Reproducimos la nota anexa a la reciente edición del programa radial «Diálogos en Corto Circuito», producido por el Centro para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), miembro de Latindadd en Bolivia.
El anuncio presidencial sobre la jubilación obligatoria viola los derechos laborales conquistados por los trabajadores, sobre todo a conservar una fuente de ingresos para su subsistencia, a la estabilidad y a bonos o categorías logrados a lo largo de los años.
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“Lo que el presidente Evo Morales ha anunciado es una flagrante violación de derechos laborales”, dijo el investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), Bruno Rojas, en el programa radial Diálogos en Cortocircuito, espacio semanal de información al servicio de los trabajadores.
“Se produce en el marco del retroceso en el ejercicio de los derechos laborales”, agregó Rojas en el segundo programa de la serie, que también se transmite por la Red Erbol.
El anuncio presidencial es ilegal y anticonstitucional, porque la Constitución Política del Estado y la Ley 65 (de Pensiones) promovida por el propio gobierno, además del Código de Seguridad Social y otras normas no establecen la jubilación obligatoria ni una edad determinada que fuerza a jubilarse, precisó Rojas.
Los aportantes que superan los 58 años son unas 333 mil personas, pero no todas cumplen con las condiciones en términos de años de aportes para tener una pensión que cubra necesidades básicas; no todos aportaron 30 años, el promedio no supera los 20 años, y si eso genera puestos vacantes es una suposición incorrecta, “porque los obligados a jubilarse van a continuar trabajando y presionarán sobre otras fuentes de empleo. Estaremos reproduciendo el problema, generando mayor población desocupada”
La iniciativa radial, que el CEDLA lanzó al aire en enero pasado, tiene por objeto abordar temáticas de interés y ofrecer elementos para el debate, de acuerdo a la línea comunicacional trazada por el periodista, Alfredo Zaconeta, que entrevistó a Rojas.
El espacio radial presenta un segmento de sondeo de los pareceres ciudadanos bajo el lema ‘Usted tiene la palabra, su opinión cuenta para nosotros’, en el que el periodista Rudy Guarachi entrevista a la población sobre el tema central de cada programa.
CUESTIONAMIENTOS
Uno de los cuestionamientos a la jubilación obligatoria planteada desde el gobierno central es que si se la fuerza a los 58 o 60 años, por ejemplo, las pensiones serán bajas debido a que en promedio oscilan entre un 20 y 40 % del referente salarial, luego de 35 o 40 años de aportes; son pocos los trabajadores que pueden aportar durante tanto tiempo y el único que realiza el aporte es el trabajador; no hay aporte estatal ni patronal.
Rojas recordó que con la mencionada Ley 65 y del seguro social obligatorio que rige desde 1997, se impuso la capitalización individual y la responsabilidad de los aportes recae en las espaldas de los trabajadores.
“Tanto el estado como los empresarios no aportan al ahorro de jubilación del trabajador y por eso éste no cuenta con dinero ahorrado —saldo acumulado— que le alcance para pagar el porcentaje que la ley determina: 60 a 70 % del referente salarial”.
El investigador expuso el caso de un maestro que gana 6.500 bolivianos, quien debería jubilarse con 3.500 bolivianos de renta, pero esto no ocurre “porque sencillamente la plata que reúne el trabajador no alcanza para pagarle esa cantidad”.
Otro factor para las rentas miserables es que la rentabilidad que obtiene el conjunto de las pensiones de los trabajadores y que son gestionadas por las Administradoras de Fondos de Pensiones (las AFP BBVA y Futuro, y en el futuro inmediato por una Gestora gubernamental) no garantiza que mejoren los ahorros para pagar mejores rentas.
“Hoy la rentabilidad es 1,58 %, la AFP Futuro pagaba 1,33% hasta hace poco, esto afecta a las rentas bajas y condena al trabajador a trabajar más años, lo que implica tener un trabajo que le permita pagar cuotas, y eso pone en cuestionamiento si el actual sistema a garantiza el pago de pensiones adecuadas, y si no es fracaso como lo fue el de corte liberal, pues no garantiza una vejez digna para los trabajadores”.
SE BENEFICIAN LAS AFP Y EL ESTADO, NO LOS TRABAJADORES
Según el experto, la orientación del actual sistema la misma del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada impuso hace más de dos décadas “en el sentido de que adquiere una orientación financiero-bancaria donde lo que importa es que el trabajador aporte como lo hace desde 1997 con la privatización del sistema de pensiones que se mantiene hasta hoy”.
Carece asimismo de una orientación social para que los jubilados puedan efectivamente gozar de condiciones adecuadas de subsistencia, mientras los que ganan son las AFP y el gobierno, puesto que “alrededor del 51% de la plata que aportamos está en manos del estado y el 38% en los bancos que se benefician con los intereses bajos de los recursos que se ahorran, y no precisamente se favorece el trabajador”.
De acuerdo con sus estudios, las pensiones no superan los 3.000 bolivianos como promedio en todo el país, siendo una suerte de castigo a las personas que se jubilan, en la suposición de que con ese monto el jubilado “come menos, se viste menos, atiende poco su salud y educación, tanto personal como de su familia”.
Rojas sostuvo que alrededor de un 70% de jubilados ganaba, en 2015, menos que el valor de una canasta alimentaria, lo que no le alcanzaba ni para cubrir la comida cotidiana de la familia. Otro dato es que la mitad de los jubilados tenía una renta por debajo de 2.340 bolivianos, que es promedio de pensiones que se pagaban en 2015.
Reiteró que el actual sistema no garantiza el pago de una pensión jubilatoria digna ni una vejez digna y es obligado a buscar otra fuente de subsistencia, lo que afecta a la posibilidad de que el trabajador efectivamente pueda disfrutar del tiempo que le resta luego décadas de trabajo”.
Escuche el programa Diálogos en Cortocircuito: Jubilación y su perspectivaaquí.
