martes , 6 diciembre 2022

Austeridad y medidas insuficientes en plena pandemia

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Latindadd frente a las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Las reuniones virtuales de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial se realizaron en un panorama dominado por la continuación de la crisis derivada de la pandemia, exacerbada por la distribución desigual de las vacunas y las dificultades de los países pobres en acceder a las mismas. Se destacó que, por primera vez en los últimos 20 años, la pobreza a nivel global se ha incrementado y también agravará la desigualdad.

El crecimiento para 2021 se estima en 6%, pero la incertidumbre todavía es el elemento predominante. Lo que sí dejan ver estas proyecciones es una recuperación desigual, donde Estados Unidos y China encabezan el mayor crecimiento y, los países en desarrollo, al contrario, presentan una contracción a nivel per cápita.

La situación de crisis amenaza con crear una “peligrosa divergencia”, como advirtió la misma Directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva. Por ello, las soluciones no pueden ser una dosis mayor de las recetas de este organismo. Unos 57 países, identificados por la Organización Mundial de la Salud, habían presentado peligrosos recortes en sus presupuestos de salud antes de la pandemia, asesorados por el FMI para congelar el gasto público.

El FMI también hizo una advertencia con relación al riesgo de sobreendeudamiento, si las inversiones no tienen las tasas de retorno adecuadas en el mediano plazo. Además de fuentes alternativas de financiación, que no se conviertan en una carga insoportable para los presupuestos públicos, se deben pensar en acciones de reformas profundas al aparato productivo de los países latinoamericanos. La dependencia de las exportaciones de materias primas los hacen altamente vulnerables a recurrentes déficit de cuenta corriente, compensados con medidas de austeridad fiscal. 

Para los países de ingreso bajo y los países de ingreso medio, la situación es especialmente compleja por las dificultades de acceso a vacunas. Sin vacunación, es poco probable que se pueda dar una recuperación económica. Además, estos países ya enfrentaban una situación compleja antes de la pandemia, agravada por el hecho de un mayor endeudamiento. Según Unicef, 25 países pobres tenían un gasto en el servicio de la deuda mayor que el gasto en educación, salud y protección social juntas durante 2019. 

Sin soluciones a la deuda insostenible de América Latina

La extensión de la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda (DSSI) y el Marco Común (CF) no son una salida para la región. Al excluir a países de ingreso medio, se excluye a la gran mayoría de Latinoamérica y los tres únicos países elegibles (Honduras, Nicaragua, Haití) que podían haberse acogido, no lo hicieron. Aun así, el DSSI se ha extendido hasta finales de 2021 sin cambios en su estructura y, apoyado por el FMI y el Banco Mundial, solo cobija a la tercera parte de los países en condiciones para participar del programa, es decir, tan solo a 46 de ellos.

Es imposible movernos hacia una salida sostenible sin vincular a aquellos elementos necesarios para esta salida. A pesar de que, en palabras de Kistalina Georgieva, el DSSI y CF es la primera oportunidad real de reunir a todos los acreedores (privados y multilaterales), hasta el momento esto no se ha logrado. El mecanismo diseñado por y para los acreedores, al cual se han acogido únicamente Chad, Etiopía y Zambia, no incluye a todos de forma vinculante, lo que hace imposible lograr una resolución sostenible de la crisis de deuda en el largo plazo. 

Las iniciativas del G20 están lejos de la cancelación de deuda que necesitan algunos países centroamericanos golpeados por los huracanes IOTA y ETA, y de la reestructuración integral que contemple una salida sostenible de la deuda en el largo plazo de países como: Argentina, Venezuela, Ecuador, Bolivia, El Salvador, Costa Rica, Haití, Honduras y Nicaragua, que son altamente vulnerables en términos de su deuda soberana de acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Además, la crisis multidimensional del COVID-19 ha exacerbado otras vulnerabilidades como los espacios fiscales reducidos, los deficientes servicios públicos, los altos niveles de pobreza y la desigualdad más alta  a nivel mundial.

En esa línea, las políticas de alivio no pueden enfocarse exclusivamente en los países más pobres, puesto que los países de ingreso medio tienen el riesgo de que 72 millones de personas caigan en la pobreza. Según el Banco Mundial, 4 de cada 5 nuevos pobres vendrán de países de ingreso medio. El mismo FMI ha estimado que la economía latinoamericana, de ingreso medio, sería 6% más pequeña en 2024 que antes de la pandemia. Es importante conocer que el servicio de la deuda sobre el producto interno bruto es más alto en América Latina que en el resto del mundo. 

