¿Qué tienen que ver los atentados del 11-S y la crisis financiera del 2008? Ambos acontecimientos fueron críticos desde un punto de vista geopolítico. Ambos episodios, también, dieron un gran impulso a la cooperación internacional en torno a la transparencia tributaria y la lucha contra la evasión. Por ejemplo, los atentados contra las torres gemelas de Nueva York renovaron el interés mundial en torno a la regulación sobre el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Unos años después, el colapso financiero del 2008 levantó las alarmas acerca de la necesidad de aumentar la transparencia en los mercados financieros.
Los escándalos de corrupción recientes en nuestra región han mantenido el tema de la transparencia fiscal y financiera en el ojo del huracán mediático, y nos han recordado que la evasión de impuestos en muchos casos se vincula con otras actividades criminales como la corrupción, el narcotráfico o el terrorismo.
La cooperación internacional ha logrado importantes avances en los tres ingredientes principales de la transparencia tributaria: (1) el levantamiento del secreto bancario, (2) el intercambio de información financiera entre jurisdicciones y, por último, (3) la identificación del “beneficiario final” de la propiedad. Sin embargo, en América Latina aún queda trayecto por delante.
¿Por qué es tan importante poder tirar del hilo de la evasión fiscal?
El Beneficiario Final: La última persona detrás de la transacción
Los Estándares Internacionales requieren niveles mínimos de transparencia respecto a las personas físicas que controlan o se benefician económicamente de un vehículo jurídico, como una sociedad mercantil, un fideicomiso o una fundación. Conocer al beneficiario final de la propiedad no solo es una herramienta fiscal o financiera, también ayuda a proteger las actividades económicas legítimas y legales del sector privado.
Uno de los principales retos al que se enfrentan los países es precisamente la definición de qué es el beneficiario final. Algunos países por ejemplo han optado por considerar beneficiario final de una empresa a aquellas personas físicas que sean propietarias de un determinado porcentaje de la firma. En nuestra región, ese porcentaje varía desde el 20% en Argentina y en la República Dominicana, pasando por el 15% en Uruguay, el 10% en Barbados, Bahamas, Belice o Jersey, o el 5% de Colombia.
Otro reto importante es que el control de una empresa puede no estar directamente relacionado con el número de acciones que alguien posee. Por ejemplo, algunos individuos pueden influir -e incluso vetar- las decisiones de una empresa a través de acuerdos secretos con los accionistas. En otros casos, se detecta la figura de un testaferro que presta su identidad para aparecer como propietario o accionista de una empresa que, en realidad, posteriormente traspasa todos los beneficios al beneficiario final.
Más allá de la evasión de impuestos: ¿Por qué importa identificar a los beneficiarios finales?
La posibilidad de tener información sobre beneficiarios finales disponible, accesible y confiable es un elemento central para que las autoridades puedan proteger el sistema financiero y fiscal de un país. Algunos de los objetivos de esta política son:
Estándares de mínimos para poder llegar al máximo
En transparencia fiscal no hay una norma óptima que aplique a todos. Por ello, es importante que las jurisdicciones implementen mecanismos de transparencia en la medida que sean consistentes con sus sistemas legales. Por ello, los estándares internacionales marcan unos mínimos de transparencia a los que todos los países deberían comprometerse a asumir.
En América Latina y el Caribe, la regulación en la materia es dispar. Aunque la mayoría de los países tiene alguna norma que define el concepto de beneficiario final de la propiedad, estas definiciones no siempre se alinean con los estándares internacionales. En general, podría decirse que todos los países de la región tienen espacios para mejorar su normativa y, especialmente, su cumplimiento.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Foro Global de Intercambio de Informacion y Transparencia Tributaria, cuya secretaria la ejerce la OECD, han desarrollado con este propósito la Guía en la Implementación del Conocimiento del Beneficiario Final (A Beneficial Ownership Implementation Toolkit). Su objetivo es que los funcionarios a cargo de implementar estas políticas públicas en América Latina, el Caribe y en el resto de mundo cuenten con un instrumento practico para avanzar en la efectiva implementación de estas políticas de transparencia.
El BID también ofrece asistencia técnica a los países miembros para mejorar sus sistemas de transparencia fiscal y financiera. Se puede encontrar más información sobre los recursos del Banco y las actividades aquí.
Publicado originalmente en blog de la División de Innovaciones para Servir al Ciudadano del BID
