Redacción. Más de cien obispos de los cinco continentes firmaron un comunicado en el que expresan su rechazo a los abusos cometidos en todo el mundo por las multinacionales. En el texto, hacen un llamado a los gobernantes para que frenen el accionar de estas corporaciones.
Detallan en el comunicado que «el abuso corporativo en detrimento de las personas sigue siendo generalizado, pero los Estados de todo el mundo tienen una oportunidad única de intensificar y detener esto mediante la introducción de medidas vinculantes a nivel nacional, pero especialmente a nivel internacional y regional, donde las principales brechas se encuentran como lo argumenta un gran grupo internacional de obispos y cardenales».
Además, hacen énfasis que los abusos cometidos por estas gigantescas empresas se han agudizado por la pandemia que sufre el mundo. «Esta pandemia ha puesto al descubierto nuestra interdependencia y ha desatado el caos en las cadenas mundiales de suministro que unen las fábricas a través de las fronteras, mostrando nuestra dependencia de trabajadores vulnerables que realizan un trabajo esencial en todo el mundo».
En el referido comunicado, también se puede leer un llamado a combatir la evasión fiscal que cometen las corporaciones, delito que reduce los ingresos de los gobiernos y vulnera la realización de distintos derechos de los ciudadanos y ciudadanas de los países que sufren este problema.
«Instamos a todos los estados a mantener sus promesas y obligaciones de acuerdo con el derecho internacional para proteger los derechos humanos frente a abusos corporativos. En este sentido, acogemos con beneplácito los resultados del estudio de la Comisión Europea anteriormente mencionado y el anuncio por parte del Comisionado de Justicia a favor de una legislación obligatoria y sólida. La legislación debe introducir la debida diligencia obligatoria en materia de derechos humanos y medio ambiente, en otras palabras, identificar, evaluar, detener, prevenir y mitigar los riesgos y las violaciones relacionados con el medio ambiente y los derechos humanos a lo largo de su cadena de suministro, así como mejorar de forma substancial las posibilidades que tienen las personas afectadas de exigir indemnizaciones en tribunales civiles nacionales», detalla el comunicado.
