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El Fondo Monetario Internacional posee un mecanismo de emisión de dinero de emergencia, llamado Derechos Especiales de Giro (DEG), que ha sido usado en diversas ocasiones en periodos de crisis económica. La última vez que se hizo fue en 2009, tras la debacle financiera. En 2020, el mundo se acercaba a una nueva recesión, que fue acelerada y profundizada por la pandemia. Como consecuencia, los países en conjunto experimentaron la mayor caída de su producción en tiempos de paz del último siglo.
Los países ricos actuaron con velocidad y contundencia para proteger el ingreso de su población, y en buena medida a sus empresas y puestos de trabajo. Para ello, acudieron a abundantes fuentes de financiación con préstamos y emisión monetaria, canalizados por medio del gasto público. Pero América Latina no cuenta con tanta suerte.
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En las últimas dos décadas, la región se ha visto perjudicada por recurrentes déficit en su balanza de pagos, como consecuencia de una estructura productiva en la cual sus exportaciones no recogen los suficientes recursos para comprar las importaciones. Como consecuencia, no se obtienen los recursos necesarios para mejorar la productividad y competitividad del aparato empresarial, ni para financiar las necesidades básicas de la población. Por el contrario, se genera una espiral en el que toca destinar recursos del Estado para compensar el faltante, provocando continuos déficits de cuenta corriente y fiscales al mismo tiempo.
Las fuentes de financiación de la región son escasas, de corto plazo y costosas. La intervención del Fondo Monetario Internacional solo promueve más políticas de austeridad, y muchos países se ven obligados a endeudarse internamente con instituciones que no ofrecen préstamos en condiciones favorables, como sí ocurre en los países ricos.
Frente a este panorama y ante la incertidumbre del acceso a las vacunas que permitan una recuperación equitativa, los países del G20 y movimientos sociales a nivel global han hecho un llamado a realizar nuevamente una emisión de DEG. En las reuniones de primavera del FMI -que acaban de finalizar- se avanzó en esta idea, con la posibilidad de configurar una emisión por USD 650.000 millones, de los cuales unos USD 51.500 millones llegarían a América Latina. Estos recursos constituyen una emisión nueva de dinero, que no son préstamos y no son reembolsables. El costo es significativamente inferior al de un crédito regular y serviría como recursos frescos para mitigar la crisis económica y social.
No obstante, se necesita una mayor incidencia por parte de los movimientos sociales para que estos recursos no se queden en reservas internacionales, sino que puedan ser sumados a los presupuestos de los países para atender sus necesidades más urgentes. De la misma forma, se requiere que los países ricos cedan al resto sus recursos, puesto que se ha estimado que aminorar la pobreza y desigualdad causada por la crisis, costaría mucho más que lo contemplado. Por ello, se ha propuesto una emisión de USD 3 billones, para evitar otra década perdida en la región que obligue a acudir a préstamos no concesionales que lesionen aún más las finanzas públicas.
Desde Latindadd, se ha hecho un esfuerzo por promover la emisión de los DEG, que se establezca un monto mayor y que los países ricos trasladen estos recursos al resto. Seguiremos trabajando con movimientos de la región, y a nivel global, para proponer alternativas de financiación que tengan como aspecto fundamental la atención social, más que las exigencias de los organismos multilaterales y agencias de calificación.
