Una crisis de deuda en desarrollo

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Iolanda Fresnillo, Eurodad y Verónica Serafini, LATINDADD

Este blog describe las serias barreras que las mujeres enfrentan debido a la crisis de la deuda que se despliega en el sur global. A medida que los pagos de la deuda aumentan, los recursos se desvían de las inversiones en servicios públicos y se destinan a la subcontratación y privatización de estos servicios. Esto supone una amenaza para los derechos y la igualdad de las mujeres. Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en todo el mundo pueden ayudar a hacer frente a esta injusticia, sin embargo, como afirma este blog, es esencial que nuestras acciones hagan especial hincapié en género. 

En la última década se ha producido un aumento sin precedentes en los niveles de deuda a nivel mundial, incluyendo en el sur global. Esta nueva “ola de deuda” es -según el Banco Mundial- “el mayor, más rápido y más amplio aumento de la deuda” que hemos presenciado en “las economías emergentes y en desarrollo”. La espiral de la deuda pública significa que los presupuestos públicos están soportando el aumento del peso de los pagos del servicio de la deuda en muchos países.

Como se muestra en el nuevo informe de Eurodad “Fuera de servicio” ( “Out of Service”), entre 2010 y 2018 los pagos de la deuda externa como porcentaje de los ingresos de los gobiernos aumentaron en un 83% en los países de ingresos bajos y medios, de un promedio de 6,71% en 2010 a un promedio de 12,56% en 2018. 20 gobiernos del sur global gastaron más del 20% de sus ingresos en el servicio de la deuda externa en al menos uno de los últimos cinco años. En algunos casos, como Angola, Yibuti,​ Jamaica, el Líbano, Sri Lanka y Ucrania, más del 40% de los ingresos públicos se destinaron al servicio de la deuda pública externa entre 2014 y 2018.

Esta situación reduce los recursos disponibles para prestar servicios públicos de calidad y que tomen en cuenta cuestiones de género. Además, se están poniendo en peligro los derechos humanos, la acción climática y el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), así como los compromisos internacionales para lograr la igualdad de género y el cumplimiento de los derechos de la mujer.

Promesas rotas 25 años después de Beijing

En 1995, los 189 estados miembros de las Naciones Unidas adoptaron la Declaración de Beijing y la Plataforma de Acción, una agenda para avanzar hacia el cumplimiento de los derechos de la mujer. El primero de los objetivos estratégicos de la Plataforma era “revisar, adoptar y mantener políticas económicas y estrategias de desarrollo que aborden las necesidades y los esfuerzos de las mujeres en la pobreza”, especificando la necesidad de analizar y modificar los programas de estabilidad macroeconómica, el ajuste estructural y la gestión de los problemas de la deuda externa para incorporar una perspectiva de género. 

Un cuarto de siglo después, el “Examen y evaluación de la aplicación de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing” llega a la conclusión de que, lejos de haber adoptado un enfoque de género en las reformas económicas, “las nuevas olas de medidas de austeridad y la creciente privatización de los servicios públicos están profundizando las desigualdades con un impacto desproporcionado en las mujeres”. 

Este paradigma, que sigue la mentalidad neoliberal que ha dominado las últimas décadas, ha estado estrechamente relacionado con el aumento de los niveles de endeudamiento. La austeridad, junto con el impulso a la privatización, han sido el núcleo del asesoramiento y las condicionalidades de las políticas del FMI y el Banco Mundial, y han sido fundamentales para el enfoque adoptado por la mayoría de los gobiernos ante la crisis de la deuda.

El impacto de la austeridad y la privatización en los derechos de las mujeres

Los recortes de los presupuestos de los servicios públicos impulsados por la austeridad han tenido muchos efectos negativos. En primer lugar, se ha producido una pérdida de calidad y cobertura en los servicios públicos, lo que ha restringido el acceso de las mujeres, especialmente de las mujeres pobres. Además, las políticas de austeridad han reducido o eliminado servicios de atención específicos para mujeres, como aquellos relacionados con la atención de la salud materna o sobrevivientes de violencia de género.

