Propuesta del gobierno de Costa Rica al FMI acentuará la contracción económica porque tiene un claro sesgo regresivo fiscal y presupuestario

NOTA TÉCNICA DE LATINDADD SOBRE LA NEGOCIACIÓN ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL FMI

PROPUESTA DEL GOBIERNO DE COSTA RICA AL FMI ACENTUARÁ LA CONTRACCION ECONÓMICA PORQUE TIENE UN CLARO SESGO REGRESIVO FISCAL Y PRESUPUESTARIO 

El Gobierno de Costa Rica presentó al FMI una propuesta para iniciar la negociación de un “Servicio Ampliado (EFF por sus siglas en inglés)” para acceder a fondos por $1´750,000,000.00 (Mil setecientos cincuenta millones de dólares), propuesta que contiene un fuerte ajuste fiscal y económico con un contenido principalmente orientado a la reducción del Gasto Público y un conjunto de nuevos impuestos a fin de atraer nuevos ingresos.

Ante ello, Latindadd observa:

1. Austeridad presupuestaria, venta de activos estatales y reformas en institucionalidad pública 

1. Se propone impulsar rígidamente la Regla Fiscal contenida en la Ley N° 9635 aprobada en 2018, lo que implicará congelamiento indefinido de remuneraciones del sector público, fuerte contracción presupuestaria y fusión o cierre de diversas instituciones y órganos públicos.
2. Traslada cargas parafiscales establecidas por Ley de los Bancos Públicos que hoy financian a varias instituciones a la caja única del Estado, sin establecer el destino de dichos recursos ni qué pasará con las entidades afectadas.
3. Impulsa obra pública en infraestructura bajo la figura de Alianzas Público/Privadas (APPs), sin considerar que en varios países de la región estos mecanismos han sobrevalorado costos, y generado conflictos socio-ambientales.
4. Venta de activos Estatales (Fábrica Nacional de Licores y Banco Internacional de CR), es decir privatizaciones.

2. Nueva carga tributaria con contenido principalmente regresivo y de contracción económica

1. Un aumento permanente del 300 por ciento en la tasa del impuesto municipal de bienes inmuebles, que representará un serio golpe a las finanzas familiares de sectores medios al no hacer ningún tipo de diferenciación ni exención. Se trata de un serio golpe a pequeños y medianos comerciantes y agricultores en un momento en que son estos sectores los que principalmente están recibiendo los impactos de la crisis económica provocada por la pandemia.
2. Incremento por dos años de tasas (2.5 por ciento, 5 por ciento y 10 por ciento) del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a personas físicas y jurídicas. En principio una medida que podría ser progresiva se convierte en regresiva, primero porque hace menos de un año entró en aplicación un aumento de tasas. Segundo, porque en el actual contexto de pandemia una buena parte de los salarios medios y altos del sector formal están sosteniendo los núcleos familiares por el grave desempleo (24.4 por ciento). Y tercero, porque este aumento en medio de una seria recesión económica (-4.3 por ciento del PIB en el primer semestre 2020) afectará a pequeños y medianos productores y comerciantes, lo que significará un incremento desmedido en costos cuando aún no recuperan sus niveles de ventas, ni de producción.
3. Impuesto por 4 años de (0.3 por ciento los primeros 2 años y 0.2 por ciento los otros dos años) a transacciones electrónicas bancarias, lo que significa un incremento de costos a todos los agentes económicos, y la reducción en la capacidad de consumo de las familias. Asimismo, incrementa costos al sector productivo al gravar la totalidad de sus transacciones y acentúa el sesgo regresivo del impuesto al no hacer ningún tipo de diferenciación ni en el monto, ni en el tipo de transacción. En otro contexto se pudo haber discutido si era o no pertinente, pero lo que es real es que está muy lejos del debate internacional sobre gravar las grandes transacciones financieras y particularmente las especulativas.
4. Aunque puede ser definida que va en la dirección correcta la propuesta de incorporar la Renta Global a partir del 2023, no se introdujo la figura de Renta Mundial debido principalmente al lobby del sector corporativo que se resiste a una medida que ayudaría sustancialmente en la lucha contra los Flujos Financieros Ilícitos del sector vinculado al comercio exterior y al sector financiero.

