“La economía latinoamericana es la que más ha sufrido efectos de la pandemia, ha registrado el 28% de las muertes por COVID a nivel mundial, lo que muestra las desigualdades de la región; la pobreza se ha incrementado y el PIB cae paulatinamente”, sostuvo Patricia Miranda, directora de Incidencia Global de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social – Latindadd.
Esta afirmación la dio durante el evento virtual: “Deuda Pública en América Latina y alternativas de solución en contexto de la Pandemia por la Covid 19” organizado por el Centro de Investigación sobre inversión y comercio (CEICOM) de El Salvador con el apoyo de Latindadd, Miranda enfatizó que “las respuestas son escasas, suspender el servicio de la deuda, pero no se cancela ni se anula, después cada país debe seguir pagando tenga o no los recursos para hacerlo. América Latina queda fuera de las respuestas porque muchos países son de ingreso medio. Parece que la única opción que se tiene para combatir la pandemia es el endeudamiento”.
“Estos Activos de Reserva no son deuda, la propuesta es reasignar los DEG que no se utilizarán a países que realmente lo necesitan, como una transferencia voluntaria a países de ingreso bajo, con lo cual países de ingreso medio como los nuestros no son contemplados para acceder a mayores fondos concesionales.”, finalizó Miranda.
La directora de Incidencia de Latindadd también hizo hincapié en que es importante recalcar que no se trata solo de una crisis de pandemia, sino que engloba otros tipos de crisis que amplifican las desigualdades que se profundizan entre países y al interior. La extracción de la riqueza sigue siendo una de las prioridades.
El evento de análisis tuvo la participación de Rómulo Torres, presidente Latindadd (Perú), Patricia Miranda, directora de Incidencia Global Latindadd, Mario Valencia, analista Latindadd y Edgardo Mira, CEICOM (El Salvador)
Por su parte, Mario Valencia, analista Latindadd (Colombia) destacó el hecho de que el FMI entra a resolver el problema de balanza de pagos de los países a cambio de los recursos otorgados bajo propuesta de una apertura económica, privatización y garantizar que los países van a retornar los prestamos hechos mediante la orientación de la economía a la austeridad con poca capacidad e intervención a través de gasto publico que origina rezago en las economías.
“Hay un aumento en la deuda y un incremento del servicio de la deuda y va en contra con la disponibilidad de recursos para gasto público, profundiza el modelo productivo y comercial en el cual los países de América Latina venden al mundo con materias primas y recursos naturales, lo que origina un balance negativo. Lo que se vende no alcanza a equilibrar las compras de la región”, Sostuvo Valencia.
Vuelve el FMI en AL proponiendo las mismas recetas de las décadas pasadas, “les préstamos más plata pero deben tomar medidas de austeridad fiscal”, lo que no abastece ni alcanza a la mejora de las economías de los países, finalizó Valencia.
En el evento se hizo notar el hecho de que hay un notorio impacto en el incremento de la pobreza, que originará una lenta recuperación de la economía de los países. Se dan decisiones globales y políticas económicas desde el G20 G7 etc. El 80% de las respuestas fiscales en el mundo corresponde a países desarrollados y los países lo que no ocurre con América Latina.
Hay una necesidad urgente de acceso a liquidez en todos los países de AL para reactivar sus economías y una opción son la emisión de Derechos Especiales de Giro (DEG).
Finalmente, Edgardo Mira, integrante del Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio – CEICOM (El Salvador) realizó un análisis de la situación de la deuda en El Salvador, poniendo en el debate que en los últimos años la economía salvadoreña ha estado está determinada por una mayor profundización del modelo neoliberal, implementado particularmente desde 1989.
Precisó Mira que «la implementación de tratados de libre comercio asegura a las empresas transnacionales un mercado seguro para sus negocios, libre de pago de impuestos, creando un marco legal especialmente pensado para favorecer la seguridad jurídica del comercio y de las inversiones».