La respuesta del FMI ha sido insuficiente y lenta. De USD 1 billón que había anunciado en recursos disponibles para los países, sólo ha entregado USD 110.000 millones a 86 de estos. 

Es así que todos los esfuerzos continúan sin ser suficientes para los países de América Latina, pues su recuperación depende, por una parte, de un mayor acceso a las vacunas, y por otra, de la cancelación de la deuda y no solamente una suspensión temporal.

Lamentablemente, las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial fueron una oportunidad desaprovechada para avanzar en una reestructuración de la arquitectura financiera global. La declaración del Comité de Asistencia Monetaria y Financiera Internacional, aunque llamó la atención sobre la necesidad de acelerar la producción de las vacunas y su distribución equitativa, y puso como aspecto central el cambio climático, sigue con el discurso de “preservar la sostenibilidad de la deuda”. 

A pesar del llamado a seguir gastando dinero, sin remover apoyos demasiado temprano, no hay claridad sobre cuáles serán las fuentes de recursos para financiar este gasto. Al parecer la única alternativa es un mayor endeudamiento de los países, lo que llevaría a la región latinoamericana a la posibilidad de una nueva década perdida, en donde el gasto público tendrá prelación en el servicio de la deuda y no en las necesidades sociales y de inversión de la región.

Acceso a liquidez para países de América Latina 

La casi segura decisión de la emisión de Derechos Especiales de Giro (DEG) por USD 650.000 millones es una noticia agridulce. Por una parte, hay un reconocimiento de los países del G20 en la necesidad de viabilizar el acceso a liquidez de los países en desarrollo a través de dicha emisión. No obstante, los recursos no serán suficientes. Organizaciones de Sociedad Civil han pedido al FMI y al G20 la emisión de DEG por un equivalente a USD 3 billones para atender las necesidades de financiamiento de los países en desarrollo. La emisión incrementará las reservas como mecanismo de soporte financiero que algunos países podrán utilizar para un mayor acceso al endeudamiento y otros podrán utilizarla para cubrir necesidades de financiamiento por la crisis. Queda por resolver la reasignación de las cuotas que corresponden a los países ricos hacia los países de ingresos bajos y medios. Tan solo unos USD 7.000 millones corresponden a los países pobres y unos USD 204.000 millones a los de ingreso medio.

Esta asignación, aunque inferior a la esperada, será una importante fuente de liquidez para América Latina, pero temporal. Al mismo tiempo, es necesario que reformas sistémicas en deuda y fiscalidad se implementen para garantizar una recuperación sostenible. 

Permanece la austeridad y se retoma el Marco de Vigilancia Integral del FMI

El momento demanda el apoyo de las instituciones que forman parte de la arquitectura financiera internacional para enfrentar las múltiples dimensiones de una crisis sin precedentes. Sin embargo, de acuerdo a OXFAM, el FMI ha recomendado medidas de consolidación fiscal explícitamente a 16 países que recibieron préstamos durante la pandemia, y la reducción del gasto público en 7 de ellos. Las medidas de consolidación fiscal recomendadas a los países tendrán efectos directos en aspectos macro estructurales, no considerados explícitamente por el FMI, como la inequidad, el género y el medio ambiente. De manera general, la Vigilancia Integral del FMI ha sido inconsistente al atar las políticas macroeconómicas de sus programas con los aspectos macroestructurales de los mismos. La revisión del Marco de Vigilancia Integral del FMI (CSR) debe, por lo tanto, incluir indicadores y aproximaciones que permitan identificar como aspectos macro críticos a los efectos en desigualdad, género, y cambio climático que tengas sus programas. Esto es de especial importancia en medio de los efectos económicos y sociales que ha dejado la COVID-19 en los países como Ecuador, Costa Rica y Argentina; países con los cuales el Fondo mantiene actualmente acuerdos. 

Siguen apostando por el financiamiento del sector privado al desarrollo

Era iluso pensar que la crisis iba a cambiar la forma de pensar del FMI y del Grupo del Banco Mundial respecto a la promoción de la inversión privada como la solución a todos los problemas. Los anfitriones de las reuniones de primavera de este año dejaron claro que se debe seguir apostando por la intervención de la inversión privada que sea capaz de “darle una ayudita” al sector público en sus esfuerzos por la recuperación y el desarrollo. Si bien la promoción de la inversión privada por medio de las Asociaciones Público-Privadas (APP) no es algo nuevo, esta vez se recurre a la iniciativa llamada “Desarrollo verde, resiliente e inclusivo” (GRID, por sus siglas en inglés), para darle un nuevo impulso a estos esquemas dados los problemas surgidos en el actual contexto de caída de las inversiones.

