En la previa a la Cumbre de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales del G20, donde se discutirá el Impuesto Mínimo Global a las corporaciones, organizaciones nucleadas en La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) reclamaron la necesidad de aplicar un impuesto del 25 por ciento, y no del 15% como plantearon los países más ricos, para afrontar las grandes deudas sociales que ha provocado la pandemia en el mundo y en la región.
Este reclamo se plasmó en un encuentro virtual organizado por Latindadd, una organización que viene abogando por una reforma integral del sistema tributario en la región y, que entre otras acciones, impulsó una campaña para imponer un impuesto a la riqueza en Latinoamericana como una forma de hacer frente a los costos sociales del coronavirus. Según sus estimaciones, con la instauración de este gravamen en veinte países de la región, se hubiera podido recaudar al menos US $26,504 millones adicionales por año.
Bajo la consigna “Alternativas frente a la crisis: Impuesto Mínimo global e impuestos a la riqueza”, especialistas y referentes de organizaciones de la región llamaron a los gobiernos a discutir un impuesto mínimo global del 25%, y no el 15 % como acordaron los países del G5, y que esa discusión se dé puertas abiertas a la sociedad. Este reclamo se encuentra en la misma línea planteada por el ministro de Economía argentino, Martín Guzmán.
Dereje Alemayehu, presidente de la Alianza Global para la Justicia Fiscal y asesor principal de políticas económicas de Tax Justice Network Africa, cuestionó que las negociaciones se den en el marco de la OCDE. “OCDE es parte, no es neutral y bloquea negociar en otros foros. Los países ricos no quieren llevar a la ONU esta discusión porque sería pública, transparente. En el contexto de la OCDE es a puertas cerradas, no tenemos rendición de cuentas”, explicó.
“Acordar un impuesto del sólo 15% a las multinacionales seguirá perpetuando un sistema desigual porque las empresas locales continuarán pagando tasas más altas, que oscilan entre el 25 y 30 por ciento”, detalló. “Además, no traerá beneficios a países de bajos ingresos, que se verán obligados a cerrar acuerdos desventajosos. Por eso, es fundamental insistir en la necesidad de imponer un impuesto más alto y que esta discusión se dé en el marco de las Naciones Unidas”, planteó.
Por su parte, Rodolfo Bejarano, referente e investigador de Latindadd, graficó el impacto de la pandemia en la región y cómo incrementó la desigualdad. “Gran parte de la población se vio afectada por la pandemia, pero el patrimonio de multimillonarios no. En la región se pasó de 76 multimillonarios con un patrimonio de 284 mil millones de USD (marzo 2020) a 107 multimillonarios con 480 mil millones (mayo 2021)”, denunció.
En esa línea, valoró los esfuerzos realizados por países como Argentina, que estableció un Aporte Solidario y Extraordinario; de Bolivia, que impuso un impuesto anual a las grandes fortunas, y las discusiones similares que se están dando en Chile, Colombia, Costa Rica, Perú y Uruguay, para evitar que la brecha entre los más ricos y más los pobres sea aún más profunda.
“Los impuestos a las grandes fortunas contribuyen a mejorar redistribución de recursos, pero hacen falta reformas tributarias integrales y decisión política para avanzar contras las grandes élites que se resisten a tributar, que usan todos los artilugios legales para evadir y que encontraron en la región el aparato tributario a su medida”, afirmó al final da panel coorganizado con la Fundación SES y el medio periodístico de Perú WAYKA.
