Por Adrián Falco, Alvin Mosioma, Dereje Alemayehu, Lidy Nacpil, Luis Moreno y Pooja Rangaprasad
El acuerdo fiscal de los ricos del G7, respaldado recientemente por el Marco Inclusivo de la OCDE, fue aprobado por los Ministros de Finanzas y los Gobernadores de los Bancos Centrales del G20 y pasará a la cumbre del G20 para su aprobación final.
Este acuerdo sólo promueve los intereses del G7 y será perjudicial para los intereses a corto y largo plazo del Sur Global. Transfiere la parte de los ingresos fiscales sobre las ganancias globales y los derechos fiscales adicionales de los países en desarrollo a unos pocos países ricos. En lugar de proponer soluciones a un sistema fiscal inequitativo que ha negado a los países del Sur Global su parte justa de ingresos durante décadas, permite además las transferencias continuas de riqueza del Sur Global al Norte.
El G20 fue diseñado como un instrumento para dar legitimidad a las decisiones que el G7 quiere tomar fuera de la ONU sobre temas que afectan al mundo entero. Los miembros del G20 que no pertenecen a la OCDE no tienen el mandato de representar a los demás miembros que no pertenecen a la OCDE en sus respectivas regiones. Este modus operandi y la estructura del G20 no permite a los miembros del G20 que no pertenecen a la OCDE defender ningún tema o agenda que no sea impulsado por el G7. Sin embargo, tienen la posibilidad y el poder de decir no a decisiones y medidas que sean perjudiciales para sus respectivas regiones.
El G20 no tiene mandato ni legitimidad para hacer o reformar normas fiscales internacionales vinculantes, obligando a los países que no forman parte del proceso de toma de decisiones. Además, aun desconsiderando las circunstancias coercitivas y manipuladoras bajo las cuales los miembros del Marco Inclusivo llegaron a este acuerdo, desafía todos los principios democráticos cuando solo los líderes del G20 se unen para aprobarlo.
La OCDE prácticamente ignoró importantes consideraciones y propuestas que le presentaron públicamente los países del Sur Global. Por ejemplo, se ignoró la propuesta del G24 en las primeras etapas de las “negociaciones” del Marco Inclusivo sobre la distribución fraccionada, así como las críticas al diseño y los parámetros del enfoque de dos pilares (como la absurda división de las ganancias globales de las corporaciones multinacionales en “rutinarias” y “residuales”).
Por otro lado, mientras que las reservas y propuestas de los países en desarrollo fueron ignoradas, el acuerdo otorga concesiones de amplio alcance y deja varias lagunas que benefician a las guaridas fiscales y jurisdicciones conductoras. La propuesta del Pilar Dos establece la tasa impositiva mínima de 15%, mucho más baja que las tasas impositivas corporativas legales de muchos países del Sur Global (African Tax Administration Forum – ATAF ha señalado que la mayoría de los países africanos tienen tasas entre el 25% y el 35%), lo que da impulso a una “carrera hacia al mínimo”. Además, otorgaría la mayoría de los nuevos ingresos de esta medida a los países donde están ubicadas las sedes de las multinacionales, en lugar de a los países de menores ingresos que pierden la mayor parte de sus ingresos fiscales debido al incumplimiento de las normas vigentes.
Mientras que el acuerdo relacionado con el Pilar Uno se aplicaría sólo a unas 100 empresas multinacionales y a una pequeña parte de sus beneficios, la disposición vinculante para prohibir las medidas unilaterales para aumentar los ingresos fiscales internos se aplicaría a todas las multinacionales. Para un proceso de reforma que se propuso entregar una solución ‘la más simple posible’, el acuerdo ha terminado agregando más complejidad, manteniendo en gran parte intacto el roto sistema de precios de transferencia de la década de 1920 y conducirá a los países en desarrollo a un problemático y vinculante sistema de resolución de disputas.
El propósito de esta carta no es hacer un análisis detallado de las desventajas que este acuerdo conlleva para los países en desarrollo. Los pocos ejemplos que dimos anteriormente son suficientes para mostrar que hay el riesgo de encerrar a los países en desarrollo en un acuerdo que dañará sus intereses futuros, sin ninguna ventaja a corto plazo.
Los miembros del G20 del Sur Global no deberían ser cómplices del diseño de los gobiernos del G7 de pisotear el derecho tributario de los países en desarrollo y expropiar los ingresos fiscales que deben pagarse en el Sur Global. El acuerdo es especialmente inconcebible ya que se produce durante la crisis del siglo que ha exacerbado aún más las desigualdades en(tre) los países. Mientras que el Norte Global ha podido implementar grandes paquetes de estímulo y vacunas para recuperarse, el Sur Global enfrenta a un espacio fiscal y político limitado debido a un sistema tributario internacional inequitativo, regímenes de inversión y comercio injustos y crisis de deuda soberana.