En el marco de las discusiones sobre la recuperación económica y el financiamiento para el desarrollo sostenible, la infraestructura es vista como un activo para los inversores y los servicios públicos, incluyendo los relacionados a la salud, son vistos como una oportunidad de negocios, frente a lo cual es necesario que los países realicen los cambios normativos y arreglos institucionales para favorecer la entrada de la inversión privada. A eso se le suma la intervención de los bancos de desarrollo que ya tienen todo listo para canalizar el financiamiento necesario y dar la asistencia técnica que haga viable el “riesgo” de los privados con el aval del Estado.

La existencia de malas experiencias con las Alianzas Público Privadas en diversas partes del mundo debería llevarnos a dejar de promover este tipo de esquemas y en su lugar tomar las medidas necesarias para asegurar que se movilicen los recursos públicos suficientes para cerrar las brechas sociales y económicas. Un aspecto importante sobre el cual se ha insistido como predominante para la recuperación es la vacunación a gran escala de la población, sin que se haya definido una posición de los organismos de Bretton Woods respecto al rol que tendrá el sector privado en este tema.

Reacciones sobre cómo se abordó la temática de Cambio Climático

Tanto el FMI como el Banco Mundial hicieron énfasis en que se debe impulsar una recuperación verde a nivel global, alineando los flujos financieros a lo establecido en el Acuerdo de París, tanto para mitigación como adaptación, así como lograr un aumento de la resiliencia y mayor solidaridad con los países menos desarrollados para “no dejar a nadie atrás”. El Banco Mundial impulsó el enfoque “GRID” (Green, Resilient and Inclusive Development) y presentó su Plan de Acción contra el Cambio Climático, en el que aumenta el porcentaje de su cartera destinado a financiamiento climático de 28% a 35%.

Por su parte, el FMI reconoció que por mucho tiempo no incorporó el tema del cambio climático y sus riesgos asociados en sus evaluaciones y reportes, sin embargo, mencionaron que ya lo están haciendo, incluso presentaron una plataforma con indicadores de cambio climático, lo que puede constituir un buen avance. También comentaron que impulsarán 3 acciones muy concretas: a) promover financiamiento para infraestructura verde dentro de la inversión pública, b) impulsar el uso del precio al carbono, y c) incorporar la evaluación de riesgos de transición relacionados al cambio climático, para apoyar a las empresas y países que tengan que cambiar de rubros, en la mitigación de ese tipo de riesgos y en la búsqueda de nuevas oportunidades de negocio.

Si bien parecen haber avances y buenas intenciones, cuando hablaron sobre sostenibilidad de la deuda, no se menciona el impacto de la vulnerabilidad climática en los países más pobres y menos desarrollados, ni la importancia de buscar movilizar financiamiento sostenible o climático a través de instrumentos financieros que no incrementen la deuda de los países que ya tiene una deuda muy alta. También será importante que se promuevan soluciones reales, ya que muchos de los instrumentos basados en poner precio al carbono que estas dos instituciones promueven, como los mercados de carbono, en el pasado han demostrado no ser los más efectivos para combatir el cambio climático y han favorecido sólo a ciertos grupos, en desmedro de los más grupos más vulnerables. También será muy importante que la “recuperación verde” se promueva no sólo en el sector de infraestructura, sino en todos los sectores posibles (agricultura, energía, residuos, turismo, industria, forestal, etc.), potenciando buenos mecanismos de coordinación interna dentro de los gobiernos, para transversalizar adecuadamente la variable climática en todos los proyectos sectoriales de inversión pública en los países, así como un rol protagónico de los Ministerios de Finanzas, los bancos centrales y los bancos de desarrollo para movilizar financiamiento climático.

Estas reuniones han sido una oportunidad desaprovechada para avanzar en una reestructuración de la arquitectura financiera global; la única alternativa es un mayor endeudamiento de los países, lo que llevaría a la región latinoamericana a la posibilidad de una nueva década perdida. 

Para las Organizaciones de la Sociedad Civil queda una serie de retos y compromisos para hacer frente a estas amenazas y mantener la demanda y el reclamo por una coordinación multilateral renovada que ponga la vida en primer lugar.

 

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Austerity and insufficient measures in the midst of the pandemic

Latindadd on the Spring Meetings of the International Monetary Fund and the World Bank.

The virtual Spring Meetings of the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank were held in a scenario dominated by the continuation of the crisis derived from the pandemic, exacerbated by an unequal distribution of vaccines and the difficulties of poor countries in getting fair access to them. It was highlighted that, for the first time in 20 years, global poverty has increased and inequality will worsen.