3. Se mantienen incólumes los privilegios fiscales y evasión/elusión corporativa 

1. Aunque la propuesta señala su intención de “eliminar el Gasto Tributario”, realmente lo que hace es eliminar los componentes del gasto referido a Rentas del Trabajo, al eliminar la exoneración del ISR al Salario Escolar (0.12 por ciento del PIB); y eliminar los créditos familiares en ISR establecidos para cónyuge e hijos menores de 25 años que estudian (0.03 por ciento del PIB). Adicionalmente, se elimina la exoneración a los premios de lotería (0.07 por ciento del PIB) y la exoneración de ISR a Cooperativas (0.06 por ciento del PIB).
2. En cambio, el Gasto Tributario referido al poder corporativo, se mantiene intacto. No se tocan las exoneraciones en Impuesto al Valor Agregado (IVA) e ISR a las zonas francas que sólo en ISR representan un (1.01 por ciento del PIB) y en IVA (1.0 por ciento del PIB); tampoco la exoneración de ISR a las rentas pasivas del mercado financiero (0.36 por ciento del PIB), ni la exoneración de ISR de las ganancias en traspasos de bienes inmuebles (0.15 por ciento del PIB). El Gasto Tributario en general tiene un serio impacto en la economía nacional pues representa un 5.57% del PIB.
3. No hay en la propuesta ninguna medida concreta y eficaz de combate a la evasión y elusión. Solo se plantea la puesta en marcha del proyecto Hacienda Digital como mecanismo para reducir dicha evasión. Cabe señalar que sólo en ISR e IVA, la evasión representa un 8.22 por ciento del PIB. De otro lado, la evasión y elusión del Comercio Exterior (Falsa Facturación y Manipulación de Precios de Transferencia) representa un 5.50 por ciento del PIB.

4. Una política de deterioro de condiciones laborales y salariales del Sector Público 

1. Se impulsa el proyecto de Reforma del Empleo Público, que universaliza el “Salario Único” sin ningún tipo de “complemento salarial”, lo que deteriora la composición del salario del sector público, flexibiliza y desregulariza las condiciones de despido, e introduce transformaciones en formas de contratación y estabilidad laboral.
2. Se busca eliminar por cuatro años el complemento salarial por antigüedad denominado “anualidades” a toda la planilla del sector público.
3. Se impulsa un programa de “movilidad laboral” o retiro de 7,000 (siete mil) funcionarios públicos.
4. Se impulsa el proyecto legislativo que pretende eliminar la jornada de ocho horas, convirtiendo la jornada de doce horas en jornada ordinaria.

Por todo ello, Latindadd concluye que: 

• La propuesta gubernamental al FMI expresa una intención de promover un ajuste muy fuerte en materia de contención de gasto:
  • colocando el acento en una rígida política de austeridad presupuestaria utilizando para ello la Regla Fiscal,
  • promoviendo una fuerte política de congelamiento de montos de remuneraciones,
  • una política de congelamiento y desregulación de condiciones de contratación, y
  • el cierre y fusión de órganos públicos
• Incorpora peligrosamente la venta de activos estatales como una salida, algo que ha quedado demostrado en América Latina, tiene serias consecuencias. Así, como la promoción de las Alianzas Público/Privadas en infraestructura pública, que ya se ha demostrado por medio de diferentes estudios los serios riesgos que contiene esta estrategia.

• Impulso de un conjunto de nuevos impuestos temporales y permanentes, que tienen un carácter altamente regresivo por la forma en que están planteados y por el contexto de crisis económica, golpeando fuertemente a sectores medios y pequeños y medianos empresarios que son quienes más han sufrido las consecuencias económicas de la pandemia. Ese paquete de nuevos impuestos tendrá un efecto contraproducente en la economía nacional, acentuando la recesión económica.

• La propuesta no ataca dos aspectos centrales que vienen erosionando las finanzas públicas como es el Gasto Tributario y la Evasión y Elusión Tributaria, vuelve a recargarse en las rentas del trabajo su propuesta de eliminación de exoneraciones, sin tocar las del sector corporativo y no presenta una sola medida para atacar el grave problema de la evasión y elusión fiscal corporativa.

• La propuesta tiene un claro sesgo antilaboral con un conjunto de medidas orientadas a precarizar condiciones de trabajo y salariales del sector público.

• Una debilidad fundamental y estructural de la propuesta presentada por el Gobierno, es que no aborda el principal problema que tiene el país como es el manejo de la Deuda Pública que para julio 2020 representa un 65.8 por ciento del PIB. Sin entrar a resolver este problema de gestión de deuda la situación fiscal no podrá resolverse.

• Finalmente, la ruta escogida por el Gobierno de Costa Rica va en la dirección contraria a lo que la UNCTAD recomienda en su reciente Informe sobre el Comercio y Desarrollo 2020 (véase https://unctad.org/es/PublicationsLibrary/tdr2020overview_es.pdf) en el que recomienda tres medidas esenciales: empuje audaz del gasto público para impulsar la recuperación económica, aumento de salarios y contener las rentas corporativas. Con el propósito de enfrentar la desigualdad (recuérdese que Costa Rica ocupa el 9° lugar de los países más desiguales del planeta) y reconstruir las economías de la devastación ocasionada por la pandemia del coronavirus.

En tal sentido, Latindadd exhorta al Gobierno de Costa Rica a dejar de lado las políticas y medidas que sustentan este pedido al FMI, y adoptar un enfoque adecuado al contexto de pandemia, crisis económica y crisis social que atraviesa el país. Asimismo, hace un llamado a las organizaciones sociales del país a estar vigilantes sobre este posible acuerdo.

Finalmente, exhortamos al FMI a cerrar definitivamente el oscuro capítulo sobre la austeridad condicionada, que solo contribuye a una recuperación desigual de la crisis, afectando directa y negativamente a nuestros países.

América Latina, 5 de octubre de 2020.

 

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