viernes , 9 diciembre 2022

La deuda del coronavirus

Comparte en redes sociales

América latina sin salida, combatiendo el Covid-19 con deuda. Los países de la región necesitan fondos no reembolsables o altamente concesionales.

Análisis de Patricia Miranda y Rodolfo Bejarano*

La mayor parte de los países de América Latina es clasificada como de ingreso medio, a excepción de Haití, pero también varios países son de ingreso medio-bajo, una delgada línea los separa de ser considerados pobres; bajo una clasificación basada en un parámetro cuestionado como es el PIB per cápita, un indicador que no refleja el bienestar social y las desigualdades.

Bajo esta clasificación, América Latina no tiene acceso a recursos de financiamiento concesional, accede principalmente a créditos en condiciones comerciales. Ante la pandemia del COVID-19, la necesidad de liquidez y de recursos frescos es alta y urgente, para financiar el fortalecimiento de sus precarios servicios de salud, y financiar las medidas económicas que viabilizan el aislamiento social.

Una de las opciones más claras es la del FMI con 1 billón de dólares americanos disponibles para afrontar la pandemia.

¿A qué países de la región están beneficiando los recursos del FMI ante el COVID-19?

Tras cerca de una década de no contar con programas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), algunos países comenzaron a acudir a esta institución desde hace un par de años, como ser Argentina, con un acuerdo de préstamo suscrito el 2018, el mayor préstamo en la historia del FMI, y Ecuador, con un acuerdo vigente desde el 2019; estos convenios tienen las condicionalidades que suele aplicar el FMI, como ser medidas de austeridad y flexibilización laboral, que han causado una serie de impactos sociales en ambos países.

Otros países de la región cuentan con una línea de crédito flexible y renovable con el FMI, como ser México, que lo renovó el 2019 y Colombia en marzo de 2020, países que son elegibles a esta línea por su estabilidad y solidez económica, según las evaluaciones del FMI. Este es un servicio financiero precautorio al que pueden acceder en el momento en el que lo necesiten.

Ante la crisis sanitaria, varios países de la región están acudiendo al FMI en búsqueda de recursos para combatir la pandemia del Covid-19. Los fondos puestos a disposición por el FMI son diversos, desde alivios de deuda, financiamiento con tasas de interés del 0% y financiamiento concesional, además de la diversidad de programas con suscripción de acuerdos y compromisos, como el caso de Argentina y Ecuador.

De América Latina, solo Haití puede acceder al alivio de deuda, el resto de los países está utilizando la opción del Instrumento de Financiamiento Rápido (RFI por sus siglas en inglés), un financiamiento concesional por su baja tasa de interés (hasta 1.5%) pero de corto plazo de repago (5 años), que es de acceso rápido para países con necesidad urgente de balanza de pagos, sin necesidad de firmar un programa, por lo que no existen condicionalidades de por medio. El monto de este fondo se limitaba al 50% de la cuota de cada país miembro y ahora, ante la pandemia, se ha ampliado al 100%. El acceso a este fondo es a solicitud explícita de cada país.

Más de 100 países han solicitado este fondo, 43 países tienen créditos aprobados, de los cuales nueve son para países de la región, Bolivia, El Salvador, Haití, Panamá, Paraguay, Costa Rica, República Dominicana y Ecuador. Aunque el objeto de los créditos del FMI se enfoca a equilibrar la Balanza de Pagos, en este caso, estos recursos pueden ser transferidos por los Bancos Centrales a las Tesorerías de sus países para uso presupuestario.

 

Fuente: Elaboración propia con datos FMI

Un promedio de créditos por $us 300 millones para cada país obviamente será insuficiente para afrontar la crisis sanitaria, económica y social, dejando a los países la única salida de continuar endeudándose, y con alta probabilidad de que sea en peores condiciones financieras y con la incorporación de condicionalidades.

Los fondos disponibles son insuficientes para la región

Todos los países de la región, a excepción de algunos países del Caribe, registran déficit fiscal en la última gestión, y la mayoría desde hace varias gestiones. Los casos de Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica y Ecuador, son los que presentan los mayores niveles de déficit fiscal, por encima del promedio de América Latina (-2.8%). En este marco, los presupuestos 2020 ya presentaban un déficit que cubrir antes de la pandemia, sumado a una caída de precios del petróleo desde el 2014, así como los menores precios de otras materias primas desde mediados de 2018, y aún más ante la reciente caída histórica del precio del petróleo.

