Latindadd frente a la Reestructuración de la Deuda ecuatoriana

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Más de lo mismo en Pandemia: Beneficios para Prestamistas, Deuda para los Pueblos

En comunicado oficial del 3 de agosto de 2020, el gobierno ecuatoriano anunció haber alcanzado un acuerdo para la reestructuración de su deuda externa con acreedores privados. La renegociación se realizó sobre el 41 por ciento del total de la deuda externa ecuatoriana, de la cual dos terceras partes (65 por ciento) fue adquirida bajo el mandato del presidente Lenín Moreno. Sobre este acuerdo expresamos que:

  1. MAYOR PARTE DE DEUDA RENEGOCIADA CUBRIÓ DÉFICIT COMERCIAL Y SERVICIO DE DEUDA. La deuda contraída por el gobierno de Lenín Moreno (US$ 19 mil 813 millones – a marzo de 2020), que corresponde al 65% de la deuda reestructurada con acreedores privados, se usó para pagar intereses y capital de deuda (US$ 14 mil 541 millones), y el resto para cubrir los déficits de la balanza de pagos por el incremento abrupto de las importaciones (US$ 5 mil 977 millones); en lugar de servir para el campo productivo o social de la economía. Este tipo de endeudamiento es considerado como deuda ilegítima por el movimiento social contra la deuda, debido a que no ha beneficiado a la población.
  2. ESTA REESTRUCTURACIÓN ATENTA CONTRA LOS DERECHOS ECONÓMICOS Y SOCIALES. A pesar de que implica un alivio fiscal para los próximos años y evita el riesgo de default, la reestructuración realizada por el actual gobierno ecuatoriano no representa ninguna salida sostenible a la crisis de deuda que atraviesa; reduce el margen presupuestal de políticas públicas en plena pandemia, atentando contra los derechos económicos y sociales de la población (bonos, subsidios, reactivación económica familiar, etc.), fundamental para enfrentar el impacto del nuevo coronavirus.
  3. IMPONE AJUSTE FISCAL, REFORMA TRIBUTARIA REGRESIVA Y FLEXIBILIZACIÓN DEL TRABAJO. Entre las condiciones de esta renegociación se incluye un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con las condicionalidades que estos programas implican. En medio de la pandemia, el gobierno ecuatoriano se ha autoimpuesto las políticas de ajuste del FMI que incluirían los deberes no cumplidos del acuerdo previo con el FMI en 2019: una reforma para la flexibilización del trabajo, una reforma para la “autonomía” del Banco Central y una reforma tributaria regresiva. Además, no existiría garantía que este nuevo acuerdo cumpla con los requisitos de consulta legislativa y ratificación constitucional previa tal como manda la ley ecuatoriana.
  4. BENEFICIA EXCESIVAMENTE A LOS ACREEDORES Y TRANSFIERE ESTE COSTO AL PUEBLO. El acuerdo beneficia a los tenedores de deuda al revalorizar los precios de los bonos. La reestructuración hecha por el gobierno de Lenín Moreno ha obviado que, debido a la pandemia, el valor nominal de los bonos ecuatorianos cayó al 35 por ciento de su valor. No obstante, la negociación de estos bonos reconoció el 59 por ciento (a valor presente) y un 91 por ciento (a valor nominal). Así, el gobierno ecuatoriano no solo garantizó la renta a los tenedores, sino que transfirió el riesgo especulativo que enfrenta el gran capital, recayendo este sobre la población. Con esta renegociación, el gobierno transfirió gran parte del costo de la crisis del nuevo coronavirus hacia la población ecuatoriana, a costa de los contribuyentes, primando el beneficio de los tenedores privados externos. Esto viola el Art. 290.3 de la Constitución ecuatoriana: “…Sólo se podrá refinanciar deuda pública externa, siempre que las nuevas condiciones sean más beneficiosas para el Ecuador”.
  5. CAPITALIZA INTERESES, ALGO PROHIBIDO POR LA CONSTITUCIÓN ECUATORIANA. El acuerdo contiene la capitalización de intereses bajo la forma de un bono denominado “Bono PDI 2030”, con el potencial pago de “intereses sobre intereses” en caso de mora. En Ecuador, la capitalización de intereses (anatocismo) está prohibida por el marco constitucional (Art. 290.4) referente a las regulaciones del endeudamiento público. Es importante tener presente que, en 2008, el gobierno ecuatoriano de aquél entonces calificó de “ilegítima e ilegal” un tramo de su deuda, luego de determinar mediante un proceso de auditoria, una emisión de bonos que tuvo una renegociación con similares características a la reestructuración actual. Por tanto, la renegociación de la deuda hecha por Lenín Moreno sería también ilegítima.
  6. NO CONSIDERA LA CORRESPONSABILIDAD DE LOS PRESTAMISTAS. El endeudamiento de nuestros países es generado por desigualdades y asimetrías en la arquitectura financiera vigente, a favor del capital y de quienes concentran la riqueza. La entrada de recursos en forma de créditos no puede dejar de incorporar el criterio de corresponsabilidad entre prestatarios y prestamistas, tanto en las condiciones financieras, como para evitar que el uso de estos recursos haya sido contratado en contra de los intereses del país. Sin embargo, este criterio ha sido dejado de lado en la renegociación.
  7. REFLEJA LA URGENCIA DE TRANSFORMAR LA ARQUITECTURA FINANCIERA INTERNACIONAL. El proceso de renegociación de la deuda del gobierno ecuatoriano refleja las fallas de un sistema que prioriza el pago de deuda y los intereses a los acreedores, antes que la vida humana. La renegociación hecha por el gobierno ecuatoriano significa solo la postergación del pago de intereses a cambio de un incremento del servicio de la deuda en el largo plazo. Esto demuestra la necesidad de establecer un proceso de reestructuración de la deuda justo, independiente, oportuno y transparente, planteado desde el siglo pasado por diversas organizaciones parte del movimiento internacional contra la deuda. Un proceso que vele y priorice los intereses de la población y permita el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y en particular, que ningún gobierno ecuatoriano atente contra el Art. 290.2 de su Constitución Política que establece “que el endeudamiento público no afecte a la soberanía, los derechos, el buen vivir y la preservación de la naturaleza”.

