Pronunciamiento de organizaciones y redes de la sociedad civil del Perú
A todas las organizaciones comprometidas con la lucha anti corrupción
Frente a los últimos acontecimientos que vulneran nuestro sistema de justicia queremos expresar nuestra indignación y nuestras exigencias a los Presidentes de Perú y Uruguay.
No es la primera vez que Alan García Pérez quiere evadir la justicia, ya en el 1992 pidió asilo en la embajada de Colombia, como camino hacia su nueva vida en Francia. Regresó cuando los delitos habían prescrito.
Hoy la historia se repite, a lo que se suma el hecho de que el informe final de la Comisión Lava Jato del Congreso no incorporara ninguna acusación sobre delitos de corrupción contra AGP.
Pese a ello el Ministerio Público sí halló indicios para que se iniciara un proceso de investigación, y para garantizar el mismo, obtuvo una orden de impedimento de salida del país, a la cual AGP se allanó públicamente pero horas después se asiló en la Embajada de Uruguay en Lima para evadir una vez más a la justicia.
AGP se considera un perseguido político para justificar su solicitud de asilo. Nada más falaz en estos momentos cuando se vive una independencia y autonomía de poderes, y que ahora el Fujimorismo y el APRA pretenden desconocer haciendo abuso de su mayoría parlamentaria.
La ciudadanía viene recobrando la confianza en el Sistema de Administración de Justicia, al dar muestras claras de su eficiencia e independencia frente a los más importantes casos como el del ex Presidente Alejandro Toledo quien tienen orden de extradición, de los funcionarios del gobierno Aprista, hoy encarcelados, del ex presidente Ollanta Humala y su esposa que acataron 10 meses de prisión preventiva, del ex Presidente Pedro Pablo Kuczynski y la señora Susana Villarán, quienes se encuentran con impedimento de salida del país. Al que se suma el actual Presidente quien ha mostrado su disponibilidad de ser investigado por el caso Chincheros.
Estos hechos demuestran que el Sistema de Administración de Justicia, a pesar de la propia crisis institucional originada por la poca legitimidad del actual Fiscal de la Nación, viene actuando de manera efectiva contra la corrupción.
Exhortamos al señor Tabaré Vázquez, Presidente de la República Oriental del Uruguay, a que deniegue el asilo político al señor AGP porque NO es perseguido político en el Perú, pues constituiría un grave precedente para la región que un país de larga tradición democrática proteja a un acusado de corrupción, más aún luego de que se comprometiera a la lucha contra la corrupción en la VIII Cumbre de la OEA, en la que la sociedad civil participó.
Exigimos al Presidente de la República del Perú, y en especial a la Cancillería, a que realice todos los esfuerzos diplomáticos, haciendo cumplir las leyes y resoluciones judiciales como lo encarga la Constitución Política de nuestro país, para evitar que por segunda vez el señor AGP evada la justicia.
Hemos venido, con diversas organizaciones de la sociedad civil, trabajando contra la corrupción. Por ello reiteramos a la ciudadanía que es importante comprometerse y movilizarse en defensa de la lucha contra la corrupción que mengua la democracia y los recursos públicos, los cuales deben estar destinados a mejorar la calidad de vida de todas las personas del país.
Firman:
ANC – Asociación Nacional de Centros de Investigación, Promoción social y Desarrollo.
CNDDHH – Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
CGTP – Confederación General de Trabajadores del Perú.
FOVIDA – Fomento de la Vida.
CALANDRIA – Asociación de Comunicadores Sociales.
SER – Asociación Servicios Educativos Rurales.
CENDIPP – Centro de Investigación y Promoción Popular. Asociación Civil Puente Dorado.
SEPAR – Servicios Educativos, Promoción y Apoyo Rural.
FSP – Forum Solidaridad Perú.
LATINDADD – Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social.
Romy García
Miluska Ordoñez
Siguen firmas…
