Fiscalidad de las empresas: planes de la OCDE deben incluir intereses de países en desarrollo

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La propuesta de la Administración Biden hace posible un acuerdo sobre la reforma del impuesto de sociedades en el marco inclusivo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que reúne a casi 140 países. Sin embargo, sigue pendiente la cuestión de cómo tener en cuenta los intereses de los países en desarrollo. Existen alternativas para reformar la arquitectura institucional de la fiscalidad mundial con este fin.

Los anuncios realizados a principios de abril por el actual presidente de EE.UU., Joe Biden, y la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, permiten esperar un acuerdo para la próxima reunión del G20, en julio de 2021. A modo de recordatorio, en 2013, cuando la carrera a la baja llevaba varios años intensificándose, la OCDE, por mandato del G20, comenzó a trabajar en un proyecto de reforma global del impuesto de sociedades para hacer frente a la evasión fiscal y a la optimización fiscal intensiva (conocido como proyecto BEPS[1]). 

Si el proyecto BEPS 2.0 se considera crucial, es porque resolvería dos problemas del actual sistema fiscal mundial. En primer lugar, su obsolescencia frente a la evolución del sistema económico, especialmente su componente digital. En segundo lugar, el hecho de que no permita visibilizar los múltiples métodos de erosión de la base imponible y traslado de beneficios (BEPS), es decir, “las estrategias de planificación fiscal que aprovechan las lagunas y diferencias en las normas fiscales para trasladar artificialmente los beneficios a países de baja o nula tributación en los que la empresa tiene poca o ninguna actividad real » [2].

Según el Tax Justice Network (TJN)[3], «unos 245.000 millones de dólares corresponden a beneficios transferidos a paraísos fiscales por empresas multinacionales para reducir el importe de los beneficios declarados en los países donde operan y así pagar menos impuestos de los que deberían ». Estos recursos son necesarios para financiar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se trata de una carencia anual que se hace sentir en las poblaciones, especialmente en tiempos de crisis, y que también es necesaria para transformar nuestras sociedades, especialmente las desigualdades estructurales.

Las negociaciones son esenciales para luchar contra la desigualdad

Como lo señala la economista feminista paraguaya Verónica Serafini Geoghegan, sin ingresos, el Estado no puede proveer servicios para mejorar el bienestar y reducir las brechas existentes, incluidas las de género. A pesar de que se han reducido en algunos ámbitos, estas brechas « subsistene a nivel de la autonomía económica, la calidad del empleo y de protección social y de cuidados, ámbitos en los que las políticas públicas cuentan con menos recursos y que afectan especialmente a las mujeres » [4]. Y estas son los ámbitos más afectados por la pandemia.

La crisis actual (sanitaria, económica y social) ha profundizado estas desigualdades. Así, según el último informe publicado por el Foro Económico Mundial, ahora se necesitarán 36 años más que antes del Covid-19 para alcanzar la paridad entre hombres y mujeres a escala mundial y cerrar las brechas en los ámbitos económico, político, sanitario y educativo: en total, hablamos ahora de 135,6 años para alcanzar la paridad, uno de los primeros pasos hacia la igualdad de género[5].

Estados Unidos está enviando una fuerte señal a los países ricos…

La movilización de recursos locales para satisfacer las necesidades de la población es un elemento fundamental para entender la propuesta de EEUU. En efecto, el aumento del tipo del impuesto de sociedades previsto por la actual administración estadounidense (del 21% al 28%) se considera un medio para financiar el plan de inversión de 2 billones de dólares anunciado a finales de marzo de 2021 en Estados Unidos. Además, Biden ha decidido elevar el tipo impositivo mínimo al 21% sobre los beneficios que sus multinacionales contabilizan en el extranjero, lo que le permitiría contar con más recursos para financiar este plan.

Como dijo Janet Yellen, la intención es clara: “Al elegir competir sobre los impuestos, hemos descuidado competir sobre la habilidad de nuestros trabajadores y la fortaleza de nuestra infraestructura”. Es una competición autodestructiva, y ni el presidente Biden ni yo queremos seguir en ella. Queremos cambiar el juego» [6]. Y esto marca un verdadero cambio de paradigma: « En lugar de competir sobre la base del tipo impositivo más bajo, [los Estados] tienen todo el interés en entrar en una competencia más sana que consistiría en atraer capitales sobre la base de la calidad de las infraestructuras, la educación, la investigación y los esfuerzos en favor del medio ambiente. Esto llevaría a una globalización más sostenible en beneficio del mayor número de personas »[7].

