Prácticas extractivas conllevan siempre vulneración de derechos y ejercicio de violencia

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El rol de Latinoamérica en la producción de combustibles fósiles es fundamental para comprender la situación que atraviesa la región en términos ecosociales. Esto no solo se debe a que contribuya de manera directa a la crisis climática, sino que también incide en otras problemáticas como la criminalización de los defensores de la naturaleza o la minimización de los impactos reales en los territorios en términos ecológicos y sociales, expresó Eduardo Gudynas, investigador del Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES) en Uruguay.

Durante su participación en la tercera sesión del seminario virtual “Justicia Climática para un Futuro Sostenible en América Latina” el investigador abordó la relación entre derechos y violencias, y resaltó que “no hay ninguna práctica extractiva que esté libre de la salvaguarda de derechos o de ejercer algún tipo de violencia”.

Durante la jornada virtual, organizada por la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social – Latindadd, Gudynas precisó que la violencia debe concebirse como un gradiente, cuyo primer escalafón sería la inaccesibilidad a información para la ciudadanía sobre el impacto real de los procesos extractivos y en último lugar el asesinato de líderes y defensores sociales. Destacó la realidad de Colombia y Brasil, a partir de esta relación directa entre distintas violencia y derechos en el marco de procesos extractivistas.

Gudynas define el concepto extrahección, el cual designa los “casos particulares de extrctivismos violentos que impiden la salvaguarda de los Derechos Humanos”. Esta noción permite caracterizar las prácticas extractivas en términos violentos, por lo que es especialmente útil para los discursos en defensa de los derechos sociales y ambientales.

 

ABANDONO ESTATAL Y PACTOS ECOSOCIALES

Por su parte, Ketty Marcelo, parte del Consejo Directivo de la Central de Comunidades Nativas de la Cepa Central, y Genith Quitíaquez, gobernadora indígena de la comunidad de los Pastos (Colombia), señalaron que el olvido de ciertos territorios de la región latinoamericana por parte de los Estados frente a la crisis climática ha obligado a sus comunidades a reforzar sus propias estrategias de resistencia y cuidado de la vida.

Este contexto, además, se ha visto agravado a raíz de la pandemia de la COVID-19. Marcelo ha insistido en que la cosmovisión indígena concibe a los seres humanos y al medioambiente como parte de un todo, de manera que los Derechos de la Naturaleza no se consideran una extensión de los Derechos Humanos: “pensar en justicia climática es pensar en nuestras vidas”.

Rómulo Torres, copresidente de Latindadd, declaró en el encuentro que la garantía de derechos necesariamente exige la participación activa de los organismos estatales, así como la consideración de pactos ecosociales para avanzar hacía ello. “Este tipo de pactos son instrumentos que favorecen la consolidación de políticas más ecológicas, sin embargo, no necesariamente incluyen a la Naturaleza como sujeto de derecho”, agregó. En otro momento, Torres indicó que los movimientos sociales, cuya labor es imprescindible para la conquista de derechos, deberían ir incorporando este tipo de pactos. En este punto Gudynas reivindica un mayor rigor y agudización de las propuestas que se presentan como alternativas.


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