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Ingreso de Costa Rica a la OCDE significaría retroceso en conquistas sociales

Redacción. Esta semana se dio a conocer que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) acordó invitar formalmente a Costa Rica a ser parte de este grupo de países, el número 38 del bloque y el cuarto de América Latina. Sin embargo, las críticas y cuestionamientos técnicos no han demorado en alertar que esta invitación podría ser negativa para la economía del país centroamericano.

Y es que una de las principales críticas a la intención del gobierno tico de ser parte de la OCDE es principalmente las políticas que promueve este bloque. «Hemos cuestionado desde el principio el proceso de adhesión a este organismo, principalmente por las políticas que promueve, que van en consonancia con el paradigma neoliberal de una Reforma del Estado de amplio espectro, que se sustenta en el impulso de medidas de austeridad presupuestaria, contención del gasto e inversión pública, desregulación de condiciones laborales para trabajadores del sector público, política salarial restrictiva… todo el stock de medidas orientadas a reducir y focalizar el rol y papel del Estado», alertó Jorge Coronado, miembro de la costarricense Comisión Nacional de Enlace (CNE) e integrante del consejo directivo de la la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd).

Destrucción de conquistas sociales
Otro de los fuertes cuestionamientos que da Coronado a esta invitación es que la intención de los técnicos de la OCDE es «transformar nuestro Estado Social y convertirlo en un Estado diminuto, al servicio del mercado sin capacidad regulatoria, ni vocación redistributiva», lo que significaría un claro retroceso en los derechos conquistados por la sociedad costarricense, y traería retrocesos en los avances alcanzados en materia de educación, salud, protección social, lucha contra la pobreza, entre otros puntos más.

El representante de la CNE también estimó que ante el ingreso de Costa Rica a la OCDE, el país centroamericano empezaría a vivir inmediatamente los impactos negativos de esta medida. «Las reformas que han entrado en vigencia hace muy poco, particularmente la Reforma Fiscal, va a contraer fuertemente el financiamiento de políticas sociales y de inclusión social. Además los costos de pago de membresía (a la OCDE) será de no menos de $3 millones de dólares anuales, crear una oficina permanente en la sede de la OCDE en París, con gastos en alquileres, pago de funcionarios, más la obligación de participar en una gran cantidad de comités técnicos que la OCDE posee, provocarán muchos gastos en compra de boletos aéreos de funcionarios, pago de alojamiento, viáticos, alimentación, etc». En resumen, el costo de ser parte de este «exclusivo club» para un país pequeño puede ser muy oneroso.

El ingreso de Costa Rica al grupo de países de la OCDE
significaría el fin de muchas conquistas sociales que se
han logrado con base en políticas redistributivas

Postura oficial
Para la ministra de Comercio Exterior de Costa Rica, Dyalá Jiménez Figueres, quien estuvo a cargo de las coordinaciones para que su país ingrese a la OCDE, esta invitación es el reconocimiento al trabajo que desde muchos frentes se ha emprendido en los últimos años para lograr la adhesión de Costa Rica a este organismo. «Gracias al trabajo perseverante de un equipo interinstitucional compuesto por más de 40 ministerios e instituciones, y donde el apoyo y aportes del sector privado y de la sociedad civil han sido fundamentales, desde hace prácticamente 8 años, se lograron reformas estructurales importantísimas que cambiarán la vida de las familias costarricenses en el mediano y largo plazo”, dijo a medios locales.

Sin embargo, Coronado advirtió que el ingreso costarricense a la OCDE no tiene relación con la situación social y económica del país, a la que califica como precaria. «Es cierto que tenemos mejores indicadores sociales y económicos que el resto de los países de Centroamérica, pero eso no nos lleva a ningún horizonte de país ni rico ni desarrollado. Somos un país pobre que por medio de políticas públicas de Estado ha logrado mejores indicadores de redistribución, algo que el paradigma neoliberal en materia económica ha venido desmantelando en las últimas tres décadas».

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