Por todo esto, Latindadd considera ilegítima la reestructuración realizada por el gobierno de Lenín Moreno.

Ante la necesidad urgente de recursos para afrontar esta crisis sin precedentes y proteger a la población en el contexto pandémico, demandamos la anulación del servicio de la deuda externa ecuatoriana, tanto del principal como los intereses y cargos, que tengan vencimiento en 2020 y 2021, con una anulación permanente que no acumule una carga futura, y de forma inmediata para liberar recursos que permitan hacer frente a las urgentes crisis sanitarias, sociales y económicas resultantes del nuevo coronavirus.

Finalmente, y ante una crisis con impactos de largo plazo, urge una renegociación legítima, con el establecimiento de un proceso justo de reestructuración de la deuda soberana hacia futuras reestructuraciones de la deuda ecuatoriana con acreedores bilaterales y multilaterales.

América Latina, agosto de 2020

 

 


 

 

LATINDADD AGAINST ECUADOR´S DEBT RESTRUCTURING

More of the Same in the Pandemic: Benefits for Lenders, Debt for the People

In an official statement dated August 3, 2020, the Ecuadorian government announced that it had reached an agreement for the restructuring of its external debt with private creditors. The renegotiation was carried out on 41 percent of Ecuador´s total foreign debt, of which two thirds (65 percent) was acquired under the mandate of President Lenin Moreno. About this agreement, we express that:

