América Latina pierde US$ 43.000 millones anuales debido a flujos financieros ilícitos
- Los canales que facilitan la salida de capitales de manera irregular son la inversión extranjera directa, comercio, depósitos bancarios e inversión en cartera, advierte estudio.
Los países de América Latina y el Caribe representan una parte importante de los flujos financieros ilícitos (FFI) originados en el comercio internacional y se estima que pierden anualmente US$ 43.000 millones por abusos fiscales transfronterizos, lo que representa el 20,4% de los presupuestos nacionales de salud pública en la región, advirtió el estudio Vulnerabilidad y Exposición al Riesgo de los Flujos Financieros Ilícitos en América Latina, elaborado por la Tax Justice Network y Latindadd.
“Los flujos financieros ilícitos son transferencias de dinero de un país a otro que están prohibidas por la ley o las normas vigentes. Comprenden flujos tanto de capital de origen ilegal (lavado de dinero clásico, armas, drogas, tráfico de personas, corrupción) como de capital de origen legal (evasión y elusión de impuestos). Estos FFI afectan las economías, las sociedades, las finanzas públicas y la gobernanza de los países latinoamericanos, como ocurre en todos los demás países”, comentó Javier García-Bernardo, investigador de la Tax Justice Network.
Según el estudio, son ocho los canales que facilitan o son el mayor riesgo para el traslado de FFI en los países de América Latina. Los canales fueron agrupados en cuatro categorías: Inversión Extranjera Directa (entrada y salida), comercio (importaciones y exportaciones), depósitos bancarios (pasivos y activos) e inversión en cartera (entradas y salidas).
Para García-Bernardo, “los flujos financieros ilícitos son habilitados por oportunidades legislativas como el secretismo o una legislación laxa”. Puso como ejemplo que territorios o países como las Islas Caíman, Panama, Islas británicas, Bahamas proveen secretismo que facilita el traslado de FFI.
Al respecto, Luis Moreno, representante de Latindadd, recordó que en el Perú el secreto financiero se encuentra inserto en la Constitución. Sin embargo, a raíz de una normativa de la administración tributaria peruana y luego que la OCDE le diera el visto bueno para el análisis de seguridad para el intercambio automático de información, se determinó que se deba reportar todas las cuentas de ahorros superior a aproximadamente a 30 mil soles (US$ 8300). La norma no pudo implementarse como inicialmente estaba debido “a los cuestionamientos de los grandes buffets de abogados con la intención de echarse la normativa”.
Para determinar la vulnerabilidad a los FFI, en los ocho canales económicos de los 19 países de América Latina, se estableció que cero representa ausencia de vulnerabilidad o secreto en el canal económico, y 100 implica mayor vulnerabilidad, o flujos económicos con una contraparte totalmente secreta.
Entre los países de la región más vulnerables a los FFI se encuentran Brasil, El Salvador, México y Nicaragua. Mientras que los menos vulnerables son Chile y Uruguay.
“El canal económico más significativo que expone a América Latina a la mayoría de los riesgos de los FFI es la entrada de IED, seguida del comercio y el capital de cartera. El aumento de la exposición en la mayoría de los canales puede atribuirse a una mayor internacionalización de las economías latinoamericanas, ya que las transacciones económicas transfronterizas representan una proporción creciente del PIB de los países latinoamericanos. Sin embargo, en el caso de la IED hacia el exterior, la vulnerabilidad ha aumentado por encima del promedio mundial de 60”, apuntó García Bernardo.
Sobre la vulnerabilidad asociada a los riesgos que representa la IED, el informe cita como ejemplo “que en 2019, Joaquín Guzmán Loera (también conocido como Joaquín Guzmán Loera). “El Chapo”) fue declarado culpable por un Tribunal de Distrito en Brooklyn, Estados Unidos, de tráfico de drogas y lavado de dinero. Según la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), uno de los métodos utilizados por El Chapo para lavar miles de millones de dólares de los ingresos de drogas consistió en usar compañías de seguros y controlar numerosas compañías pantallas en los Estados Unidos, en las que El Chapo invirtió”.
Otro hallazgo importante del Informe se refiere a la responsabilidad de los Estados miembros de la OCDE y sus dependencias en la vulnerabilidad (no sólo) de la IED en América Latina. En 2018, el 91% del riesgo de vulnerabilidad de América Latina en la inversión extranjera directa (hacia adentro) provino de los países de la OCDE y sus dependencias.
RECOMENDACIONES
El Informe ofrece tres recomendaciones de política para contrarrestar los FFI de manera más eficaz: Reforzar las capacidades de registros y movimientos, desarrollar posiciones de negoción conjunta e incorporar análisis de riesgo en los departamentos administrativos.
Respecto a la primera recomendación, el investigador precisó que “la disponibilidad de datos estadísticos sobre las relaciones económicas bilaterales debería mejorarse radicalmente para permitir análisis exhaustivos y una regulación significativa de los agentes económicos. Para ello, los gobiernos deberán reforzar las capacidades de registro y seguimiento”.
“Los gobiernos de toda la región deben desarrollar posiciones de negociación conjuntas cuando participen en negociaciones multilaterales sobre asuntos comerciales, de inversión o de impuestos. Esto podría incluir la elaboración de normas mínimas alternativas para el comercio, la inversión y los servicios financieros”, explicó García Bernardo.
Por último, recomendó que “los gobiernos de toda la región deberían incorporar el análisis de riesgos de los FFI entre los departamentos administrativos, incluidas las autoridades tributarias y las aduanas, los bancos centrales, las instituciones superiores de auditoría, los supervisores financieros, las oficinas anticorrupción, las unidades de inteligencia financiera y los poderes judiciales. Con este fin, las estrategias de creación de capacidad a nivel continental deberían incluir un análisis del riesgo de los flujos financieros ilícitos”.
Sobre el estudio, Markus Meinzer, espera “que el estudio apoye los esfuerzos de la región para reprogramar los sistemas fiscales y financieros para contrarrestar la desigualdad”.