Menos acceso a servicios públicos, como hospitales en la coyuntura actual del Covid-19, también supone un aumento en el trabajo no remunerado realizado por las mujeres, ya que éstas asumen responsabilidades como el cuidado de los enfermos o los ancianos.

Además, hay una mayor proporción de mujeres en los sectores de menores ingresos de la sociedad, por lo que se ven más afectadas por los recortes en los programas de protección social y la reducción o incluso la eliminación de los subsidios alimentarios o energéticos. En Egipto, por ejemplo, las reformas de los subsidios a los combustibles y la energía promovidas por el FMI, combinadas con una elevada inflación, dieron lugar a un aumento acumulativo de los precios de electricidad y alimentos. Esto afectó a los más pobres -entre los que las mujeres están sobrerrepresentadas- y dificultó aún más el trabajo no remunerado de las mujeres que proporcionan alimentos a sus familias. En Ecuador, un paquete de austeridad que incluía recortes en los subsidios energéticos fue cancelado tras la celebración de manifestaciones masivas, entre ellas una manifestación de mujeres en octubre de 2019.

Por último, el sector público emplea una mayor proporción de mujeres y las mujeres suelen ocupar puestos en los que los salarios tienden a ser más bajos. Los sectores y los puestos ocupados por mujeres -como enfermeras, trabajadoras de la salud, profesoras y trabajadoras sociales- suelen verse más afectados por los recortes presupuestarios y los topes salariales. Los puestos administrativos de nivel inferior y los trabajos temporales y a tiempo parcial también se ven más afectados por la austeridad. Las mujeres también tienden a verse desproporcionadamente afectadas por los recortes salariales, ya que tienen salarios más bajos (debido a las brechas de género en los salarios) y el impacto de los recortes en los medios de vida es mayor. Por ejemplo, en el período comprendido entre 2014 y 2015 en Ucrania se recortaron 165.000 puestos de trabajo en la administración pública para cumplir los requisitos de los préstamos del FMI. Las mujeres representaban más del 75% de la administración pública.

¿Cómo puede el movimiento contra la deuda contribuir a abordar la injusticia de género?

Sabemos que un cambio fundamental en el marco de la resolución de la deuda internacional es fundamental si queremos evitar que las poblaciones -en particular las mujeres y las niñas- sigan pagando un precio desproporcionado por las crisis de la deuda.

Sin embargo, aunque los movimientos sociales y las OSC llevan mucho tiempo centrando la atención en la forma en que la deuda insostenible puede repercutir negativamente en los derechos humanos y el desarrollo, el impacto en materia de género a menudo ha pasado desapercibido. La falta de indicadores desglosados y de datos exhaustivos y de calidad sobre los presupuestos y la cobertura de los servicios públicos es un obstáculo para aplicar una perspectiva de género a estos asuntos.

A continuación se describen algunas formas de avanzar:

  • Al analizar las reformas macroeconómicas y los presupuestos públicos, las OSC podrían abordar las repercusiones en los servicios públicos, especialmente los que responden a las necesidades de la mujer, y el impacto en el trabajo no remunerado de cuidado que en su mayoría asumen las mujeres;
  • Al analizar la subcontratación o privatización de los servicios públicos y la promoción de las asociaciones público-privadas, podríamos incorporar los riesgos del endeudamiento y sus posibles repercusiones en los derechos de la mujer y las desigualdades de género. También podríamos incorporar un enfoque intersectorial, observando específicamente cómo se ven afectadas otras áreas de discriminación (raza, edad, clase, …).
  • En la labor de promoción, nuestras solicitudes ante las instituciones financieras internacionales y los gobiernos deberían incorporar sistemáticamente una perspectiva de género;
  • Al promover, realizar o participar en procesos de auditoría de la deuda, podríamos incorporar el análisis de los impactos de género;
  • En las acciones, comunicaciones o campañas de creación de capacidad pública, deberíamos hacer explícitamente visible el impacto de las políticas de deuda y austeridad sobre las mujeres y las niñas.

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