  1. A SIGNIFICANT SHARE OF RENEGOTIATED DEBT COVERS TRADE DEFICIT AND DEBT SERVICE. Debt contracted by the Lenin Moreno administration (US $ 19,813 million – as of March 2020), which corresponds to 65% of the restructured debt with private creditors, was used to repay debt interests and principal (US $ 14,541 million), and the rest to cover balance of payments deficits due to the abrupt increase in imports (US $ 5,977 million); instead of supporting the productive or social sectors of the economy. This type of indebtedness is considered illegitimate by the social movement against debt, because it has not benefited the population.
  2. THIS RESTRUCTURING TRANSGRESSES ECONOMIC AND SOCIAL RIGHTS. Although it implies fiscal relief for the next few years and reduces the risk of default, the restructuring carried out by the current Ecuadorian government does not represent a sustainable solution to the ongoing debt crisis it faces. It reduces the fiscal space for public policies in the midst of the pandemic, undermining the economic and social rights of the population (bonuses, subsidies, family economy reactivation, etc.), which are fundamental to face the impact of the new coronavirus.
  3. IT IMPOSES FISCAL ADJUSTMENT, A REGRESSIVE TAX REFORM, AND LABOR FLEXIBILITY. The conditions for this renegotiation include a new agreement with the International Monetary Fund (IMF), with the conditionality that these programs imply. In the midst of the pandemic, the Ecuadorian government has imposed the IMF’s adjustment policies that would include the unfulfilled duties of the previous agreement with the IMF in 2019: a reform aiming for more flexibility in the labor market, a reform consolidating the autonomy of the Central Bank, and a regressive tax reform. In addition, there would be no guarantee that this new agreement meets the requirements of legislative consultation and prior constitutional ratification, as mandated by Ecuadorian law.
  4. IT BENEFITS THE CREDITORS EXCESSIVELY AND TRANSFERS THIS COST TO THE PEOPLE. The deal benefits debt holders by increasing bond prices. The restructuring carried out by the Lenin Moreno government has overlooked that, due to the pandemic, the nominal value of Ecuadorian bonds fell to 35 percent of their value. However, the negotiation of these bonds recognized 59 percent (at present value) and 91 percent (at face value). Thus, the Ecuadorian government not only guaranteed the income to the holders, but also transferred the speculative risk faced by large investment capitals to the people. With this renegotiation, the government transferred a large part of the cost of the new coronavirus crisis to the Ecuadorian population, at the expense of taxpayers, giving priority to the interests of foreign private holders. This violates Art. 290.3 of the Ecuadorian Constitution: “… external public debt may be refinanced, provided that the new conditions are more beneficial for Ecuador.”
  5. IT CAPITALIZES INTERESTS, SOMETHING FORBIDDEN BY THE ECUADORIAN CONSTITUTION. The agreement envisages the capitalization of interests in the form of a bond called “PDI 2030 Bond”, with the potential payment of “interests on interests” in case of default. In Ecuador, the capitalization of interest (anatocism or usury) is prohibited by the constitutional legal framework (Art. 290.4) referring to the regulations of public indebtedness. It is important to note that, in 2008, the Ecuadorian government of that time classified as “illegitimate and illegal” a portion of its debt after identifying, through an audit process, a bond issuing subject to a renegotiation with similar characteristics to the current restructuring. Therefore, the debt renegotiation made by Lenin Moreno´s administration would also be illegitimate.
  6. IT DOES NOT CONSIDER THE CORRESPONSIBILITY OF THE LENDERS. The indebtedness of our countries is generated by inequalities and asymmetries in the current financial architecture, in favor of investment capitals and of those who concentrate wealth. The inflow of resources in the form of credits should not fail to incorporate the notion of joint responsibility between borrowers and lenders, in terms of the agreed financial conditions, and also to avoid that the use of these resources has been contracted against the interests of the country. However, these aspects have been set aside in the renegotiation.
  7. IT REFLECTS THE URGENCY OF TRANSFORMING THE INTERNATIONAL FINANCIAL ARCHITECTURE. The process of debt renegotiation by the Ecuadorian government reflects the failures of a system that prioritizes the payment of debt and interests to creditors ahead of human life. The renegotiation made by the Ecuadorian government merely implies the postponement of interest payments in exchange for an increase in debt service in the long term. This demonstrates the need to establish a fair, independent, timely and transparent debt restructuring process, proposed since the last century by various organizations that are part of the international movement against debt. Such process must prioritize the interests of the population and allow the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs), and in particular, must ensure that no Ecuadorian government violates Art. 290.2 of the country´s Constitution, which establishes “that public debt must not affect sovereignty rights, good living and the preservation of nature.”