La inexistencia de espacio fiscal ya antes de la pandemia, hace muy complejo destinar recursos a la salud y protección social con la urgencia que requiere el incremento de casos de Covid-19, los precarios sistemas de salud, y las medidas de aislamiento social en países con un sector informal que representa el 53% de su economía, lo que significa un total de 140 millones de personas en esa condición en la región[1].

En varios casos, en los próximos años el servicio de la deuda será elevado por altos vencimientos, como es el caso de Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Argentina, El Salvador y Brasil[2], que afectarán aún más la sostenibilidad fiscal. Los vencimientos de bonos emitidos en el mercado externo e interno hubieran sido normalmente repagados con roll-overs, pero en el actual contexto, la colocación de bonos claramente no es una opción de financiamiento para muchos países. Adicionalmente, junto con África Subsahariana, la mayor parte de la región de América Latina tiene menos acceso a la “red mundial de seguridad financiera”, conocido como el Global Financial Safety Net (GFSN)[3].

Todo indica que se gesta la tormenta perfecta en América Latina. Las limitaciones sanitarias para afrontar el Covid-19 y otras epidemias como el dengue, el enorme impacto económico por la recesión más profunda en la región de los últimos 50 años, con proyección de contracción del 5.2% el 2020 (FMI) y con mayor impacto en América del Sur (CEPAL), el impacto en el comercio por un cambio en el comportamiento de las cadenas de producción para países productores de materias primas, la caída de demanda del turismo, la caída de remesas, la pérdida de empleos y fuente de sustento, el impacto en MiPyMes a punto desaparecer, el colapso de un sector empresarial local tratando de salir a flote con endeudamiento, el incremento de la desigualdad  y la pobreza (casi 30 millones de pobres, según la CEPAL), sumado a una coyuntura de desplome de los precios del petróleo. El impacto del Covid-19 para América Latina será devastador y de largo plazo para la región. El FMI evalúa que esta podría ser otra década perdida América Latina[4].

Ante este panorama, sin ahondar en otras problemáticas que limitarán el logro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), América Latina necesita acceso a financiamiento altamente concesional en el corto plazo, de acceso rápido y sin condicionalidades.

El FMI puede tener un gran rol en la prevención de una mayor crisis en el mundo y en América Latina en el mediano y largo plazo, además de contribuir a salvar vidas humanas, a través de la emisión de Derechos Especiales de Giro (DEGs).

El DEG es un activo de reserva utilizado como unidad de cuenta por el FMI basado en una cesta de cinco monedas (el dólar de EE.UU., el euro, el renminbi chino RMB, el yen japonés y la libra esterlina) para complementar las reservas basadas en oro y dólares. En la crisis financiera del 2008-2009 los DEGs tuvieron un papel relevante para aportar liquidez al sistema financiero mundial. Este activo de reserva se asigna a los miembros del FMI de acuerdo a la cuota de acciones que cada uno tiene, basado principalmente en el PIB de cada país, una vez emitido a un país, éste puede cambiar el DEG por una moneda de libre uso.

Una emisión de DEGs en el contexto de urgencia del Covid-19 otorgaría liquidez automática e inmediata a los países, sin suscribir un programa con el FMI, por tanto, sin condicionalidades, y con una tasa de interés cercana a cero y no son reembolsables, es decir no hay un repago del capital. Como su asignación es de acuerdo al PIB de cada país, los países ricos que no necesitan estos recursos, pueden aprobar la reasignación de sus DEGs a países en desarrollo.

América Latina necesita acceso a financiamiento
altamente concesional en el corto plazo,
de acceso rápido y sin condicionalidades.

La recesión global será grande para los países en desarrollo, a excepción de China, y probablemente India (CEPAL). El cálculo de cuanto necesitarían los países en desarrollo es complejo UNCTAD estima una brecha de financiamiento de $us 2 a 3 billones para países en desarrollo en los próximos dos años[5], $us 1 billón en emisión de DEGs, $us 1 billón en condonación del servicio de la deuda 2020 y $us 500.000 millones en donaciones.

Varias voces globales se han unido en la misma demanda, como ser el Secretario General de las Naciones Unidas y CEPAL. Redes de sociedad civil como Latindadd también se unen a este llamado. Esta es una opción factible y es cuestión de voluntad política desde los países desarrollados como Estados Unidos.