Growth for 2021 is estimated at 6%, but uncertainty is still the predominant element. What these projections do reveal is an uneven recovery, where the United States and China lead the highest growth and developing countries show a contraction in output per capita.

The crisis situation threatens to create a “dangerous divergence”, as the IMF Managing Director, Kristalina Georgieva herself warned. Therefore, the solution cannot be a higher dose of the old recipes of this organism. Some 57 countries, identified by the World Health Organization, had presented dangerous cuts in their health budgets before the pandemic, following advise from the IMF in order to freeze public spending.

The IMF also issued a warning regarding the risk of over-indebtedness, if investments do not have adequate rates of return in the medium term. In addition to alternative sources of financing that do not become an unbearable burden for public budgets, profound reform actions should be considered for the productive structure of Latin American countries. Their dependence on commodity exports makes them highly vulnerable to recurring current account deficits, offset by fiscal austerity measures.

For low-income and middle-income countries, the situation is especially complex due to difficulties in accessing vaccines. Without vaccination, a sound economic recovery is unlikely. In addition, these countries already faced a complex situation before the pandemic, aggravated by increasing levels of indebtedness. According to UNICEF, 25 poor countries had spending on debt service greater than spending on education, health and social protection combined during 2019.

Without solutions to unsustainable debt in Latin America

The scope of the Debt Service Suspension Initiative (DSSI) and the Common Framework (CF) are not a solution for the region. By excluding middle-income countries, these in fact exclude most countries in Latin America, and the only three eligible countries in the region (Honduras, Nicaragua and Haiti), decided not to join these. What is more, the DSSI has been extended until the end of 2021 without changes in its structure and, supported by the IMF and the World Bank, only covers a third of the countries in conditions to participate in the program, that is, only to 46 of them.

It is impossible to move towards a sustainable solution without linking to those elements necessary for it. Despite the fact that, in the words of Kistalina Georgieva, the DSSI and CF are the first real opportunity to bring together all the creditors (private and multilateral), so far this has not been achieved. The mechanism, designed by and for the creditors, and which only Chad, Ethiopia and Zambia have applied for, does not include all creditors in a binding way, which makes it impossible to achieve a sustainable solution of the debt crisis in the long term.

The G20 initiatives are a long way from the debt cancellation needed by some Central American countries hit by hurricanes IOTA and ETA, and from a comprehensive reform that contemplates a sustainable debt solution in the long term for countries such as: Argentina, Venezuela, Ecuador, Bolivia, El Salvador, Costa Rica, Haiti, Honduras and Nicaragua, which are highly vulnerable in terms of their sovereign debt according to the United Nations Development Program (UNDP). In addition, the multidimensional crisis of COVID-19 has exacerbated other vulnerabilities such as tight fiscal spaces, poor public services, high levels of poverty and the highest inequality levels in the world.

Within this context, relief policies cannot focus exclusively on the poorest countries, since middle-income countries are at risk of letting 72 million people fall into poverty. According to the World Bank, 4 out of 5 new poor people will come from middle-income countries. The IMF itself has estimated that the Latin American middle-income economy would be 6% smaller in 2024 than before the pandemic. It is important to note too that debt service over gross domestic product is higher in Latin America than in the rest of the world.

The IMF’s response has been insufficient and slow. Of the USD 1 trillion it had announced in resources available to countries, it has only delivered USD 110 billion to 86 countries. Thus, all these efforts are still insufficient for Latin American countries, as their recovery depends, on the one hand, on greater access to vaccines, and on the other, on the cancellation of debt instead of just a temporary suspension.

Unfortunately, the Spring Meetings of the IMF and the World Bank were a missed opportunity to progress towards a new global financial architecture. The statement of the International Monetary and Financial Assistance Committee, although highlighting the need to accelerate the production of vaccines and their equitable distribution, and putting climate change as a central aspect, continues with the discourse of “preserving the sustainability of the debt”.

Despite the call to continue spending money without removing support too early, it is not clear how this spending will be financed. Apparently the only alternative is through higher levels of indebtedness, which could lead to a new lost decade in Latin America, where public spending gives priority to the debt service rather than to the social investment needs of the region.

