viernes , 9 diciembre 2022

América Latina enfrenta una nueva década perdida

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Redacción. La pandemia por el coronavirus está causando crisis sanitarias, económicas y sociales en todo el mundo, pero diversos organismos internacionales han advertido que América Latina será una de las regiones más golpeadas. “Vamos a tener la peor recesión en más de un siglo. Ya se está viendo cómo será el período de recuperación y también vemos cómo se está generando una deuda social en nuestros países”, apuntó Patricia Miranda, directora de Incidencia Global de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) durante su participación en el side event “La deuda pública, un obstáculo para la garantía de los derechos humanos”.

De acuerdo a estimaciones del propio Fondo Monetario Internacional (FMI), la crisis no solo será más fuerte en América Latina, y sumado a una lenta recuperación, el organismo multilateral ya habla de una década perdida para la región. “Antes del Covid-19 América Latina ya tenía un déficit, en algunos países este alcanzaba los dos años de déficit fiscal. Los países en la región tienen un espacio fiscal reducido y además ingresos públicos limitados. Varios países de América Latina ya se habían visto afectados por la caída en el precio del petróleo y la baja también en el precio de otros productos, como los agrícolas, por ejemplo”, advirtió la especialista de Latindadd.

Miranda también advirtió sobre el creciente problema en varios países de la región, ya que en muchos casos la deuda interna supera los volúmenes de la externa. “Se han dado emisiones de bonos soberanos, que crecieron en la última década. Para muchos es una fuente de financiamiento de las más caras y de las menos concesionales. También se ven los pasivos contingentes que generan en las asociaciones público privadas. Otro problema es la deuda en otros niveles de gobierno, como los subnacionales”.

A la vez, la representante de la red latinoamericana señaló que otra amenaza a la economía de la región es la deuda externa del sector corporativo, adquiridas por las empresas privadas y que ha ido creciendo casi a la par que la del sector público.

En otro momento de su participación, Miranda advirtió que otro factor a considerar sobre los impactos que está causando el coronavirus es que en América Latina provocará que al menos 30 millones de hombres y mujeres caigan en condiciones de pobreza, de los cuales al menos 16 millones llegarán a niveles de pobreza extrema. “Los países donde más aumentarían los niveles de pobreza son Argentina, Brasil, Ecuador y México”.

Más dinero y menos deuda

Como una forma de frenar la caída de muchos países de la región, y de los países en desarrollo en general, en nuevos ciclos de endeudamiento y de situaciones que los dejen fuera del sistema financiera, Miranda resaltó que diversas organizaciones de la sociedad civil global están defendiendo una propuesta para que los países tengan acceso a liquidez de forma rápida.

“Una de las propuestas es la emisión de Derechos Especiales de Giro (DEG), que es una decisión de los países miembros del FMI. Se necesita la mayoría de votos para tomar la decisión y consistiría en que los países con las monedas que integran la canasta de los DEG (el dólar de EE.UU., el euro, el renminbi chino (RMB), el yen japonés y la libra esterlina) emitan estos derechos y que prácticamente podrían ser transferidos, como ocurrió en el 2009 , a los países miembros del mundo sin que esto involucre un préstamo, ni repago de capital, solo la tasa muy baja de 0.05% y que sería un mecanismo rápido de accesos a recursos para nuestros países y que puedan enfrentar la pandemia y necesidad de liquidez”, explicó Miranda.

También, indicó que otra propuesta planteada por la sociedad civil es la cancelación del servicio de la deuda para el período 2020 y 2021. Detalló que no se trata de un pedido de diferimiento de los pagos, ya que ningún país sabe cuándo podrían hacerlos. “Lo que demandamos es cancelar los pagos de servicios de deuda y así obtener liquidez”.

La jornada de discusión fue organizada por la Plataforma Argentina de Monitoreo para la Agenda 2030 (PAMPA) y contó con la participación de expertos y analistas en temas de derechos humanos y deuda.


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