In light of the above, Latindadd considers the debt restructuring carried out by the Lenin Moreno government illegitimate.

Given the urgent need for fresh resources to face this unprecedented crisis and protect the population in the pandemic context, we demand the cancellation of the Ecuadorian external debt service, including the principal, interests and charges, which are due in 2020 and 2021. It should be permanent so that it does not accumulate a future burden, and immediate in order to free up resources to deal with the urgent health, social and economic needs resulting from the new coronavirus.

Finally, and in the face of a crisis with long-term impacts, a legitimate renegotiation is urgently needed, with the implementation of a fair process of sovereign debt restructuring towards future restructuring processes of the Ecuadorian debt with bilateral and multilateral creditors.

Latin America, August of 2020

 


 

 

LATINDADD DE FRENTE À REESTRUTURAÇÃO DA DÍVIDA EQUATORIANA

Mais do mesmo na Pandemia: Benefícios Para os Prestamistas, Dívida para os Povos

Em comunicado oficial datado de 3 de agosto de 2020, o governo equatoriano anunciou que havia chegado a um acordo para a reestruturação de sua dívida externa com credores privados. A renegociação foi realizada sobre 41 por cento do total da dívida externa equatoriana, da qual dois terços (65 por cento) foram adquiridos sob o mandato do presidente Lenín Moreno. Sobre este acordo, expressamos que:

