Alternativas frente a la crisis: Impuesto Mínimo global e impuestos a la riqueza

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Durante el año 2020, las restricciones impuestas por el contexto de la pandemia mundial por COVID-19 han perjudicado, en mayor medida, a los más pobres y vulnerables. De acuerdo con estimaciones del Grupo Banco Mundial (GBM), durante 2021 estaría empujando a la pobreza a millones de personas más: tras décadas de esfuerzos y avances en la reducción del número de personas que viven con menos de USD 1,90 al día (pobreza extrema), la COVID-19 marca el primer revés. Se advierte que la pandemia mundial empujó a hasta 115 millones de personas más a la pobreza extrema durante el año pasado, quienes estarían ubicadas mayoritariamente en Asia Meridional y en África al Sur del Sahara. 

En América Latina y el Caribe (ALC), el GBM estima que el incremento de la tasa de pobreza extrema para 2021 será de hasta cinco puntos porcentuales, de 24% en 2019 a aproximadamente 29% en 2020 y 2021. Las estimaciones de la CEPAL apuntan a un aumento de la pobreza en ALC del 30,5% en 2019 al 33,7% en 2020, y a un aumento en pobreza extrema del 11,3% al 12,5%. Existe además una importante preocupación por el aumento del hambre en la región. El PMA estima un aumento del 269% en el número de personas en ALC que enfrentan una inseguridad alimentaria severa.

La COVID-19 también constituye una amenaza para otras “brechas” relacionadas con el desarrollo. En particular, en cuanto a brechas económicas, según datos de la Base de Datos mundial sobre la Desigualdad en América Latina, se ha generado una división sin precedentes entre los más ricos y los más pobres. Antes de la crisis de COVID-19 (2019), el 1% superior de la distribución de los ingresos capturaba el 27% de todos los ingresos antes de impuestos, mientras que el 50% inferior se quedaba con solo el 10%. La pandemia de COVID-19 ha exacerbado estas disparidades: mientras millones de hogares luchan por sobrevivir, tras el cierre y el deterioro de negocios, el aumento del desempleo y la salida de la fuerza laboral, a aquellos que están en la cima, parece irles muy, muy bien. 

De acuerdo con la Lista de Multimillonarios del Mundo de Forbes que rastrea su patrimonio neto, entre marzo de 2020 y mayo de 2021 el número de multimillonarios en la región creció de 76 a 107, con un patrimonio neto combinado de $480 mil millones ($196 mil millones más que en 2019). En resumen, el acervo de riqueza de los multimillonarios en ALC, ha crecido más del 40 por ciento durante la crisis; un monto que representa aproximadamente el tamaño de la economía de Ecuador. 

Estas afectación a los ingresos per cápita de muchos y la incapacidad de gravar el crecimiento explosivo de la renta de otros, están menoscabando la capacidad de los países para responder con eficacia a los efectos sanitarios y económicos de la pandemia, en particular cuando, incluso antes de la propagación de la COVID-19, casi la mitad de los países de ingreso bajo ya estaban sobreendeudados o muy próximos a estarlo,  y disponían de escaso margen fiscal para ayudar a los pobres y vulnerables más afectados.

En este contexto se han generado algunas discusiones para generar, analizar y refinar propuestas que sirvan como alternativas para el fortalecimiento de la recaudación fiscal y financiamiento de políticas para el logro entre otros de las Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y contrarrestar las afectaciones de la crisis generada por la pandemia. En ALC, por ejemplo, se cuestiona si hay posibilidades reales de combatir la desigualdad persistente con sistemas tributarios como los existentes: fuertemente apoyados en los impuestos al consumo de bienes y servicios, con soporte —aunque en menor medida— en impuestos sobre la renta y que prácticamente excluyen consideraciones del patrimonio.

Entre estas discusiones, el Panel de Alto Nivel sobre Responsabilidad Financiera Internacional, Transparencia e Integridad para el logro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Panel FACTI) presentó en su informe algunas recomendaciones en febrero de 2021, como producto de un proceso de consultas con diversos actores a escala mundial, mismas que apuntan a movilizar reformas sistémicas globales financieras y fiscales. Asimismo, se ha planteado la creación de nuevos impuestos, direccionados a quienes más tienen. El Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) abogaron porque los Gobiernos establezcan un impuesto “de solidaridad o sobre la riqueza para aquellos que se han beneficiado durante la pandemia, para reducir las desigualdades extremas”. 