Access to liquidity for Latin American countries 

The almost certain decision to issue Special Drawing Rights (SDR) for USD 650 billion is bittersweet news. On the one hand, there is a recognition by the G20 countries of the need to facilitate access to liquidity for developing countries through such issuance. However, the resources will not be enough. Civil Society Organizations have asked the IMF and the G20 to issue SDRs for the equivalent of USD 3 trillion to meet the financing needs of developing countries. The issuance will increase reserves as a financial support mechanism that some countries will be able to use for greater access to debt and others will be able to use it to cover financing needs due to the crisis. The reallocation of quotas from rich countries to low- and middle-income countries remains to be resolved. Only about USD 7 billion correspond to poor countries and about USD 204 billion to middle-income countries.

This allocation, although lower than expected, will be an important source of liquidity for Latin America, but temporary. At the same time, systemic debt and tax reforms need to be implemented to ensure a sustainable recovery.

Austerity remains and the IMF’s Comprehensive Surveillance Review is resumed

This exceptional moment demands the support of the institutions that are part of the international financial architecture to face the multiple dimensions of an unprecedented crisis. However, according to OXFAM, the IMF has explicitly recommended fiscal consolidation measures to 16 countries that received loans during the pandemic, and the reduction of public spending in 7 of them. The fiscal consolidation measures recommended to the countries will have direct effects on macro-structural aspects, not explicitly considered by the IMF, such as inequity, gender and the environment. In general, the IMF’s Comprehensive Surveillance Review has been inconsistent by tying the macroeconomic policies of its programs with their macro-structural aspects. The IMF’s Comprehensive Surveillance Review (CSR) must, therefore, include indicators and approaches that allow identifying, as equally critical macro aspects, the effects of the countries’ programs on inequality, gender, and climate change. This is especially important in the midst of the economic and social effects that COVID-19 has had in countries such as Ecuador, Costa Rica and Argentina; countries with which the Fund has agreements in force.

They continue to bet on financing from the private sector for development

It was naïve to think that the crisis was going to change the way the IMF and the World Bank Group think about promoting private investment as the solution to all problems.

The hosts of the Spring Meetings this year made it clear that it is necessary to continue betting on the intervention of private investment that is capable of “giving a little help” to the public sector in its recovery and development efforts. Although the promotion of private investment through Public-Private Partnerships (PPPs) is not something new, this time the initiative called “Green, Resilient and Inclusive Development” (GRID) is being used, to give new impetus to these schemes given the problems that have arisen in the current context of falling investments.

In the framework of discussions on economic recovery and financing for sustainable development, infrastructure is seen as an asset for investors and public services. Even health infrastructure projects are seen as a business opportunity, and for which countries are required to carry out regulatory changes and institutional arrangements to favor the entry of private investment. In addition, the intervention of the development banks is also considered, as these already have everything ready to channel the necessary financing and provide technical assistance that makes the private “risk” viable with the State’s endorsement.

A number of bad experiences with Public Private Partnerships in various parts of the world should lead us to stop promoting this type of scheme and instead take the necessary measures to ensure that sufficient public resources are mobilized to close social and economic gaps. An important aspect that has been insisted on as predominant for the recovery is the large-scale vaccination of the population, without having defined a position of the Bretton Woods organizations regarding the role that the private sector will have in this matter. 

Reactions on how the issue of Climate Change was addressed

Both the IMF and the World Bank emphasized that a green recovery should be promoted at a global level, aligning financial flows to what is established in the Paris Agreement, both for mitigation and adaptation, as well as achieving an increase in resilience and greater solidarity with the least developed countries to “leave no one behind”. The World Bank promoted the “GRID” approach (Green, Resilient and Inclusive Development) and presented its Action Plan against Climate Change, in which it increases the percentage of its portfolio allocated to climate finance from 28% to 35%.

In turn, the IMF recognized that for a long time it did not incorporate the issue of climate change and its associated risks in its evaluations and reports, however, they mentioned that they are already doing so; they even presented a platform with climate change indicators that represents some good progress. They also commented that they will promote 3 very concrete actions: a) promote financing for green infrastructure within public investment, b) promote the use of carbon prices, and c) incorporate the assessment of transition risks related to climate change, to support the companies and countries that have to change categories, in the mitigation of these types of risks and in the search for new business opportunities.

Although there seems to be progress and good intentions, when they spoke about debt sustainability, they did not mention the impact of climate vulnerability in the poorest and least developed countries, nor the importance of seeking to mobilize sustainable or climate financing through financial instruments that do not increase debt in countries that are already highly indebted. It will also be important that feasible solutions are promoted, given that many of the carbon pricing instruments that these two institutions promote, such as carbon markets, have in the past proven not to be the most effective in combating climate change and have favored only certain groups, to the detriment of the most vulnerable. It will also be very important that “green recovery” is promoted not only in the infrastructure sector, but in all possible sectors (agriculture, energy, waste management, tourism, industry, forestry, etc.), promoting good internal coordination mechanisms within governments, to adequately mainstream the climate variable in all public investment projects, as well as the leading role of Ministries of Finance, central banks and development banks to mobilize climate finance. 

