concluye que en el 2020 estas inversiones no se han focalizado en el combate al Covid-19, a pesar de que las propias entidades afirmaban estar dirigiendo sus esfuerzos en apoyar directamente a las poblaciones más vulnerables a la pandemia, mostrando que los proyectos de estas instituciones, en su mayoría, no incluyeron transferencias directas de dinero a personas que enfrentan el hambre, la compra de medicamentos, ni el apoyo a hospitales y UCI.
Otro ejemplo de lo mal direccionadas que pueden estar las políticas de estas entidades financieras, es el rol que la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide) tuvo en los programas de rescate financiero a las empresas en Perú a causa del Covid-19, tal como el programa Reactiva Perú, que colocó créditos con bajas tasas de interés y con el aval del Estado, beneficiando a muchas grandes corporaciones en lugar de dirigir esos recursos a las pequeñas y micro empresas. Así, el criterio de brindar apoyo a los que más lo necesitan no primó en este programa y se otorgaron créditos a empresas que no requerían de este “salvavidas”, beneficiando incluso a aquellas que repartieron utilidades a sus accionistas o que despidieron a sus trabajadores[5].
Como se puede ver, las entidades financieras de desarrollo están muy lejos de promover programas y acciones que contribuyan con la mejora de los niveles de vida de las personas, beneficiando, en cambio, a los grandes negocios y descuidando la protección y conservación de los recursos. Los BPD, como entidades públicas, deben responder a las expectativas de la sociedad y procurar que los recursos sean usados de la mejor forma, practicando en todo momento la transparencia y rindiendo cuentas por sus acciones a todo nivel. Deben, además, salir de esa lógica perversa actual y dejar de financiar, directa o indirectamente, proyectos que perjudiquen a las poblaciones y el medio ambiente, así como asegurar mecanismos de participación directa de la sociedad civil que puedan proponer soluciones, tales como los pequeños productores de alimentos, las comunidades indígenas y demás actores que defienden los derechos humanos y la naturaleza.
[1] https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/36322/Green-Resilient-and-Inclusive-Development.pdf?sequence=1&isAllowed=y
[2] http://foe.org/wp-content/uploads/2021/05/Letter-to-IFC-EDs-on-Pronaca.pdf
[3] https://financeincommon.org/sites/default/files/2021-10/Progress%20Report%20from%20the%20First%20Year%20of%20Life%20of%20the%20Finance%20in%20Common%20Coalition_0.pdf
[4] https://www.inesc.org.br/en/investments-of-international-financial-institutions-in-brazil-in-2020/
[5] https://ojo-publico.com/2686/reactiva-creditos-millonarios-pagos-adelantados-y-despidos
Getting out of the ordinary in Finance
By Rodolfo Bejarano – Latindadd
The second edition of Finance in Common (FiC) was held on October 19 and 20. The aforementioned event brought together the most representative entities in the field of national and regional finance, with the confluence of the various existing global organizations in the field of development and other related topics. This Summit resulted in a statement and a series of agreements that will set the tone for financing policies in the coming years. The agenda and the debates during all thematic forums undoubtedly followed the line of what had already been raised in recent months among multilateral spaces, that is to say, the proposed measures to overcome the crisis and to recover from the pandemic. Therefore, it is not a coincidence that this Summit took place precisely between the annual meetings of the International Monetary Fund and the World Bank, as well as the G20 summit –which will be held in Italy at the end of October, since this country holds the presidency of the G20 this year and it has also sponsored the FiC 2021–. Nevertheless, the absence of various civil society sectors capable of raising their voices and having a critical look towards the policies of these entities, shows once again that this space, like others, was built solely taking into account the interests of certain groups with fairly limited approaches to what a truly fairer world might look like.
