Para las autoridades peruanas la denominada Norma XVI permitirá combatir la elusión fiscal y recuperar los miles de millones de dólares que cada año salen de dicho país sin que el Estado pueda fiscalizarlos, ya sea por las prácticas de planificación tributaria agresiva de los grandes grupos empresariales o por mecanismos como el uso de paraísos fiscales que sirven para esconder ganancias, entre otros actos ilícitos más.
Precisamente esta llamada Norma XVI se ha convertido en un dolor de cabeza para los gremios de empresarios, que, por medio de uno de los hombres más ricos del Perú, Roque Benavides, cabeza de uno de los principales gremios del país andino, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), ha intentado desbaratar, debilitar y boicotear los alcances de la mencionada norma, a fin de seguir ejecutando sus prácticas de planificación tributaria agresiva, aunque en versión de ellos en aras de mejorarla.
Luis Moreno, coordinador de Justicia Fiscal de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (LATINDADD) señala que esta “no es la primera vez que la CONFIEP hace un lobby en contra de la norma XVI”, pues desde que fue publicada han intentado derribarla, e “incluso lograron que fuera suspendida”.
“Lo que revela la información de OJO PÚBLICO es una forma que tienen los grandes grupos de poder económico en el país de presionar para cambiar la norma. Finalmente, el decreto legislativo original se paralizó, se creó una comisión especial en el Congreso y esta lo paralizó y lo que plantean ahora son los dos puntos más controversiales”, agregó Moreno quien se refiere al pedido hecho por el gremio empresarial para que la Norma Antielusiva no tenga un carácter retroactivo y que no se dé marcha a la medida de responsabilidad solidaria de los directores de las empresas cuando se detecten casos de planificación fiscal agresiva.
“El punto que quedó validado es que se tenga un consejo que acompañe a las auditorías de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) para detectar si hubo planificación tributaria o no, pero lo que se ha propuesto es que sean los mismos auditores relacionados a la Sunat quienes integren este colegiado y no que esté conformado por expertos externos, que en la mayoría de casos trabajan para los de bufetes de abogados que se encargan de hacer los esquemas de planificación tributaria”, detalló el representante de Latindadd.
Moreno también mencionó que “lo que quieren es seguir ocultando una serie de mecanismos que usan para socavar las bases tributarias, mediante artificios contables como la transferencia de recursos vía manipulación de precios hacia las jurisdicciones opacas como guaridas o paraísos fiscales. Hay un ocultamiento de ganancias por estos mecanismos y lo que no quieren es que esto sea descubierto”.
ANTECEDENTES
De acuerdo a OJO PÚBLICO, la presión se dio por medio de una carta
dirigida al titular del MEF. “La carta enviada por el titular de la
Confiep pretendía que el reglamento incluya la creación de una comisión de
expertos para validar la labor auditora de la Superintendencia Nacional de
Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), la aplicación de la norma
antielusiva solo para casos posteriores a su entrada en vigencia, y que no se
multe a las empresas infractoras.”
Continúa OJO PÚBLICO: “La carta de Benavides concluye recordándole al entonces ministro Tuesta que tales propuestas fueron discutidas en una reunión previa. En efecto, la bitácora de visitas del MEF revela que el 3 de mayo del 2018 ingresaron al despacho ministerial un representante de PriceWaterhouseCoopers (PWC), de la Confiep, y abogados de cinco importantes firmas de Lima: Rodrigo, Elías & Medrano; Zuzunaga, Assereto y Zegarra Abogados; Picón Asociados; Rubio, Leguía y Normand; y Gálvez, Risso, Zegarra & Asociados, que aseguran haber asistido a título personal.”
