Impuesto mínimo global desde la perspectiva de los países del Sur

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DECLARACIÓN DE MOVIMIENTOS DE JUSTICIA FISCAL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

 

Los movimientos sociales globales y regionales por la justicia fiscal, desde hace más de una década, vienen luchando con propuestas, diálogo y articulación conjunta para poner fin al saqueo fiscal de las corporaciones multinacionales quienes, bajo diversos mecanismos y beneficios jurídicos, socavan la capacidad de nuestros estados para generar las reformas necesarias para el financiamiento de políticas para el logro social y acceso a la educación, salud, alimentación, vivienda, de una transformación del modelo productivo, de la reducción de las inequidades de género y el financiamiento a los estragos causados al medio ambiente.

Desde el llamado del G20 a avanzar sobre normas que hagan frente a la erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés) en 2012 y con el lanzamiento del Marco Inclusivo de BEPS (MI BEPS) en 2015, encomendado a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se generó con con muchas limitaciones (sobre todo para los países en desarrollo), una batería de herramientas con las que los Estados suscriptores del Acuerdo puedan combatir  la evasión y elusión fiscal y así recuperar los recursos que legítimamente les corresponden y tanto necesitan para el financiamiento de sus políticas públicas. Sin embargo, como están diseñadas, no terminan por resolver el problema central frente al fraude fiscal.

Se da, entonces, un complejo proceso de abordaje sobre las normas para hacer tributar a las empresas de la economía digital bajo los denominados Pilar 1 y 2 del MI BEPS (también conocidos como Blueprints de estos pilares), que se reinició en el 2019 con el desarrollo de un acuerdo para el establecimiento de un impuesto mínimo global. Durante la reunión de los ministros de Finanzas del G7 de junio de este año, se decide establecer un piso del 15% que marcaría, en teoría, el inicio del fin de la carrera a la baja impositiva entre países. Esta propuesta, que además fue contemplada como base bajo la nueva Declaración del MI BEPS, ha sido endosada por 131 de los 139 países que se sumaron a la propuesta.

El G7 y la OCDE han avanzado sobre una propuesta que terminará siendo injusta para los países en desarrollo, pues no aborda los problemas estructurales que están detrás de las inequidades generadas por el gran poder corporativo transnacional. Como han señalado ya varias organizaciones: “es un acuerdo que solo termina beneficiando en mayor medida a un pequeño grupo de países”.

La conclusión de esta propuesta, tal como ha sido establecida, nos deja un mensaje: los países en desarrollo, continúan al margen de las decisiones globales. Esta decisión reafirma los antecedentes de dominación de las posturas de los países más ricos aun cuando, en teoría, el proceso debería ser justo e inclusivo en términos de recuperación de los beneficios generados por las corporaciones y participación efectiva de estos países en las nuevas reglas globales.

El compromiso unilateral del G7 con estas propuestas ha sido recibido con severas críticas por parte de otras organizaciones de justicia fiscal, incluidas: Tax Justice Network, la Alianza Global por la Justicia Fiscal, Eurodad y Oxfam, entre otros.

Dado que es nuestra misión representar los intereses de nuestros ciudadanos, no podemos permitir que el G20 apruebe una agenda que perpetúa la inequidad ya que servirá, principalmente, a los intereses de los países más ricos, a expensas del Sur global.

En ese marco:

  • Hacemos eco de las posturas expresadas por las diversas redes y movimientos globales, afirmando que este acuerdo no tiene nada de “histórico” y que ha sido hecho principalmente para beneficiar mayoritariamente a un grupo de países que tienen el control de la economía global. Un acuerdo hecho por países ricos, para beneficiar a los países ricos.
  • En consecuencia, en representación del Sur global y, más específicamente, de América Latina y el Caribe vemos con mucha preocupación la propuesta inicial del G7 y abordada también dentro del MI BEPS y demandamos un proceso que permita la construcción de una reforma fiscal internacional verdaderamente inclusiva, justa y democrática, donde se tengan en cuenta los intereses y contextos de nuestra región.
  • Requerimos reformas fiscales más ambiciosas y transformadoras necesarias para un acuerdo equilibrado que responda plenamente a las preocupaciones de los países en desarrollo, especialmente en el contexto de los desafíos socioeconómicos que plantea la pandemia de la COVID-19.
  • Para que el proceso de reforma tributaria global sea inclusivo, democrático, justo y transparente, ni el G7, ni el G20, ni la OCDE son plataformas en las que los intereses de las naciones en desarrollo puedan estar representados en pie de igualdad.

