Organizaciones peruanas rechazan intento de empresas de eludir deudas tributarias

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Actualización: Con cuatro votos a favor y dos en contra, el Tribunal Constitucional desestimó la demanda que buscaba anular el D.L 1421, que regula el plazo para cobrar las deudas tributarias; así, la Superintendencia de Administración Tributaria (SUNAT)podrá continuar el proceso legal contra 158 grandes empresas que apelaron el pago de S/9.256 millones en impuestos.

 

Redacción. Mediante una acción inconstitucional un grupo de empresas que deben al Estado peruano cerca de 11,000 millones de soles (aproximadamente US$3,100 millones) pretende eludir el pago de sus obligaciones tributarias apelando a una norma que modificaría el código tributario en este país.

Ante esto, más de 40 organizaciones sociales peruanas han emitido un pronunciamiento expresando su rechazo “al intento de un grupo de empresas para librarse del pago de sus obligaciones tributarias mediante una acción de inconstitucionalidad”.

El intento de eludir las deudas tributarias es impulsado por empresas del rubro minero, financiero, construcción, supermercados, universidades, clínicas, entre otras, entre las que figuran con deudas mayores Minas Buenaventura (S/ 2,083 millones) y Scotiabank Perú (S/ 1,076 millones), seguidas de las mineras Antapaccay, Las Bambas, Cerro Verde, así como Telefónica y LATAM.

El pronunciamiento de rechazo, encabezado por la Asociación Nacional de Centros (ANC), refiere que a todas luces este acto no solo atenta contra la estabilidad económica del país, sino también que vulnera la lucha que realiza el Estado contra la pandemia causada por la Covid-19.

El comunicado, suscrito también la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social – Latindadd, detalla el inicio de la acción con la que estas empresas deudoras pretenden eludir el pago: “En el 2019, el Colegio de Abogados de La Libertad (CALL) presentó una demanda ante el Tribunal Constitucional (TC) para que se declare la inconstitucionalidad de la primera disposición complementaria transitoria del Decreto Legislativo 1421, para de esa forma activar automáticamente la prescripción de las deudas tributarias que mantienen en controversia un número de contribuyentes con la administración tributaria”

“Estamos hablando de grandes empresas las que serían beneficiadas en caso se diera una sentencia en favor de la inconstitucionalidad, muchas de ellas con gran poder en el país y muchas, además, conocidas por estar involucradas en actos de vulneración de derechos de trabajadores y de las poblaciones, afectación del medio ambiente e incluso en ilícitos de corrupción, lavado de activos y fraude fiscal.”

La ANC precisa en el comunicado que los más de 11,000 millones de soles que están en juego es un dinero que podría servir “para atender las necesidades urgentes de la población más afectada por la pandemia, además pueden ir directamente a ampliar los resupuestos el 2021 en Salud, Educación Agricultura Familiar, y Protecciones Sociales desde MIDIS y MIMP”.

Esta acción será debatida este 22 de setiembre en el Tribunal Constitucional peruano, donde uno de sus magistrados, Ernesto Blume, ya expresó su postura a favor de declarar la prescripción de las referidas deudas, lo que no solo permitiría a estas empresas eludir su responsabilidad con el Estado peruano, sino que también “provocaría que el Estado deje de cobrar estas enormes deudas en litigio… abriría el camino para que otras empresas se vean beneficiadas de tal decisión, afectando de aquí en adelante la capacidad de fiscalización tributaria de la SUNAT”.

Los firmantes del pronunciamiento instan al TC peruano a tomar “la decisión correcta por el bien de las mayorías, declarando infundada la demanda de inconstitucionalidad”.

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