CONDENAMOS LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA Y EXIGIMOS EL CESE DEL CRIMEN CONTRA LA PROTESTA SOCIAL
¡LOS RECLAMOS DEL PUEBLO COLOMBIANO SON LEGÍTIMOS!
El pueblo colombiano ha salido a protestar contra la reforma tributaria presentada por el gobierno nacional, que fue impuesta como parte de las medidas de austeridad promovidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI). En efecto, tras haber desembolsado 5 mil 400 millones de dólares como línea de crédito flexible en febrero, una misión de este organismo exigió “la ampliación de la base del impuesto a la renta de personas naturales y la reducción de las exenciones al IVA con mecanismos de compensación para proteger a los hogares más pobres”.
Sin embargo, la reforma tenía la real intención de aumentar la recaudación para garantizar la sostenibilidad de la deuda, como lo reconocieron las agencias calificadoras y el propio gobierno colombiano. Es insensato que, en medio de la peor crisis económica de Colombia, con el 42.5 por ciento de su población en condición de pobreza, una vez más el FMI pretenda poner el pago de la deuda por encima de la recuperación de la capacidad de consumo de asalariados, sectores medios y populares, lo que agudizará los graves problemas sociales y sanitarios del país.
La respuesta del gobierno colombiano ha sido desproporcionada: violencia y generalizada represión a las demandas justas de miles de colombianos y colombianas que han salido a las calles a protestar contra una reforma tributaria antipopular que afecta sus vidas. El conflicto social está siendo enfrentado con violaciones de los derechos humanos por parte del Estado colombiano. No solo se criminaliza la protesta social, sino que se cometen crímenes desde el Estado contra la protesta social.
Por ello exigimos:
- La inmediata condena y acción de organismos internacionales a fin de proteger la vida de miles de personas en Colombia.
- Que el FMI, asuma su responsabilidad en este conflicto social y deje de promover en América Latina medidas exclusivamente orientadas a garantizar la supuesta “sostenibilidad” de la deuda, que lo que provocan es impedir que, desde el presupuesto público, en este caso de Colombia, se garantice atención social, sanitaria y reactivación económica.
- Que los recursos provenientes de la emisión de Derechos Especiales de Giro (DEG) no se queden en bancos extranjeros, sino que sean trasladados desde las bancas centrales hacia la política fiscal.
- Una reforma tributaria que garantice el combate frontal a la evasión y elusión corporativa, impuesto a las grandes fortunas y riquezas del 1 por ciento de la población, aumento de impuestos a las ganancias de capital de las grandes corporaciones, controles a la fuga de capitales hacia paraísos fiscales y la eliminación de exenciones tributarias a actividades especulativas. Además de no incluir IVA a los productos de consumo básico, ni subir la renta de los sectores con ingresos medios o bajos.
- Renta Básica Universal que le permita a millones de colombianos y colombianas enfrentar las gravísimas consecuencias económicas de la pandemia y empezar a revertir la desigualdad estructural en Colombia, particularmente las que afectan a las mujeres. Amplios sectores de la sociedad colombiana han abordado seriamente esta propuesta y sus planteamientos deben ser incorporados al debate de esta política pública para buscar una salida social a la emergencia.
- Respeto a la protesta social, se trata de un derecho consagrado en el derecho internacional de los pueblos del mundo. Por ello, además de condenar las violaciones de derechos humanos, exigimos al Gobierno Nacional de Colombia que detenga la brutal represión de las protestas ciudadanas y los llamados a la militarización de campos y ciudades.
- Finalmente, demandamos la creación de canales reales de diálogo nacional a fin de encontrar una salida democrática a la difícil situación que actualmente se vive en Colombia, que evite una ruptura violenta de la institucionalidad democrática del país.
América Latina, 4 mayo del 2021
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