…  y olvidan los países del Sur

Sin embargo, la propuesta estadounidense se hizo para financiar su plan de recuperación y podría beneficiar prioritariamente a los demás países ricos. De hecho, como señala Tove M. Ryding (Eurodad), « los Estados Unidos y la OCDE parecen estar de acuerdo en que lamayor parte de las ganancias (o mayor tajada) debe ir a los países donde tienen su sede las multinacionales, es decir, principalmente a los países ricos de la OCDE. De este modo, los países más pobres del mundo corren de nuevo el riesgo de perder el pastel fiscal mundial, a pesar de que necesitan los ingresos fiscales más que nadie»[8].

Sin embargo, hay propuestas que toman en cuenta esta misma tasa mínima del 21%, al tiempo que buscan un reparto más justo, incluso para los países del Sur. Así, partiendo de la constatación de que es necesario desbloquear estas negociaciones, un grupo de investigadores[9] propone un Tasa Impositiva Mínima Efectiva para las Multinacionales (METR) que podría ser aplicado por todos los países que lo decidan[10]. El METR sería compatible con los tratados fiscales existentes y, por lo tanto, es totalmente factible, ya que no implicaría ningún cambio a ese nivel[11].

Los anuncios de Estados Unidos se refieren al segundo pilar del proyecto BEPS 2.0. El primer pilar aborda la cuestión de la imposición unitaria, es decir, un nuevo reparto de derechos fiscales entre los Estados que determinaría en qué países los beneficios de las empresas deben estar sometidos al impuesto.

Como explica Thomas Piketty, en estas negociaciones « se prevé que las multinacionales hagan una única declaración de sus beneficios a nivel mundial, lo que es en sí mismo algo excelente. Pero a la hora de repartir esta base imponible entre los países, está previsto utilizar una mezcla de criterios (nóminas y ventas en distintos territorios) que en la práctica hará que los países ricos reciban más del 95% de los beneficios reasignados, dejando sólo migajas para los países pobres. La única manera de evitar este desastre previsto es incluir por fin a los países pobres en la mesa y distribuir los beneficios en cuestión en función de la población (al menos en parte) »[12]. 

A pesar de una propuesta ventajosa para los países ricos comunicada en octubre de 2020 por la OCDE, no se llegó a ningún acuerdo tras el veto de la Administración Trump al primer pilar. Mientras que los países de la UE y algunos otros han intentado en gran medida que este pilar sólo se dirija a las multinacionales « digitales », la propuesta de la OCDE pretende gravar los beneficios « residuales » de 2.300 empresas con un alcance limitado a las empresas « orientadas al consumidor ».

El plan Biden

Biden, en cambio, propone un impuesto unitario sobre los beneficios « residuales » de sólo 100 multinacionales (las más grandes y rentables). Pero, como resume Ryding, « la idea de establecer un nuevo sistema fiscal global que se aplique sólo a 100 empresas es realmente absurda. Lo que necesitábamos era una reforma fundamental del sistema de precios de transferencia de la OCDE (…). En su lugar, ahora se sugiere colocar un sistema adicional sobre el anterior. El sistema del impuesto de sociedades ya era muy complejo e ineficaz, y ahora existe un riesgo real de que vaya de mal en peor »[13].

Además, Luis Moreno (Latindadd) destacó las complejidades y dudas en temas como la solución de controversias, la revisión de los regímenes de exención y la creación de capacidades para los países en desarrollo, así como la necesidad de un consenso global, para no perjudicar a los países en desarrollo.

No obstante, cabe señalar que los países de renta baja, cuyos ingresos dependen en mayor medida del impuesto de sociedades, se beneficiarían de una mayor proporción de sus actuales ingresos por este concepto que los países más desarrollados.

Además, una reforma más favorable a los países en desarrollo recaudaría simultáneamente más ingresos en los países desarrollados. Según un estudio de Tax Justice Network, mientras que la propuesta de la Administración Biden podría redistribuir 540.000 millones de dólares en ingresos al año a los gobiernos según la clave de distribución de la OCDE, la reforma según el sistema METR, más favorable a los países en desarrollo, redistribuiría 643.000 millones de dólares, con una cantidad mayor redistribuida a los países desarrollados que según la fórmula de la OCDE[14].

Establecer un marco internacional legítimo para estas negociaciones

Aunque el marco inclusivo de la OCDE incluye a los países en desarrollo, sigue siendo impulsado por los países industrializados. Una de las razones que esgrimen estos últimos para justificar su dominio de las negociaciones es que son responsables de más de dos tercios del riesgo de abuso fiscal de las empresas en el mundo (según se publica en el Índice de Paraísos Fiscales Corporativos 2021). Por ello, la FACTI[15] propone reformar este marco mediante una convención fiscal internacional, que sentaría las bases de un organismo intergubernamental inclusivo para negociar las normas fiscales bajo los auspicios de las Naciones Unidas (es decir, un foro de toma de decisiones en el que todos los países tendrían el mismo peso en el proceso de decisión)[16].