These meetings have been a missed opportunity to advance toward a new global financial architecture; the only alternative for countries seems to be taking on higher levels of debt, which could lead the Latin American region to the brink of a new lost decade.  

For Civil Society Organizations, a series of challenges and pledges remain in order to face these threats and uphold the demand for renewed multilateral coordination that puts life first.

 

 

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Austeridade e medidas insuficientes em plena pandemia

Latindadd perante as Reuniões de Primavera do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial

As reuniões virtuais de Primavera do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial foram realizadas em um contexto dominado pela continuação da crise decorrente da pandemia, exacerbada pela distribuição desigual das vacinas e pelas dificuldades dos países pobres em aceder às mesmas. Destacou-se que, pela primeira vez nos últimos 20 anos, a pobreza a nível global aumentou e também agravará a desigualdade.

O crescimento para 2021 é estimado em 6%, mas a incerteza ainda é o elemento predominante. O que essas projeções revelam é uma recuperação desigual, onde os Estados Unidos e a China lideram o maior crescimento e os países em desenvolvimento, pelo contrário, apresentam uma contração a nível per capita.

A situação de crise ameaça criar uma “perigosa divergência”, como advertiu a própria Diretora Gerente do FMI, Kristalina Georgieva. Portanto, as soluções não podem ser uma dose maior das receitas deste organismo. Cerca de 57 países, identificados pela Organização Mundial de Saúde, tinham apresentado cortes perigosos nos seus orçamentos de saúde antes da pandemia, aconselhados pelo FMI para congelar os gastos públicos.

O FMI também alertou para o risco do endividamento excessivo, se os investimentos não apresentarem taxas de retorno adequadas no médio prazo. Além de fontes alternativas de financiamento, que não se tornem um fardo insuportável para os orçamentos públicos, há que pensar em ações de reformas profundas no sistema produtivo dos países latino-americanos. A dependência das exportações de matérias-primas torna-os altamente vulneráveis a recorrentes déficits de conta corrente, compensados por medidas de austeridade fiscal.

Para os países de baixa e média renda, a situação é particularmente complexa devido às dificuldades de acesso às vacinas. Sem a vacinação, é pouco provável que haja uma recuperação econômica. Além disso, estes países já enfrentavam uma situação complexa antes da pandemia, agravada pelo aumento do endividamento. De acordo com a Unicef, 25 países pobres tiveram uma despesa de serviço da dívida maior que a despesa em educação, saúde e proteção social, juntas, durante 2019.

Sem soluções para a dívida insustentável da América Latina

A extensão da Iniciativa de Suspensão do Serviço da Dívida (DSSI) e o Marco Comum (CF) não são uma saída para a região. Ao excluir países de renda média, exclui-se a grande maioria da América Latina e os únicos três países elegíveis (Honduras, Nicarágua, Haiti) que poderiam terem sido amparados, não o fizeram. Mesmo assim, o DSSI foi prorrogado até ao final de 2021 sem alterações na sua estrutura e, com o apoio do FMI e do Banco Mundial, cobre apenas um terço dos países em condições de participar do programa, ou seja, apenas 46 deles.

É impossível avançar para uma saída sustentável sem vincular a aqueles elementos necessários para essa saída. Apesar de que, nas palavras de Kistalina Georgieva, o DSSI e o CF serem a primeira oportunidade real de reunir todos os credores (privados e multilaterais), até agora isso não foi alcançado. O mecanismo desenhado por e para os credores, ao qual apenas o Chade, a Etiópia e a Zâmbia recorreram, não inclui a todos de forma vinculante, o que impossibilita uma resolução sustentável da crise da dívida no longo prazo.

As iniciativas do G20 estão longe do perdão da dívida de que necessitam alguns países centro-americanos atingidos pelos furacões IOTA e ETA, e da reestruturação integral que contemple uma saída sustentável da dívida no longo prazo. de países como: Argentina, Venezuela, Equador, Bolívia, El Salvador, Costa Rica, Haiti, Honduras e Nicarágua, que são altamente vulneráveis em termos de dívida soberana, de acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Além disso, a crise multidimensional do COVID-19 exacerbou outras vulnerabilidades, como espaços fiscais reduzidos, serviços públicos deficientes, níveis elevados de pobreza e maior desigualdade mundial.