Apoyamos a Kenia, Nigeria, Sri Lanka y Pakistán, que han rechazado el acuerdo, y pedimos a otros países que se unan a ellos. Nos parece inaceptable que los países del Sur Global cierren un acuerdo fiscal internacional tan injusto que se les deje la alternativa de aplicar políticas nacionales de recaudación de ingresos a través de impuestos indirectos, que son devastadores para las mujeres y otros grupos marginados. Esperamos que el G24 u otros grupos y países del Sur hayan aprendido que diluir sus propuestas para apaciguar un proceso sesgado de la OCDE no conducirá a un compromiso justo. También esperamos que el fracaso de la OCDE para acomodar las propuestas de reforma del Sur y seguir adelante sin hesitar en la promoción de los intereses de sus poderosos miembros, convenza a los participantes del Sur de que este no es un lugar para negociar un resultado viable y justo.
En lugar de defender los intereses fiscales del G7, es hora de que los países del Sur Global del G20 muestren liderazgo para llevar adelante la propuesta de larga data del G77 que pide un proceso de negociación fiscal inclusivo y transparente en la ONU. La semana pasada, el G77 y China presentaron una propuesta en la Asamblea General de la ONU una vez más pidiendo un organismo fiscal intergubernamental en la organización. Los países del Sur del G20 deberían apoyar esto firmemente, incluida la opción de votar en la Asamblea General, donde los países del G77 son mayoría. Es hora de comenzar un proceso de negociación de principios en un foro en el que todos los países estén representados. Como señalamos anteriormente, el Marco Inclusivo excluye a varios países en desarrollo, incluida la mayoría de los que forman el grupo de Países Menos Desarrollados. Además, los Territorios de Ultramarinos Británicos y las Dependencias de la Corona son jurisdicciones separadas en las negociaciones de la OCDE, a diferencia de la ONU, donde el Reino Unido obtiene un voto.
Fundamentalmente, en la ONU, los países en desarrollo están organizados en grupos de negociación, como el G77 y China (agrupación de más de 130 países en desarrollo), el Grupo de África, el Grupo Árabe, el Grupo de Asia Pacífico, el Grupo de América Latina y el Caribe (GRULAC), la Comunidad del Caribe (CARICOM), Países Menos Desarrollados (LDCs), Países en Desarrollo sin Litoral (PDSL), Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (SIDS), etc. Estos grupos se han formado durante décadas de cooperación e inversión de recursos limitados para priorizar la cooperación internacional dentro de la ONU. Tales agrupaciones de negociación permiten a los países del Sur Global unificar su capacidad de negociación y tratar de evitar las dificultades geopolíticas de arriesgarse como países individuales durante negociaciones plagadas de asimetrías de poder. En contraste, en el Marco Inclusivo de la OCDE, los países no pueden negociar en grupos. Esto es particularmente problemático para los países del Sur Global en un proceso liderado por una sesgada Secretaría y órgano de gobernanza de la OCDE que se encuentra en la parte superior del Marco Inclusivo.
Más que todo, necesitamos un proceso de negociación que sea transparente para que los ciudadanos puedan responsabilizar a sus respectivos gobiernos de garantizar que tenemos un sistema fiscal internacional que grava de manera efectiva a los ricos.
Es imperativo que los países del Sur Global del G20 no respalden este acuerdo, que allanará el camino para la firma de la convención multilateral vinculante de la OCDE. Les pedimos que defiendan los intereses fiscales del G77, no los del G7.
Adrián Falco es secretario de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFALC)
Alvin Mosioma es director ejecutivo de Tax Justice Network Africa (TJNA) y representante de África en el Comité de Coordinación de la Alianza Global por la Justicia Fiscal (GATJ)
Dereje Alemayehu es coordinador ejecutivo de la Alianza Global por la Justicia Fiscal (GATJ)
Lidy Nacpil es coordinadora de Asian Peoples’ Movement on Debt and Development (APMDD) y representante de Asia en el Comité de Coordinación de la Alianza Global por la Justicia Fiscal (GATJ)
Luis Moreno es coordinador de justicia fiscal de Latindadd y presidente del Comité de Coordinación de la Alianza Global por la Justicia Fiscal (GATJ)
Pooja Rangaprasad es directora de políticas y cabildeo por financiación para el desarrollo de Society for International Development (SID)
