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Justicia Fiscal

GATJ: Acuerdo del G7 no reforma obsoletas e injustas normas fiscales internacionales

Respuesta de la Secretaría de GATJ al acuerdo fiscal del G7

São Paulo, 5 de junio de 2021 — Hoy, los Ministros de Finanzas del G7 emitieron un comunicado sobre su acuerdo con respecto a nuevas reglas fiscales globales. El anuncio incluye un compromiso con «un impuesto mínimo global de al menos el 15%».

La Secretaría de la Alianza Global por la Justicia Fiscal (GATJ) comparte la preocupación y la frustración de otras organizaciones de la sociedad civil que exigen soluciones más audaces, y reitera la demanda que GATJ ha estado impulsando desde su creación por un Organismo Fiscal Global bajo los auspicios de las Naciones Unidas, para asegurar la participación de todos los países en la toma de decisiones de las normas fiscales globales.

Dereje Alemayehu, Coordinador Ejecutivo de la Alianza Global por la Justicia Fiscal dijo:

«No hay nada de “histórico” o de “cambio estructural” en este acuerdo en términos de reformar las obsoletas e injustas normas fiscales internacionales. ¡Es un déjà vu! El G7 llega a un acuerdo entre ellos y abre el camino para un respaldo manipulado como un acuerdo internacional en plataformas informales creadas por su OCDE, fuera del sistema de la ONU. Los países en desarrollo quedan atrapados para siempre en un ”acuerdo internacional” con ”resolución de disputas vinculantes y no opcionales» que seguirán negándoles sus derechos impositivos sobre parte de las ganancias globales generadas en sus economías.

“Se abandonó la propuesta original de Biden del 21% y se redujo al 15%, para acercarla al 12,5% mínimo de las guaridas fiscales. Además, el paquete de la OCDE otorgará el derecho fiscal para recuperar las ganancias globales subestimadas a los países de la sede. Es orwelliano llamar de “un primer paso para un acuerdo internacional” este acuerdo de los países desarrollados para consolidar la usurpación de los derechos impositivos de los países de origen donde se generan las ganancias. Los países en desarrollo deben permanecer unidos y evitar que los países ricos conviertan su acuerdo en una regla universal vinculante”.

Grazielle David, Coordinadora Global de Cabildeo y Campañas de la Alianza Global por la Justicia Fiscal dijo: 

“Esta podría haber sido una semana histórica para el movimiento por la justicia fiscal y el mundo, pero el Parlamento, la Comisión y el Consejo Europeos optaron a principios de esta semana por un informe país por país muy limitado, beneficiando sólo a los países de la UE. Y hoy el G7 llegó a un acuerdo fiscal ineficiente e injusto. En lugar de poner fin a los abusos fiscales por parte de las corporaciones multinacionales, el acuerdo del G7 establece sólo un techo bajo, basado en pilares débiles, que no arreglarán el sistema tributario internacional.

“El G7 optó por una tasa impositiva corporativa mínima global muy baja del 15% en lugar del 25% exigida por ICRICT y otras organizaciones de la sociedad civil, lo que podría haber generado los recursos necesarios para combatir la crisis socioeconómica desencadenada por la pandemia. La tasa del 15% limitará la movilización de recursos incluso en los países del G7. Además, la propuesta aumentará las desigualdades entre países y los derechos impositivos se dirigirán de manera desproporcionada a los países de altos ingresos. El acuerdo está diseñado para gravar las ganancias globales no gravadas de las multinacionales por los países donde se encuentran las sedes. Estos criterios sólo benefician a los países de altos ingresos. Un reparto equitativo habría reconocido la participación legítima de los países de origen en la imposición de impuestos sobre las ganancias no gravadas, considerando también dónde están las ventas, los empleados y los activos.

“Las corporaciones multinacionales deben contribuir con su parte de los impuestos para que podamos avanzar mejor, con una verdadera ‘recuperación económica global fuerte, sostenible e inclusiva’. Las decisiones sobre la reforma fiscal internacional deben tomarse en la ONU, a través de un proceso verdaderamente inclusivo en el que todos los países tienen derecho a voto. Evidentemente, estas decisiones no pueden ser tomadas por clubes de países ricos, como la OCDE y el G7 ”.

 

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