Nesse sentido, as políticas de ajuda não podem se focar exclusivamente nos países mais pobres, uma vez que os países de renda média correm o risco de ver 72 milhões de pessoas caírem na pobreza. De acordo com o Banco Mundial, 4 em cada 5 novos pobres virão de países de renda média. O próprio FMI estimou que a economia latino-americana, de renda média, seria 6% menor em 2024 do que antes da pandemia. É importante saber que o serviço da dívida sobre o produto interno bruto é mais elevado na América Latina do que no resto do mundo.

A resposta do FMI foi insuficiente e lenta. De US $1 trilhão anunciado em recursos disponíveis para os países, somente entregou US $110 bilhões a 86 desses países.

É assim que todos os esforços continuam a não ser suficientes para os países da América Latina, pois a sua recuperação depende, por um lado, de um maior acesso às vacinas e, por outro, do perdão da dívida e não apenas de uma suspensão temporária.

Infelizmente, as reuniões de Primavera do FMI e do Banco Mundial foram uma perda de oportunidade para avançar na reestruturação da arquitetura financeira global. A declaração do Comité de Assistência Monetária e Financeira Internacional, embora tenha alertado para a necessidade de acelerar a produção de vacinas e a sua distribuição equitativa, e colocando a questão das alterações climáticas no centro das atenções, prossegue com o discurso de “preservar a sustentabilidade da dívida”.

Apesar do apelo a que se continue a gastar dinheiro, sem retirar apoios muito cedo, não há clareza sobre quais serão as fontes de recursos para financiar esses gastos. Aparentemente, a única alternativa é um maior endividamento dos países, o que levaria a região latino-americana à possibilidade de uma nova década perdida, em que a despesa pública terá prioridade sobre o serviço da dívida e não sobre as necessidades sociais e de investimento da região.

Acesso à liquidez para países da América Latina

A decisão quase certa da emissão de Direitos Especiais de Saque (DEG) por US $650 bilhões é uma notícia agridoce. Por um lado, há um reconhecimento por parte dos países do G20 da necessidade de viabilizar o acesso à liquidez para os países em desenvolvimento por meio dessa emissão. No entanto, os recursos não serão suficientes. Organizações da Sociedade Civil pediram ao FMI e ao G20 a emissão de DEG por um equivalente a US $3 trilhões para atender as necessidades de financiamento dos países em desenvolvimento. A emissão aumentará as reservas como mecanismo de suporte financeiro que alguns países poderão utilizar para um maior acesso ao endividamento e outros poderão utilizá-la para cobrir necessidades de financiamento pela crise. Fica por solucionar a redistribuição de cotas que correspondem aos países ricos para os países de baixa e média renda. Apenas cerca de US$ 7 bilhões correspondem aos países pobres e cerca de US$ 204 bilhões a países de renda média.

Essa alocação, embora menor do que o esperado, será uma importante fonte de liquidez para a América Latina, mas temporária. Ao mesmo tempo, são necessárias reformas sistêmicas da dívida e da fiscalização para garantir uma recuperação sustentável.

A austeridade permanece e se retoma o Marco de Vigilância Integral do FMI

O momento exige o apoio das instituições que fazem parte da arquitetura financeira internacional para enfrentar as múltiplas dimensões de uma crise sem precedentes. No entanto, de acordo com a OXFAM, o FMI recomendou explicitamente medidas de consolidação fiscal a 16 países que receberam empréstimos durante a pandemia e a redução de gasto público em 7 deles. As medidas de consolidação fiscal recomendadas aos países, terão um impacto direto em aspectos macroestruturais, não considerados explicitamente pelo FMI, como a desigualdade, o gênero e o meio ambiente. De um modo geral, a Vigilância Integral do FMI tem sido inconsistente ao ligar as políticas macroeconômicas dos seus programas aos aspectos macroestruturais dos seus programas. A revisão do Marco de Vigilância Integral do FMI (CSR) deve, portanto, incluir indicadores e abordagens que permitam identificar como aspectos macro críticos aos efeitos em desigualdade, gênero e mudança climática que tenham seus programas. Isto é particularmente importante no contexto dos efeitos econômicos e sociais deixados pela COVID-19 em países como Equador, Costa Rica e Argentina, países com os quais o Fundo atualmente mantém acordos.