De la misma forma, el BM, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y otras organizaciones multilaterales, han endosado la alternativa de imponer un impuesto a las grandes riquezas y, al mismo tiempo, elevar el impuesto a la renta de los ricos. En la región se estima que, con la instauración de impuestos a la riqueza en veinte países de la región, se recaudaría al menos US $26,504 millones adicionales por año.

Desde la sociedad civil también se promueven acciones para visualizar los impactos de las iniciativas de impuesto a la riqueza que se han abierto paso. LATINDADD, haciendo eco de estos planteamientos, hizo un mapeo de los países de la región que aplican, o plantean implementar un impuesto a las fortunas personales en el contexto de los impactos generados por la crisis de la Covid-19. Si bien los avances son alentadores, para lograr resultados más relevantes, es imperativo que los cambios legislativos se acompañen de mecanismos que minimicen la evasión y la elusión, incluyendo el intercambio automático de información y el acceso a los registros para identificar los beneficiarios finales.

Y además de las iniciativas legislativas de cada país, la problemática amerita una visión transnacional, así como los instrumentos, la información y la capacidad de implementación y control de los gobiernos. De lo contrario, se insiste en esquemas que facilitan los altos niveles de evasión y elusión tributaria contemporáneos. Al respecto, se han difundido situaciones como las presentadas por ProPublica, que asevera que, de forma “legal” debido a la no consideración de patrimonios y otras variables importantes, los 25 estadounidenses más ricos pagan menos impuestos (un promedio del 15,8% del ingreso bruto ajustado) que la mayoría de los trabajadores estadounidenses.

Lo anterior no desmotiva los esfuerzos en esta línea, sino que eleva las demandas de coordinación, análisis y estrategias integrales para la puesta en marcha de nuevas iniciativas. Los esfuerzos avanzan y se van cerrando compromisos que comenzaron años atrás a raíz de las regulaciones para frenar la erosión de la base tributaria y traslado de beneficios que conlleva la propuesta BEPS, en la que se hace referencia a la erosión de la base imponible y al traslado de beneficios propiciados por la existencia de lagunas o mecanismos no deseados entre los distintos sistemas impositivos nacionales que permiten la “desaparición” o “traslado” de sus beneficios a efectos fiscales. 

Dado lo expuesto, y a raíz de una nueva reforma del sistema fiscal emprendida por la administración de Biden en Estados Unidos, se reavivaron las movilizaciones de restructuración fiscal sistémica, enfocadas en gran medida en la tributación de la economía digital. Así, el 12 de junio de 2021, los países miembros del G7 firmaron un compromiso para avanzar en la reforma global de la imposición de los beneficios de las grandes multinacionales, especialmente las digitales, sobre la base de dos pilares centrales.

El primer pilar consiste en impulsar redefiniciones del modelo de derechos tributarios — correspondiente a la tributación de las grandes empresas—. Este pilar propone que la distribución de los recursos que tributan estos agentes se haga entre todos los países en los que operan y de los que obtienen beneficios, ya que actualmente lo hacen únicamente en los lugares en los que tienen presencia física o sus oficinas centrales. 

El segundo pilar promueve la adopción de un tipo impositivo mínimo que se aplique a escala mundial (BEPS promovía una tasa de un 12% mínimo global). Y aunque la propuesta inicial para la adopción de una tasa (a raíz de las reformas del gobierno de EEUU) era de alrededor del 21%, en el seno del G7 ésta terminó por ser planteada como “de al menos 15%”. 

En ese sentido, resulta imprescindible analizar y evaluar las propuestas, acciones y esfuerzos que se han generado y se siguen generando sobre el tema, por las diversas organizaciones de sociedad civil y organismos supranacionales como el G24, ATAF, G77, para su consideración en los espacios globales de decisión. 

Texto redactado por Klelia Guerrero García


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