¿A qué otros fondos podrían acceder los países de América Latina?

Ante la magnitud de la crisis, los bancos multilaterales con presencia en la región de América Latina ofrecen también créditos, un portafolio significativamente menor a los recursos del FMI, que incluye el redireccionamiento de recursos existentes y recursos para el sector privado.

Estos créditos deberían ser altamente concesionales, con tasas de interés menores a las establecidas en los últimos años para la región y plazos amplios de vencimiento; de lo contrario, contribuirán a incrementar los riesgos de sostenibilidad fiscal en el mediano plazo.

Banco Mundial

A nivel global, el Banco Mundial proyecta llegar a 100 países para fines de abril. En coordinación con la Corporación Financiera Internacional (IFC) y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), los recursos existentes alcanzan US$ 160 mil millones durante los próximos meses, y la Asociación Internacional de Fomento (AIF), el fondo del Banco Mundial para los países más pobres, proporcionará US$ 50 mil millones de ese total en forma de donaciones y créditos en condiciones concesionarias[6]. Además, existe un financiamiento de emergencia que incluye unos 8 mil millones de la Corporación Financiera Internacional (IFC) para ayudar al sector privado a hacer frente a la pandemia.

El apoyo para América Latina y el Caribe es de casi $140 millones para seis países en una primera etapa (Argentina, Ecuador, Paraguay, Haití, El Salvador y Honduras) con proyectos permitirán a los países fortalecer los sistemas de salud y la vigilancia sanitaria para minimizar la pérdida de vidas; mitigar el impacto económico de la pandemia; y atender cuestiones relacionadas con la cadena logística y las entregas[7]. También se desembolsaron fondos adicionales a partir de la reorientación de proyectos existentes en varios países.

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Los recursos disponibles del BID para la emergencia sanitaria podrían ir hasta los US$ 12,000 millones para el 2020[8], a los que se suman US$ 3,200 millones adicionales del programa de préstamos inicialmente estipulado para este año. Adicionalmente, los gobiernos también pueden solicitar el redireccionamiento de recursos de la cartera de proyectos que ya están en ejecución.

Para el sector privado, BID Invest dedicará hasta US$ 5,000 millones a estos esfuerzos en 2020, de los cuales, US$ 4,500 millones vendrán de su programa de inversiones y 500 millones de una nueva Facilidad de Mitigación de Crisis para inversiones que respondan a la pandemia a través del sector de salud y que proveen acceso a créditos de corto plazo para las PYME, por medio de instituciones financieras y financiamiento de cadenas de suministro.

Banco de Desarrollo de América Latina (CAF)

CAF está ofreciendo a los países de la región instrumentos de apoyo financiero y técnico a través de una línea de crédito de emergencia de USD 2,500 millones para reforzar las medidas económicas anticíclicas, así como llegar al sector privado, incluyendo pequeñas y medianas empresas. La CAF también señala que existen recursos de cooperación técnica no reembolsables por hasta USD 400 mil por país; y una línea de crédito contingente hasta por USD 50 millones por país para atención directa de los sistemas de salud pública y la protección de los más vulnerables[9].

Esta es una crisis múltiple sin precedentes, que requiere con urgencia la adopción de medidas sin precedentes, que no profundicen las desigualdades entre países y regiones, y sobre todo que no nos sumerja nuevamente en la pobreza.

*Economistas miembros de Latindadd

[1] https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_645596/lang–es/index.htm

[2] https://www.latindadd.org/2019/04/09/america-latina-enfrenta-el-retorno-de-la-deuda/

[3] https://www.lai.fu-berlin.de/disziplinen/oekonomie/news/ressourcen/GEGI-GDP_PolicyBrief_FInal.pdf

[4] https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=13241

[5] https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2315

[6] https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2020/04/17/decisive-action-in-an-unprecedented-crisis

[7] https://www.bancomundial.org/es/news/factsheet/2020/04/02/world-bank-response-to-covid-19-coronavirus-latin-america-and-caribbean

[8] https://www.iadb.org/es/noticias/grupo-bid-anuncia-areas-prioritarias-de-su-apoyo-paises-afectados-por-el-covid-19

[9] https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2020/04/respuesta-de-caf-frente-al-covid-19/


Comparte en redes sociales

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Ir al contenido