Continuam apostando pelo financiamento do setor privado para o desenvolvimento

Era ilusório pensar que a crise mudaria a maneira de pensar do FMI e do Grupo do Banco Mundial sobre a promoção do investimento privado como a solução para todos os problemas. Os anfitriões das reuniões da Primavera deste ano deixaram claro que se deve continuar apostando na intervenção do investimento privado para que seja capaz de “dar uma ajudinha” ao sector público nos seus esforços para a recuperação e o desenvolvimento. Embora a promoção do investimento privado através das Parcerias Público-Privadas (PPP) não seja novidade, desta vez recorre-se à iniciativa “Desenvolvimento Verde, Resiliente e Inclusivo” (GRID, pelas suas siglas em inglês) para dar um novo impulso a estes esquemas, dados os problemas surgidos no atual contexto de queda dos investimentos.

No âmbito das discussões sobre a recuperação econômica e o financiamento para o desenvolvimento sustentável, a infraestrutura é vista como um ativo para os investidores e os serviços públicos, incluindo os relacionados à saúde, são vistos como uma oportunidade de negócios, contra a qual é necessário que os países realizem as mudanças normativas e arranjos institucionais para favorecer a entrada do investimento privado. A isso se soma a intervenção dos bancos de desenvolvimento que já têm tudo pronto para canalizar o financiamento necessário e dar a assistência técnica que torne viável o “risco” dos privados com o aval do Estado.

A existência de más experiências com Parcerias Público Privadas em várias partes do mundo deveria levar-nos a deixar de promover este tipo de esquemas e, em vez disso, tomar as medidas necessárias para assegurar que se mobilizem os recursos públicos suficientes para fechar as brechas sociais e econômicas. Um aspecto importante que tem sido salientado como predominante para a recuperação é a vacinação em larga escala da população, sem que se tenha definido uma posição dos organismos de Bretton Woods quanto ao papel que o setor privado terá nessa questão.

Reações sobre como foi abordada a temática de Mudança Climática

Tanto o FMI como o Banco Mundial enfatizaram a necessidade de promover uma recuperação verde a nível global, alinhando os fluxos financeiros ao que está estabelecido no Acordo de Paris, tanto para mitigação quanto para adaptação, bem como conseguir um aumento da resiliência e maior solidariedade com os países menos desenvolvidos para “não deixar ninguém para trás”. O Banco Mundial impulsionou a abordagem “GRID” (Green, Resilient and Inclusive Development) e apresentou seu Plano de Ação contra a Mudança Climática, no qual aumenta a porcentagem de sua carteira destinada ao financiamento climático de 28% para 35%.

Por sua vez, o FMI reconheceu que durante muito tempo não incorporou o tema da mudança climática e os seus riscos associados nas suas avaliações e relatórios, porém foi mencionado que já o estariam fazendo, inclusive apresentaram uma plataforma com indicadores de alterações climáticas, o que pode constituir um bom avanço. Eles também comentaram que irão promover 3 ações específicas: a) promover financiamento para infraestrutura verde dentro do investimento público, b) impulsionar o uso do preço ao carbono, e c) incorporar a avaliação de riscos de transição relacionados às mudanças climáticas, para apoiar as empresas e os países que precisam mudar de decisão, na mitigação desses riscos e na procura de novas oportunidades de negócios.

Embora pareça haver progressos e boas intenções, quando se falou de sustentabilidade da dívida, não se menciona o impacto da vulnerabilidade climática nos países mais pobres e menos desenvolvidos, nem a importância de procurar mobilizar financiamento sustentável ou climático através de instrumentos financeiros que não aumentem a dívida dos países que já têm uma dívida muito elevada. Também será igualmente importante promover soluções reais, uma vez que muitos dos instrumentos baseados em colocar preço no carbono que estas duas instituições promovem, como os mercados de carbono no passado demonstraram não ser os mais eficazes no combate às alterações climáticas e favoreceram apenas certos grupos, em detrimento dos grupos mais vulneráveis. Também será muito importante que a “recuperação verde” seja promovida não apenas no setor de infraestrutura, mas em todos os sectores possíveis (agricultura, energia, resíduos, turismo, indústria, florestal, etc.) promovendo bons mecanismos de coordenação interna dentro dos governos, a fim de assegurar uma integração adequada da variável climática em todos os projetos setoriais de investimento público nos países, bem como um papel preponderante dos Ministérios das Finanças, os bancos centrais e os bancos de desenvolvimento para mobilizar financiamento climático.

Essas reuniões têm sido uma perda de oportunidade para avançar em uma reestruturação da arquitetura financeira global; a única alternativa é um maior endividamento dos países, o que levaria a região latino-americana à possibilidade de uma nova década perdida.

Para as Organizações da Sociedade Civil fica uma série de desafios e compromissos para enfrentar essas ameaças e manter a demanda e o pedido por uma coordenação multilateral renovada que coloque a vida em primeiro lugar.


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