Para el panel de la FACTI, la fiscalidad internacional debería contar con un convenio marco, como los que existen, por ejemplo, para el clima o la corrupción: « La comunidad internacional debe garantizar que las normas internacionales gocen de los más altos niveles de legitimidad, proporcionando igualdad de condiciones en un proceso de negociación universalmente inclusivo. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) es uno de esos instrumentos. Goza de un amplio apoyo porque fue negociado por un organismo universal e inclusivo. La comunidad internacional debe desarrollar instrumentos de este tipo sobre otros aspectos de la integridad financiera, a través de un proceso igualmente inclusivo »[17].

Estas negociaciones, aunque tengan éxito en el seno de la OCDE, no resuelven el problema fundamental de la arquitectura institucional. Así, citando a Thomas Piketty, “es todo el sistema económico internacional el que debe ser repensado en términos de los derechos de los países pobres a desarrollarse y a no dejarse saquear por los más ricos”» [18].

La pandemia ofrece la oportunidad de llevar a cabo transformaciones estructurales para un mundo justo y sostenible. Por ello, desde el inicio de la actual crisis, las organizaciones de la sociedad civil han reclamado una nueva conferencia de Financiación para el Desarrollo « Monterrey+20»[19] donde se plantearía la cuestión de la reforma de la arquitectura económica mundial con el fin de proporcionar los medios para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Este artículo fue redactado por Leïla Oulhaj, quien se desempeña como Investigador en financiamiento del desarrollo y justicia tributaria, en CNCD-11.11.11

NOTAS

[2] OCDE, « Cadre inclusif OCDE/G20 sur le BEPS », OCDE, 2018.

[3] Tax Justice Network, Justice fiscale : état des lieux, Tax Justice Network, novembre 2020.

[4] V. Serafini Geoghegan, « Apuntes desde la desigualdad de género a la fiscalidad », in América Latina en movimiento, N° 548, abril 2020

[5] WEF, Global Gender Gap Report 2021, World Economic Forum, mars 2021.

[6] https://twitter.com/SecYellen/status/1379842654398218243

[7] Editorial, « Pour une fiscalité mondiale plus équitable », Le Monde, 08 avril 2021.

[8] J. Ravenscroft, « Comments from Eurodad on recent announcements from the US administration regarding the OECD-led tax negotiations in the Inclusive Framework», Eurodad, 08 avril 2021.

[9] Voir l’article suivant : A. Cobham, T. Faccio, J. Garcia-Bernardo, P. Janský, J. Kadet, S. Picciotto, « A practical proposal to end corporate tax abuse: METR, a minimum effective tax rate for multinationals », Institute of Economic Studies/ Faculty of Social Sciences/ Charles University in Prague, IES Working Paper 8/2021.

[10] Qu’ils soient le pays d’origine des multinationales, le pays d’accueil des multinationales ou les deux

[11] Étant non discriminatoire, il est également conforme à d’autres obligations internationales et pourrait être introduit unilatéralement.

[12] T. Piketty, « La crise du Covid-19, plus grave crise sanitaire mondiale depuis un siècle, oblige à repenser la notion de solidarité internationale », Le Monde, 10 avril 2021.

[13] J. Ravenscroft, « Comments from Eurodad on recent announcements from the US administration regarding the OECD-led tax negotiations in the Inclusive Framework», Eurodad, 08 avril 2021.

[14] M. Bou Mansour, « Biden tax plan can recover $640bn but OECD proposal would shrink gains and reward worst perpetrators », Tax Justice Network, 15 avril 2021.

[15] Créé en mars 2020, le Groupe de Haut-Niveau sur la Responsabilité, la Transparence et l’Intégrité Financières Internationales, dit panel FACTI, a pour mandat de « passer en revue les défis et tendances actuelles en matière de responsabilité, de transparence et d’intégrité, et de formuler des recommandations étayées et susceptibles de corriger les manquements persistants au sein du système international » (FACTI Panel, L’intégrité pour un développement durable, ONU, février 2021).

[16] A. Cobham, « 300 bn in new tax revenues? Weighing the US intervention in global tax reform”, Tax Justice Network, 08 avril 2021.

[17] FACTI Panel, op. cit.

[18] T. Piketty, op. cit.

[19] Qui permettrait, vingt ans après, de donner suite au consensus de Monterrey, nom donné à l’accord obtenu à l’issu de la première conférence sur le financement du développement organisée par l’Organisation des Nations Unies en mars 2002 à Monterrey (Mexique).


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