Redacción. En el Perú, la mafia que controló el Congreso por años, y que recibió un duro golpe con el cierre del Legislativo en setiembre de 2019, intentó dar un golpe de Estado cívico-militar con el presidente Martín Vizcarra, afirmó el analista político Carlos Paredes, en diálogo con la periodista Verónica Insausti, para Nuestramerica.Tv y Telesur.
Paredes afirmó que las denuncias que hace pocos días remecieron la escena política peruana solo buscaban sacar del sillón presidencial a Vizcarra, como una venganza a la lucha anticorrupción que apoyó el mandatario y que llevó a que los casos Lava Jato, Cuellos Blancos y otros más conduzcan a prisión a varios líderes políticos, e incluso obligó a uno de ellos a suicidarse para no ser arrestado, como ocurrió con el líder aprista Alan García.
“Lo que hemos tenido es la aplicación de un plan llevado adelante con la figura de disfraz de que era un pedido de vacancia, pero era un golpe de estado, cívico-militar. Tenía como necesidad acomodar pieza se implicaba comprometer a los altos mandos militares”, afirmó Paredes, quien explicó que incluso varios ministros de Estado fueron tentados por este grupo que busca desestabilizar la débil institución democrática peruana, para de alguna forma seguir actuando en la impunidad.
Además, denunció que este plan fue pensado y ejecutado por un grupo de militares que vienen operando desde las épocas de la dictadura fujimorista, cuando coordinaban acciones con el asesor presidencial Vladimiro Montesinos, hoy en prisión. “Esto ya abortó porque ya se conoce toda la conspiración… ahora solo les queda el trámite de lo relativo a la vacancia. Pero ya hay tres bancadas que han dicho que no van a votar a favor de esta, así que parece que los votos tampoco les alcanzarán para esto”.
En otro momento, al explicar sobre qué grupos estarían detrás de esta intentona golpista, Paredes citó un artículo periodístico donde se evidencia que todo habría sido orquestado por la llamada Coordinadora Republicana, que tendría en sus filas a militares y abogados que seguirían operando para grupos ligados a las mafias golpeadas con las investigaciones judiciales de Lava Jato y de los Cuellos Blancos.