  1. MAIOR PARTE DE DÍVIDA RENEGOCIADA COBRIU O DÉFICIT COMERCIAL E SERVIÇO DE DÍVIDA. A dívida contraída pelo governo Lenín Moreno (US$ 19,813 bilhões – em março de 2020), que corresponde a 65% da dívida reestruturada com credores privados, foi destinada ao pagamento de juros e capital da dívida (US$ 14,541 bilhões), e o restante para cobrir os déficits da balança de pagamentos devido ao aumento abrupto das importações (US$ 5,977 bilhões); em vez de servir à área produtiva ou social da economia. Esse tipo de endividamento é considerado como dívida ilegítima pelo movimento social contra a dívida, por não ter beneficiado a população.
  2. ESTA REESTRUTURAÇÃO ATENTA CONTRA OS DIREITOS ECONÔMICOS E SOCIAIS. Embora implique em alívio fiscal para os próximos anos e evite o risco de default, a reestruturação realizada pelo atual governo equatoriano não representa uma solução sustentável para a crise de dívida que atravessa; reduz a margem orçamentária para políticas públicas em meio a uma pandemia, prejudicando os direitos econômicos e sociais da população (bônus, subsídios, reativação econômica familiar, etc.), essenciais para enfrentar o impacto do novo coronavírus.
  3. IMPÕE AJUSTE FISCAL, REFORMA TRIBUTÁRIA REGRESSIVA E FLEXIBILIZAÇÃO DO TRABALHO. Entre as condições para essa renegociação se inclui um novo acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), com os requisitos que esses programas implicam. Em meio à pandemia, o governo equatoriano se auto impôs as políticas de ajuste do FMI que incluiriam os deveres não cumpridos do acordo anterior com o FMI em 2019: uma reforma para a flexibilização do trabalho, uma reforma para a “autonomia” do Banco Central e uma reforma tributária regressiva. Além disso, não haveria nenhuma garantia de que este novo acordo cumpra com os requisitos de consulta legislativa e ratificação constitucional prévia, conforme determina a lei equatoriana.
  4. BENEFICIA DE FORMA EXCESSIVA AOS CREDORES E TRANSFERE ESTE CUSTO PARA O POVO. O acordo beneficia os detentores de dívidas ao revalorizar os preços dos títulos. A reestruturação realizada pelo governo Lenín Moreno omitiu que, devido à pandemia, o valor nominal dos títulos equatorianos caiu para 35 por cento de seu valor. No entanto, a negociação desses títulos reconheceu 59 por cento (a valor presente) e 91 por cento (a valor nominal). Assim, o governo equatoriano não só garantiu a receita aos detentores, mas transferiu o risco especulativo que enfrenta o grande capital, recaindo este sobre a população. Com essa renegociação, o governo transferiu grande parte do custo da crise do novo coronavírus para a população equatoriana, em detrimento dos contribuintes, priorizando o benefício dos detentores privados externos. Isso viola o Art. 290.3 da Constituição equatoriana: “… Somente se poderá refinanciar a dívida pública externa, desde que as novas condições sejam mais benéficas para o Equador.”
  5. CAPITALIZA JUROS, ALGO PROIBIDO PELA CONSTITUIÇÃO EQUATORIANA. O acordo contém a capitalização de juros na forma de um bônus denominado “Bono PDI 2030”, com potencial de pagamento de “juros sobre juros” em caso de inadimplência. No Equador, a capitalização de juros (anatocismo) é proibida pelo marco constitucional (Art. 290.4) referente aos regulamentos do endividamento público. É importante ter em mente que, em 2008, o governo equatoriano daquela época classificou como “ilegítimo e ilegal” uma parte de sua dívida, após determinar por meio de uma auditoria, a emissão de títulos que teve uma renegociação com características semelhantes à reestruturação atual. Portanto, a renegociação da dívida feita por Lenín Moreno também seria ilegítima.
  6. NÃO CONSIDERA A CORRESPONSABILIDADE DOS PRESTAMISTAS. O endividamento de nossos países é gerado pelas desigualdades e assimetrias da atual arquitetura financeira, a favor do capital e daqueles que concentram a riqueza. O ingresso de recursos na forma de créditos não pode deixar de incorporar o critério da corresponsabilidade entre devedores e credores, tanto nas condições financeiras, quanto para evitar que a utilização desses recursos tenha sido contratado contra os interesses do país. No entanto, esse critério foi deixado de lado na renegociação.
  7. REFLETE A URGÊNCIA DE TRANSFORMAR A ARQUITETURA FINANCEIRA INTERNACIONAL. O processo de renegociação da dívida do governo equatoriano reflete as falhas de um sistema que prioriza o pagamento da dívida e dos juros aos credores, ao invés da vida humana. A renegociação realizada pelo governo equatoriano significa apenas o adiamento do pagamento de juros em troca de um aumento do serviço da dívida no longo prazo. Isso demonstra a necessidade de estabelecer um processo de reestruturação da dívida justo, independente, oportuno e transparente, proposto desde o século passado por diversas organizações que fazem parte do movimento internacional contra a dívida. Um processo que vigie e priorize os interesses da população e permita atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e, em particular, que nenhum governo equatoriano viole o Art. 290.2 de sua Constituição Política, que estabelece “que a dívida pública não afete a soberania, os direitos, o bem viver e a preservação da natureza ”.

Por tudo isso, Latindadd considera ilegítima a reestruturação realizada pelo governo Lenín Moreno.

Diante da necessidade urgente de recursos para enfrentar esta crise sem precedentes e proteger a população no contexto pandêmico, exigimos a anulação do serviço da dívida externa equatoriana, tanto do principal quanto dos juros e taxas, que vençam em 2020 e 2021, com a anulação permanente, que não acumule ônus futuro, e liberação imediata de recursos para fazer frente às urgentes crises sanitárias, sociais e econômicas decorrentes do novo coronavírus.

Finalmente, e em frente a uma crise com impactos de longo prazo, é urgente uma renegociação legítima, com o estabelecimento de um processo justo de reestruturação da dívida soberana para futuras reestruturações da dívida equatoriana com credores bilaterais e multilaterais.

América Latina, agosto de 2020.


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