Verónica Serafini *
Fijar una renta básica para toda la población no es una idea nueva ni es exclusiva de alguna doctrina económica en particular. Varios autores han puesto en evidencia que la alusión a esta medida de política pública data de varios siglos atrás, como el caso de Thomas Paine en el s. XVIII. Más recientemente, autores liberales como Friedrich von Hayek o Milton Friedman se refirieron a una renta mínima o a un impuesto negativo, respectivamente, o desde el keynesianismo es consistente con la necesidad de la economía de garantizar niveles mínimos de consumo para asegurar el dinamismo económico y el camino hacia el pleno empleo.
La pandemia del Coronavirus reavivó el debate sobre la relevancia de una renta básica universal sin condicionalidades, dadas las debilidades mostradas por la arquitectura de la protección social actual, en especial en América Latina.
La fragmentación y segmentación de los sistemas de protección social originada por esquemas previsionales dirigidos a los estratos de mayores ingresos y transferencias monetarias condicionadas para los de menores ingresos (o por debajo de la línea de pobreza) han dejado estratos sin ninguna cobertura, especialmente aquellos donde el trabajo es mayormente informal. Esto no permitió una protección de amplio alcance y de calidad frente a las medidas de aislamiento social implementadas en la mayoría de los países del mundo para tratar de detener el avance de la Covid-19.
A esto se agrega que a la crisis sanitaria se suma la crisis del cuidado, ya que las medidas preventivas generaron la necesidad de aumentar sustancialmente las horas y la carga mental, dada la mayor convivencia familiar y el traslado de las responsabilidades educativas a la familia.
Las mujeres, como principales responsables del cuidado son las que más están sufriendo las consecuencias de la división sexual del trabajo en la pandemia, ya que además las primeras evidencias señalan que están sobrerepresentadas en la pérdida del empleo o en las ocupaciones “esenciales” con mayor riesgo de contagio.
De ahí que el debate de la renta básica universal como garantía de un piso mínimo de bienestar para todos no pueda dejar de considerar a las desigualdades de género como uno de los objetivos a garantizar.
Desde la Economía Feminista, esta propuesta ha sido objeto de análisis con el objetivo de proponer condiciones para que su implementación no fortalezca los patrones tradicionales, al contrario, contribuya a su autonomía y ciudadanía económica.
Varios estudios encontraron que los programas de transferencias monetarias dirigidas a las familias, pero entregadas a mujeres en su rol de madres reforzaron la tradicional asignación de roles con lo cual aumentó su carga de trabajo no remunerado y se constituyeron en obstáculos para una inserción laboral de calidad.
La Renta Básica Universal tiene la potencialidad de contribuir a la reducción de las desigualdades económicas y de género en la medida que su objetivo no se vincule al rol proveedor del hogar sino al derecho a un ingreso que deviene de la necesidad esencial de sostener la vida.
El establecimiento de un ingreso universal, independiente de la adscripción al trabajo remunerado, ubica en el mismo plano al trabajo no remunerado -doméstico y de cuidado-, lo cual conduce al reconocimiento de esta actividad invisibilizada en el sistema económico y sin reconocimiento como categoría analítica en la disciplina económica.
La renta básica universal no debe utilizarse para paliar las deficiencias de la provisión de bienes públicos o comunes sino como un pilar de la protección social que acompañe la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales, así como la redistribución y reducción del trabajo no remunerado.
Este instrumento como parte de una política redistributiva debe ser financiada en el marco de una fiscalidad justa. Esto implica movilizar recursos internos provenientes de impuestos progresivos al patrimonio o a la renta de personas físicas
En la medida en que este instrumento logre incorporar estas características, su aporte a la reducción de las desigualdades económicas y de género será sustancial, así como al crecimiento económico dada la potencialidad de generar mejores condiciones para la salida de las mujeres al mercado laboral.
Contrariamente a los discursos prejuiciosos, no hay evidencia de que una renta básica o mínima perjudique el crecimiento económico al desincentivar el trabajo, sino más bien que impulsa el mismo al reducir la conflictividad social y política derivada de los altos niveles de desigualdad, ampliar la disponibilidad de tiempo de trabajo remunerado de las mujeres y limitar la incursión de grupos delictivos como los relacionados a la trata de personas o que reemplazan funciones del Estado.
* Verónica Serafini es economista feminista y asesora de Latindadd en temas de Género.