Finalmente, hacemos un llamado a los no miembros del G7, del G20 del Sur Global, y especialmente a los países de América Latina y el Caribe, para que apoyen el llamado a un proceso que permita la construcción de una reforma fiscal internacional verdaderamente inclusiva, justa y democrática, donde se tengan en cuenta los intereses de nuestra región y los países del sur global.

 

Declaración respaldada por:

La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social – LATINDADD

La Red de Justicia Fiscal de América Latina y El Caribe – RJFALC

 

La imagen de portada es una composición de Wayka.pe

 


Global minimum tax from the perspective of the countries of the South

DECLARATION OF THE LATIN AMERICAN AND CARIBBEAN TAX JUSTICE MOVEMENTS

For more than a decade, global and regional social movements for tax justice have been fighting using proposals, dialogue and joint articulation as the means to put an end to the fiscal plundering of multinational corporations. Benefitting from various mechanisms and legal loopholes, these corporations undermine the capacity of our states to generate the necessary reforms to finance policies for social achievement and access to education, health, food, housing, a transformation of the productive model, the reduction of gender inequalities and the repair of environmental damage.

Since the G20’s call for progress on rules to address Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) in 2012 and the launch of the Inclusive Framework on BEPS (IF BEPS) in 2015, entrusted to the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), a set of tools has been created to attempt to address the issue. These tools contain a series of limitations (especially for developing countries), yet they enable States subscribed to the agreement to combat tax evasion and avoidance and thus recover resources that are legitimately owed to them and are much needed for the financing of their public policies. However, due to their design, they do not solve the central problem of tax fraud.

There is, then, a complex process of addressing the rules for taxing companies in the digital economy under the so-called Pillar 1 and 2 of the IF BEPS (also known as Blueprints of these pillars), which was restarted in 2019 with the development of an agreement for the establishment of a global minimum tax. During the meeting of the G7 Finance Ministers in June of this year, it was decided to establish a floor of 15%, which would mark, in theory, the beginning of the end of the race to the bottom in taxation between countries. This proposal, which was also contemplated as a basis under the new IF BEPS Declaration, has been endorsed by 131 of the 139 countries that joined the proposal.

The G7 and the OECD have advanced a proposal that will end up being unfair to developing countries, as it does not address the structural problems behind the inequities generated by big transnational corporate power. As several organizations have already pointed out: “it is an agreement that only ends up benefiting, to a greater extent, a small group of countries”.

The conclusion of this proposal, as stated, leaves us with one message: developing countries remain on the margins of global decisions. This decision reaffirms the history of domination of the positions of the richest countries even though, in theory, the process should be fair and inclusive in terms of recovery of the profits generated by corporations and effective participation of these countries in the new global rules.

The G7’s unilateral commitment to these proposals has been met with severe criticism from other tax justice organizations, including: Tax Justice Network, the Global Alliance for Tax Justice, Eurodad and Oxfam, among others.

Since it is our mission to represent the interests of our citizens, we cannot allow the G20 to approve an agenda that perpetuates inequality, as it will primarily serve the interests of the richest countries at the expense of the global South.

In this context:

  • We echo the positions expressed by the various global networks and movements, stating that this agreement has nothing “historic” about it and that it has been made mainly to benefit a group of countries that control the global economy. An agreement made by rich countries, to benefit rich countries.
  • Consequently, on behalf of the global South and, more specifically, Latin America and the Caribbean, we view with great concern the initial proposal of the G7, also addressed within the BEPS IF, and we demand a process that allows for the construction of a truly inclusive, fair and democratic international tax reform, where the interests and contexts of our region are taken into account.
  • We require more ambitious and transformative fiscal reforms necessary for a balanced agreement that fully addresses the concerns of developing countries, especially in the context of the socio-economic challenges posed by the COVID-19 pandemic.
  • For the global tax reform process to be inclusive, democratic, fair and transparent, neither the G7, nor the G20, nor the OECD are platforms where the interests of developing nations can be represented in equal measure.

Finally, we call on non-G7 and G20 members of the Global South, and especially the countries of Latin America and the Caribbean, to support the call for a process that allows for the construction of a truly inclusive, fair and democratic international tax reform, where the interests of our region and the countries of the Global South are taken into account. 

Statement endorsed by:

The Latin American Network for Economic and Social Justice – LATINDADD

The Tax Justice Network of Latin America and the Caribbean – RJFALC


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