El fin de la violencia, la autonomía económica y el equilibrio en el trabajo doméstico depienden de un aumento de inversiones en los servicios públicos. Los impuestos son la fuente de financiación más sostenible para estos presupuestos.
Verónica Serafini Geoghegan *
El 8 de marzo las mujeres de América Latina marcharon por los derechos humanos y la igualdad de género. Los movimientos sociales se han unido alrededor de distintas reivindicaciones locales, pero tres coinciden en la mayoría de los países, con énfasis y particularidades propias: el fin de la violencia, la socialización del trabajo no remunerado, además de trabajo e ingresos dignos. Sin embargo, son justamente en estos ámbitos en los que la intervención estatal es más débil y con fuertes sesgos de género.
Fin de la violencia
De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), organismo de las Naciones Unidas responsable de promover el desarrollo económico y social de la región, durante el año 2018, más de 3 mil mujeres fueron víctimas de feminicidio. En la mayoría de los países de la región, 2 de cada 3 feminicidios se producen en contextos de relaciones de pareja o expareja.
Este problema se reduciría si los sistemas públicos de salud y educación actuaran desde las edades tempranas para prevenir la violencia, contribuyendo a la construcción de sociedades más igualitarias. El sistema de justicia debe contar con un equipo capacitado y mecanismos adecuados para garantizar una atención oportuna y sin costos económicos (ni de oportunidad ni procedimientos) que victimice aún más a las víctimas.
Autonomía económica
En la mayoría de los países del mundo, el sistema tributario carga injustamente a los más pobres y los trabajadores informales, que son principalmente mujeres. Debido a las brechas de género, las mujeres tienen menos oportunidades de encontrar trabajo y salarios decentes, así que están sobrerrepresentadas en el desempleo, la informalidad y las ocupaciones de menor valoración y protección social.
Según la Cepal, un tercio de las mujeres latinoamericanas no cuenta con un ingreso propio y las que trabajan en el mercado ganan solamente entre el 69,8% y el 90,7% del salario masculino.
La autonomía económica tiene como condición fundamental la calidad del trabajo remunerado y del sistema de protección social. Una economía basada en el extractivismo, en la producción industrial con bajo valor agregado y en servicios de baja productividad no contribuyen a crear los empleos en cantidad y calidad necesaria para absorber la oferta de trabajo femenina en aumento ni proveen los recursos tributarios suficientes para financiar las políticas que necesita el desarrollo. Aunque las mujeres se hayan educado y tengan aspiraciones, el mercado ha ofrecido escasas oportunidades derivado de patrones de crecimiento económico de baja inclusión social.
Equilibrio en el trabajo no remunerado
Es tan común que las mujeres se responsabilicen por las tareas domésticas y el cuidado de niños, personas mayores o de cualquier otra persona dependiente, que muchos todavía no perciben que este trabajo no remunerado es el soporte de las sociedades y sustenta la economía, mientras tiene consecuencias negativas en la autonomía de las mujeres.
Las mujeres semanalmente destinan por lo menos 20 horas de trabajo no remunerado más que los hombres. Esto representa entre el 11,5% y el 18% del PIB de algunos países de la región. La estadística le parece alta? Pues sepa que estos números son solamente estimativas y el valor real es provavelmente más alto. A pesar de esto, el trabajo no remunerado no es reconocido ni valorado.
La reducción de la carga que implica en las mujeres, a la par de requerir servicios públicos para la atención de personas dependientes, exige una mayor valoración social del cuidado y del trabajo doméstico y la distribución más equitativa de la carga entre hombres y mujeres, mercado y estado, lo cual implica políticas culturales y educativas.
Justicia fiscal para financiar servicios públicos
Para enfrentar estos problemas, los estados requieren implementar políticas de amplia cobertura y calidad. Mejorar las políticas públicas, por su vez, exige recursos para financiar tanto la generación de capacidades estatales como los servicios que llegan directamente a las mujeres, y los impuestos son la fuente de financiación más sostenible para los presupuestos públicos.
Las transformaciones estructurales que requiere el ejercicio efectivo de los derechos por parte de las mujeres y la disminución de las brechas, a la par de aumentar las inversiones, demanda una reforma de los mecanismos de financiamiento para ponerlos a favor de la gente y, en particular, de las mujeres. Es necesario reducir los privilegios tributarios, la evasión y los mecanismos que penalizan injustamente a las mujeres, por lo que exigimos a los gobiernos:
- Detener los flujos financieros ilícitos y prácticas fiscales perjudiciales que facilitan la evasión fiscal y están sesgados hacia los países ricos, las corporaciones multinacionales y los ricos.
- Reducir las cargas fiscales injustas sobre las mujeres y adoptar impuestos progresivos y justos.
- Eliminar el sesgo de género y la discriminación en las políticas tributarias.
- Garantizar que las políticas fiscales y tributarias reconozcan y sirvan para representar, reducir y redistribuir el trabajo de cuidado no remunerado.
- Aumentar la asignación de ingresos fiscales para servicios sociales sensibles al género.
* Verónica Serafini Geoghegan es economista feminista paraguaya e integrante de LATINDADD y de la Red de Justicia Fiscal.