The nearly 500 Public Development Banks that participated this year, virtually and in person, focused their attention on agriculture and food security, in addition to addressing issues such as climate change, biodiversity and gender. The main objective of this Summit was to strengthen the commitments of these entities and to translate them into actions aimed at post-pandemic recovery, through the adoption of models allowing to catalyze public and private resources. The latter resulted in an agreement for the creation of a “Platform for Green and Inclusive food systems”. The Platform is expected to influence governments and to improve regulatory frameworks, so that sustainable and climate-fiendly agriculture and food systems are encouraged, and that knowledge and experiences are promoted and shared within the framework of adequate governance and transparency among its members. Curiously, the name of the Platform closely resembles the “Green, Resilient and Inclusive Development (GRID) approach” promoted by the World Bank, which seeks to generate the necessary investments to overcome the Covid-19 crisis and to achieve the SDGs, mobilizing resources, especially from the private sector –through mechanisms that “facilitate” private investment, such as Public-Private Partnerships, green bonds and other financial instruments[1]–
Whether due to high food prices or the need for governments to meet the food demand of those who suffered the most from the negative effects of the pandemic, the existence of a financing gap is undeniable. This gap is estimated between 300 and 350 billion dollars annually, resources which are necessary for the improvement of sustainable agriculture and the environment, and which seem to be interesting for investors and for resource channeling entities. The underlying issue is to understand to what extent these resources will really satisfy the needs of small producers and native communities, or if they will simply be directed to large corporations in the agri-food sector.
The facts so far indicate that these Development Banks have not necessarily contributed to the solution of the problems of those who have the most deficiencies, but on the contrary, they have aggravated their situation by financing and sponsoring projects that have affected their lives and damaged the environment in which they live. There are several examples, as pointed out by the Coalition for Human Rights in Development –a coalition of social movements– that shows these bad behaviors, in which public financial entities have carried out projects that have violated the rights of communities. In the case of Latin America, the IDB and the IFC have approved loans for one of the largest Ecuadorian corporations, Pronaca, in order to expand the intensive pork and poultry production, despite the opposition from national and international organizations due to the impacts on the water and lands of the indigenous communities, which are affected by the pollution generated throughout the operations of this company[2] .
According to a report presented at a meeting on the progress of the Coalition in its first year of existence[3], Public Development Banks have managed to channel around 2.5 trillion dollars in investments during 2020, a record figure that represents about 12% of global investments, and a growth of 13% compared to 2019 figures. This implies that there is a large amount of public resources, resulting from tax collection from the citizens, that are circulating and whose destinations –sectors and projects to which they are being directed– we know very little, or even worse, if those investments are achieving positive effects for society.
An INESC report[4] on the investments of international financial entities in Brazil concluded that in 2020 these resources were not focused on fighting Covid-19 –despite the fact that the entities themselves claimed to be directing their efforts to support the most vulnerable populations– showing instead, that the projects of these institutions, for the most part, did not include direct money transfers to people facing hunger, nor were they used to purchase medicines or support hospitals and intensive care units.
Another example of how misdirected these financial policies is the role that the Development Finance Corporation (Cofide) had in the financial rescue programs for companies in Peru due to Covid-19, such as: the Reactiva Peru program, which placed loans with low interest rates under the guarantee of the State, benefiting many large corporations instead of directing those resources to small and micro businesses. Thus, the objective of providing support to those who needed it most did not prevail in this program, instead it granted loans to companies that did not require this “lifesaver” and benefited those that distributed profits to their shareholders or those who laid off their workers[5].
As seen, development financial entities are far from promoting programs and actions that contribute to improving people’s living standards, benefiting instead, large businesses and neglecting the protection and conservation of resources. Public Development Banks, as public entities, must respond to society’s expectations and ensure that resources are used in the best possible way, acting under transparency standards and being accountable for their actions.
These entities must get out of the current perverse logic and stop financing, directly or indirectly, projects that harm populations and the environment, ensuring instead, mechanisms for the direct participation of civil society –such as: small producers of food, indigenous communities and other actors that defend human rights and nature– so that those actors are able to propose solutions.
[1] https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/36322/Green-Resilient-and-Inclusive-Development.pdf?sequence=1&isAllowed=y
[2] http://foe.org/wp-content/uploads/2021/05/Letter-to-IFC-EDs-on-Pronaca.pdf
[3] https://financeincommon.org/sites/default/files/2021-10/Progress%20Report%20from%20the%20First%20Year%20of%20Life%20of%20the%20Finance%20in%20Common%20Coalition_0.pdf
[4] https://www.inesc.org.br/en/investments-of-international-financial-institutions-in-brazil-in-2020/
[5] https://ojo-publico.com/2686/reactiva-creditos-millonarios-pagos-adelantados-y-despidos
